DESDE ADENTRO E IRREGULARIDADES

Trump y China, un juego a dos puntas
Florencia Donovan
El presidente Javier Milei
El Gobierno estaría logrando un delicado equilibrio entre las exigencias de China y de Estados Unidos
En la administración de Milei, los temas comerciales tendrán cada vez más preponderancia
En el sector de la actividad privada, la competencia en algunas industrias empieza a ser feroz
“Nosotros estamos alineados con Estados Unidos e Israel”, repite el presidente Javier Milei. El Gobierno, no obstante, estaría logrando algo que algunos de sus antecesores hubieran deseado: un delicado equilibrio entre las exigencias de su principal aliado, Estados Unidos, y del segundo socio comercial más importante para la Argentina, China.
En la última semana dio una muestra de ello. Primero, a días de celebrar la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el Presidente logró una reunión bilateral con el líder chino Xi Jinping en el marco del G-20. Tal vez, Xi Jinping no mostró con Milei la calidez que luego expresó con el anfitrión, el brasileño Lula da Silva, socio estratégico de China en tiempos en los que Trump amenaza con desatar una guerra comercial global. Pero la reunión fue lo suficientemente amable como para que las cuestiones comerciales entre ambos países se mantuvieran sobre rieles.
Hay varios temas pendientes en la agenda: la renovación del swap (préstamo) que el Banco de China dio al Banco Central (BCRA) y la reactivación de las obras de las represas Cepernic y Kirchner, en Santa Cruz, son dos de los más importantes.
Luego, apenas dos días después de aquel encuentro, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial los pliegos para concesionar la Hidrovía, la principal autopista por la que sale del país el 80% de las exportaciones. Allí, el Gobierno procuró hacerse eco de un pedido histórico de Estados Unidos (de administraciones demócratas y republicanas por igual): dejar afuera la posibilidad de que el gobierno chino participe como concesionario.
La administración mileísta lo hizo sutilmente en el artículo 16 del pliego, en el que especifica que “no serán aceptados como oferentes o integrantes de una asociación toda persona jurídica que sea controlada, directa o indirectamente, por Estados soberanos o agencias estatales, en el capital, en la toma de decisiones o en cualquier otra forma”. En otras palabras, ninguna compañía china en la que el Estado tenga injerencia califica para la concesión. Un regalo anticipado para el amigo Donald.
Aunque es cierto también que, mientras los embajadores de todos los países europeos se ocuparon de tocar las puertas del Gobierno para expresar su interés por el negocio, no hubo en ningún momento una visita del representante chino. Ya harán saber cuáles son sus prioridades. La estrategia de Pekín, describen los especialistas, es de una “paciencia estratégica” en la relación bilateral.
La cuestión del 5G
A comienzos de año, y en línea con un pedido de Estados Unidos, la administración de La Libertad Avanza (LLA) también había bajado la directiva al entonces secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino, de limitar el acceso de China a las licitaciones que se hicieran en el área de telecomunicaciones, donde la empresa Huawei pisa fuerte.
No está claro que tras la renovación del swap que hizo el Banco de China a mediados de año esta directiva se mantenga ahora tal cual.
Para Estados Unidos, la cuestión del 5G tiene un valor estratégico central, dada la cantidad de datos que se administran por las redes. Habrá que esperar los pliegos. El actual secretario de Innovación, Darío Genua, acaba de participar, hace dos semanas, de una visita a la base satelital que tiene China en Neuquén, de la mano del embajador Wang Wei. En todo momento, está claro que el Gobierno deberá realizar un delicado equilibrio entre sus socios.
