SE REACTIVA LA CAUSA POR CORRUPCIÓN EN LA LEGISLATURA

Preocupa al PJ el peritaje del teléfono de Chocolate Rigau
El contenido del aparato sería clave para revelar el esquema de recaudación del puntero
En la recta final de la campaña electoral, en el Gobierno están preocupados por los avances judiciales que podrían surgir la semana próxima en el caso de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del peronismo que fue detenido en un cajero del Banco Provincia con 49 tarjetas de débito: 48 de empleados de la Legislatura bonaerense, más la propia.
El juez de Garantías Guillermo Atencio podría habilitar la semana que viene el peritaje del teléfono de Rigau, pese al planteo de la defensa para frenar la medida dispuesta por la fiscal Betina Lacki. En paralelo, se tramita el recurso que apela la nulidad de la causa ante la Sala II del Tribunal de Casación.
El contenido del celular de Rigau serviría como prueba clave para determinar cómo funcionaba el esquema de recaudación del que formaba parte el puntero.
LA PLATA.– En la recta final de la campaña electoral, podría detonar un nuevo escándalo en Unión por la Patria: el miércoles próximo está previsto el inicio de la pericia sobre el teléfono del puntero del peronismo Julio “Chocolate” Rigau, el aparato que contiene las terminales de todo un esquema de recaudación de fondos en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
El juez de Garantías Guillermo Atencio podría dar luz verde al procedimiento, pese al planteo de la defensa para frenar la pericia dispuesta por la fiscal Betina Lacki, en caso de entender que el proceso de investigación puede continuar mientras se tramita el recurso que apela la nulidad de la causa ante la Sala II del Tribunal de Casación.
Esta hipótesis tiene preocupado en extremo a los principales operadores políticos de todos los partidos, pero en especial del oficialismo, porque es la fuerza política a la que pertenece Rigau. Algunos consideran a su celular como una verdadera “caja de Pandora”. Y los indicios de que la validación del accionar de la fiscal podría producirse la semana próxima agrava ese panorama.
“Conforme a lo establecido por el artículo 431 del Código de Procedimiento Penal los recursos interpuestos tienen efecto suspensivo salvo en tanto disponen la libertad del imputado, y la doctrina y la jurisprudencia resulta en tal sentido”, argumentó la fiscal al disponer la pericia.
La defensa de Chocolate Rigau presentó luego un planteo ante el Juzgado de Garantías N° 1 de esta capital para intentar impedir que se abra el teléfono del puntero justicialista.
Atencio ya dio vistas de la oposición de la defensa a la fiscal Lacki, quien insistirá con la pericia. Dados los antecedentes en otros casos, el juez estaría en condiciones de resolver la continuidad de la pericia fijada para el miércoles próximo mientras la Sala II de Casación analiza la admisibilidad del recurso interpuesto por el fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo.
La defensa y la fiscalía pujan para que el juez defina si el recurso que se tramita sobre la nulidad de la causa es con efecto devolutivo o suspensivo. La discusión sobre el alcance del recurso elevado por el fiscal Vogliolo no es menor: el efecto suspensivo impide la ejecución de la sentencia de la Sala III de la Cámara de Apelaciones –es decir que se dé por nulo todo lo actuado en la causa hasta tanto se expida Casación–. En tanto, el efecto devolutivo supone que no se suspende la ejecución y en este caso quedaría paralizada la investigación por la nulidad dispuesta por la Cámara de Apelaciones.
El juez Atencio habría tenido en situaciones anteriores un criterio a favor del efecto suspensivo, según reconstruyeron abogados litigantes ante ese juzgado. No es este un criterio cerrado, pero podría ser un indicio a favor de dar continuidad a la investigación y de habilitar el peritaje del celular.
Lacki elevó a Atencio el miércoles una batería de 20 medidas de prueba que incluyen la apertura de su teléfono celular, que está en poder del Ministerio Público. La fiscal, según los documentos del caso a los que accedió la nacion, resolvió abrir el celular de Rigau y analizar mensajes, llamadas, imágenes y videos. “Dispóngase la realización de pericia de análisis técnico sobre el teléfono celular marca Samsung modelo SM-G532M de color gris, con funda de color negra con IMEI nro. 353108085207318/01 con SN R28K4338TJP con chip de la empresa personal con numero 8954341041 9090742478 para el día 11 de octubre de 2023, a las 08.30 horas”, decidió.
El estudio lo hará el perito Alejandro Leyes, “a fin de efectuar un análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes, así como cualquier otro dato de interés para la presente”.

