POLÉMICA Y CONGRESO

Los senadores cobrarán $4 millones y no hay decisión de rever la suba
El aumento de las dietas se aplicará a partir de junio; pierden fuerza los proyectos para retrotraer la medida; los pedidos individuales para renunciar al aumento no aplican
Delfina CelichiniLa Cámara alta se resiste a dar marcha atrás con el incremento
Después del fervor inicial de algunos senadores por retrotraer el aumento de dietas autoconcedido, los proyectos presentados con ese fin en la Cámara alta se frenaron. Se trata de cuatro iniciativas impulsadas por referentes de Pro y La Libertad Avanza (LLA), entre las que se cuenta un pedido de sesión especial para revertir formalmente el incremento. De prolongarse esta postergación, en junio los senadores percibirán un piso de cuatro millones de pesos, neto.
En paralelo, radicales y macristas solicitaron vía nota la renuncia al aumento votado. Sin embargo, según señalaron fuentes de la Secretaría Administrativa del Senado a la nacion, esta estrategia es inviable. “Van a tener que cobrar todos el aumento. No podemos no pagar dado que lo que hace la resolución es constituir el haber”, indicaron.
El artículo 12 de la ley de procedimientos administrativos respalda esta definición, en tanto determina que la resolución “goza de presunción de legitimidad”, “faculta a la administración a ponerlo en práctica” e “impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario”. Es decir que, salvo que una nueva resolución derogue el aumento otorgado en los próximos 20 días, en la próxima liquidación de haberes los senadores percibirán la suba de más del 100%.
Ya hay tres iniciativas que van en este sentido. La 705/24, impulsada por el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy), y las promovidas por los senadores Pro de Córdoba, Carmen Álvarez Rivero –684/24– y Luis Juez –636/24–. Ninguno de estos proyectos obtuvo todavía tratamiento. La bancada conducida por Juez, en tanto, hizo un pedido de sesión especial para debatir en el recinto su propuesta, pero todavía no obtuvo respuesta. Si bien la nota fue dirigida a la presidenta de la Cámara hace casi dos semanas, el cordobés evitó determinar una fecha para la concreción de su solicitud. Por el contrario, dispuso que Victoria Villarruel reúna al pleno “en la fecha que considere pertinente”. Esta indeterminación, sumada al inminente debate de la Ley Bases y el paquete fiscal, probablemente retrase esta discusión.
“En lo personal, he presentado una nota solicitando que no se me liquide ningún incremento hasta tanto esa sesión se lleve a cabo, pero no he tenido ninguna repuesta”, indicó a este medio el senador de Pro. Algo similar plantearon los representantes radicales de Mendoza, Rodolfo Suárez y Mariana Juri, quienes enviaron una nota a la Secretaría Administrativa de la Cámara alta para solicitarle que no los incluya en la próxima liquidación de haberes con el incremento sancionado. No obstante, tal como adelantaron desde la Secretaría Administrativa a la nacion, esta estrategia no tendrá ningún efecto práctico, más allá de lo simbólico.
La resolución 615/24 fue avalada por el Senado sobre tablas y sin siquiera mencionar el objeto del proyecto, el pasado 18 de abril. Fue colada en la sesión en la que se trataron la designación de embajadores y la aplicación de tratados internacionales, motorizada por la insatisfacción que generó la disposición de ascensos en la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei. Entre otros, fue promovido a secretario de Estado el vocero, Manuel Adorni, que percibirá una suba de unos $200.000.
Sin despacho de comisiones, la iniciativa necesitó de una doble votación. Primero requirió un mínimo de 48 votos para aprobarse sobre tablas. Y luego de ese aval inicial, la votación del proyecto en sí mismo fue a mano alzada y generó opacidades sobre quiénes apoyaron realmente la sanción. Muchos senadores se escudaron detrás de este procedimiento para despegarse del incremento de dietas. No obstante, la votación fue validada por Villarruel, que dio por aprobada la iniciativa.
Con esta definición del pleno, desde junio cada senador tendrá una retribución de 13 dietas anuales, una por mes, más un adicional correspondiente a los dos medios aguinaldos. Cada dieta representa 2500 módulos, el equivalente a algo más de $1802, sumado a un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y otros 500 por desarraigo. Además, se estableció un mecanismo de actualización, atado al valor del módulo que perciben los empleados legislativos, algo que se había desarticulado con la marcha atrás del aumento de febrero, que también causó revuelo.
En esa oportunidad, el incremento otorgado tanto por Villarruel como por Martín Menem en Diputados fue del 29,92%. Ante el tirón de orejas del Presidente y una rápida respuesta del titular de la Cámara baja, más obediente a los dictados de la Casa Rosada, Villarruel manifestó públicamente su desacuerdo con el pedido de Javier Milei y consideró que debería ser una decisión de los propios senadores. Si bien intentó resistir la contramarcha, debió ceder ante la presión pública y ante la necesidad de no confrontar con el primer mandatario.
A la luz de estos últimos hechos, ese primer incremento de las dietas hubiese significado una menor erogación para el Estado. Tal como informó una fuente administrativa del Senado, con esa disposición un senador estaría cobrando hoy alrededor de $2,8 millones, un 30% menos de lo que podrían pasar a cobrar desde el mes próximo.