Para la administración de Milei, que aspira a abrir la economía argentina al mundo, las cuestiones comerciales adquirirán cada vez más preponderancia en la agenda. Todavía en el ámbito diplomático no abandonan la esperanza de que en los primeros días de diciembre, en la cumbre del Mercosur que se desarrollará en Uruguay, pueda realizarse algún anuncio con respecto al postergado acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE). No están saldadas las diferencias entre las partes, pero, una vez más, no parecieran ser insalvables.
Eso explica que se hayan renovado las protestas de los agricultores en Francia. Y que, incluso, en un acto de nacionalismo, el CEO de la cadena francesa de supermercados Carrefour, Alexandre Bompard, haya publicado ayer en Francia una carta en la que se compromete a no comercializar cortes del Mercosur en caso de sellarse un acuerdo de libre comercio con la UE.
Todos los países conocen su público. Bastaría con aclarar que la cuota de carne que sumaría el Mercosur con el acuerdo es ínfima: son 90.000 toneladas con cero arancel para todo el bloque (que todavía ni siquiera definió cómo se repartirán entre sus cuatro miembros). Solo la Argentina exportó el año pasado a la UE 49.000 toneladas, lo que equivale a unos US$500 millones. No son muchos los lomos extras que llegarían a Francia ante un eventual acuerdo.
En el mercado, la mirada de corto plazo sigue estando en el Banco Central y en la posibilidad de que se anuncie en algún momento la ansiada unificación cambiaria. Con la brecha cambiaria en valores mínimos desde 2019 –ya la diferencia entre el dólar que pagan los importadores y el libre es mínima–, más de uno se ilusiona con que sea pronto. Una movida de marketing, con un posteo enigmático en la red X que hizo Ariel Sbdar, de Cocos, provocó una horda de llamados en las últimas 48 horas a funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central.
El posteo, que luego se sabría apuntaba al lanzamiento de una tarjeta de crédito en dólares, hizo que muchos especularan con la eliminación de una circular –la 7340– que impide que quienes operan dólares en el mercado bursátil luego puedan acceder al mercado único y libre de cambios (MULC). La realidad es que en el Banco Central en ningún momento se pensó en el corto plazo en eliminarla. “Mientras haya una restricción de acceso al mercado de cambios, esa norma debe vivir”, reconocieron desde el Gobierno. “Cero chance [de sacarla]”, insistieron.
De todas maneras, se cierra una gran semana financiera para el oficialismo, que entra a diciembre –siempre un mes que genera respeto en la administración pública– con el peso fortalecido, las reservas internacionales creciendo, el crédito privado expandiéndose a razón de dos dígitos en los últimos 30 días y las tarifas ya convergiendo a valores más similares a aquellos a los que cuesta producir la energía.
¿Acuerdo con el FMI?
Todo indica que, de continuar así, 2025 luce más que auspicioso. Solo resta saber si finalmente el equipo económico tendrá su ansiado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y si incluirá algo de dinero fresco. Trump recién asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero. Difícil que haya novedades antes. El desafío para el ministro Luis Caputo será haber convencido para entonces a los otros accionistas del FMI, que, aunque no tienen poder de veto como Estados Unidos, son votos imprescindibles para que el acuerdo salga.
Para el sector privado se vienen meses desafiantes. La competencia en algunas industrias empieza a ser feroz. En el sistema financiero, los trascendidos de que Mercado Libre tendría intenciones de comprar o sacar su propia licencia bancaria provocaron un tembladeral. La realidad es que hasta ahora no hay siquiera un papel presentado ante la autoridad monetaria, según fuentes al tanto del tema.
Cualquier proceso no demora menos de 6 meses, en el mejor de los casos. De suceder, Marcos Galperin ya no haría la guerra desde afuera, sino desde dentro de la propia industria. En el Banco Central están atentos a los reclamos del sistema. Hay una idea de que habrá que igualar la cancha en materia de lavado de dinero y gobernanza, entre otras cuestiones, para los bancos y proveedores de servicio de pago, como Mercado Pago. En algunas cosas, por más que los libertarios lo combatan, el Estado está listo para cubrir fallas del mercado.