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Habilitan a Poder Ciudadano a discutir en la Cámara de Casación el cierre de la causa contra Julio “Chocolate” Rigau
La ONG buscar revertir el fallo de los camaristas platenses Juan Benavides y Alejandro Villordo, que habían anulado la investigación
Hernán Cappiello
Julio Rigau
La ONG Poder Ciudadano consiguió que le concedieran el recurso para discutir en la Cámara de Casación el fallo por el cual dos camaristas platenses anularon la causa contra el puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau y ordenaron liberarlo. Lo había detenido la Policía con 49 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados bonaerenses a los que les cobraba el sueldo.
Los camaristas Juan Benavides y Alejandro Villordo, que dispusieron el cierre del expediente, ahora entendieron que corresponde que la Cámara de Casación bonaerense revise aquel fallo de ellos dos y decida si lo confirma o no. El de Poder Ciudadano será el segundo recurso que llegue contra el cierre del caso: el fiscal ante la Casación provincial, Héctor Vogliolo, ya había presentado un recurso.
Con la concesión de la apelación, Poder Ciudadano quedó legitimado como querellante y esto obtura la posibilidad de que sean separados del caso, como pretende la defensa de Rigau.
Los camaristas Benavides y Villordo anularon la causa con el argumento de que la Policía se metió en la intimidad de Rigau al requisarlo sin orden judicial, a pesar de que el empleado de la Cámara de Diputados estaba sacando la plata de las cuentas con medio centenar de tarjetas que no le pertenecían.
Poder Ciudadano fue aceptada en la causa como querellante; es decir, como particular damnificado por la conducta de Rigau, ante la sospecha de que se estaría ante un caso de corrupción en el entendimiento de que se trataba de una recaudación de dinero para financiar la política.
La fiscal Betina Lacki, a pesar de la nulidad del fallo, siguió adelante porque interpretó que la apelación del fiscal Vigliolo había dejado en suspenso la anulación del caso. Lacki ordenó abrir el celular de Rigau y dispuso que ese peritaje comience el 11 de octubre. Los defensores del puntero se opusieron y pidieron además apartar a Poder Ciudadano.
Los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón, que asesoran a Rigau, hablaron de la “absurda y arbitraria continuidad como particulares damnificados la Fundación Poder Ciudadano”.
La fiscal, según los documentos del caso a los que accedió LA NACION, resolvió abrir el celular de Rigau y analizar mensajes, llamadas, imágenes y videos. “Dispóngase la realización de pericia de análisis técnico sobre el teléfono celular marca Samsung modelo SM-G532M de color gris, con funda de color negra con IMEI nro 353108085207318/01 con SN R28K4338TJP con chip de la empresa personal con numero 8954341041 9090742478 para el día 11 de octubre de 2023, a las 08.30 horas”, decidió.
El estudio se realizará en la Unidad Funcional de Instrucción N°15 de La Plata y lo hará el perito Alejandro Leyes, “a fin de efectuar un análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes así como cualquier otro dato de interés para la presente”.
Como los abogados de Rigau se opusieron a que se haga ese peritaje, ahora deberá decidir el juez Federico Atencio.
La fiscal además dispuso pedir al Banco Provincia las filmaciones de las cámaras de seguridad del sector de los cajeros automáticos correspondientes a la sucursal de Plaza San Martín, del 5 de septiembre entre las 5 y las 7.30; del 6 de septiembre entre las 20 y las 22; del 7 de septiembre entre las 19 y las 21; y del 8 de septiembre entre las 18 y las 22, cuando se cree que Rigau hacía las extracciones de fondos con las tarjetas de débito.
Además, Lacki le pidió al banco que remita copia de las filmaciones de las cámaras de seguridad del sector de los cajeros automáticos de la sucursal en que se hayan efectuado extracciones de dinero, en julio y agosto, con la idea de ampliar la investigación y determinar si esta era una maniobra que se venía repitiendo en el tiempo. También quiere saber si Rigau era titular de una o varias cuentas y revisar sus movimientos.
Por otra parte, la fiscal le pidió a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que explique qué significa que un empleado trabaje en el “bloque político”, como figuraba en sus legajos. “Pues en la mayoría de los casos se trató de personas que entraron por el PJ, el Frente Renovador o Juntos por el Cambio y luego empezaron a revistar en el ‘bloque político”, señaló.
Lacki quiere saber de qué trabajan los supuestos empleados que percibían 580.000 pesos mensuales y le daban la tarjeta a Rigau para que les cobrara el sueldo. Quiere saber dónde trabajaban, quién era su jefe, qué régimen laboral tenían y a que hora entraban y salían, ya que sospecha se trataba de “ñoquis” que estaban anotados como empleados y no cobraban su sueldo (o cobraban solo una parte). La fiscal solicitó los contratos de cada uno y el legajo de Rigau.

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Presentan un proyecto para auditar al personal legislativo

Cuando se reactivó la investigación judicial por una presunta defraudación millonaria con tarjetas de débito en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el legislador bonaerense Nahuel Sotelo, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley para crear una comisión bicameral “de revisión y reforma del régimen normativo del personal” en ese cuerpo legislativo.
Hasta ahora, en La Libertad Avanza habían emitido un tibio comunicado condenando el caso del puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau, detenido hace un mes cuando cobraba el sueldo con tarjetas de débito de 49 empleados de la Cámara de Diputados bonaerense. El escrito, firmado por Sotelo y su compañera de bancada Constanza Moragues, manifestaba la “profunda preocupación por el caso” y solicitaba que la Justicia investigue la maniobra.
Pero ni Javier Milei ni la cúpula de La Libertad Avanza habían hecho manifestaciones al respecto y tampoco el espacio había promovido acciones para cuestionar el presunto sistema opaco de financiamiento político a través de los recursos de la Legislatura, cuyos alcances aún se desconocen. Sotelo –en principio, en soledad– presentó ayer vía mesa de entradas el proyecto de ley que buscaría “el estudio, revisión, elaboración y tratamiento de una reforma legislativa integral y orgánica del régimen de personal de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires”.
“Frente a las recientes denuncias de los actos y hechos de público conocimiento, resulta entonces necesario, como aporte a la transparencia, avanzar desde la Legislatura Bonaerense en la adopción de medidas legislativas de fondo que impliquen en lo inmediato subsanar las indeseadas deficiencias normativas que pesan en materia de contratación de personal de la Honorable Cámara de Diputados”, reza el proyecto en sus fundamentos.
Esta semana, la fiscal de La Plata Betina Lacki reactivó a fondo la investigación sobre Chocolate Rigau y dispuso una batería de 20 medidas de prueba que incluyen la apertura de su teléfono celular, prevista para la semana que viene. Los movimientos de Rigau sacaron a la luz un sistema de empleados “ñoquis” que entregaban parte o todo su sueldo a la política a cambio de contar con obra social o los aportes para una jubilación futura. Por ahora son inciertos los alcances del caso.

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