Una comitiva ratificó apoyo de EE.UU. al Gobierno
Mike Pyle, Ana van Hollen y Jared Siegel, del Consejo Nacional de Seguridad, estuvieron en Casa Rosada; también participó Caputo
Jaime RosembergPresidencia Los enviados norteamericanos, ayer, en la Casa Rosada
Pasadas las 14 de ayer, el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, atravesó sonriente el Salón de los Bustos y subió las escaleras hacia el primer piso de la Casa Rosada.
El diplomático llegó junto a una delegación del Consejo Nacional de Seguridad, que depende de modo directo del presidente Joe Biden, para continuar estrechando lazos con el gobierno de Javier Milei, en momentos en los que la nueva gestión enfrenta distintos desafíos externos, entre ellos el pago en diciembre de vencimientos con el FMI, organismo en el que el voto de Estados Unidos es poco menos que decisivo.
“Altos funcionarios estadounidenses visitarán Argentina para reuniones introductorias con representantes del nuevo gobierno”, afirmaron a desde la sede diplomática norteamericana en Buenos Aires a modo de escueta explicación.
Junto a Stanley, según pudo saber llegaron desde el Consejo los funcionarios Mike Pyle, Ana Van Hollen y Jared Siegel, este último de la oficina argentina, además del también funcionario de la embajada en Buenos Aires, Matt Stokes.
Si bien no trascendieron los interlocutores desde el gobierno argentino, trascendió que además del Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, también participó del encuentro, que comenzó pasadas las 14, el día después de anunciar las primeras medidas de su gestión.
Según explica la propia Casa Blanca en su página web, el Consejo de Seguridad Nacional “es el foro principal del presidente para la toma de decisiones sobre la seguridad nacional y la política externa”.
Fuentes diplomáticas coincidían en que la llegada de funcionarios de tan alto rango es una muestra del interés del gobierno de Biden por estrechar lazos con el gobierno libertario, a pesar de la orientación demócrata de la actual administración. “Esta visita es muy positiva”, dijo a un exfuncionario del gobierno de Cambiemos que colabora con el actual, quien recordó que Pyle, por caso, es el encargado de los vínculos entre el Consejo Nacional y el FMI, la “pata” de la Casa Blanca que interviene en esa negociación.
Antecedentes
La semana pasada, Estados Unidos envió una delegación a la asunción de Milei encabezada por la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, delegación que fue recibida por el Presidente antes y después de asumir su cargo.
La delegación también estaba integrada por Carlos Monje, subsecretario para Política de Transporte y Andrew E. Light, secretario adjunto de Asuntos Internacionales, también del Departamento de Energía norteamericano.
Estados Unidos está interesado en la exploración y explotación de litio y el gas natural, en yacimientos argentinos.
En aquel encuentro también estuvieron Juan González, asistente del presidente y director principal para el Hemisferio Occidental, también del Consejo de Seguridad Nacional, y el embajador Stanley.
Junto a Milei, en tanto, se ubicaron la canciller, Diana Mondino, y el futuro embajador en Washington, Gerardo Werthein, quien acompañó a Milei en su viaje a Estados Unidos (estuvo en Nueva York visitando la tumba del rebe de Lubavitch y en Washington con reuniones políticas y económicas), días después de derrotar en el balotaje al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, a priori el candidato más cercano a Washington antes de conocerse el resultado del balotaje.
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La reducción de cargos anunciada afecta solo al 1,2% de los funcionarios
El recorte confirmado hasta ahora por el Gobierno casi no tiene impacto en las estructuras del Estado
Camila Dolabjian
El recorte del 50% de los ministerios (de 18 a 9) y secretarías (106 a 54) y del 23% de las subsecretarías (de 182 a 140) no achica de por sí el Estado “elefantiásico” que describió Javier Milei. Significa cortar la torta de manera distinta, pero no reducir su tamaño. En realidad, se absorben áreas que deberá determinarse si continuarán existiendo o no, incluso el propio Ministerio de las Mujeres, que el Presidente prometió cerrar. Para eso, Nicolás Posse, jefe de Gabinete, delegó en los titulares de cada cartera elaborar una propuesta de organigrama para sus áreas que implique la eliminación de subsecretarias, direcciones y gerencias, entre otros “ravioles” de menor tamaño. Él será el encargado de darle curso al “afuera” final a estas oficinas públicas.
