SISTEMA PREVISIONAL Y HUGO MAGONZA Y LAS PREPAGAS

Cuatro temas claves para el debate del sistema previsional en la Argentina
La definición de qué haberes se pagan, la actualización periódica del valor de esos ingresos, la posibilidad de acceder al sistema y las fuentes de recursos para financiarlo son cuestiones fundamentales; la situación actual y las propuestas
Silvia Stang
Los sistemas jubilatorios plantean fuertes desafíos en muchas partes del mundo y en particular en la Argentina, donde la economía informal tiene una alta incidencia
Dos grandes cuestiones ganaron en los últimos meses su lugar en la agenda pública, en lo que al sistema previsional se refiere. Una es la de cómo se actualizan los haberes y qué pérdidas de valor acumularon –de forma despareja– en los últimos años. La otra es la relacionada con definir quiénes acceden a cobrar prestaciones al llegar a la edad de retiro.
La movilidad de los ingresos y la moratoria por falta de aportes están, de hecho, en el eje de los análisis y los debates actuales. Alrededor de estos temas, emergentes de la inflación y la informalidad laboral, giran otros que también requieren ser mirados de frente (todos en conjunto y no de forma aislada) si se busca darles respuestas de fondo a los problemas y desafíos de corto, mediano y largo plazo del régimen.
La posibilidad de sostener a futuro los pagos es un punto fundamental, sobre todo cuando el país está no tan lejos de dejar de transitar lo que los expertos llaman el “bono demográfico”. Hacia mediados de la próxima década, la Argentina entrará en una etapa en la cual la población económicamente dependiente (sobre todo, los jubilados y pensionados) tendrá una participación sobre el total de habitantes significativamente mayor que la actual. En otras palabras: harán falta más recursos en una sociedad que, por ahora, no logra sortear sus problemas de larga data en el mercado laboral, ni mantener un crecimiento económico con ganancias en la productividad.
Definir las prestaciones
En el principal esquema jubilatorio de la Argentina, el régimen general gestionado por la Anses, los haberes iniciales se definen según una fórmula que combina un monto fijo e igual para todos con un importe que, para los asalariados, surge de una fórmula que se vincula con la remuneración promedio de los diez últimos años con aportes. Si, por ejemplo, esta última cifra (que se calcula usando índices de actualización para los valores históricos) fuera de $700.000, el haber inicial de quien se jubile en junio con 30 años de aportes sería de $409.662 (58,5% del sueldo promedio de diez años).
En el caso de quienes solo hayan aportado como cuentapropistas, en el monotributo o en autónomos, se recibe por lo general el haber mínimo, que en junio será de $206.931. Más allá de esos casos, la inmensa mayoría de quienes están en ese tramo más bajo de ingresos accedió al sistema recurriendo a una moratoria por los aportes no hechos.
De las 5.866.779 personas con prestaciones que hubo en marzo, el 49,6% cobró un monto de hasta el haber mínimo más el bono de $70.000, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social. Algo más de un tercio percibió un importe superior a ese básico pero que, como máximo, tan solo lo duplicó: en junio estarán en este grupo los titulares de ingresos de entre $276.932 y $553.862 (ver el gráfico que acompaña esta nota). Con esas cifras y, por la continuidad de una política fijada por el gobierno anterior, no se reciben bonos compensatorios por las pérdidas frente a la inflación.


Algunos proyectos de ley que están en el Congreso plantean la idea de garantizar un ingreso mínimo utilizando un parámetro. El texto presentado por la UCR y Hacemos Coalición Federal, por ejemplo, propone tomar el valor de la canasta básica usada por el Indec para medir la pobreza. Para abril –último dato disponible–, el valor para el adulto mayor (el que se propone usar) es de $268.012, algo inferior al monto del haber mínimo, con bono, que habrá en junio.