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Auditan prestaciones que se dan a personas con discapacidad
Irregularidades. Alcanzan a servicios de salud, educación y transporte; el Gobierno duda de que se brinden adecuadamente

Fabiola CzubajProtesta en la quinta de Olivo

Como con las universidades, las prepagas y las obras sociales, en el Gobierno preparan una auditoría del sistema de prestaciones por discapacidad en todo el país. Es a partir de irregularidades que siguen surgiendo en los relevamientos que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Esta vez, según pudo conocer la tarea quedará a cargo del PAMI por medio de un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación, del que depende la Andis.
Con mayor estructura territorial para evaluar a más de mil prestadores, la obra social de jubilados y pensionados enviará citaciones para poder relevar los servicios brindados y si los beneficiarios los reciben efectivamente. En una primera etapa, se enviarían unas 400.000 cartas para esa evaluación.
“Es un escándalo”, afirman en la cartera sanitaria sobre cómo opera el sistema de prestaciones. En Salta, según explican, detectaron el cobro de prestaciones de educación, transporte o salud que no se habían brindado: obligaban a firmar por el servicio a personas que reciben la pensión por discapacidad con la amenaza de que perderían el beneficio.
En la Andis, del cruce de información del Programa Incluir Salud –a través del que liquidan esas prestaciones– con datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) surgieron más irregularidades: identificaron que 150 beneficiarios que habían fallecido seguían apareciendo en la nómina como “activos”, con prestaciones mensuales y presenciales.
“En cuanto al tiempo –precisaron desde la agencia–, se detectó que había beneficiarios con hasta 1800 días de fallecidos que se habían facturado y tenían el pago cancelado a los prestadores”. Calculan que, de esa forma, 102 instituciones “percibieron indebidamente” $1355 millones a lo largo del país.
En los últimos meses, la agencia también viene dando a conocer los resultados del relevamiento que está haciendo del padrón de los beneficiarios de las pensiones por invalidez laboral. En septiembre pasado, los primeros datos sobre más de 10.000 beneficiarios en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), menos de la mitad cumplía con los requisitos para acceder a ese beneficio, que ronda los $260.000, como publicó la nacion. O que 212 personas que estaban procesadas, con condena o presas cobraban ese beneficio aun cuando no cumplían los requisitos para hacerlo por su condición legal, según dieron a conocer hace una semana.
Las prestaciones por discapacidad son el cuarto presupuesto más grande en la Argentina. Funcionarios involucrados en la preparación de la nueva auditoría estiman que hay entre un 60% y un 70% de prestadores que no están brindando servicios de forma regular. La Andis le entregará al PAMI los datos de las 1123 instituciones que actualmente tienen convenio con la agencia para brindar atención, transporte o educación a las personas con discapacidad. Hay 32.000 beneficiarios con prestaciones por discapacidad.
En agosto pasado, a propósito del relevamiento de pensiones otorgadas irregularmente, en la Andis explicaron que el sistema de pensiones con el que se encontró el equipo de Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la agencia, era “poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”. También, en ese momento, incluyeron en diálogo con la nacion al circuito de prestaciones.
Plantearon que Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y Buenos Aires eran las provincias con más irregularidades detectadas en lo que hace a la entrega de pensiones. A la vez, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Corrientes eran los distritos que aparecían con más pensiones entregadas durante la gestión de Alberto Fernández en proporción con el tamaño de la población de esas jurisdicciones.
“Había casos de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad alguna, incluidas personas con bienes de alto costo registrados, como aviones, embarcaciones, más de un automóvil y múltiples inmuebles”, señalaron funcionarios que hicieron el primer análisis de datos. Fue a partir de esa información que estimaron que, solo en 2023, hubo un desvío de fondos asignados a la Andis por unos US$3400 millones.
La salud mental era el principal motivo en los certificados médicos para solicitar la pensión. En casos que están judicializados en el norte del país, dieron con un profesional que extendió un centenar de certificados y exigió montos de $40.000 a cambio de ese documento necesario para solicitar la pensión.
Ahora, avanzarán con el circuito de prestaciones, mientras la Andis sigue con el relevamiento de pensiones otorgadas, que se está haciendo en Chaco, después de completar el AMBA.
Manifestación
Anteayer, personas con discapacidad, familiares, transportistas, profesionales e instituciones que les brindan servicios se manifestaron en un Acto Federal por los Derechos de las Personas con Discapacidad y un representante entregó en la entrada de la Quinta de Olivos un tercer petitorio al presidente Javier Milei. Piden un “cambio en la política de entrega de pensiones no contributivas por incapacidad laboral” al argumentar que “el decreto 843/24 es un retroceso en esa materia ya que vuelve al criterio de pensión por invalidez laboral dejando de lado el de discapacidad y situación de vulnerabilidad”.
En el texto, solicitan un aumento del presupuesto para el área y “que se deje de lado la meta de una quita de 177.740 pensiones planteada en el presupuesto para 2025”, además de “una ley que establezca una asignación universal por discapacidad”. Incluyeron, además, el reclamo por una suba de los aranceles de los prestadores. “Los actuales están por debajo de la inflación y los aumentos de salarios establecidos por los sindicatos –plantean–. Se cubre solamente, según la prestación, entre el 50% y el 61% de los costos operativos. Con los aumentos establecidos para los últimos tres meses de este año, que sumados no llegan a cubrir la inflación de octubre, la situación va a ser peor.”
En el Ministerio de Salud indicaron que los aumentos ofrecidos fueron de entre el 1% en octubre y el 0,5% en diciembre.

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