Ley Bases: una llave maestra para abrir decenas de oscuras cajas regulatorias Y fórmula para que las prepagas apliquen aumentos

Ley Bases: una llave maestra para abrir decenas de oscuras cajas regulatorias
El proyecto que se trata en el Congreso, y que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, le entrega al Presidente herramientas necesarias para remover viejas normas y una pesada burocracia
Diego Cabot
La Ley Bases da a Milei una herramienta para entrar a enormes parcelas administrativas que estuvieron cerradas
Perdió varios girones en el camino, pero la Ley Bases aún mantiene un enorme potencial para el presidente Javier Milei. Además de los puntos más debatidos o más cuestionados, el corazón del proyecto que ya logró sanción de Diputados está intacto. Se trata de una batería de artículos que le permitirán al Poder Ejecutivo tener una formidable herramienta para arrasar con centenares de regulaciones que gobiernan las relaciones entre los privados y sus administrados.
¿Cuál es ese corazón del proyecto? Responde un personaje central en la iniciativa: “Acá hay mucha potestad de desregular y de cambiarle las funciones a los organismos públicos. Muchas veces las regulaciones surgían de trámites y cosas que estos organismos le piden hacer a los ciudadanos y, en caso de aprobarse la ley, estamos liberados como para remover ese peso muerto que el Estado le impone a la economía. Ahí hay mucho margen para trabajar”.
Sin dudas que la primera pieza de ese herramental es el artículo 1: “Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”. Es menos tiempo y menos emergencias que las que Milei quería. Sin embargo, la conjunción de este párrafo con otros que están desperdigados en la ley entregan un territorio mucho más grande donde el Presidente puede estampar su firma.
Inmediatamente después, como si fuese una de esas cortaplumas que al abrirse muestran más y más funciones, desde el artículo dos Milei podrá disponer de amplias facultades para armar una administración pública a su medida. Es verdad que los diputados pusieron énfasis en dejar claro que algunos organismos públicos no pueden eliminarse, como el Conicet, el Instituto de salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI), el Incucai, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) o el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros. Pero no menos cierto es que con ellos puede hacer muchas más cosas para cambiarlos de cabo a rabo, aún sin apartarse de esa limitación.
Con las empresas públicas pasa algo similar: no puede privatizar a muchas, pero puede modificar profundamente sus regímenes actuales sin llegar al extremo de venderlas. Con la excepción del Poder Judicial, el Legislativo, las universidades y un puñado de organismos, puede intervenir todos los organismos descentralizados del Estado. Finalmente, un esquema nuevo y con procedimientos a estrenar para una batería de empresas que podrían ser privatizadas. Maravillas para la dupla Milei y Federico Sturzenegger, uno de los mentores de esta desregulación.
Cuando este capítulo termina empieza otro: “Procedimiento administrativo”. Esperar los plazos, los modales, los tiempos, y la fundamentación de un acto administrativo, que es la manera en la que se expresa el Estado, es poco menos que un peregrinaje al horizonte. Pocas cosas han logrado reducir a un ciudadano a tan ínfimo lugar como la conducta pública frente a sus administrados.
En la norma aparecen conceptos como eficiencia burocrática, celeridad, economía, sencillez, eficacia y eficiencia en los trámites. También hay definiciones para que el Estado se adapte a la gratuidad y a los plazos razonables, así como también a que el ciudadano tenga derecho a una decisión fundada, así como a ofrecer y producir prueba. En una palabra, tal como lo define la Ley Bases, que se legisle para que el ciudadano tenga derecho a ser oído. Este vocabulario es poco menos que fundacional para una administración pública que se caracteriza por la mesa de entrada, el resonante sello, el número de expediente y el sueño eterno. Justamente, la reglamentación para cumplir esto preceptos, que ahora la podrá hacer el Presidente, podría ser la reforma del Estado más profunda que se haya propuesto.
Entre tantas normas que podrían generar cambios, hay algo que también puede ser revolucionario: la interpretación del silencio de la administración pública. Si bien no llegó al extremo de que ante la falta de respuesta de un organismo se interprete por la positiva (hubiera sido un cambio de paradigma), la Ley Bases establece que el silencio o la ambigüedad se interpretarán como negativa en los casos que sea necesario un pronunciamiento. Pero claro, después dice que, si hay una “disposición expresa”, podrá conferirse al silencio sentido positivo. Otro mundo.
