POSTERGACIÓN Y BLANQUEO

El Gobierno posterga los aumentos de luz, gas y el impuesto a los combustibles de mayo
A partir de este miércoles tenía que haber comenzado a regir la suba automática para las tarifas energéticas y la actualización del tributo, pero el Ministerio de Economía decidió aplazar las subas
Sofía Diamante
Factura de un usuario de Metrogas
El Gobierno decidió postergar los aumentos de tarifas de gas y electricidad y la actualización del impuesto a los combustibles que tendrían que haberse aplicado a partir del 1º de mayo. Luego de un día de definiciones en el Palacio de Hacienda, fuentes oficiales confirmaron  que “en mayo no hay aumentos de luz y gas”.
El Ministerio de Economía mandó además por la noche un comunicado en el que confirma que se diferirá la actualización del impuesto a los Combustibles a través de un decreto en el Boletín Oficial, puesto que la AFIP ya había oficializado la suba que iba a impactar en los precios del surtidor en al menos un 7%. “La medida garantiza previsibilidad al sector y establece que no habrá incremento alguno por dichos conceptos en el mes de mayo”, dijeron.
A partir de hoy debía empezar a regir también la fórmula de actualización mensual de las tarifas de gas y electricidad que el Gobierno diseñó para que los aumentos otorgados no queden atrasados respecto de la inflación. Sin embargo, los entes reguladores de ambos servicios, Enargas y ENRE, respectivamente, no publicaron los nuevos cuadros tarifarios a la espera de una definición de Economía.
Los entes reguladores ya tienen calculado cuánto sería la suba que le correspondería a las empresas: 10,69% para las distribuidoras eléctricas, 12,5% para las distribuidoras de gas y 12% para las transportistas de gas.
“Por ahora no se aumenta, pero se está analizando. No es que se postergan. No está definido que se aumente, está en análisis”, habían dicho en la Secretaría de Energía por la tarde de este miércoles, mientras en Diputados se le daba media sanción al proyecto de ley de Bases y al paquete fiscal.
La AFIP ya había oficializado la suba del impuesto a los combustibles, que iba a impactar en los precios del surtidor en al menos un 7% a partir de mayo
En el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, analizaron el impacto que iba a tener el nuevo aumento de tarifas sobre la inflación y decidieron demorarlo al menos un mes más.
Las empresas, por su parte, quedaron sorprendidas, sin haber tenido un anticipo de lo que iba a suceder. Entre ellas se encuentran Edenor, Edesur, Metrogas, Camuzzi, Naturgy, TGN y TGS. La postergación del aumento se tomó como una “mala señal”, ya que el plan de “normalización del sector” se pospuso antes siquiera de que se pusiera en marcha.
Una situación similar les ocurrió a las empresas de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al enterarse de la suspensión de los aumentos de boletos durante abril y mayo.
El Ministerio de Economía debía definir si avanzaba con una quita de subsidios para los sectores de ingresos bajos (N2) y medios (N3) en gas y electricidad; si aumentaba el costo que pagan los comercios, industrias y hogares de ingresos altos (ya que la energía es más cara en invierno), y si autorizaba el ajuste mensual de tarifas para las empresas.
Al final, nada de esos sucederá y todo continuará como estaba o peor, ya que la inflación y la devaluación mensual se mantiene al ritmo del 7% y 2% mensual, respectivamente, y cada día que pasa los usuarios residenciales de ingresos bajos y medios demandan más subsidios.
La postergación de un mes de la actualización de tarifas no tendrá igualmente mayor impacto en las expectativas del mercado sobre el cumplimiento del superávit financiero. El ministro Caputo se aseguró un margen de maniobra con el feroz ajuste en el gasto aplicado en el primer trimestre y la media sanción de Diputados lo acerca cada vez más al objetivo de mejorar la recaudación con los cambios en Ganancias, Bienes Personales, monotributo, moratoria impositiva y regularización de activos (blanqueo).
Sin embargo, la obsesión del Gobierno por reducir la inflación podría colisionar con la base del programa económico, que es eliminar el déficit de las cuentas del Estado a través de una reducción del gasto.
Luis Caputo y Javier Milei

La efectividad del Gobierno para implementar medidas económicas depende de que la popularidad del presidente Javier Milei se mantenga en terreno positivo, en un contexto donde gran parte del electorado convive con la disminución de su poder adquisitivo. Por eso la decisión de subir las tarifas podría socavar el ánimo de la sociedad.