Según información pública procesada por existían por lo menos 8678 cargos jerárquicos vinculados a la administración central al 9 de diciembre. Con el achique ya anunciado, se pasó a 8573, una reducción del 1,2%. Son 102 personas menos, por ahora, entre ministros, secretarios y subsecretarios. Al tomar el salario promedio, el ahorro será cercano a $310.000.000 por mes. El resto de los “ravioles” se distribuyen en lugares de menor jerarquía, entre los que están directores nacionales, directores generales, coordinadores, administradores, gerentes, subgerentes y responsables. Las personas con algún tipo de “dirección” son 2841, por caso.
Por otra parte, la intención de eliminar cargos políticos parece también una necesidad del gobierno entrante cuando, por otra parte, no encuentra personas con las que ocupar los asientos. Diversos exfuncionarios del Frente de Todos, de la ciudad de Buenos Aires y municipalidades comentaron que se les ofrecieron direcciones y coordinaciones en áreas como transporte, seguridad y educación. Por este motivo, muchos de los que dirigían estas sedes bajo la administración Fernández continuarán por un tiempo más o podrían quedarse hasta próximo aviso.
Aunque los equipos de Milei no brindaron precisiones sobre el proceso, se estima que el primer paso será fusionar áreas que, a simple vista, comparten la misión (un ejemplo, en el ámbito del ex Ministerio de Desarrollo Social, la subsecretaría de “inclusión e integración social” y la de “políticas de integración y formación”). Eso concentraría los recursos humanos, físicos y de presupuesto inicial. Por otra parte, permitiría cierta desburocratización de los procesos internos estatales. Sin embargo, el grueso del ahorro para las cuentas públicas se dará con la eliminación de áreas y la reorganización o el despido del personal contratado.
El desafío estará en la disolución de áreas. Milei ya se había referido al cierre o privatización de determinados órganos que componen la administración pública nacional. Algunos de ellos son el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas o el Inadi. El problema con el que se topará el equipo libertario es que múltiples dependencias han sido creadas por ley, con lo que el Poder Ejecutivo no puede disolverlos por su cuenta, aunque podría vaciarlos de presupuesto (cuando no estén determinados por ley).
Por otra parte, Luis Caputo, el ministro de Economía, anunció que se revisarán los contratos de quienes hayan ingresado al Estado en el último año. Los datos del Indec, actualizados a octubre, reflejan que la administración pública nacional contaba con 338.392 empleados hace dos meses y, un año atrás, con 339.949 personas en relación de dependencia. Por lo tanto, excepto que el ingreso haya crecido exponencialmente (lo que, según fuentes, no ocurrió “en blanco”), o que las auditorías reflejen inconsistencias con lo publicado por el gobierno saliente, el personal que estará en la mira será mínimo en proporción al total. Uno de los motivos es que en el último año rigió una prohibición para la incorporación de nuevos contratados.
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La reducción de cargos anunciada afecta solo al 1,2% de los funcionarios
El recorte confirmado hasta ahora por el Gobierno casi no tiene impacto en las estructuras del Estado
Pasadas las 14 de ayer, el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, atravesó sonriente el Salón de los Bustos y subió las escaleras hacia el primer piso de la Casa Rosada.
El diplomático llegó junto a una delegación del Consejo Nacional de Seguridad, que depende de modo directo del presidente Joe Biden, para continuar estrechando lazos con el gobierno de Javier Milei, en momentos en los que la nueva gestión enfrenta distintos desafíos externos, entre ellos el pago en diciembre de vencimientos con el FMI, organismo en el que el voto de Estados Unidos es poco menos que decisivo.