Desde 2018 rige una garantía por la cual nadie que obtuvo su prestación sin haber recurrido a una moratoria puede cobrar, como haber bruto propiamente dicho (sin contar el bono), menos del 82% del salario mínimo, vital y móvil. En los últimos tiempos, eso habilitó el pago de suplementos de forma recurrente. Pero lo cierto es que los movimientos del valor de referencia (el salario mínimo) dependen en gran medida de decisiones políticas.
“El objetivo de la movilidad es darle al jubilado previsibilidad y la tranquilidad de que se mantendrá el poder de compra de sus haberes” (Osvaldo Giordano, Ieral de Fundación Mediterránea)
En la opinión del economista Oscar Cetrángolo, investigador en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, “para definir un ingreso básico que alcance a todos los adultos mayores que no tengan otro ingreso ni riqueza, habría que trabajar en la definición de una canasta básica específica, de la que se deben descontar los gastos que cubre el PAMI”.
La definición de un haber básico debería darse, según apunta la abogada Elsa Rodríguez Romero, dentro de un régimen con “una estructura más plástica, menos rígida” que la actual, que contemple diferentes módulos de ingresos. El primero sería “uno no contributivo, al menos no con cotizaciones [no con aportes laborales], que se otorgaría otorgado a determinada edad y su monto sería de subsistencia”. Luego, agrega, habría otro módulo en el que el monto reflejaría “de la manera más justa posible” lo que se aportó al sistema. “Y lo ideal sería que también exista un módulo de cotización voluntaria, regulado por el Estado”, completa la abogada.
La actualización
Definido el haber de inicio, lograr que el valor no se deteriore con el tiempo es un objetivo ampliamente incumplido en los últimos tiempos. Pero incluso antes de eso, en un escenario inflacionario un primer deber del sistema es la adecuada actualización de los salarios que integran la fórmula de cálculo del ingreso inicial. En 2009 la Corte Suprema le ordenó al gobierno de entonces, en el fallo de la causa Elliff, respetar ese principio básico, para que no se siguieran calculando haberes de inicio inferiores a los debidos.
“Con un haber básico garantizado y con soluciones para quienes tienen aportes insuficientes para el haber pleno, las moratorias no tendrían sentido” (Oscar Cetrángolo, IIEP-UBA, Conicet)
Respecto de la movilidad de los haberes en curso de pago, Osvaldo Giordano, economista, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea y exdirector ejecutivo de la Anses, define que el objetivo “es darle al jubilado previsibilidad y tranquilidad de que se mantendrá el poder de compra”. Por eso, afirma, la forma apropiada de actualizar los montos es con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
El DNU 274 del actual gobierno dispuso, justamente, que desde julio los reajustes en el sistema general de la Anses se harán siguiendo la variación de ese indicador, con dos meses de rezago. En julio se usará el dato de mayo, y así sucesivamente. En la práctica y por un mecanismo de “empalme”, ya desde abril hay reajustes mensuales por inflación. Eso, más un plus de 12,5% dado en el cuarto mes, determina que en trimestre actual las prestaciones tendrán una suba acumulada de 53,9%, frente a un 41,48% resultante de la fórmula de la ley 27.609, usada desde 2021 y hasta marzo de este año.
En los últimos años la inflación deterioró fuertemente el valor de los haberes jubilatorios
Giordano afirma que, más allá del uso del IPC como referencia, lo recomendable es sostener una modalidad “simple y transparente” y evitar esquemas complejos, como el de la fórmula aprobada en 2008 que, con términos similares, se repuso en 2021 por impulso del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Ese cálculo se basa en la variación de los salarios y de la recaudación de impuestos, y contempla un tope anual a la suba de las jubilaciones, aplicado en 2023 pese a la pérdida de poder de compra que se venía acumulando.