En la misma línea, el Gobierno quiere mostrar un sendero de desaceleración de la inflación, para que los salarios le empiecen a ganar a la variación de precios. La no actualización de las tarifas, sin embargo, tendría sus costos en términos fiscales. El equipo económico quiere seguir mostrando resultados positivos en las cuentas del Estado. Para ello, es necesario una genuina baja del gasto en subsidios económicos, que sea producto de un aumento de tarifas y no de un corte abrupto en los pagos a los productores, como está ocurriendo desde comienzo de año, lo que hace crecer el stock de deuda.
Los usuarios de electricidad de ingresos bajos (N2) y medios (N3) pagan menos del 8% de lo que cuesta la generación eléctrica (el resto se cubre con subsidios del Tesoro). En gas, estos mismos usuarios pagan entre el 17% y 26% del costo de producción.
Desde hoy, además, las tarifas de gas y electricidad iban a empezar a subir todos los meses según una fórmula de ajuste que diseñaron los entes reguladores. Por lo tanto, las boletas de luz y gas iban a aumentar al menos 5% desde mayo.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en el evento de la AmChamGrosso Belén/AFS

En el caso de Edenor y Edesur, las dos distribuidoras que prestan el servicio eléctrico en el AMBA, la tarifa debe subir 10,69%. La fórmula de ajuste está compuesta por la inflación minorista (IPC), la inflación mayorista (IPIM) y el índice salarial de febrero (se aplican los valores de tres meses anteriores al que comienza a regir). Como el valor agregado de distribución (VAD) de electricidad representa un tercio del costo total de las boletas, el impacto final de ese aumento sería del 3%.
Sin embargo, los usuarios de energía eléctrica, además, iban a tener una suba adicional. La Secretaría de Energía aún debe publicar los nuevos costos de la generación del trimestre mayo, junio y julio, que suelen ser más caros que en el verano.
El actual valor de la generación eléctrica es de $44.401 el MWh, pero esa cifra suele duplicarse en invierno, cuando baja la cantidad de generación hidroeléctrica (que es más económica que la térmica) porque hay menos agua y cuando las usinas deben aumentar el uso de combustibles líquidos, que son más caros que el gas.
Del actual costo de $44.401 el MWh, los comercios, industrias y hogares de altos ingresos pagan la totalidad, mientras que los usuarios de bajos (N2) y medios ingresos (N3) cubren con sus boletas solo $2981 y $3756, respectivamente. Esto significa menos del 9% del costo de generar electricidad. Por lo tanto, alrededor del 60% del total de hogares residenciales siguen recibiendo más de 90% de subsidios de parte del Tesoro.
Por el gas, también se iba a implementar la fórmula de ajuste para las empresas distribuidoras y transportistas, que implicaría una suba de 12,5% y 12%, respectivamente. En este caso, la fórmula polinómica está compuesta por el IPIM, el índice de salarios y la evolución de los costos de la construcción.
El impacto final en las boletas de ambos ajustes es del 5%, aproximadamente, aunque se esperaba que la suba fuera mayor, ya que la Secretaría de Energía también aplicó un aumento en los costos del gas durante el invierno para comercios, industrias y usuarios residenciales de altos ingresos.
Entre mayo y septiembre, el valor del gas subirá de US$2,94 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) a US$4,49 en promedio. La Secretaría de Energía no definió todavía qué hará con los usuarios residenciales de ingresos medios y bajos, que cubren con sus boletas el equivalente a un precio de US$0,78 los N2 y US$1,16 los N3. Es decir, pagan solo el 17% y 26% del costo total del gas en invierno, respectivamente.

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Diputados aprobó el blanqueo: habría que cumplir con solo una condición para regularizar cualquier monto sin penalidades
Si no se retira el dinero del sistema financiero antes del 31 de diciembre de 2025, no se pagará multa, sin importar la cantidad de activos regularizados
Sofía Diamante
Si el contribuyente retira el dinero antes del 1° de enero de 2026, pagará alícuotas del 5%, 10% o 15% sobre la base imponible que exceda los US$100.000
La Cámara de Diputados le dio media sanción al capítulo de regularización de activos, más conocido como blanqueo de capitales, incorporado en el proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Con 131 votos afirmativos, 117 negativos y cuatro abstenciones, los diputados le dieron luz verde a la medida que diseñó el equipo económico para aumentar la recaudación y sumar reservas al Banco Central (BCRA).
