Desde hoy, habrá que pagar un 4% más por las tarifas de agua
La factura promedio sin impuestos pasará de $20.582 a $21.410; con impuestos de al menos 21%, la boleta mensual superará los $25.900
Sofía Diamante
En lo que va del año las tarifas aumentaron 305%
A partir de mañana, las tarifas del servicio de aguas y cloacas de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) aumentarán 4%, y la factura promedio, sin contar los impuestos, pasará de $20.582 a $21.410. Si se agregan los impuestos, la boleta promedio mensual superará los $25.900.
En el año, las tarifas de agua en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron 305%.
Los cuadros tarifarios de AySA, la empresa estatal que el Gobierno busca privatizar, se actualizan todos los meses según una fórmula polinómica que tiene en cuenta la variación de los índices de salarios (CVS), la de los precios internos al por mayor (IPIM) y la de los precios al consumidor (IPC).
El objetivo inicial del Gobierno era aplicar fórmulas automáticas de actualización también para las tarifas de gas y electricidad, pero pese a que se habían publicado las resoluciones con los detalles, nunca se llegaron a aplicar y las subas fueron discrecionales, teniendo en cuenta la evolución de la inflación. En el caso de AySA, la fórmula de ajuste nunca se discontinuó.
La empresa estatal mantiene el esquema de segmentación de subsidios, focalizado en la geolocalización de los usuarios. De esta forma, la factura media mensual en servicios de agua sin impuestos pasaría, para la zona geográfica considerada de altos ingresos (534.517 hogares), de $24.262 a $25.238; para la zona media (996.718 usuarios), de $22.034 a $22.920, y para la zona baja (1,2 millones de usuarios), de $17.705 a $18.417.
Los incrementos van a empezar a impactar paulatinamente en las facturas con vencimiento en los primeros días de diciembre. Los usuarios que viven en zonas alta y media no reciben más subsidios y pagan el costo pleno del servicio. En lo que se refiere a la tarifa social, hay 130.000 beneficiarios que reciben un aporte mensual.
Para los usuarios residenciales y baldíos cuyos inmuebles se localizan en áreas calificadas con coeficientes zonales bajos se mantiene el subsidio del 15%. Esto alcanza a 1,8 millones de usuarios y no es necesario realizar ninguna gestión para acceder a este beneficio (a diferencia de la tarifa social, que hay que solicitarla cada año en la página del ente regulador de agua y saneamiento, ERAS).
Analizan subas en gas y luz
En el Ministerio de Economía todavía están analizando los próximos aumentos de gas y electricidad, que se aplicarán a partir del próximo mes. En octubre, el equipo económico tomó la decisión de reducir 5% la tarifa de gas y aumentar 3% la de electricidad, lo cual llamó la atención en el sector energético, ya que ambos servicios todavía siguen recibiendo subsidios.
En gas, pese a los aumentos de tarifas de este año, todos los usuarios residenciales, hogares e industrias siguen recibiendo subsidios. Las industrias, comercios y los hogares de altos ingresos (N1) pagarán el 64% del valor del gas; los de ingresos bajos (N2), el 23%, y los de ingresos medios, el 29%. El resto del costo lo cubre el Ministerio de Economía.
Temeroso por los posibles cortes de luz en el verano, el Gobierno decidió en octubre seguir ajustando las tarifas para que cada mes cubran un porcentaje mayor del costo de generación eléctrica.
En concreto, industrias, comercios y hogares de altos ingresos pagan el 93% de lo que cuesta la generación de energía eléctrica, mientras que los usuarios residenciales N2 pagan el 26%, y los N3, el 41% por el consumo bonificado (y 93% sobre el excedente).
A las entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo y otras categorías de usuarios sin fines de lucro asimilables, que en total suman 5000 usuarios, se les aplicarán las bonificaciones al precio del gas y de la electricidad correspondientes a los usuarios residenciales de ingresos bajos para el total del volumen consumido.
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¿Entró la política económica en una nueva etapa?
Juan Carlos de Pablo
El 14 de junio de 1985, Juan Vital Sourrouille lanzó el Plan Austral. Cuando muchos años después analicé el programa, encontré útil dividir los dos años que duró en cinco etapas. Pero como digo, a mediados de 1985 Sourrouille no lanzó la primera etapa del plan, sino el plan.
