Fuerte ajuste en el pago de jubilaciones y de la AUH
Lo asignado a prestaciones previsionales bajó un 5,1% interanual en septiembre; la movilidad no alcanzó para compensar la inflación y hubo quitas de bonos para algunos
Silvia Stang
En nueve meses, el gasto en jubilaciones y asignaciones cayó, según la OPC
En septiembre, el gasto del Estado nacional en jubilacionesy pensiones fue un 5,1% inferior al del mismo mes de 2022, según las cifras corregidas por inflación, en tanto que lo destinado a abonar asignaciones por hijo tuvo un recorte interanual de 34,7%: bajó un 26,2% el monto para la AUH y un 39,6% el derivado a los pagos por familia para empleados formales y monotributistas.
En septiembre último, el gasto del Estado nacional para el pago de jubilaciones y pensiones fue un 5,1% inferior al del mismo mes de 2022, según las cifras corregidas por inflación, en tanto que lo destinado a abonar asignaciones por hijo tuvo un recorte interanual de 34,7% (bajó un 26,2% el monto para la AUH y un 39,6% el derivado a los pagos por familia para empleados formales y monotributistas). Los datos fueron consignados en el informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Los números también muestran que, siempre en términos reales, en los primeros nueve meses del año y en comparación con ese período de 2022, el gasto, cuya administración está en manos del ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, tuvo un ajuste y cayó un 3,5% y un 27,4% en cada uno de los conceptos mencionados, ambos muy sensibles para la población.
Visto desde el lado de quienes perciben las prestaciones (entre quienes hay situaciones diferentes, dadas las políticas oficiales), eso significó caídas en el poder adquisitivo, en un año, de hasta 19% en las jubilaciones, y de hasta 64% en lo cobrado por hijo. En ambos universos hay grupos que el año pasado cobraban bonos que ya no están vigentes. Eso amplió, para esos segmentos, el efecto de la caída interanual del ingreso medido según su poder de compra. La pérdida ocurrió, en líneas generales, a causa de que las subas según la fórmula de movilidad se ubicaron por debajo del nivel de inflación.
Concretamente, en los últimos doce meses, los reajustes hechos según el índice de actualizaciones definido por ley determinaron una suba acumulada para las jubilaciones y las asignaciones familiares de 101,74%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec avanzó un 138,3%. Quienes tienen ingresos que solo se movieron según la movilidad (sin haber cobrado bonos antes y sin cobrarlos ahora), el mes pasado pudieron comprar con lo percibido un 84,7% de lo que podían adquirir en septiembre de 2022; es decir, tuvieron una pérdida de 15,3%.
Es lo que ocurre, por ejemplo, con un haber bruto mensual actual de $180.000 (por el cual se cobra, en mano, $171.823,8), que un año atrás era de $89.224 ($85.171, una vez descontado el aporte al PAMI). Siguiendo la inflación del período, si en septiembre de 2022 la persona adquiría bienes y servicios por un valor igual al de su ingreso neto, como en ese mes de este año ese mismo consumo tuvo un valor de $202.962 (aumentó un 138,3%), entonces, con los $171.823,8 cobrados se pudo comprar el 84,7% del total.
Para alguien con un haber actual de $174.000, la caída es mayor aún. Con un ingreso antes de descuentos de $86.250, en septiembre de 2022 percibió, además, un refuerzo de $4000. En ese mes de este año ese bono ya no estuvo y, por tanto, al pasar de un ingreso de $90.250 a uno de $174.000, la suba fue de 92,8%, lo cual determinó una baja del poder de compra de 19,1% en un año.
A partir de septiembre de este año, y pese a que el índice de inflación se fue incrementando (fue de 12,4% y de 12,7% en el octavo y en el noveno mes, respectivamente), el Gobierno dispuso reducir el universo de jubilados que cobran un refuerzo. La política del pago de bonos surgió por la insuficiencia de la fórmula de movilidad (vigente desde 2021, luego de un 2020 en el que se suspendió la fórmula antes vigente, para poder ajustar a la baja todas las prestaciones).