“Altos funcionarios estadounidenses visitarán Argentina para reuniones introductorias con representantes del nuevo gobierno”, afirmaron a desde la sede diplomática norteamericana en Buenos Aires a modo de escueta explicación.
Junto a Stanley, según pudo saber llegaron desde el Consejo los funcionarios Mike Pyle, Ana Van Hollen y Jared Siegel, este último de la oficina argentina, además del también funcionario de la embajada en Buenos Aires, Matt Stokes.
Si bien no trascendieron los interlocutores desde el gobierno argentino, trascendió que además del Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, también participó del encuentro, que comenzó pasadas las 14, el día después de anunciar las primeras medidas de su gestión.
Según explica la propia Casa Blanca en su página web, el Consejo de Seguridad Nacional “es el foro principal del presidente para la toma de decisiones sobre la seguridad nacional y la política externa”.
Fuentes diplomáticas coincidían en que la llegada de funcionarios de tan alto rango es una muestra del interés del gobierno de Biden por estrechar lazos con el gobierno libertario, a pesar de la orientación demócrata de la actual administración. “Esta visita es muy positiva”, dijo a un exfuncionario del gobierno de Cambiemos que colabora con el actual, quien recordó que Pyle, por caso, es el encargado de los vínculos entre el Consejo Nacional y el FMI, la “pata” de la Casa Blanca que interviene en esa negociación.
Antecedentes
La semana pasada, Estados Unidos envió una delegación a la asunción de Milei encabezada por la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, delegación que fue recibida por el Presidente antes y después de asumir su cargo.
La delegación también estaba integrada por Carlos Monje, subsecretario para Política de Transporte y Andrew E. Light, secretario adjunto de Asuntos Internacionales, también del Departamento de Energía norteamericano.
Estados Unidos está interesado en la exploración y explotación de litio y el gas natural, en yacimientos argentinos.
En aquel encuentro también estuvieron Juan González, asistente del presidente y director principal para el Hemisferio Occidental, también del Consejo de Seguridad Nacional, y el embajador Stanley.
Junto a Milei, en tanto, se ubicaron la canciller, Diana Mondino, y el futuro embajador en Washington, Gerardo Werthein, quien acompañó a Milei en su viaje a Estados Unidos (estuvo en Nueva York visitando la tumba del rebe de Lubavitch y en Washington con reuniones políticas y económicas), días después de derrotar en el balotaje al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, a priori el candidato más cercano a Washington antes de conocerse el resultado del balotaje.
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La reducción de cargos anunciada afecta solo al 1,2% de los funcionarios
El recorte confirmado hasta ahora por el Gobierno casi no tiene impacto en las estructuras del Estado
Camila Dolabjian
El recorte del 50% de los ministerios (de 18 a 9) y secretarías (106 a 54) y del 23% de las subsecretarías (de 182 a 140) no achica de por sí el Estado “elefantiásico” que describió Javier Milei. Significa cortar la torta de manera distinta, pero no reducir su tamaño. En realidad, se absorben áreas que deberá determinarse si continuarán existiendo o no, incluso el propio Ministerio de las Mujeres, que el Presidente prometió cerrar. Para eso, Nicolás Posse, jefe de Gabinete, delegó en los titulares de cada cartera elaborar una propuesta de organigrama para sus áreas que implique la eliminación de subsecretarias, direcciones y gerencias, entre otros “ravioles” de menor tamaño. Él será el encargado de darle curso al “afuera” final a estas oficinas públicas.
Según información pública procesada por existían por lo menos 8678 cargos jerárquicos vinculados a la administración central al 9 de diciembre. Con el achique ya anunciado, se pasó a 8573, una reducción del 1,2%. Son 102 personas menos, por ahora, entre ministros, secretarios y subsecretarios. Al tomar el salario promedio, el ahorro será cercano a $310.000.000 por mes. El resto de los “ravioles” se distribuyen en lugares de menor jerarquía, entre los que están directores nacionales, directores generales, coordinadores, administradores, gerentes, subgerentes y responsables. Las personas con algún tipo de “dirección” son 2841, por caso.
Por otra parte, la intención de eliminar cargos políticos parece también una necesidad del gobierno entrante cuando, por otra parte, no encuentra personas con las que ocupar los asientos. Diversos exfuncionarios del Frente de Todos, de la ciudad de Buenos Aires y municipalidades comentaron que se les ofrecieron direcciones y coordinaciones en áreas como transporte, seguridad y educación. Por este motivo, muchos de los que dirigían estas sedes bajo la administración Fernández continuarán por un tiempo más o podrían quedarse hasta próximo aviso.
Aunque los equipos de Milei no brindaron precisiones sobre el proceso, se estima que el primer paso será fusionar áreas que, a simple vista, comparten la misión (un ejemplo, en el ámbito del ex Ministerio de Desarrollo Social, la subsecretaría de “inclusión e integración social” y la de “políticas de integración y formación”). Eso concentraría los recursos humanos, físicos y de presupuesto inicial. Por otra parte, permitiría cierta desburocratización de los procesos internos estatales. Sin embargo, el grueso del ahorro para las cuentas públicas se dará con la eliminación de áreas y la reorganización o el despido del personal contratado.
El desafío estará en la disolución de áreas. Milei ya se había referido al cierre o privatización de determinados órganos que componen la administración pública nacional. Algunos de ellos son el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas o el Inadi. El problema con el que se topará el equipo libertario es que múltiples dependencias han sido creadas por ley, con lo que el Poder Ejecutivo no puede disolverlos por su cuenta, aunque podría vaciarlos de presupuesto (cuando no estén determinados por ley).
Por otra parte, Luis Caputo, el ministro de Economía, anunció que se revisarán los contratos de quienes hayan ingresado al Estado en el último año. Los datos del Indec, actualizados a octubre, reflejan que la administración pública nacional contaba con 338.392 empleados hace dos meses y, un año atrás, con 339.949 personas en relación de dependencia. Por lo tanto, excepto que el ingreso haya crecido exponencialmente (lo que, según fuentes, no ocurrió “en blanco”), o que las auditorías reflejen inconsistencias con lo publicado por el gobierno saliente, el personal que estará en la mira será mínimo en proporción al total. Uno de los motivos es que en el último año rigió una prohibición para la incorporación de nuevos contratados.
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La reducción de cargos anunciada afecta solo al 1,2% de los funcionarios
El recorte confirmado hasta ahora por el Gobierno casi no tiene impacto en las estructuras del Estado
Camila Dolabjian
El recorte del 50% de los ministerios (de 18 a 9) y secretarías (106 a 54) y del 23% de las subsecretarías (de 182 a 140) no achica de por sí el Estado “elefantiásico” que describió Javier Milei. Significa cortar la torta de manera distinta, pero no reducir su tamaño. En realidad, se absorben áreas que deberá determinarse si continuarán existiendo o no, incluso el propio Ministerio de las Mujeres, que el Presidente prometió cerrar. Para eso, Nicolás Posse, jefe de Gabinete, delegó en los titulares de cada cartera elaborar una propuesta de organigrama para sus áreas que implique la eliminación de subsecretarias, direcciones y gerencias, entre otros “ravioles” de menor tamaño. Él será el encargado de darle curso al “afuera” final a estas oficinas públicas.
Según información pública procesada por existían por lo menos 8678 cargos jerárquicos vinculados a la administración central al 9 de diciembre. Con el achique ya anunciado, se pasó a 8573, una reducción del 1,2%. Son 102 personas menos, por ahora, entre ministros, secretarios y subsecretarios. Al tomar el salario promedio, el ahorro será cercano a $310.000.000 por mes. El resto de los “ravioles” se distribuyen en lugares de menor jerarquía, entre los que están directores nacionales, directores generales, coordinadores, administradores, gerentes, subgerentes y responsables. Las personas con algún tipo de “dirección” son 2841, por caso.
Por otra parte, la intención de eliminar cargos políticos parece también una necesidad del gobierno entrante cuando, por otra parte, no encuentra personas con las que ocupar los asientos. Diversos exfuncionarios del Frente de Todos, de la ciudad de Buenos Aires y municipalidades comentaron que se les ofrecieron direcciones y coordinaciones en áreas como transporte, seguridad y educación. Por este motivo, muchos de los que dirigían estas sedes bajo la administración Fernández continuarán por un tiempo más o podrían quedarse hasta próximo aviso.
Aunque los equipos de Milei no brindaron precisiones sobre el proceso, se estima que el primer paso será fusionar áreas que, a simple vista, comparten la misión (un ejemplo, en el ámbito del ex Ministerio de Desarrollo Social, la subsecretaría de “inclusión e integración social” y la de “políticas de integración y formación”). Eso concentraría los recursos humanos, físicos y de presupuesto inicial. Por otra parte, permitiría cierta desburocratización de los procesos internos estatales. Sin embargo, el grueso del ahorro para las cuentas públicas se dará con la eliminación de áreas y la reorganización o el despido del personal contratado.
El desafío estará en la disolución de áreas. Milei ya se había referido al cierre o privatización de determinados órganos que componen la administración pública nacional. Algunos de ellos son el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas o el Inadi. El problema con el que se topará el equipo libertario es que múltiples dependencias han sido creadas por ley, con lo que el Poder Ejecutivo no puede disolverlos por su cuenta, aunque podría vaciarlos de presupuesto (cuando no estén determinados por ley).
Por otra parte, Luis Caputo, el ministro de Economía, anunció que se revisarán los contratos de quienes hayan ingresado al Estado en el último año. Los datos del Indec, actualizados a octubre, reflejan que la administración pública nacional contaba con 338.392 empleados hace dos meses y, un año atrás, con 339.949 personas en relación de dependencia. Por lo tanto, excepto que el ingreso haya crecido exponencialmente (lo que, según fuentes, no ocurrió “en blanco”), o que las auditorías reflejen inconsistencias con lo publicado por el gobierno saliente, el personal que estará en la mira será mínimo en proporción al total. Uno de los motivos es que en el último año rigió una prohibición para la incorporación de nuevos contratados.
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Petri suma militares retirados al Ministerio de Defensa
Se diferencia del período kirchnerista; fuerte influencia de Patricia Bullrich en la cartera que conduce su excompañero de fórmula
El recorte del 50% de los ministerios (de 18 a 9) y secretarías (106 a 54) y del 23% de las subsecretarías (de 182 a 140) no achica de por sí el Estado “elefantiásico” que describió Javier Milei. Significa cortar la torta de manera distinta, pero no reducir su tamaño. En realidad, se absorben áreas que deberá determinarse si continuarán existiendo o no, incluso el propio Ministerio de las Mujeres, que el Presidente prometió cerrar. Para eso, Nicolás Posse, jefe de Gabinete, delegó en los titulares de cada cartera elaborar una propuesta de organigrama para sus áreas que implique la eliminación de subsecretarias, direcciones y gerencias, entre otros “ravioles” de menor tamaño. Él será el encargado de darle curso al “afuera” final a estas oficinas públicas.
Según información pública procesada por existían por lo menos 8678 cargos jerárquicos vinculados a la administración central al 9 de diciembre. Con el achique ya anunciado, se pasó a 8573, una reducción del 1,2%. Son 102 personas menos, por ahora, entre ministros, secretarios y subsecretarios. Al tomar el salario promedio, el ahorro será cercano a $310.000.000 por mes. El resto de los “ravioles” se distribuyen en lugares de menor jerarquía, entre los que están directores nacionales, directores generales, coordinadores, administradores, gerentes, subgerentes y responsables. Las personas con algún tipo de “dirección” son 2841, por caso.