Arriesgando ser desautorizado por los futuros historiadores económicos, pienso que desde hace algunas semanas el programa económico implementado por Milei-Caputo-Bausili parece haber entrado en una segunda etapa.
La primera, sintetizada en el eslogan “no hay plata”, se organizó alrededor del equilibrio fiscal financiero, es decir, suficiente superávit fiscal primario, para pagar los intereses de la deuda pública. Mantenido hasta ahora a rajatabla, mejor adoptar todas las decisiones privadas sobre la base de su permanencia en el tiempo.
En la Argentina 2024 el equilibrio fiscal ha probado ser muy poderoso, más que una regla monetaria y ni qué decir de una regla cambiaria. La tasa de inflación se desplomó de manera estrepitosa, en promedio la actividad económica se viene recuperando desde mediados del año en curso y el aumento de la tasa de desocupación se debió a la suba de la oferta de trabajo, no a la disminución de la demanda.
Claro que no se trata de dormirse en los laureles, pero este panorama macroeconómico le otorga protagonismo a la labor encarada por Federico Sturzenegger. Pasamos del decreto 70/23 y la Ley Bases a múltiples disposiciones que se adoptan todos los días.
Se trata del complemento micro del equilibrio fiscal. Convencido de que el progreso demanda que los empresarios dejen de estar ocupados para dedicarse a trabajar, me entusiasma la eliminación o modificación de la increíble cantidad de trabas que existían. Resulta patética la defensa pública que hacen algunos de los afectados por esta labor.
Tengo una sola preocupación, que la vengo planteando desde hace varios meses. Ojalá esté mal informado, pero no se observa sincronización entre las medidas adoptadas para facilitar las importaciones y aquellas destinadas a reducir el denominado costo argentino. Pensar que en la Argentina de 2024 esto se soluciona con un salto devaluatorio es no pensar. Ergo, estamos delante de un problema real y creciente.
Las etapas en esta política económica no son sustitutivas, sino complementarias. Todo indica que, afortunadamente, esto el Poder Ejecutivo Nacional lo tiene claro.
A partir de mañana, las tarifas del servicio de aguas y cloacas de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) aumentarán 4%, y la factura promedio, sin contar los impuestos, pasará de $20.582 a $21.410. Si se agregan los impuestos, la boleta promedio mensual superará los $25.900.
En el año, las tarifas de agua en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron 305%.
Los cuadros tarifarios de AySA, la empresa estatal que el Gobierno busca privatizar, se actualizan todos los meses según una fórmula polinómica que tiene en cuenta la variación de los índices de salarios (CVS), la de los precios internos al por mayor (IPIM) y la de los precios al consumidor (IPC).
El objetivo inicial del Gobierno era aplicar fórmulas automáticas de actualización también para las tarifas de gas y electricidad, pero pese a que se habían publicado las resoluciones con los detalles, nunca se llegaron a aplicar y las subas fueron discrecionales, teniendo en cuenta la evolución de la inflación. En el caso de AySA, la fórmula de ajuste nunca se discontinuó.
La empresa estatal mantiene el esquema de segmentación de subsidios, focalizado en la geolocalización de los usuarios. De esta forma, la factura media mensual en servicios de agua sin impuestos pasaría, para la zona geográfica considerada de altos ingresos (534.517 hogares), de $24.262 a $25.238; para la zona media (996.718 usuarios), de $22.034 a $22.920, y para la zona baja (1,2 millones de usuarios), de $17.705 a $18.417.
Los incrementos van a empezar a impactar paulatinamente en las facturas con vencimiento en los primeros días de diciembre. Los usuarios que viven en zonas alta y media no reciben más subsidios y pagan el costo pleno del servicio. En lo que se refiere a la tarifa social, hay 130.000 beneficiarios que reciben un aporte mensual.
Para los usuarios residenciales y baldíos cuyos inmuebles se localizan en áreas calificadas con coeficientes zonales bajos se mantiene el subsidio del 15%. Esto alcanza a 1,8 millones de usuarios y no es necesario realizar ninguna gestión para acceder a este beneficio (a diferencia de la tarifa social, que hay que solicitarla cada año en la página del ente regulador de agua y saneamiento, ERAS).
Analizan subas en gas y luz
En el Ministerio de Economía todavía están analizando los próximos aumentos de gas y electricidad, que se aplicarán a partir del próximo mes. En octubre, el equipo económico tomó la decisión de reducir 5% la tarifa de gas y aumentar 3% la de electricidad, lo cual llamó la atención en el sector energético, ya que ambos servicios todavía siguen recibiendo subsidios.
En gas, pese a los aumentos de tarifas de este año, todos los usuarios residenciales, hogares e industrias siguen recibiendo subsidios. Las industrias, comercios y los hogares de altos ingresos (N1) pagarán el 64% del valor del gas; los de ingresos bajos (N2), el 23%, y los de ingresos medios, el 29%. El resto del costo lo cubre el Ministerio de Economía.
Temeroso por los posibles cortes de luz en el verano, el Gobierno decidió en octubre seguir ajustando las tarifas para que cada mes cubran un porcentaje mayor del costo de generación eléctrica.
En concreto, industrias, comercios y hogares de altos ingresos pagan el 93% de lo que cuesta la generación de energía eléctrica, mientras que los usuarios residenciales N2 pagan el 26%, y los N3, el 41% por el consumo bonificado (y 93% sobre el excedente).
A las entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo y otras categorías de usuarios sin fines de lucro asimilables, que en total suman 5000 usuarios, se les aplicarán las bonificaciones al precio del gas y de la electricidad correspondientes a los usuarios residenciales de ingresos bajos para el total del volumen consumido.
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¿Entró la política económica en una nueva etapa?
Juan Carlos de Pablo
El 14 de junio de 1985, Juan Vital Sourrouille lanzó el Plan Austral. Cuando muchos años después analicé el programa, encontré útil dividir los dos años que duró en cinco etapas. Pero como digo, a mediados de 1985 Sourrouille no lanzó la primera etapa del plan, sino el plan.
Arriesgando ser desautorizado por los futuros historiadores económicos, pienso que desde hace algunas semanas el programa económico implementado por Milei-Caputo-Bausili parece haber entrado en una segunda etapa.
La primera, sintetizada en el eslogan “no hay plata”, se organizó alrededor del equilibrio fiscal financiero, es decir, suficiente superávit fiscal primario, para pagar los intereses de la deuda pública. Mantenido hasta ahora a rajatabla, mejor adoptar todas las decisiones privadas sobre la base de su permanencia en el tiempo.
En la Argentina 2024 el equilibrio fiscal ha probado ser muy poderoso, más que una regla monetaria y ni qué decir de una regla cambiaria. La tasa de inflación se desplomó de manera estrepitosa, en promedio la actividad económica se viene recuperando desde mediados del año en curso y el aumento de la tasa de desocupación se debió a la suba de la oferta de trabajo, no a la disminución de la demanda.
Claro que no se trata de dormirse en los laureles, pero este panorama macroeconómico le otorga protagonismo a la labor encarada por Federico Sturzenegger. Pasamos del decreto 70/23 y la Ley Bases a múltiples disposiciones que se adoptan todos los días.
Se trata del complemento micro del equilibrio fiscal. Convencido de que el progreso demanda que los empresarios dejen de estar ocupados para dedicarse a trabajar, me entusiasma la eliminación o modificación de la increíble cantidad de trabas que existían. Resulta patética la defensa pública que hacen algunos de los afectados por esta labor.
Tengo una sola preocupación, que la vengo planteando desde hace varios meses. Ojalá esté mal informado, pero no se observa sincronización entre las medidas adoptadas para facilitar las importaciones y aquellas destinadas a reducir el denominado costo argentino. Pensar que en la Argentina de 2024 esto se soluciona con un salto devaluatorio es no pensar. Ergo, estamos delante de un problema real y creciente.
Las etapas en esta política económica no son sustitutivas, sino complementarias. Todo indica que, afortunadamente, esto el Poder Ejecutivo Nacional lo tiene claro.
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