Durante un año, los bonos abarcaron a quienes tenían ingresos de hasta el haber mínimo multiplicado por dos y un poco más. Ahora, el grupo se redujo: hay un extra de $37.000 mensuales (entre septiembre y noviembre) que se abona solo a quienes tienen el haber mínimo, en tanto que a quienes tienen un haber bruto de hasta $124.460 se les paga lo necesario para completar esa cifra (con un ingreso de $100.000, se abonan $24.460). Quienes tienen un ingreso superior a esa cifra y de hasta alrededor de $175.000 dejaron de percibir un refuerzo; quienes tienen haberes mayores no cobran bono ahora, ni lo cobraban antes.
El gasto en jubilaciones y pensiones, que entre enero y septiembre totalizó $8.370.809 millones, según el informe de la OPC, fue inferior al de 2022 –ajustado por inflación– incluso con las nuevas prestaciones dadas de alta por el nuevo plan de deuda previsional, aprobado este año. Según el boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social, entre enero y septiembre se otorgaron 328.735 nuevas jubilaciones (la cifra equivale al 90% de las dadas de alta en todo 2022), y ocho de cada diez tuvieron moratoria.
Para los prestatarios con el haber mínimo, si se consideran los refuerzos, entre septiembre de 2022 y ese mes de este año la suba nominal fue de 147%, algo mayor a la inflación de 138,3%. Sin embargo, el extra de $37.000 fue establecido en el marco del “plan platita” y con vigencia hasta el mes próximo. No se sabe, por ahora, qué ocurrirá después.
Los números de la ejecución presupuestaria demuestran, por otro lado, que ese pago es posible porque se les ajusta a la baja a los demás jubilados, provocando un achatamiento de la pirámide y distorsiones en el sistema. Por ejemplo, alguien con un haber mensual de $133.000 ($45.540 más que el básico) cobra hoy, en mano, menos que con el mínimo, cuando se agregan el bono de la Anses y la ayuda alimentaria que paga el PAMI a los afiliados que tienen un haber mensual de hasta $131.900.
El informe de la OPC revela que la reducción interanual del total de gastos corrientes del sector público fue de 4,3% entre enero y septiembre. Y se analiza: “Las disminuciones más relevantes se registraron en asignaciones familiares (27,4%), subsidios energéticos (24,1%), programas sociales (12,6%), bienes y servicios (7,4%) y transferencias corrientes a provincias (5,5%). En el caso de las jubilaciones y pensiones, si bien la disminución porcentual fue más acotada (3,5%), resultó el tercer rubro de mayor contribución a la reducción del gasto por su participación en la estructura del gasto primario”.
El caso de las asignaciones
En el caso de las asignaciones familiares, en el ajuste del gasto influyeron también la insuficiencia de la movilidad dispuesta por ley y la quita de adicionales. En septiembre de 2022 se habían asignado bonos para garantizar que, en los hogares del tramo de ingresos más bajos se cobrara $20.000 por hijo. Sin esa medida vigente, hoy la cifra es de $17.093. Eso determinó, en esos casos, una prestación que el mes pasado tuvo un poder de compra de solo el 36% respecto del que tenía lo cobrado un año atrás.
Las prestaciones del segundo tramo de ingresos eran de $6830 en septiembre de 2022 (había un mecanismo que garantizaba esa cifra, bono mediante), en tanto que hoy es de $11.528, es decir, un 68,8% más alta, frente a una inflación de 138,3%.
En los tramos de ingresos más altos entre quienes están alcanzados por el salario familiar, lo percibido subió por la movilidad. El aumento acumulado fue, así, de 101,74% en los últimos doce meses. En esos casos no hubo bonos el año pasado.
En los últimos años hubo una dinámica distorsiva en el esquema contributivo de asignaciones familiares. En febrero último, por ejemplo, la cantidad de asignaciones por hijos de asalariados había caído más de un 61% con respecto a la de marzo de 2022: en ese lapso se dejaron de pagar prestaciones por 1,95 millones de chicos, según la estadística oficial. Eso pasó porque en muchos hogares se había superado el ingreso tope para acceder a la prestación. Hasta una reforma reciente (de marzo de este año) ese tope se mantenía congelado por un año. Es decir, por subas nominales de salarios, que en muchos casos no alcanzaban para compensar el daño de la inflación, el sistema iba expulsando mes a mes a trabajadores del salario familiar. Y eso permitió un ajuste importante del gasto público, en desmedro de las políticas para la niñez.
El incremento de 101,74% (el de movilidad) es el mismo que se dio para la AUH, hoy de $17.093. Esa asignación social, destinada a los hijos de desocupados y trabajadores informales de hasta 17 años, es complementada, solo por los chicos de hasta 14 años, con el Plan Alimentar. Lo asignado por el Estado para este segundo concepto, según los datos elaborados por la OPC, tuvo un recorte interanual, cuando se corrige el número por inflación, de 4,1% en septiembre, y de 6,2% en el período de enero al noveno mes del año.
Los ingresos que se movieron solo por la movilidad tuvieron una pérdida de su poder de compra de 15,3% en un año; en algunos casos, esa caída fue mayor por la quita de adicionales
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Las manos amigas se corrieron y el acceso al blue ya no es tan sencillo
Luego de que se filtraron fotos y domicilios de cuevas, hubo inspecciones y parte de los operadores salieron del negocio
En septiembre, el gasto del Estado nacional en jubilacionesy pensiones fue un 5,1% inferior al del mismo mes de 2022, según las cifras corregidas por inflación, en tanto que lo destinado a abonar asignaciones por hijo tuvo un recorte interanual de 34,7%: bajó un 26,2% el monto para la AUH y un 39,6% el derivado a los pagos por familia para empleados formales y monotributistas.
En septiembre último, el gasto del Estado nacional para el pago de jubilaciones y pensiones fue un 5,1% inferior al del mismo mes de 2022, según las cifras corregidas por inflación, en tanto que lo destinado a abonar asignaciones por hijo tuvo un recorte interanual de 34,7% (bajó un 26,2% el monto para la AUH y un 39,6% el derivado a los pagos por familia para empleados formales y monotributistas). Los datos fueron consignados en el informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Los números también muestran que, siempre en términos reales, en los primeros nueve meses del año y en comparación con ese período de 2022, el gasto, cuya administración está en manos del ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, tuvo un ajuste y cayó un 3,5% y un 27,4% en cada uno de los conceptos mencionados, ambos muy sensibles para la población.
Visto desde el lado de quienes perciben las prestaciones (entre quienes hay situaciones diferentes, dadas las políticas oficiales), eso significó caídas en el poder adquisitivo, en un año, de hasta 19% en las jubilaciones, y de hasta 64% en lo cobrado por hijo. En ambos universos hay grupos que el año pasado cobraban bonos que ya no están vigentes. Eso amplió, para esos segmentos, el efecto de la caída interanual del ingreso medido según su poder de compra. La pérdida ocurrió, en líneas generales, a causa de que las subas según la fórmula de movilidad se ubicaron por debajo del nivel de inflación.
Concretamente, en los últimos doce meses, los reajustes hechos según el índice de actualizaciones definido por ley determinaron una suba acumulada para las jubilaciones y las asignaciones familiares de 101,74%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec avanzó un 138,3%. Quienes tienen ingresos que solo se movieron según la movilidad (sin haber cobrado bonos antes y sin cobrarlos ahora), el mes pasado pudieron comprar con lo percibido un 84,7% de lo que podían adquirir en septiembre de 2022; es decir, tuvieron una pérdida de 15,3%.
Es lo que ocurre, por ejemplo, con un haber bruto mensual actual de $180.000 (por el cual se cobra, en mano, $171.823,8), que un año atrás era de $89.224 ($85.171, una vez descontado el aporte al PAMI). Siguiendo la inflación del período, si en septiembre de 2022 la persona adquiría bienes y servicios por un valor igual al de su ingreso neto, como en ese mes de este año ese mismo consumo tuvo un valor de $202.962 (aumentó un 138,3%), entonces, con los $171.823,8 cobrados se pudo comprar el 84,7% del total.
Para alguien con un haber actual de $174.000, la caída es mayor aún. Con un ingreso antes de descuentos de $86.250, en septiembre de 2022 percibió, además, un refuerzo de $4000. En ese mes de este año ese bono ya no estuvo y, por tanto, al pasar de un ingreso de $90.250 a uno de $174.000, la suba fue de 92,8%, lo cual determinó una baja del poder de compra de 19,1% en un año.
A partir de septiembre de este año, y pese a que el índice de inflación se fue incrementando (fue de 12,4% y de 12,7% en el octavo y en el noveno mes, respectivamente), el Gobierno dispuso reducir el universo de jubilados que cobran un refuerzo. La política del pago de bonos surgió por la insuficiencia de la fórmula de movilidad (vigente desde 2021, luego de un 2020 en el que se suspendió la fórmula antes vigente, para poder ajustar a la baja todas las prestaciones).
Durante un año, los bonos abarcaron a quienes tenían ingresos de hasta el haber mínimo multiplicado por dos y un poco más. Ahora, el grupo se redujo: hay un extra de $37.000 mensuales (entre septiembre y noviembre) que se abona solo a quienes tienen el haber mínimo, en tanto que a quienes tienen un haber bruto de hasta $124.460 se les paga lo necesario para completar esa cifra (con un ingreso de $100.000, se abonan $24.460). Quienes tienen un ingreso superior a esa cifra y de hasta alrededor de $175.000 dejaron de percibir un refuerzo; quienes tienen haberes mayores no cobran bono ahora, ni lo cobraban antes.
El gasto en jubilaciones y pensiones, que entre enero y septiembre totalizó $8.370.809 millones, según el informe de la OPC, fue inferior al de 2022 –ajustado por inflación– incluso con las nuevas prestaciones dadas de alta por el nuevo plan de deuda previsional, aprobado este año. Según el boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social, entre enero y septiembre se otorgaron 328.735 nuevas jubilaciones (la cifra equivale al 90% de las dadas de alta en todo 2022), y ocho de cada diez tuvieron moratoria.
Para los prestatarios con el haber mínimo, si se consideran los refuerzos, entre septiembre de 2022 y ese mes de este año la suba nominal fue de 147%, algo mayor a la inflación de 138,3%. Sin embargo, el extra de $37.000 fue establecido en el marco del “plan platita” y con vigencia hasta el mes próximo. No se sabe, por ahora, qué ocurrirá después.
Los números de la ejecución presupuestaria demuestran, por otro lado, que ese pago es posible porque se les ajusta a la baja a los demás jubilados, provocando un achatamiento de la pirámide y distorsiones en el sistema. Por ejemplo, alguien con un haber mensual de $133.000 ($45.540 más que el básico) cobra hoy, en mano, menos que con el mínimo, cuando se agregan el bono de la Anses y la ayuda alimentaria que paga el PAMI a los afiliados que tienen un haber mensual de hasta $131.900.
El informe de la OPC revela que la reducción interanual del total de gastos corrientes del sector público fue de 4,3% entre enero y septiembre. Y se analiza: “Las disminuciones más relevantes se registraron en asignaciones familiares (27,4%), subsidios energéticos (24,1%), programas sociales (12,6%), bienes y servicios (7,4%) y transferencias corrientes a provincias (5,5%). En el caso de las jubilaciones y pensiones, si bien la disminución porcentual fue más acotada (3,5%), resultó el tercer rubro de mayor contribución a la reducción del gasto por su participación en la estructura del gasto primario”.
El caso de las asignaciones
En el caso de las asignaciones familiares, en el ajuste del gasto influyeron también la insuficiencia de la movilidad dispuesta por ley y la quita de adicionales. En septiembre de 2022 se habían asignado bonos para garantizar que, en los hogares del tramo de ingresos más bajos se cobrara $20.000 por hijo. Sin esa medida vigente, hoy la cifra es de $17.093. Eso determinó, en esos casos, una prestación que el mes pasado tuvo un poder de compra de solo el 36% respecto del que tenía lo cobrado un año atrás.
Las prestaciones del segundo tramo de ingresos eran de $6830 en septiembre de 2022 (había un mecanismo que garantizaba esa cifra, bono mediante), en tanto que hoy es de $11.528, es decir, un 68,8% más alta, frente a una inflación de 138,3%.
En los tramos de ingresos más altos entre quienes están alcanzados por el salario familiar, lo percibido subió por la movilidad. El aumento acumulado fue, así, de 101,74% en los últimos doce meses. En esos casos no hubo bonos el año pasado.
En los últimos años hubo una dinámica distorsiva en el esquema contributivo de asignaciones familiares. En febrero último, por ejemplo, la cantidad de asignaciones por hijos de asalariados había caído más de un 61% con respecto a la de marzo de 2022: en ese lapso se dejaron de pagar prestaciones por 1,95 millones de chicos, según la estadística oficial. Eso pasó porque en muchos hogares se había superado el ingreso tope para acceder a la prestación. Hasta una reforma reciente (de marzo de este año) ese tope se mantenía congelado por un año. Es decir, por subas nominales de salarios, que en muchos casos no alcanzaban para compensar el daño de la inflación, el sistema iba expulsando mes a mes a trabajadores del salario familiar. Y eso permitió un ajuste importante del gasto público, en desmedro de las políticas para la niñez.
El incremento de 101,74% (el de movilidad) es el mismo que se dio para la AUH, hoy de $17.093. Esa asignación social, destinada a los hijos de desocupados y trabajadores informales de hasta 17 años, es complementada, solo por los chicos de hasta 14 años, con el Plan Alimentar. Lo asignado por el Estado para este segundo concepto, según los datos elaborados por la OPC, tuvo un recorte interanual, cuando se corrige el número por inflación, de 4,1% en septiembre, y de 6,2% en el período de enero al noveno mes del año.
Los ingresos que se movieron solo por la movilidad tuvieron una pérdida de su poder de compra de 15,3% en un año; en algunos casos, esa caída fue mayor por la quita de adicionales
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Las manos amigas se corrieron y el acceso al blue ya no es tan sencillo
Luego de que se filtraron fotos y domicilios de cuevas, hubo inspecciones y parte de los operadores salieron del negocio
Francisco Olivera
Compradores de dólar blue en una oficina de Retiro
A media mañana, a eso de las 10.30, y ante las recurrentes llamadas o mensajes de WhatsApp, el corredor de cambios prometía “precio”. Es lo que todos los cueveros esperaban y venían aprovechando desde principios de la semana pasada: un valor más barato para comprar dólares en el mercado informal. La brecha del blue: $880 versus los $1050 que costaba en las cuevas en ese momento para el ahorrista de a pie. “Va a haber precio”, seguía prometiendo a las 11.30 el “correta”, como le dicen en la jerga, pero la cifra seguía sin aparecer. Casi al mediodía, cambió el mensaje: “Ahora vamos con uno solo: se sinceró la brecha”. Fin de la ilusión, entonces: sin manos amigas del Gobierno que vendan dólares más accesibles, no hay festival.
El mercado informal de cambios está raro. Las tres oficinas que venían ofertando barato terminaron de retirarse en la noche del lunes. La de Retiro, piso 14, que lo hacía a partir de un piso de 50.000 dólares, dejó de vender el viernes. La de 25 de Mayo al 500 trabajó duro miércoles y jueves e hizo después solo unas pocas operaciones. La de Corrientes al 1400 había seguido trabajando casi todo el lunes, pero también se detuvo. Es la que está más lejos y, por lo tanto, la que requiere mayor dosis de osadía para quienes trasladan los billetes. “Yo la 9 de julio no la cruzo”, admitió un operador. Fuera de los límites del microcentro el temor es múltiple: desde un asalto hasta una emboscada del propio Gobierno para, como prometió Massa, “meter en cana a esos cuatro o cinco vivos que juegan al arbitraje”. La codicia, plantea el dicho financiero, no siempre le gana al miedo.
El trasfondo de todo es una hipocresía descomunal. Mientras la AFIP y la Aduana escrudriñan financieras, se detienen cambistas, se allanan barrios cerrados y se saturan de inspectores las calles, alguien les habilita a algunos privilegiados dólares oficiales con la condición de que los vendan en el mercado informal y, así, baje el precio del blue. Política monetaria made in Argentina. El acceso a esas divisas que, por ejemplo, General Motors no tiene en su planta de Rosario desde hace dos semanas o faltan para insumos cardíacos en todo el país parte en general de un ilícito que va desde la autorización discrecional a lobbistas a la simulación de una operación de comercio exterior. Exportaciones que se subfacturan o importaciones que se sobrefacturan.
El corredor de cambios resulta un actor decisivo en esta trama. Es, por lo pronto, el intermediario que une las puntas: un cuevero que quiere comprar con uno que pretende vender. De ahí sale el precio. En general son empresas que tienen una decena de empleados. Crecieron con la brecha, comprando al MEP y vendiendo al blue. La semana pasada, dicen en el microcentro, había 12 firmas corredoras. Uno de ellos, el de mejores contactos, los fue llamando uno a uno para avisarles que se venían operativos y que el Gobierno iría a fondo contra las cuevas. Quedó él solo. Y fue él quien avisó que la brecha se sinceraba.
Es probable que la filtración de algunos datos y la presión cambiaria hayan llevado al Gobierno a multiplicar las inspecciones. Allanaron oficinas, aunque no todas ni las más conocidas; revisaron hasta los garajes de algunos edificios y detuvieron a operadores. Es un mundo chico, pródigo en sorpresas y coincidencias. El domingo, Carlos Pagni ubicó a la casa de cambio Karuna Group SA como una de las más activas de San Martín, sobre Ramón Carrillo al 2100.
Según registros públicos a los que accedió LN Data, dos de los tres socios de Karuna Group son Juan Bautista y Carlos Emilio Melzi, padre e hijo, dirigentes del Frente Renovador de La Plata y cercanos a Héctor Rubén Eslaiman, del mismo espacio y vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Los Melzi y los Eslaiman conocen bien ambos ámbitos: la política y las finanzas. Natalia Carolina Eslaiman, hija de Héctor, fue contratada de Karuna Group durante 8 meses y desde 2015 es empleada de la Cámara de Diputados bonaerense. Carlos Melzi, además, está casado con Rosana María Laplace, vicepresidenta de la agencia Multicambio SA, ubicada en el barrio de Gran Bourg, Salta.
El otro socio de Karuna Group es Juan Ignacio Agra, militante peronista que fue director de Desarrollo Regional bonaerense durante la administración de Daniel Scioli. Según una investigación del periodista Matías E. Ruiz en El Ojo Digital, Agra se referencia en el territorio bonaerense como obediente a Máximo Kirchner. Según los mismos registros públicos, compartió a fines de los 80 la dirección postal Coronel Vivot 2725, Ranchos, provincia de Buenos Aires, con Álvaro Agra, uno de los propietarios de las 48 tarjetas de débito que la Justicia le encontró a Julio “Chocolate” Rigau. Álvaro es también, de acuerdo con esos registros, empleado de Karuna Group en la oficina que esa casa de cambio tiene en Cazón 1519, frente a la Municipalidad de Tigre. Igual que Brenda Giselle Caro, otra integrante de la lista de tarjetas de Chocolate y contratada en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
A media mañana, a eso de las 10.30, y ante las recurrentes llamadas o mensajes de WhatsApp, el corredor de cambios prometía “precio”. Es lo que todos los cueveros esperaban y venían aprovechando desde principios de la semana pasada: un valor más barato para comprar dólares en el mercado informal. La brecha del blue: $880 versus los $1050 que costaba en las cuevas en ese momento para el ahorrista de a pie. “Va a haber precio”, seguía prometiendo a las 11.30 el “correta”, como le dicen en la jerga, pero la cifra seguía sin aparecer. Casi al mediodía, cambió el mensaje: “Ahora vamos con uno solo: se sinceró la brecha”. Fin de la ilusión, entonces: sin manos amigas del Gobierno que vendan dólares más accesibles, no hay festival.
El mercado informal de cambios está raro. Las tres oficinas que venían ofertando barato terminaron de retirarse en la noche del lunes. La de Retiro, piso 14, que lo hacía a partir de un piso de 50.000 dólares, dejó de vender el viernes. La de 25 de Mayo al 500 trabajó duro miércoles y jueves e hizo después solo unas pocas operaciones. La de Corrientes al 1400 había seguido trabajando casi todo el lunes, pero también se detuvo. Es la que está más lejos y, por lo tanto, la que requiere mayor dosis de osadía para quienes trasladan los billetes. “Yo la 9 de julio no la cruzo”, admitió un operador. Fuera de los límites del microcentro el temor es múltiple: desde un asalto hasta una emboscada del propio Gobierno para, como prometió Massa, “meter en cana a esos cuatro o cinco vivos que juegan al arbitraje”. La codicia, plantea el dicho financiero, no siempre le gana al miedo.
El trasfondo de todo es una hipocresía descomunal. Mientras la AFIP y la Aduana escrudriñan financieras, se detienen cambistas, se allanan barrios cerrados y se saturan de inspectores las calles, alguien les habilita a algunos privilegiados dólares oficiales con la condición de que los vendan en el mercado informal y, así, baje el precio del blue. Política monetaria made in Argentina. El acceso a esas divisas que, por ejemplo, General Motors no tiene en su planta de Rosario desde hace dos semanas o faltan para insumos cardíacos en todo el país parte en general de un ilícito que va desde la autorización discrecional a lobbistas a la simulación de una operación de comercio exterior. Exportaciones que se subfacturan o importaciones que se sobrefacturan.
El corredor de cambios resulta un actor decisivo en esta trama. Es, por lo pronto, el intermediario que une las puntas: un cuevero que quiere comprar con uno que pretende vender. De ahí sale el precio. En general son empresas que tienen una decena de empleados. Crecieron con la brecha, comprando al MEP y vendiendo al blue. La semana pasada, dicen en el microcentro, había 12 firmas corredoras. Uno de ellos, el de mejores contactos, los fue llamando uno a uno para avisarles que se venían operativos y que el Gobierno iría a fondo contra las cuevas. Quedó él solo. Y fue él quien avisó que la brecha se sinceraba.
Es probable que la filtración de algunos datos y la presión cambiaria hayan llevado al Gobierno a multiplicar las inspecciones. Allanaron oficinas, aunque no todas ni las más conocidas; revisaron hasta los garajes de algunos edificios y detuvieron a operadores. Es un mundo chico, pródigo en sorpresas y coincidencias. El domingo, Carlos Pagni ubicó a la casa de cambio Karuna Group SA como una de las más activas de San Martín, sobre Ramón Carrillo al 2100.
Según registros públicos a los que accedió LN Data, dos de los tres socios de Karuna Group son Juan Bautista y Carlos Emilio Melzi, padre e hijo, dirigentes del Frente Renovador de La Plata y cercanos a Héctor Rubén Eslaiman, del mismo espacio y vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Los Melzi y los Eslaiman conocen bien ambos ámbitos: la política y las finanzas. Natalia Carolina Eslaiman, hija de Héctor, fue contratada de Karuna Group durante 8 meses y desde 2015 es empleada de la Cámara de Diputados bonaerense. Carlos Melzi, además, está casado con Rosana María Laplace, vicepresidenta de la agencia Multicambio SA, ubicada en el barrio de Gran Bourg, Salta.
El otro socio de Karuna Group es Juan Ignacio Agra, militante peronista que fue director de Desarrollo Regional bonaerense durante la administración de Daniel Scioli. Según una investigación del periodista Matías E. Ruiz en El Ojo Digital, Agra se referencia en el territorio bonaerense como obediente a Máximo Kirchner. Según los mismos registros públicos, compartió a fines de los 80 la dirección postal Coronel Vivot 2725, Ranchos, provincia de Buenos Aires, con Álvaro Agra, uno de los propietarios de las 48 tarjetas de débito que la Justicia le encontró a Julio “Chocolate” Rigau. Álvaro es también, de acuerdo con esos registros, empleado de Karuna Group en la oficina que esa casa de cambio tiene en Cazón 1519, frente a la Municipalidad de Tigre. Igual que Brenda Giselle Caro, otra integrante de la lista de tarjetas de Chocolate y contratada en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
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