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La Cámara alta comienza a debatir la Ley Bases, en un clima de incertidumbre
Un grupo de funcionarios, con Francos a la cabeza, irá a defender los proyectos; el oficialismo quiere dictaminar el jueves

Gustavo Ybarra
Tras un impasse de una semana, el Senado comenzará hoy a debatir en comisiones los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal que impulsa el Gobierno, en medio de un clima de incertidumbre en el que empieza a crecer la expectativa de que ambas iniciativas podrían sufrir cambios que las obligarían a volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados, demorando así la sanción definitiva de las normas que reclama Javier Milei.
La ambiciosa meta impuesta por la Casa Rosada a la vicepresidenta Victoria Villarruel y su tropa de siete senadores de La Libertad Avanza contempla el cierre del debate el jueves con la firma de los dictámenes. Pero eso es todavía un anhelo que demandará extensas negociaciones con senadores de la oposición dialoguista y con gobernadores que podrían aportar votos claves cuando los proyectos vayan al recinto, lo que estaría previsto para el 16 de este mes en el exigente cronograma que impulsa la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Sin embargo, en varios despachos de la oposición dialoguista ya empezaron a anotarse objeciones a los textos que, aunque todavía no hay nada definido, podrían terminar convirtiéndose en modificaciones de la versión de los proyectos que aprobó Diputados el 30 de abril. Esos votos de senadores de la UCR, Pro, fuerzas provinciales y de peronistas disidentes serán determinantes a la hora de que las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda tengan que dictaminar.
La discusión de los proyectos “fundacionales” de la administración Milei, que hasta ahora no ha logrado que el Congreso le sancione una ley, comenzará este martes a las 14 con la exposición del ministro del Interior, Guillermo Francos, y del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, caras visibles de las trabajosas negociaciones del Poder Ejecutivo con gobernadores y legisladores.
Les seguirán María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Presidencia, y los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, ambos en la órbita del Ministerio de Economía.
El debate continuará mañana. A partir de las diez, expondrán Rodríguez Chirillo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, por la denominada Ley Bases. Por la tarde, a partir de las 14, se espera el regreso de Guberman para despejar dudas que existan sobre el proyecto de reforma impositiva.
Siempre con base en la línea trazada por el oficialismo, el jueves sería el día de la firma de los dictámenes y está prevista otra vez jornada de doble turno. Por la mañana, las tres comisiones involucradas están citadas para discutir la Ley Bases. Por la tarde, lo haría solo Presupuesto y Hacienda para tratar la reforma fiscal.
Sin embargo, esto podría cambiar con el transcurso de las horas y la evolución del debate en comisiones. Por lo pronto, Villarruel postergó para el martes a la tarde una reunión con jefes de bloque, encuentro que inicialmente se había pensado para este lunes con el objetivo de trazar la hoja de ruta definitiva del tratamiento de los proyectos.
Con el bloque de 33 senadores de Unión por la Patria decidido a rechazar ambas iniciativas, al oficialismo solo le queda reconstruir la mayoría modular de 39 legisladores, de los cuales solo 7 son de La Libertad Avanza, que Villarruel pudo componer en diciembre para arrebatarle el control de la Cámara alta al kirchnerismo. A ese número aportaron radicales, Pro, provinciales y peronistas disidentes.
Pero aquella meta hoy aparece complicada. Por lo pronto, las provincias patagónicas, con Santa Cruz y Chubut a la cabeza, están en contra de la restitución del impuesto a las ganancias por el fuerte impacto que tendrá en los trabajadores petroleros. A ellos se sumarían los senadores de Unidad Federal, los peronistas antikirchneristas Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos). Serían seis votos que anticipan que el proyecto de reforma fiscal, donde se encuentra el tributo que ahora el Poder Ejecutivo quiere reinstalar, se encamina a sufrir cambios.
Pero también empiezan a surgir diferencias con algunos capítulos que integran la denominada Ley Bases. Así, en las mesas de varios despachos de la oposición dialoguista tienen en estudio el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La extensión del programa a todas las actividades económicas y productivas genera recelo por el impacto que esas medidas podrían tener para la competencia en determinados mercados.
Otro tema que podría encontrar resistencias en los eventuales aliados con los que cuenta Villarruel es el de las facultades delegadas. Son varios los senadores que, por el momento y en charlas en privado, manifiestan su negativa a otorgarle tan amplia delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.
Hay más. El blanqueo también es una cuestión que la Casa Rosada deberá tener en cuenta. Para algunos legisladores es tan laxo y con tan pocos controles que podría dar lugar a que se puedan introducir en el circuito oficial fondos obtenidos a través de actividades delictivas, como el narcotráfico.

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