Finalmente, establece que el máximo plazo posible será de 60 días hábiles. Pasado ese tiempo, el interesado podrá dar por configurado el silencio de la administración.
Una de las características de los últimos 20 años en la Argentina es que se ha hecho de la regulación una forma de gobierno y de gestión, al punto de que organismos de segundo o tercer grado en el rango de la Administración Pública generan normas que suelen tener más trascendencia para los privados que las propias leyes del Congreso.
El estallido de la Convertibilidad y la caída de aquella desregulación de los noventa se resolvió con 20 años de parches regulatorios que ha hecho de la relación entre el Estado y sus administrados una verdadera desproporción de herramientas. Uno, hace lo que quiere, en los tiempos que desee; el otro, espera resignado.
El exceso o la complejidad de la regulación dificultó la operación eficiente de las empresas, aumentó los costos y desalentó la innovación y la inversión. Además, fue uno de los factores que impactó en la competitividad y en la falta de competencia. Subieron los esfuerzos económicos para sortearlos y creció la ineficiencia burocrática.
Ahora, Milei tiene una herramienta para entrar a enormes parcelas administrativas que estuvieron cerradas, verdaderos nichos regulatorios que obligaban a la mansedumbre ciudadana que generaron enorme discrecionalidad y corrupción. La Ley Bases es una llave maestra para abrir esas puertas y remover obstáculos administrativos. Aun si pierde más girones, esos artículos que pasan por debajo del radar son el corazón de la norma.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Luis Caputo adelantó que hoy se anunciará la fórmula para que las prepagas apliquen aumentos
El ministro de Economía, además, informó que se abrirá un canal para denunciar “las facturas que no se condicen con lo reglamentado”
Luis Caputo
Luego del conflicto desatado entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el próximo jueves se anunciará “la fórmula” a partir de la cual las compañías del sector podrán implementar aumentos. También, adelantó que se abrirá un canal de comunicación para que los clientes puedan denunciar sobrefacturación.
“El jueves vamos a aclarar la fórmula así no quedan dudas y vamos a abrir un canal para denuncias para las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado. Además se aplicará una multa (un porcentaje de la facturación anual, muy grande) en caso de incumplimiento”, escribió en su cuenta de X el titular del Palacio de Hacienda.
El mensaje del funcionario fue en respuesta a la consulta de una usuaria de la misma red social en la que señaló que “llegaron las facturas y no es lo acordado”.
Como contó, el enfrentamiento entre la administración de Javier Milei y las prepagas inició nuevo capítulo que suma cuestionamientos cruzados y deja en vilo, a merced de la Justicia, a los millones de afiliados que esperan la devolución del dinero por los aumentos que el Ejecutivo consideró abusivos. Dos de las tres empresas de medicina privada rechazaron modificar aumentos, así como también devolver el dinero percibido durante los primeros cuatro meses del año.
Swiss Medical, Sancor Salud y Medicus realizaron presentaciones judiciales ante el Juzgado 9 de la Cámara Federal, Civil y Comercial. Una semana atrás, el Gobierno había presentado allí una medida cautelar para calcular incrementos de las cuotas según la inflación y acordar un mecanismo para la devolución del dinero que las prepagas habrían cobrado en exceso entre enero y abril.
La disputa salió a la luz cuando, a mediados de abril, el Gobierno dispuso dar marcha atrás parcialmente con los incrementos aplicados desde que se liberaron los precios y quiso obligar a las empresas a recalcular los valores desde diciembre. De acuerdo a esto, el nuevo valor de las cuotas de las prepagas no debería superar lo cobrado en el último mes de 2023 más la inflación.
Frente a los elevados aumentos, el Gobierno presentó el recurso judicial a través de la Superintendencia de Servicios de Salud. Entre los fundamentos del recurso judicial, la administración de La Libertad Avanza (LLA) mencionó que “el accionar de las prepagas es un comportamiento que evidencia un abuso en contra de los argentinos de bien”. En este sentido, resaltaron que las compañías, “valiéndose de su posición dominante, aumentaron las cuotas por encima del 70% del índice de inflación durante los últimos cuatro meses”.
La acción se concretó un día después de la salida de Claudio Belocopitt de la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), la entidad que nuclea a las empresas del sector más importantes del país. El empresario renunció en medio de una pelea con el Gobierno, que lo acusó de cartelización y lo responsabilizó por el los incrementos aplicados. Los cuestionamientos del titular de Swiss Medical llegaron en particular por parte del Presidente y del ministro de Economía, Luis Caputo.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA