Milei tiende puentes con la CGT y piqueteros para negociar una tregua
Enviados del libertario les aseguraron que el capítulo laboral de la “ley ómnibus” sería más light de lo anunciado y que no se prevé un fuerte recorte en los planes socialesEl escenario sindical
Nicolás Balinotti 
la postal de la resistencia en la CGT, con gremialistas y piqueteros
“El 11 de diciembre le sacan la sábana al fantasma”. Con esa ocurrencia, Sergio Palazzo ironizó esta semana sobre la irrupción de lo supuestamente desconocido. Entre la broma y la preocupación, el dirigente bancario y diputado nacional, que es uno de los interlocutores sindicales favoritos de Cristina Kirchner, se refirió así a la asunción de Javier Milei.
Tres días después de esta declaración en FM Milenium, Palazzo le dedicó una suerte de carta abierta al presidente electo con rechazos al plan de ajuste, a las privatizaciones de empresas públicas, a la dolarización y a una eventual reforma de la legislación laboral. “Dentro de la Constitución, todo; fuera de la Constitución, nada”, tituló un extenso comunicado, que incluyó citas de los artículos 14 y 14 bis, claves en la protección de derechos de los trabajadores.
Fue una advertencia, aunque también una respuesta al discurso victorioso del libertario en la noche del balotaje, cuando dijo que no tolerará protestas violentas de quienes se opongan a sus políticas. “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. Vamos a ser implacables con quienes quieran usar la fuerza para mantener sus privilegios”, lanzó Milei en uno de sus primeros mensajes como presidente electo, pasadas las 22 de ese domingo histórico en el que un antisistema se cargó al peronismo unido.
La carta abierta de Palazzo a Milei fue dos días después del relanzamiento de la alianza entre las tres centrales obreras y los movimientos sociales, escenificada en un salón de la CGT como la postal de la resistencia. Detrás de ese amontonamiento de sindicalistas, piqueteros y cooperativistas, se mantienen diferencias históricas que hacen hoy improbable una unidad en la acción. Por ahora fue solo una foto fugaz, similar a la que había obtenido Massa en señal de apoyo electoral. La CGT, a pesar del salto estadístico de la informalidad laboral y la pobreza, es la que conserva el poder y funciona como pieza cohesionadora de ese extraño rompecabezas.
Surge, sin embargo, un interrogante sobre cómo se relacionarán estos actores políticos y sociales a partir de mañana con el gobierno de Milei, quien en su primer discurso presidencial incluiría más referencias a la herencia y a cómo desactivar la bomba económica que a la política de la motosierra, según tres fuentes confiables de La Libertad Avanza.
El sector más dialoguista de la CGT, que lo integran “los Gordos” y los autodenominados “independientes”, se cortó solo y ya abrió un canal de negociación con los libertarios. Incluso, hasta se generó un intercambio directo con el presidente electo, según aseguraron dirigentes de ambas orillas. El próximo paso sería intentar concretar el primer encuentro institucional de CGT con el nuevo jefe del Estado. La intención de los gremialistas es que suceda antes de la navidad. Los asesores laborales de Milei, en cambio, desaconsejaron la formalidad y sugirieron encuentros sectoriales. no distinguen que haya algo que el presidente electo pueda capitalizar de ese apretón de manos con la casta sindical.
A través de sus futuros ministros Guillermo Francos y Guillermo Ferraro, principalmente, pero también mediante dos diputados nacionales con nexos gremiales, Milei le habría hecho llegar un mensaje conciliador al ala dialoguista de la CGT: la reforma laboral será más light de lo planificado; no habría una poda inmediata en los planes sociales, sino una puesta en marcha de una auditoría; los contratos de obra pública vigentes se mantendrían, al igual que el plan Procrear, y no se tocarían las obras sociales sindicales, cuya administración estará en la órbita de Enrique Rodríguez Chiantore, un hombre de Pro que responde a Patricia Bullrich. Señales de bandera blanca. Un gatito mimoso, ironizaría la trotskista Myriam Bregman.
El capítulo laboral de la “ley ómnibus” que enviaría Milei la semana próxima al Congreso sería bastante menos pretencioso entonces que el que había ideado Miguel Ángel Punte, número dos de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo durante la gestión de Cambiemos y exgerente de Recursos Humanos de Ternium, del Grupo Techint. Incluiría el fondo de cese laboral al estilo Uocra en reemplazo de la indemnización, aunque sería voluntario y se negociaría por convenio colectivo de cada actividad. También se buscaría bajar la litigiosidad con modificaciones a la ley 2403 y dar un primer paso para transferir la Justicia Laboral al ámbito porteño, uno de los desvelos de Mauricio Macri en su histórica pelea contra lo que él denomina “la industria del juicio”.
Pero no habría iniciativas que afecten directamente al poder gremial, como desligar a los empleadores de su rol de “agente de retención” de los importes de la cuota sindical o de algunas contribuciones que son hoy obligatorias. También está en duda que se avance contra el concepto de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT). La ultraactividad implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos convenios, se mantienen los actuales. Esto está hoy consagrado en el artículo 6 de la ley 14.250. Dante Sica, el asesor para temas laborales de Patriciabullrich, propuso suspenderlos temporalmente. “Es pragmatismo, ¿para qué vamos a chocar?”, justifican la estrategia de Milei algunos de sus asesores, que ven innecesario forzar anticipadamente una confronla tación con los gremios peronistas.
El Ministerio de Trabajo bajará a rango de secretaría y será absorbido por el superministerio de Capital Humano, que liderará Sandra Pettovello. La Secretaría de Trabajo quedará a cargo de omar Yasin, un abogado laboralista vinculado a Pro que también se desempeñó en la gestión de Cambiemos como director del Servicio de Conciliación Laboral obligatoria, bajo las órdenes de Triaca.
Uno de los primeros desafíos de Yasin sería convocar antes de fin de año al Consejo del Salario para actualizar el salario mínimo, vital y móvil, que es hoy de $156.000. Una de las estrategias del nuevo funcionario quizás sea pisar la actualización para que de esa manera no se indexen las paritarias. Un problema: el salario mínimo es una referencia para el monto de los planes sociales, haberes jubilatorios y para el seguro de desempleo. Con los salarios podría suceder lo mismo que con los indicadores de la ley de presupuesto: que se los devore la inflación. ¿Se viene entonces un congelamiento de las paritarias? “La gestión tendrá un ADN desregulatorio. El problema no son los salarios, sino la adecuación de los precios”, opinó un asesor de Yasin.
A Yasin lo rodearán otros exfuncionarios macristas que conocen los resortes de un organismo cruzado de intereses empresariales y sindicales. Horacio Pitrau (subsecretario de Trabajo), Gustavo Morón (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) y Karina Palacios (Asociaciones Sindicales) volverán a la gestión tras su experiencia como laderos de Triaca.
A ellos se les incorpora un libertario con pasado macrista: Luis Palomino, que asumiría como subsecretario de Empleo y que su desafío será reconvertir planes sociales en empleo genuino. Un renovado “plan empalme” que tuvo pocos resultados tanto con Macri como con Sergio Massa, que tomó la misma idea que había trazado Pro en 2016.
En lo inmediato, la intención es cruzar datos de los beneficiarios y crear una agencia que supervise la política de asistencia social. Pablo de la Torre, un dirigente del conurbano con estrechos vínculos con la Iglesia, será el secretario de Desarrollo Social, un área también absorbida por Pettovello. Ya se habrían activado nexos con Fernando “Chino” navarro, del Movimiento Evita, y Emilio Pérsico, aunque ambos dirigentes lo niegan.
En las negociaciones que se abrieron entre los libertario y el ala dialoguista de la CGT no se habría abordado un eventual ajuste en la administración pública, que parece inevitable de acuerdo con las declaraciones públicas de Milei y a lo que fueron los intercambios en la transición de diferentes áreas.
Alerta en el sector público
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que tiene peso en las dos vertientes de la CTA, activará protestas callejeras desde pasado mañana de manera preventiva. “Hay unos 64.000 empleados estatales que están en peligro. Hubo un incumplimiento de la gestión actual en la regularización de muchas personas”, denunció Rodolfo Aguiar, jefe de ATE. Su reclamo fue antes de las jugadas de Agustín Rossi y Carla Vizzotti de pasar a planta permanente casi en tiempo de descuento a ciento de empleados de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Salud, respectivamente.
La Unión del Personal Civil de la nación (UPCN) se diferenció de ATE y adoptó una postura más cauta y espera a tener el primer contacto cara a cara con Milei o con su delegado. El jefe de UPCN es Andrés Rodríguez, número tres de la CGT e integrante del sector dialoguista, que entre sus aliados cuenta con otros dirigentes que rodearon a Carlos Menem en los 90, como Gerardo Martínez, Rodolfo Daer, Armando Cavalieri y José Luis Lingeri.
En algunos organismos públicos el temor a una barrida de empleados es alarmante. En el PAMI, por ejemplo, uno de los cinco gremios afilió a empleados de manera masiva después de las elecciones del 22 de octubre. “La gente está desesperada y comenzó a afiliarse por miedo, para que los defendamos”, justificó el jefe de Utera, Rubén Grimaldi, quien diez días después del balotaje habría promocionado a unos 400 afiliados a la categoría de delegado gremial para blindarlos en caso de un eventual despido. El PAMI, justamente, es una de las áreas por las que se interesó Luis Barrionuevo en sus charlas de reconciliación con el universo libertario. El desembarco de Esteban Leguizamo como director ejecutivo de la obra social de los jubilados es una buena noticia para el gastronómico. También para La Cámpora, que aspira a conservar algunos beneficios a pesar de que el nuevo titular ya fue denunciado en la Justicia por parte de Graciela ocaña y Luis Petri, por el supuesto reparto irregular de fondos. Conflictos que salen a la luz de una gestión que todavía ni siquiera puso primera
El fondo de cese laboral sería optativo y por convenio
La actualización del salario mínimo, en duda
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“El 11 de diciembre le sacan la sábana al fantasma”. Con esa ocurrencia, Sergio Palazzo ironizó esta semana sobre la irrupción de lo supuestamente desconocido. Entre la broma y la preocupación, el dirigente bancario y diputado nacional, que es uno de los interlocutores sindicales favoritos de Cristina Kirchner, se refirió así a la asunción de Javier Milei.
Tres días después de esta declaración en FM Milenium, Palazzo le dedicó una suerte de carta abierta al presidente electo con rechazos al plan de ajuste, a las privatizaciones de empresas públicas, a la dolarización y a una eventual reforma de la legislación laboral. “Dentro de la Constitución, todo; fuera de la Constitución, nada”, tituló un extenso comunicado, que incluyó citas de los artículos 14 y 14 bis, claves en la protección de derechos de los trabajadores.
Fue una advertencia, aunque también una respuesta al discurso victorioso del libertario en la noche del balotaje, cuando dijo que no tolerará protestas violentas de quienes se opongan a sus políticas. “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. Vamos a ser implacables con quienes quieran usar la fuerza para mantener sus privilegios”, lanzó Milei en uno de sus primeros mensajes como presidente electo, pasadas las 22 de ese domingo histórico en el que un antisistema se cargó al peronismo unido.
La carta abierta de Palazzo a Milei fue dos días después del relanzamiento de la alianza entre las tres centrales obreras y los movimientos sociales, escenificada en un salón de la CGT como la postal de la resistencia. Detrás de ese amontonamiento de sindicalistas, piqueteros y cooperativistas, se mantienen diferencias históricas que hacen hoy improbable una unidad en la acción. Por ahora fue solo una foto fugaz, similar a la que había obtenido Massa en señal de apoyo electoral. La CGT, a pesar del salto estadístico de la informalidad laboral y la pobreza, es la que conserva el poder y funciona como pieza cohesionadora de ese extraño rompecabezas.
Surge, sin embargo, un interrogante sobre cómo se relacionarán estos actores políticos y sociales a partir de mañana con el gobierno de Milei, quien en su primer discurso presidencial incluiría más referencias a la herencia y a cómo desactivar la bomba económica que a la política de la motosierra, según tres fuentes confiables de La Libertad Avanza.
El sector más dialoguista de la CGT, que lo integran “los Gordos” y los autodenominados “independientes”, se cortó solo y ya abrió un canal de negociación con los libertarios. Incluso, hasta se generó un intercambio directo con el presidente electo, según aseguraron dirigentes de ambas orillas. El próximo paso sería intentar concretar el primer encuentro institucional de CGT con el nuevo jefe del Estado. La intención de los gremialistas es que suceda antes de la navidad. Los asesores laborales de Milei, en cambio, desaconsejaron la formalidad y sugirieron encuentros sectoriales. no distinguen que haya algo que el presidente electo pueda capitalizar de ese apretón de manos con la casta sindical.
A través de sus futuros ministros Guillermo Francos y Guillermo Ferraro, principalmente, pero también mediante dos diputados nacionales con nexos gremiales, Milei le habría hecho llegar un mensaje conciliador al ala dialoguista de la CGT: la reforma laboral será más light de lo planificado; no habría una poda inmediata en los planes sociales, sino una puesta en marcha de una auditoría; los contratos de obra pública vigentes se mantendrían, al igual que el plan Procrear, y no se tocarían las obras sociales sindicales, cuya administración estará en la órbita de Enrique Rodríguez Chiantore, un hombre de Pro que responde a Patricia Bullrich. Señales de bandera blanca. Un gatito mimoso, ironizaría la trotskista Myriam Bregman.
El capítulo laboral de la “ley ómnibus” que enviaría Milei la semana próxima al Congreso sería bastante menos pretencioso entonces que el que había ideado Miguel Ángel Punte, número dos de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo durante la gestión de Cambiemos y exgerente de Recursos Humanos de Ternium, del Grupo Techint. Incluiría el fondo de cese laboral al estilo Uocra en reemplazo de la indemnización, aunque sería voluntario y se negociaría por convenio colectivo de cada actividad. También se buscaría bajar la litigiosidad con modificaciones a la ley 2403 y dar un primer paso para transferir la Justicia Laboral al ámbito porteño, uno de los desvelos de Mauricio Macri en su histórica pelea contra lo que él denomina “la industria del juicio”.
Pero no habría iniciativas que afecten directamente al poder gremial, como desligar a los empleadores de su rol de “agente de retención” de los importes de la cuota sindical o de algunas contribuciones que son hoy obligatorias. También está en duda que se avance contra el concepto de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT). La ultraactividad implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos convenios, se mantienen los actuales. Esto está hoy consagrado en el artículo 6 de la ley 14.250. Dante Sica, el asesor para temas laborales de Patriciabullrich, propuso suspenderlos temporalmente. “Es pragmatismo, ¿para qué vamos a chocar?”, justifican la estrategia de Milei algunos de sus asesores, que ven innecesario forzar anticipadamente una confronla tación con los gremios peronistas.
El Ministerio de Trabajo bajará a rango de secretaría y será absorbido por el superministerio de Capital Humano, que liderará Sandra Pettovello. La Secretaría de Trabajo quedará a cargo de omar Yasin, un abogado laboralista vinculado a Pro que también se desempeñó en la gestión de Cambiemos como director del Servicio de Conciliación Laboral obligatoria, bajo las órdenes de Triaca.
Uno de los primeros desafíos de Yasin sería convocar antes de fin de año al Consejo del Salario para actualizar el salario mínimo, vital y móvil, que es hoy de $156.000. Una de las estrategias del nuevo funcionario quizás sea pisar la actualización para que de esa manera no se indexen las paritarias. Un problema: el salario mínimo es una referencia para el monto de los planes sociales, haberes jubilatorios y para el seguro de desempleo. Con los salarios podría suceder lo mismo que con los indicadores de la ley de presupuesto: que se los devore la inflación. ¿Se viene entonces un congelamiento de las paritarias? “La gestión tendrá un ADN desregulatorio. El problema no son los salarios, sino la adecuación de los precios”, opinó un asesor de Yasin.
A Yasin lo rodearán otros exfuncionarios macristas que conocen los resortes de un organismo cruzado de intereses empresariales y sindicales. Horacio Pitrau (subsecretario de Trabajo), Gustavo Morón (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) y Karina Palacios (Asociaciones Sindicales) volverán a la gestión tras su experiencia como laderos de Triaca.
A ellos se les incorpora un libertario con pasado macrista: Luis Palomino, que asumiría como subsecretario de Empleo y que su desafío será reconvertir planes sociales en empleo genuino. Un renovado “plan empalme” que tuvo pocos resultados tanto con Macri como con Sergio Massa, que tomó la misma idea que había trazado Pro en 2016.
En lo inmediato, la intención es cruzar datos de los beneficiarios y crear una agencia que supervise la política de asistencia social. Pablo de la Torre, un dirigente del conurbano con estrechos vínculos con la Iglesia, será el secretario de Desarrollo Social, un área también absorbida por Pettovello. Ya se habrían activado nexos con Fernando “Chino” navarro, del Movimiento Evita, y Emilio Pérsico, aunque ambos dirigentes lo niegan.
En las negociaciones que se abrieron entre los libertario y el ala dialoguista de la CGT no se habría abordado un eventual ajuste en la administración pública, que parece inevitable de acuerdo con las declaraciones públicas de Milei y a lo que fueron los intercambios en la transición de diferentes áreas.
Alerta en el sector público
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que tiene peso en las dos vertientes de la CTA, activará protestas callejeras desde pasado mañana de manera preventiva. “Hay unos 64.000 empleados estatales que están en peligro. Hubo un incumplimiento de la gestión actual en la regularización de muchas personas”, denunció Rodolfo Aguiar, jefe de ATE. Su reclamo fue antes de las jugadas de Agustín Rossi y Carla Vizzotti de pasar a planta permanente casi en tiempo de descuento a ciento de empleados de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Salud, respectivamente.
La Unión del Personal Civil de la nación (UPCN) se diferenció de ATE y adoptó una postura más cauta y espera a tener el primer contacto cara a cara con Milei o con su delegado. El jefe de UPCN es Andrés Rodríguez, número tres de la CGT e integrante del sector dialoguista, que entre sus aliados cuenta con otros dirigentes que rodearon a Carlos Menem en los 90, como Gerardo Martínez, Rodolfo Daer, Armando Cavalieri y José Luis Lingeri.
En algunos organismos públicos el temor a una barrida de empleados es alarmante. En el PAMI, por ejemplo, uno de los cinco gremios afilió a empleados de manera masiva después de las elecciones del 22 de octubre. “La gente está desesperada y comenzó a afiliarse por miedo, para que los defendamos”, justificó el jefe de Utera, Rubén Grimaldi, quien diez días después del balotaje habría promocionado a unos 400 afiliados a la categoría de delegado gremial para blindarlos en caso de un eventual despido. El PAMI, justamente, es una de las áreas por las que se interesó Luis Barrionuevo en sus charlas de reconciliación con el universo libertario. El desembarco de Esteban Leguizamo como director ejecutivo de la obra social de los jubilados es una buena noticia para el gastronómico. También para La Cámpora, que aspira a conservar algunos beneficios a pesar de que el nuevo titular ya fue denunciado en la Justicia por parte de Graciela ocaña y Luis Petri, por el supuesto reparto irregular de fondos. Conflictos que salen a la luz de una gestión que todavía ni siquiera puso primera
El fondo de cese laboral sería optativo y por convenio
La actualización del salario mínimo, en duda
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Russo llega con el sistema sanitario en crisis
Las dificultades por la falta de insumos y de financiamiento fueron decisivas para que el área siga con rango ministerial
El presidente electo, Javier Milei, confirmó ayer que Mario Russo estará a cargo del área de Salud en su gobierno y que, finalmente, se mantendrá como un ministerio. Hasta las últimas horas se especulaba si le daría rango de secretaría, dependiente de la Jefatura de Gabinete, o sería una cartera más, con un funcionamiento independiente, tal como tiene ahora.
Mario Russo se había reunido el jueves con la titular de la cartera sanitaria saliente, Carla Vizzotti, para retomar la transición que él viene llevando adelante. La decisión de que sea ministerio y no secretaría se debatió hasta último momento. Incluso hubo una comunicación oficial en redes sociales que anunciaba la creación de la secretaría, pero fue borrada a los pocos minutos por el cambio de último momento (ver aparte).
Confirmado el ministerio, el nuevo comunicado fue difundido en el canal oficial de X de la Oficina del Presidente electo (@OPEARG) en el que también se anuncia la designación del Dr. Enrique Rodríguez
Chiantore como titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) desde el 10 de diciembre.
Russo se hizo cargo del proceso en el área de Salud desde la renuncia de Eduardo Filgueira Lima al equipo de trabajo de La Libertad Avanza (LLA) por diferencias con Sandra Pettovello. La futura ministra de Capital Humano resignó quedarse con el control de Salud del organigrama, que inicialmente compartía con Desarrollo Social, Educación y Trabajo. Se trata de una cartera que atraviesa una crisis con la atención, los insumos, los recursos humanos y el financiamiento, lo que habría motivado, finalmente, mantener el rango de ministerio.
Milei se inclinó por Russo entre una terna de candidatos que también integraban Enrique Camerlinckx, director general del Sanatorio Mater Dei, y Mario Lugones, presidente de la Fundación Sanatorio Güemes.
Russo es médico especialista en cardiología (Universidad de Buenos Aires) y en cuidados perioperatorios de cirugía cardiovascular (Sociedad
Argentina de Cardiología). Participó de programas de entrenamiento directivo del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Gestión y Economía de la Salud de la Universidad Austral y del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Realizó pasantías en el Hospital San Mateo de Pavia (Ministerio de Salud, región de Lombardía, Italia) y, con trabajo de campo, en la Red Sanitaria, Social y Docente Xarsa Santa Tecla, en Tarragona, España.
Integró el Comité de Docencia y fue director del Curso de Cardiología Clínica de la Sociedad Argentina de Cardiología. En la misma entidad, participó de la mesa directiva del Consejo de Emergencias. Fue investigador principal de ensayos clínicos.
En 1990, ingresó como residente de cardiología en el Hospital Español de Buenos Aires y fue médico de guardia en la Unidad Coronaria de la Clínica Bazterrica. Al completar la residencia, coordinó el Servicio de Recuperación Cardiovascular en ese mismo hospital de comunidad, asumió la jefatura de la Unidad Coronaria e integró el Equipo de Trasplante Cardíaco. Luego, entre 2000 y 2004, trabajó en el Hospital Italiano como coordinador del Servicio de Trasplante Cardiopulmonar Pediátrico.
En paralelo, a partir de 2001, asumió como jefe de la Unidad Coronaria de Fleni, coordinador de Cardiología en la sede de Escobar y, en el período 2008-2009, se hizo cargo de la jefatura del Departamento de Cardiología de esa institución.
En el sector público, a partir de 2001, cuenta entre su experiencia en gestión sanitaria la puesta en marcha y dirección del Servicio de Cardiología, con la Unidad Coronaria, el área de atención ambulatoria y de cirugía cardiovascular, del Hospital Polo Sanitario Malvinas Argentinas. Fue también secretario de Salud de los municipios de San Miguel (2009-2015) y Morón (2015-2016), donde pasó a ocupar la Secretaría de Gobierno hasta mayo de 2017.
En el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de María Eugenia Vidal, fue subsecretario de Coordinación de Políticas Sanitarias y de Planificación y Contralor Sanitario. Fue, hasta diciembre de 2019, consejero en representación de la provincia en el Consejo de Administración del Hospital El Cruce. Entre enero de 2020 y junio del año pasado, fue director de Asuntos Gubernamentales en AYSA, durante la gestión de Malena Galmarini.
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Florencia Misrahi es una reconocida abogada tributarista y aduanera
Cuando faltan horas para la asunción del presidente electo, Javier Milei, y tras una semana de varios nombramientos para ocupar cargos públicos, finalmente se oficializó la designación de la abogada Florencia Misrahi como próxima jefa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Ella era una de las personas que aparecían, junto a Liban Kusa y Marcos Sequeira, entre los candidatos a reemplazar a Carlos Castagneto al frente del organismo recaudador.
Formada en la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral, Misrahi se define como una experta en impuestos y cuestiones aduaneras. Formaba parte, desde junio pasado, del estudio Lisicky, Litvin y Asociados, y trabajó durante 15 años en la cerealera Cargill como especialista en impuestos y temas de agronegocios. Una fuente que la conoce indicó: “Es una abogada tributarista y aduanera muy honesta. Es muy conocida en el mercado”.
César Litvin, tributarista, contador público y socio CEO del estudio, fue uno de los asesores en materia de impuestos en el equipo de Patricia Bullrich en la última campaña. Misrahi se especializa en planificación fiscal regional y estructuras de financiamiento con enfoque en materias primas. Además, brindó asesoramiento legal y fiscal relacionado con transacciones comerciales nacionales y transfronterizas. En su perfil indica, también, que era encargada de brindar estrategias políticas y lineamientos para asegurar la ejecución eficiente de la gestión, cumplimiento, financiamiento y auditorías legales y tributarias.
Misrahi se desempeñó en el sector privado. Antes de llegar a Cargill, fue abogada de los estudios Beccar Varela, Arthur Andersen & Co. y Pistrelli Díaz y Asociados, según Linkedin.
El panorama no es sencillo. En el acumulado a noviembre, la caída de recaudación de impuestos nacionales fue del 6% en términos reales.
El el abogado especialista en derecho tributario y socio de Expansion Business, Diego Fraga, explicó: “Primero que nada, habrá que despolitizar nuevamente al organismo, privilegiando los cuadros técnicos. El gobierno saliente hizo nombramientos masivos de militantes sin ningún tipo de experiencia ni utilidad para un organismo recaudador”.
“Luego tendrá que evitar excesos normativos como los de este gobierno y buscar el apego a la legalidad que históricamente existió en la AFIP. Una tercera clave será dotar a la AFIP de tecnología e inteligencia artificial para mejorar el uso de la inmensa cantidad de información que llega al organismo y, una cuarta, hacer más eficiente la labor de cada área en un organismo con 22.000 empleados”, agregó Fraga.
Gastón Arcal, profesor de Derecho Tributario y abogado especializado en asuntos fiscales, dijo: “Se trata de un organismo con grandes cuadros técnicos, pero también alineaciones políticas con las que no es sencillo lidiar, y que dirige dos mundos culturalmente muy diferentes como son el impositivo y el aduanero”. Y concluyó: “Los desafíos son mayúsculos”
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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