Según el texto, al que todavía le falta la sanción en el Senado para que sea ley, no hay límite máximo de cuánto se puede blanquear sin tener que pagar multas, siempre y cuando el dinero que ingresa al sistema financiero argentino no salga hasta el 31 de diciembre de 2025.
En otras palabras, un contribuyente puede regularizar más de US$10 millones sin pagar ninguna retención, siempre y cuando se mantenga en una cuenta bancaria especial o invertida en una actividad productiva, que se detallará después si se aprueba la ley a través de la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Si el contribuyente retira el dinero antes del 1° de enero de 2026, pagará alícuotas del 5%, 10% o 15% sobre la base imponible que exceda los US$100.000, según cuándo se haya adherido al régimen. Por eso se diseñaron tres etapas para ingresar al blanqueo. Cuanto antes se ingresa al régimen, menos alícuota hay que pagar de impuestos si se retira lo blanqueado antes de 2026 del sistema financiero.
La primera etapa abarca desde el día siguiente a la entrada en vigencia de la respectiva reglamentación dictada por la AFIP hasta el 30 de noviembre próximo. La segunda etapa abarca desde el 1° de octubre al 31 de diciembre para pagar un adelanto de la alícuota. Habrá tiempo para regularizar el restante antes del 30 de abril de 2025, si quitará el dinero del sistema financiero antes de enero de 2026.
Finalmente, la tercera etapa para realizar la manifestación de adhesión y el pago adelantado obligatorio será entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2025, y la fecha límite de la presentación de la declaración jurada y del pago del impuesto de regularización será de 30 de abril del próximo año.
El pago adelantado previsto deberá ser “no menor al 75% del Impuesto Especial de Regularización”.
En tanto, se permitirá regularizar hasta US$100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas y dejarlo fuera del sistema financiero sin pagar impuestos.
Luis Caputo diseñó el capítulo del blanqueo
“Es alícuota cero para montos superiores a los US$100.000, en tanto y en cuanto lo entres en el sistema financiero argentino y no lo retires hasta el 31/12/25, o lo destines a cierto tipo de inversiones a ser definidas por el Poder Ejecutivo”, aclaró el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X.
“Adicionalmente, si adelantas el pago de Bienes Personales de 2023 a 2027, lo haces a una alícuota de 0,45% por año (2,25 por los cinco años, pagaderos al tipo de cambio oficial). Esto te da derecho a no tener que presentar declaración jurada hasta 2028 y estabilidad fiscal hasta 2038″, agregó.
Podrán adherirse al régimen del blanqueo los residentes fiscales argentinos al 31 de diciembre (que estén o no inscriptos como contribuyentes ante la AFIP) y los sujetos no residentes por sus bienes ubicados en la Argentina o por las rentas que hubieran obtenido de fuente argentina.
Quienes a la fecha de entrada en vigencia del régimen de regularización de activos tuvieran un proceso penal en trámite “podrán adherir en forma condicional al régimen”, dice el texto del proyecto de ley.
Se podrán blanquear la mayoría de los bienes dentro y fuera del país, como la moneda nacional o extranjera, sea en efectivo o depositada en cuentas bancarias o de cualquier otro tipo; inmuebles; acciones, participación en sociedades, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotas partes de fondos y otros similares, y criptomonedas, entre otros.
No se podrá regularizar las tenencias de moneda o títulos que “estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de Alto Riesgo (’Lista Negra’) o Bajo Monitoreo Intensificado (’Lista Gris’)”.
La base imponible para determinar el “Impuesto Especial de Regularización” será calculado en dólares “de manera excepcional”. Los valores que estén expresados en pesos se cambiarán a dólares usando la cotización del contado con liquidación (CCL). “El Poder Ejecutivo podrá fijar dicho cambio hasta un 30% por encima del tipo de cambio oficial” que fija el Banco Central.
Para regularizar dinero en efectivo, se deberá depositar en una entidad financiera, que no podrá exigir más documentación que la taxativamente indicada por el Banco Central. Lo mismo ocurrirá con el dinero que esté en efectivo en el exterior.
Quedan excluidos del blanqueo aquellos funcionarios que se hayan desempeñado en el sector público en los últimos cinco años a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y aquellos que actualmente desempeñen la función pública.
Los cónyuges, ascendientes y descendientes de los sujetos alcanzados quedan también excluidos de los beneficios del régimen, al igual que los excónyuges que lo hubieran sido durante el tiempo en el que dichos sujetos se desempeñaron en los cargos.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA