RESULTADOS Y EDITORIAL

Mucho mejor de lo esperado: balance preliminar de un año de gestión
Resultados. Si bien Milei logró éxitos al corregir el déficit fiscal, desacelerar la inflación y lograr una pax cambiaria, deberá superar enormes desafíos para que el país despeje los interrogantes que traban la inversión
Sergio Berensztein


Javier Milei no ahorra elogios a la hora de evaluar su propio gobierno. Consistente con su característica narrativa pletórica de excesos, que le trajo algún dolor de cabeza cuando se autoimpuso la imprescindible lógica del frío pragmatismo con la que encara la gestión, afirmó recientemente que apenas habiendo cumplido un cuarto de mandato ya superó los logros de su admirado Carlos Menem, a quien, por otra parte, había definido como “el mejor presidente de la democracia”. Debe observarse, no obstante, que en este primer año sus logros, en especial en materia económica, fueron muy significativos, tanto en términos absolutos como relativos. Si se compara el balance preliminar de estos doce meses con el de sus pares en las últimas cuatro décadas de trayectoria democrática, tiene motivos de sobra para sentirse satisfecho, en particular si se considera el raquítico peso institucional, en el Congreso y en materia territorial (gobernadores e intendentes) con el que llegó a la Casa Rosada.
Otros, con muchísimo más poder político, fueron incapaces de obtener un fragmento acotado de los frutos que puede mostrar Milei en este primer segmento de su mandato. Habiendo hecho un justo reconocimiento de los resultados obtenidos, es indispensable recordar que queda un enorme y complejo trayecto por recorrer hasta que el país pueda mirarse en el espejo con la tranquilidad de saber que están parcialmente resueltas las cuestiones más urgentes. Recién entonces se deberá encarar el desafío de mejorar la competitividad sistémica, más allá del debate actual sobre el atraso cambiario. Lo hecho es notable. El desafío pendiente, extraordinario.
Por eso, el Gobierno debería evitar la tentación de celebrar demasiado o de enamorarse de sus tempranos éxitos. Su ventaja relativa no es menor: la herencia recibida era catastrófica, pero Milei asumió con un diagnóstico clarísimo de la gravedad de la crisis y si bien improvisó en las designaciones y en su estrategia económica, fue primordial su convicción respecto de la necesidad de resolver de manera contundente el drama del déficit fiscal (traducido en el mantra “no hay plata”). Sin quitar mérito a su equipo de colaboradores, el “qué” fue más importante que los “cómos” y los “quiénes”: nadie le reprochará su cambio de libreto (su promesa de dolarización y cierre del Banco Central equivale a la revolución productiva y el salariazo menemistas).
Es interesante retrotraerse a cómo fue el primer año de cada uno de los predecesores de Milei. Su némesis Raúl Alfonsín tuvo un 1984 muy complicado. Si bien se dieron los primeros pasos de lo que luego sería una transición democrática exitosa, en materia económica fue un período desperdiciado. Su amigo Bernardo Grinspun poco pudo hacer para contener una dinámica inflacionaria descontrolada, en el contexto de la generalizada crisis de la deuda (todo el mundo en desarrollo había caído en default) y del extremo aislamiento en el que había quedado el país posguerra de Malvinas. Para evitar una catástrofe electoral en 1985, Alfonsín designó a Juan Vital Sourrouille, que a pocos meses de asumir implementó el Plan Austral, el primer programa de estabilización de la etapa democrática. Pero Alfonsín nunca le dio a su ministro el respaldo, la autoridad ni la autonomía para hacer lo necesario, sobre todo en materia fiscal. Combinado con su paulatino debilitamiento político y un escenario externo complejo, el fracaso del Plan Primavera precipitó nuestra primera hiperinflación.
Si bien luego, con la convertibilidad, fue el presidente que más cerca estuvo de llevar al país a la deseada estabilidad, el arranque de Menem no fue mucho más auspicioso. A pesar de contar con un aparato peronista todavía poderoso y de haber ganado cómodamente las elecciones de 1989, no pudo evitar un nuevo episodio hiperinflacionario en marzo de 1990, apenas a nueve meses de haber llegado al poder. Al margen de la indomable economía, la política en la primera etapa del menemismo fue caótica, con profundas divisiones dentro del gabinete, escándalos de corrupción y un proceso de aprendizaje presidencial más espinoso de lo esperado dada su experiencia como gobernador. Aun así, sentó algunas de las bases que permitirían cristalizar el “uno a uno”, cosa que ocurriría recién en 1991, como la desregulación y la política de privatizaciones.
Parece mentira que la misma institución presidencial que impulsa y sostiene a Milei haya sido ocupada por Fernando de la Rúa. En su primer año, implosionó la coalición que le había permitido ganar la elección y emergió un líder dubitativo, lento para decidir y disfuncional para una crisis fiscal y externa enrevesada. Rápidamente consumió la legitimidad de origen y no evidenció casi nada en materia de legitimidad de ejercicio. La gran crisis de comienzos de siglo golpeó para siempre la emergente cultura democrática y dejó a la deriva a una sociedad que se encaminaba a desperdiciar dos décadas de desarrollo económico y social.
Néstor Kirchner asumió con una debilidad relativa similar a la de Milei, pero con la ventaja de una economía en franca recuperación gracias al ajuste implementado durante la transición de Duhalde, en especial mientras Remes Lenicov ocupó el Palacio de Hacienda. Entre 2003 y 2004, el exgobernador de Santa Cruz dio señales contradictorias: sostuvo al tándem Lavagna-Prat-Gay que garantizaba los superávits gemelos e impulsó el decreto 222/2003, vigente, que regula el mecanismo de selección de los jueces de la Corte Suprema. Pero pronto revelaría sus pulsiones autoritarias y su vocación hegemónica, sazonadas con su obsesión por el dinero proveniente de la corrupción.
A poco de llegar a la presidencia, Cristina Fernández se regaló a sí misma la crisis de la 125, la primera revuelta fiscal de la historia argentina. Fue un tiro en el pie para un proyecto de poder que jamás se recuperó de esa sinrazón, a pesar de la muerte de Néstor, incluida una derrota letal en las elecciones legislativas de 2009.
El actual clima de generalizado rechazo al entramado ideológicoinstitucional del populismo intervencionista comenzó a gestarse en esos años y sobrevivió al fracaso de Cambiemos. Macri había ganado por escaso margen e interpretó que ese triunfo ajustado no le brindaba el impulso necesario para avanzar a fondo en las transformaciones necesarias. El gradualismo se convirtió en un corsé que limitó sus márgenes de maniobra, particularmente en términos fiscales, y condicionó su recorrido posterior. Si en su primer año hubiera hecho un tercio del ajuste que hoy está practicando Milei, el destino de esa experiencia hubiera sido otro.
Por último, el inicio de Alberto Fernández estuvo signado por el enigma y la tentación de la pandemia, pero aquel “profesor” Fernández muy pronto se encargó de demostrar la disfuncionalidad de su liderazgo y, en particular, la irracionalidad de su visión en materia económica. Los desencuentros con el cristinismo cristalizaron la figura de “mequetrefe” con la que probablemente será recordado.
Promisorias figuras del radicalismo reconocen que Milei demostró ser mejor político que economista, pero frente a la sociedad, los pilares de su resiliente popularidad son la desaceleración de la inflación y la pax cambiaria. El asombroso rally que tanto impulsa a los activos argentinos no termina de eliminar los categóricos interrogantes que genera nuestro país para la inversión real. ¿Comparte el resto del espectro político la convicción de Milei por las reformas económicas? Un país que ya vivió tamaña reversión populista… ¿no podría recaer en la adicción gastomaníaca? ¿En qué quedó la idea de plasmar algún consenso como sugería la iniciativa de los Acuerdos de Mayo, que el propio Gobierno prefirió desactivar?

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La detención de Urribarri: otro golpe a la corrupción
El encarcelamiento del exgobernador de Entre Ríos alienta alguna esperanza de que la Justicia avance hacia una condena ejemplificadora
Los abusos y sometimientos a los que pretendieron acostumbrarnos años de gestión kirchnerista podrían estar llegando a su fin, junto a la impunidad a la que se aferran sus cuadros más destacados, empezando por la expresidenta Cristina Kirchner. La reciente detención del exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri tras la decisión de la Cámara de Casación Penal de esa provincia, en la causa en la que fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos, resulta una alentadora señal en ese sentido.
La detención de Urribarri, capturado y trasladado a una cárcel de Paraná, fue ordenada en el contexto de una causa en la que la Justicia provincial consideró probado que el exmandatario entrerriano dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales, además de llevar a cabo otras maniobras ilícitas a través de contratos de imprenta y publicidad. La condena fue impuesta en abril de 2022 y fue confirmada por la Casación de la provincia un año después, pero aún no está firme, puesto que Urribarri presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se revierta la sentencia en su contra.
El más reciente fallo de la Cámara de Casación, que dispuso el alojamiento del exgobernador en una unidad penal, se funda en el peligro de fuga, basado en sus “importantes vínculos”, de acuerdo con el voto de las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo. Las magistradas recordaron que y otros coimputados actuaron “en total impunidad durante ocho años”, en los cuales recurrieron a “testaferros”, “destinaron el dinero público a fines personales, se sirvieron del aparato estatal y de las facultades legales y constitucionalmente asignadas, y también de las relaciones que entablaron durante el ejercicio de la función pública”.
Junto a Urribarri, fueron condenados su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador, a quien se acusó de uno de los delitos contra la administración pública por ser dueño de las imprentas a las que se derivaron los trabajos financiados con recursos públicos y ser considerado parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos. Ambos fueron condenados a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Estaríamos, así, ante un nuevo caso de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, donde desde el gobierno de Urribarri se habría armado un esquema con direccionamiento de contrataciones y retornos, al tiempo que, confirmada su condena, mandó a sus adláteres a denunciar una persecución política. Una clásica maniobra del manual kirchnerista.
Este escándalo no es lamentablemente el único que ha debido soportar la sociedad entrerriana. No hace mucho, a requerimiento de la Justicia, la Legislatura provincial subió a su portal web los nombres y apellidos de quienes integran las nóminas de personal de planta permanente, junto a los contratos por servicios, obras y subsidios que desembarcaron en las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, luego de un pedido de acceso a la información formulado por la ONG Entre Ríos sin Corrupción. Bajo el sugestivo título “Transparencia”, los listados difundidos revelaron turbias designaciones. Entre el cúmulo de nombres, se destaca la reiteración de apellidos como Urribarri. Tres de sus familiares directos figuran como contratados por el órgano legislativo provincial: uno de sus hijos, su cuñado y su sobrina. Los contactos del cuestionado exgobernador favorecieron también a su antiguo secretario privado, Sergio Cornejo, quien junto con su esposa y su hija, integra la planta permanente de la Cámara de Diputados.
El proceso de la causa judicial que involucra a Urribarri se caracterizó además por la injusta destitución de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche, quien valientemente inició la investigación que le valió al exmandatario provincial la condena. Según lo entendió el propio procurador general de la Nación, Eduardo Casal, se trató de “una grave violación al debido proceso”, por lo que este solicitó al máximo tribunal de la Nación que revoque el fallo a través del cual se destituyó a la fiscal.
Como en el final de tantos ejemplificadores cuentos, los buenos merecen ganar. Es de esperar que sean las propias instituciones las que empiecen a poner las cosas nuevamente en su lugar para que se devuelva a la ciudadanía la esperanza y que no triunfe, como tantas otras veces, la impunidad.

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