“El régimen previsional debería tener una estructura menos rígida, más flexible, con diferentes módulos de ingresos según los aportes realizados” (Elsa Rodríguez Romero, abogada previsionalista)
Sergio Rottenschweiler, economista especializado en seguridad social y docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento coincide en la necesidad de evitar fórmulas complejas como la anterior, que suponía “problemas de implementación y transparencia”. Y sostiene que en un escenario más estable “suena razonable” una fórmula que combine inflación y salarios.
Contemplar un índice de remuneraciones es algo que está planteado en algunos proyectos de ley en debate, pero no como parte de la fórmula de movilidad, sino como una variable que debería observarse una vez al año. El mecanismo determinaría que si los salarios avanzaron más que el índice general de precios, debería otorgarse una mejora a las prestaciones previsionales.
“En un sistema ideal debería compartirse con los jubilados la mayor riqueza que se genere en el país”, dice el abogado previsionalista Adrián Tróccoli. Pero, según evalúa, lo más adecuado sería dar mejoras en función del eventual crecimiento real del PBI per cápita. Respecto de los ajustes por IPC, el abogado considera que en un escenario de estabilidad de precios “el criterio debería ser que no haya reajustes todos los meses sino, por ejemplo, cada seis meses, salvo que en un período menor se acumule una inflación de un determinado porcentaje ya definido y, en tal caso, el reajuste se adelantaría”.
Desde abril las jubilaciones se ajustan todos los meses por inflación, pero llegaron a ese momento con una fuerte pérdida de su capacidad adquisitiva
En los últimos años las jubilaciones tuvieron fuertes pérdidas de su poder de compra. Si se comparan los ingresos de septiembre de 2017 con los de abril último, en el segundo momento quienes tienen por ingreso el haber mínimo más el bono pudieron comprar un 32,6% menos de lo que podían en el punto de partida. Y quienes perciben el haber máximo del sistema vieron recortada su capacidad de compra en un 56%.
“Hay reglas, como los regímenes de excepción o la duplicación de beneficios, que deberían revisarse; eso bajaría costos a mediano plazo” (Rafael Rofman, Cippec)
Si se pone el foco en abril, en ese mes de este año pudo adquirirse, en promedio, un 15,9% menos que en 2023 en el caso del ingreso mínimo, un 25% menos si se trata del haber máximo, y un 28,6% menos si la comparación se hace para alguien que en abril último tuvo un haber de $291.649. En este último ejemplo se perdió más, porque es el caso de alguien que recibió un bono entre septiembre de 2022 y agosto de 2023, y luego, ya no. En ese mismo caso, durante 2023 se perdió un 37,4% de poder adquisitivo.
En el actual mayo, según se estima, los haberes habrían recuperado el poder adquisitivo de diciembre. Pero, ¿qué pasa con la pérdida acumulada? Según Tróccoli, es una obligación del Estado recomponer los ingresos y en algún momento habrá una resolución judicial sobre el tema. Actualmente hay juicios en curso por parte de quienes no recibieron nunca bonos. Y los argumentos están centrados en los considerandos de los decretos que establecieron esos refuerzos adicionales a la movilidad. “Alberto Fernández sacó varios decretos en los que adujo que el gobierno previo había quitado un 19,5% del valor de las jubilaciones [que entre 2020 y 2019 cayeron hasta 44%] y que, por la inflación, debía intervenir con un bono; pero los efectos de la inflación fueron para todos y el bono, para algunos”, advierte el abogado.
Más allá de la urgencia por redefinir la movilidad en un contexto de alta inflación, Giordano advierte que a los problemas de sostenibilidad y falta de equidad del sistema no los resuelve la modalidad de reajustes, “sino un reordenamiento integral”. Propone que, más allá de las actualizaciones por el IPC haya “un ajuste anual para las jubilaciones en función de los aumentos del salario real”, y que ello sea aplicable solo para quienes no usaron moratorias.
El acceso a los cobros
En 2023 el 80% de las jubilaciones dadas de alta fueron para quienes requirieron de una moratoria o un esquema subsidiado de pago de los aportes no hechos en su momento. En el primer trimestre de 2024 ese índice fue de 76% y cada año, desde 2010, más de la mitad de las altas fue para personas que tomaron esos planes.
“Además de las actualizaciones según la inflación, debería compartirse con los jubilados el crecimiento del PBI per cápita” (Adrián Tróccoli, abogado previsionalista)
Son datos que reflejan el enorme problema de la informalidad de la economía y el empleo, que no parece estar siquiera en vías de solución luego de casi 20 años con moratorias, que son esquemas por naturaleza provisorios, que no deberían anclarse a un tema de fondo que necesita otras respuestas.
En los últimos años muchas personas ingresaron al sistema recurriendo a moratorias por falta de aportes, pero mientras tanto no se le dio solución al problema de la alta informalidad laboral
Terminar con las moratorias implicaría modificar la cobertura para un grupo importante de adultos mayores. Según Rafael Rofman y Manuel Mera, investigador principal y director de Protección Social del Cippec, con la eliminación de ese mecanismo debería establecerse la vigencia de un ingreso universal, con un valor cercano a la existente Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), para quienes estén en edad de retiro, no tengan aportes y pasen un examen socio económico. A ese componente se le sumaría otro contributivo para quienes hayan reunido aportes, en un esquema de estructura de ingresos similar al propuesto por Rodríguez Romero.
El proyecto de Ley de Bases del Poder Ejecutivo busca derogar la ley 26.705, que habilitó un sistema de compra de aportes que les permite obtener una prestación inmediata a quienes cumplen la edad jubilatoria hasta marzo de 2025. Quedaría en pie otra moratoria que, dado el paso del tiempo, es mucho más restrictiva para la adhesión.
La iniciativa oficial prevé que haya prestaciones proporcionales según la cantidad de aportes hechos en la vida laboral. El texto propone que el piso del ingreso sea la actual PUAM, cuyo monto equivale al 80% del haber mínimo, pero le deja varias definiciones al Poder Ejecutivo y, según advierte Rofman, eso aumenta la imprevisibilidad del sistema, que debería ser definido por el Congreso.
“Es clave que crezcan el empleo formal privado y la productividad. Es muy difícil pensar en mejorar haberes si la economía no crece y se estanca” (Sergio Rottenschweiler, UNGS)
En la opinión de Giordano, que fue ministro de Finanzas de Córdoba y gestionó la caja previsional de esa provincia, “establecer un mecanismo que permite simular haber trabajado para acceder a una prestación contributiva es algo rebuscado e injusto” y una forma “demagógica e irresponsable” de abordar un problema real, que debería encontrar respuesta en un esquema de beneficios no contributivos.
“Con un haber básico garantizado y un esquema que resuelva la situación de quienes tienen aportes, pero no suficientes para el haber pleno, las moratorias no tendrían sentido”, dice por su parte Cetrángolo.
El financiamiento
El desafío de cómo pagar las prestaciones se plantea más allá de los aportes reunidos por las personas. Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, en 2023 los pagos previsionales se hicieron en un 76% con “recursos propios” y en un 24% con fondos del Tesoro. Pero en el primer ítem no solo hay aportes y contribuciones, sino también fondos de tributos con asignación específica: los impuestos al cheque y PAIS, el IVA y las cargas a los combustibles (no hay datos disponibles respecto de cuánto del pago de jubilaciones y pensiones contributivas corresponde a uno y otro sub-segmento de recursos).
“Si se eliminara la asignación específica de esos impuestos, el efecto sería nulo; el sistema debería financiarse con aportes, contribuciones y rentas generales, eso sería más transparente y, además, permitiría ordenar más fácilmente el sistema tributario, eliminando impuestos distorsivos o poco eficientes.”, dice Rofman. Algo que sí tendría impacto en cuanto a liberar fondos para redistribuir, considera, es la revisión de todos los regímenes especiales del país. Al no poder afectarse derechos adquiridos, los efectos serían de mediano y largo plazo.
Para sostener los pagos futuros “hay que apuntar a los recursos”, afirma Rottenschweiler, y para eso “es clave que crezcan el empleo formal privado y la productividad”.
“Las jubilaciones se deben financian con los aportes de activos, empleadores y el Estado, pero desde hace un tiempo, lamentablemente, se financian mayormente con el “aporte forzado” de los restantes jubilados, algo tan sutil como injusto”, dice Rodríguez Romero, respecto de las distorsiones en el sistema.
Un sistema que no podrá mejorar genuinamente sus prestaciones de hoy y de mañana, si no hay un cambio drástico de la realidad social.

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Hugo Magonza: “Lo que pasó con las cuotas de las prepagas fue un proceso de una olla a presión”
El nuevo presidente de la Unión Argentina de Salud sostiene que no hubo cartelización ni abuso y lamenta que, para la política, la sanidad nunca fue una cuestión de Estado; su propuesta de reforma del sistema, sobre la base de la revisión de las obligaciones prestacionales, la creación de una agencia de evaluación de tecnologías y la creación de un fondo para tratamientos de alto costo
Silvia Stang
Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS)
“Estoy convencido de que no hubo abuso ni cartelización, y los aumentos fueron destinado a los prestadores y a pagar servicios; lo que sucedió es, lamentablemente, un proceso de una olla a presión, algo que también se produjo con otras áreas de la economía. Durante más de 12 años los precios estuvieron controlados y los costos liberados, y esos costos se habían disparado”, dice Hugo Magonza en diálogo   pocos días después de haber asumido la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), en medio de un clima conflictivo con el Gobierno de Javier Milei por las subas de los precios de los planes de salud de las prepagas que, entre enero y abril llegaron, en promedio, hasta 165%.
Los incrementos aplicados desde el inicio de 2024 fueron la reacción al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70, que en su capítulo referido a temas de salud eliminó toda intervención del Estado como regulador de los precios del sector.
Cuatro meses después de esa medida, el ministro de Economía, Luis Caputo, se puso al frente de las declaraciones contra el nivel de subas, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio le dio curso a una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por supuesta cartelización y ordenó a un grupo de empresas recalcular sus cuotas, para que las cobradas en los primeros días de mayo no reflejaran un aumento mayor, en comparación con las de diciembre, que la inflación de un determinado período. A la par, la Superintendencia de Servicios de Salud presentó una denuncia ante la Justicia también por presunta cartelización, en una causa que ahora incluye a 41 entidades y en la que se pide no solo que se disponga el recálculo de las cuotas, sino también la devolución de montos que, según el criterio de subas según el índice de precios al consumidor del Indec –un criterio no adecuado, según el nuevo titular de la UAS– se cobraron de más.
Para mañana, lunes 27 de mayo, las entidades de medicina prepaga y la Superintendencia están citadas a una audiencia por el juez Juan Rafael Stinco, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°3, que lleva la causa.
“Entiendo que el juez hizo algo muy valioso, que es convocar y abrir una instancia que permite ir y explicar los argumentos”, dice Magonza, presidente también de la Asociación Civil de Entidades Médicas Integradas (Acami) y director del Cemic, que se asumió al frente de la UAS tras la salida de la presidencia de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical. En la UAS están no solo las prepagas, sino también varias instituciones que nuclean a prestadores privados, y podría sumarse próximamente la Confederación Médica de la República Argentina (Comra).
Hugo Magonza: "No hubo abuso ni cartelización y los aumentos fueron destinados a los prestadores y a pagar servicios"
Magonza afirma que la situación por las cuotas del sector es una señal de la necesidad de reformas de fondo en el sector que desde hace muchos años se vienen proponiendo, pero que nunca se llevaron a cabo. Y dice que para la política la salud nunca fue hasta ahora una cuestión de Estado, de igual manera que el tema no aparece en las encuestas de opinión pública como uno de los que generan mayor preocupación.
Desde hace tiempo, el directivo va actualizando una planilla con números, que usa para comparar qué pasó con los precios de los planes de salud y con los valores de otras variables de la economía desde la entrada en vigencia de la ley de prepagas, en 2012. Entre ese año y 2023, revelan esas cifras, las cuotas de las prepagas subieron un 7945%, mientras que el IPC avanzó un 14.258%, el precio promedio de los medicamentos, un 19.599%, y el salario de una enfermera según el convenio colectivo, un 9994%. Llevados hasta marzo de este año y con las subas que se habían producido, las cuotas acumularon un 16.128%; la inflación según el Indec, un 21.656% y el salario de una enfermera, un 14.521%.
Y si se observa el período de 2020 a 2023, mientras que las cuotas –siempre bajo un esquema de regulación– subieron un 667%, el IPC avanzó un 1145% y el salario un 875%.
La desregulación de precios dispuesta por el Gobierno, dice Magonza, se dio a la par de la quita de subsidios para el pago de salarios, el componente de mayor peso dentro del gasto total de las clínicas. “Por efecto del aumento por las paritarias y la desaparición de un subsidio, el pago por salarios aumentó desde febrero y en dos meses el 100%; se suma que las tarifas de electricidad subieron un 500% y las clínicas y hospitales son energía-dependientes”, agrega.
Ya vencida la última paritaria y sin avances en las negociaciones, en los últimos días se hicieron notar los reclamos de trabajadores de los centros de salud, con manifestaciones en las puertas de las clínicas y con paros de dos, tres y cuatro horas el miércoles, jueves y viernes de la semana que terminó. “Alguien paga esto que está pasando y es la gente que trabaja en sistema de salud, los médicos, las enfermeras, porque no se está firmando la paritaria; el problema es que tienen que estar los recursos, porque no tiene sentido firmar algo que después no se va a poder cumplir”, dice el nuevo presidente de la UAS, en referencia a que los fondos que reciben las entidades prestadoras dependen de los aumentos de los aranceles pagados por las prepagas, que ya comunicaron reducciones en las mejoras que estaban previstas, a partir del freno al incremento de cuotas impuesto por el Gobierno.
Según los referentes del sector, los costos de la prestación de servicios de salud aumentan por encima de la inflación general
Las interrupciones de servicios en las clínicas convocadas por el sindicato se suman a otros efectos que pesan sobre los pacientes y que, en rigor, están presentes ya desde hace tiempo, como las demoras para conseguir turnos, las salidas de médicos de las cartillas y el cobro o intentos de cobros de copagos o bonos contribución.
El hecho de que las cuotas se movieron durante por lo menos 12 años de igual manera, debido a que estaban reguladas por el Estado, es la razón, según Magonza, por la cual todas las entidades tuvieron aumentos en torno al 40% en enero. ¿Y por qué 40%? “Había que hacerles frente rápidamente a compromisos; en diciembre [cuando se comunicó la suba del primer mes de este año] no estaba claro cómo terminaría la historia –afirma–; teníamos Presidente nuevo y las variables económicas se disparaban. En enero nos iban a caer encima un montón de los costos que se habían incrementado en diciembre, porque a diferencia de los bienes, en los servicios [la posibilidad de aplicar subas] viene por detrás; los medicamentos subieron 400%, 900%, dependiendo cuáles, y algunos su usan como agua en un hospital. En el acomodamiento de precios, los bienes entran primero, y si no hay control les ponen el precio que quieren, eso pasó y por eso ahora [los precios de algunos productos] algunos bajan. Los servicios entran de atrás, con lo cual se pensó en ir calculando cuál iba a ser la inflación para agregarle algo más y tratar de recuperar algo de lo que se perdió en los últimos años”.
El criterio, agrega, “era ir progresivamente por encima de la inflación para ir recuperando entre 4 y 5 puntos de todo lo perdido contra el costo de los medicamentos y contra el costo de la salud en general; iba a ser un proceso lento”.
Según Magonza, la inflación general no representa el costo de la salud, que en todo el mundo aumenta más que los precios en general, por factores como el avance de las tecnologías y la mayor expectativa de vida. Y, más allá de eso, señala que “la inflación del futuro nunca va a reflejar las inflaciones del pasado”.
“El sistema de salud tiene una dinámica por la cual los costos van a van a seguir subiendo; lo dice la OMS: en el mundo y en 15 años, en promedio, los costos de salud subieron 42% por encima de lo que subió el costo de vida. Es una realidad inevitable que la sociedad tienen que asumir. Y no digo que lo tiene que pagar con una mayor cuota”, señala.
¿Cuál sería entonces una solución de fondo, que no se base en la suba continua y elevada de los costos para el afilado? “Tenemos que cambiar el sistema”, dice el directivo. Y apunta en primer lugar al Programa Médico Obligatorio (PMO), la canasta de prestaciones exigidas a obras sociales y prepagas, que nació décadas atrás y al que se le fueron agregando “más de 70 leyes que sumaron coberturas sin previsión del financiamiento”.
“No hay posibilidad de tener una canasta [de coberturas] ilimitada y, a la vez, recursos limitados. Eso va mal; lo primero que hay que hacer, y lo está tratando de hacer el Gobierno, es armar una canasta definida, con prestaciones a cubrir y con protocolos médicos, con buenas prácticas”. En su visión, hoy el PMO es un piso que no tiene límites y, para ser financiable, debería ser un techo.
El segundo componente del esquema de salud propuesto, que abarcaría a todo el sistema y no solo a las prepagas, es la creación de una agencia nacional de evaluación de tecnologías sanitarias, como tienen muchos países. “Una agencia va dos pasos más allá de lo que hace el Anmat, porque evalúa la costo-eficiencia de un medicamento o un tratamiento y, algo aún mucho más complejo, evalúa el costo-beneficio social, lo cual implica poner la mirada en toda la sociedad: si se va a gastar 1 millón de dólares un tratamiento, lo sopeso contra otra cosa y ahí estará el coste de oportunidad de dar otro servicio, porque en algún momento el límite al gasto tiene que estar dado y ahí debe haber una política de Estado. En el país gastamos casi 10% de PBI y es un montón; hay mucho por hacer ahí”.
Y un tercer elemento para el funcionamiento del sistema sería, agrega Magonza, la integración de un fondo nacional de recursos para enfermedades con tratamientos de alto costo, “como hay en Uruguay”. Ese fondo abarcaría a todas las personas, estén en el sistema de prepagas, en el de la seguridad social (obras sociales) o en el público. Reemplazaría al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que hoy funciona en el subsistema de la seguridad social y que está en el eje de otro conflicto con la medicina prepaga, porque el DNU 70 establece que debe hacerse un aporte con destino a ese fondo que hasta ahora no se realiza (la aplicación de esa medida, que implicaría un encarecimiento de los planes de salud, quedó en suspenso tras la irrupción del conflicto por las cuotas). Hoy el FSR también está en el centro de otro debate, porque entre el 70% y el 80% se destina a coberturas por discapacidad (no necesariamente del sistema sanitario, por lo cual hay quienes dicen que parte de los fondos deberían surgir de otra fuente y no de los aportes para la salud), y porque lo que se paga por las prestaciones en general es muy bajo en relación con los gastos reales del sistema.
“Si están esas tres patas, un PMO ordenado, una agencia de evaluación y un fondo para los tratamientos de alto costo, y se le da a la gente la libertad de optar por diferentes planes para que puedan complementar entre el sistema público, el de la seguridad social y el privado, el costo de la salud no solo cae, sino que se hace más predecible”, concluye Magonza.

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