Por otra parte, la intención de eliminar cargos políticos parece también una necesidad del gobierno entrante cuando, por otra parte, no encuentra personas con las que ocupar los asientos. Diversos exfuncionarios del Frente de Todos, de la ciudad de Buenos Aires y municipalidades comentaron que se les ofrecieron direcciones y coordinaciones en áreas como transporte, seguridad y educación. Por este motivo, muchos de los que dirigían estas sedes bajo la administración Fernández continuarán por un tiempo más o podrían quedarse hasta próximo aviso.
Aunque los equipos de Milei no brindaron precisiones sobre el proceso, se estima que el primer paso será fusionar áreas que, a simple vista, comparten la misión (un ejemplo, en el ámbito del ex Ministerio de Desarrollo Social, la subsecretaría de “inclusión e integración social” y la de “políticas de integración y formación”). Eso concentraría los recursos humanos, físicos y de presupuesto inicial. Por otra parte, permitiría cierta desburocratización de los procesos internos estatales. Sin embargo, el grueso del ahorro para las cuentas públicas se dará con la eliminación de áreas y la reorganización o el despido del personal contratado.
El desafío estará en la disolución de áreas. Milei ya se había referido al cierre o privatización de determinados órganos que componen la administración pública nacional. Algunos de ellos son el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas o el Inadi. El problema con el que se topará el equipo libertario es que múltiples dependencias han sido creadas por ley, con lo que el Poder Ejecutivo no puede disolverlos por su cuenta, aunque podría vaciarlos de presupuesto (cuando no estén determinados por ley).
Por otra parte, Luis Caputo, el ministro de Economía, anunció que se revisarán los contratos de quienes hayan ingresado al Estado en el último año. Los datos del Indec, actualizados a octubre, reflejan que la administración pública nacional contaba con 338.392 empleados hace dos meses y, un año atrás, con 339.949 personas en relación de dependencia. Por lo tanto, excepto que el ingreso haya crecido exponencialmente (lo que, según fuentes, no ocurrió “en blanco”), o que las auditorías reflejen inconsistencias con lo publicado por el gobierno saliente, el personal que estará en la mira será mínimo en proporción al total. Uno de los motivos es que en el último año rigió una prohibición para la incorporación de nuevos contratados.
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Petri suma militares retirados al Ministerio de Defensa
Se diferencia del período kirchnerista; fuerte influencia de Patricia Bullrich en la cartera que conduce su excompañero de fórmula
Mariano de Vedia
La incorporación de militares retirados en su equipo y una relación estrecha con su compañera de gabinete la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, asoman en el armado de la gestión del radical Luis Petri como ministro de Defensa.
En medio de la crisis económica, el excandidato a vicepresidente enfrentará el desafío de resolver la continuidad o el freno de las negociaciones iniciadas por el exministro Jorge Taiana para avanzar en la compra de aviones militares, como los P3 Orion, cuyas adquisiciones se habían acordado con Noruega para reforzar las tareas de vigilancia y control marítimo en el Atlántico Sur, y las gestiones por las aeronaves F-16, que se vienen discutiendo con el gobierno de Estados Unidos, en medio de los amagos que el gobierno kirchnerista hizo en los últimos años con China y Rusia.
Petri mantuvo ya su primera reunión con los altos mandos militares. Entre otras decisiones, el ministro de Defensa deberá proponer al presidente Javier Milei los nombres de las futuras conducciones de las Fuerzas Armadas.
Como no ocurrió en ninguna de las gestiones del kirchnerismo, el organigrama del Ministerio de Defensa reservará lugares para uniformados que ya están fuera del servicio activo. Uno de ellos será el teniente coronel retirado Carlos Federico Becker Fioretti, con experiencia en el área de logística internacional y procesos de compra en el Ejército, que asumirá como jefe del gabinete de asesores del ministro o una función equivalente.
Becker tiene un fuerte vínculo con los oficiales de la fuerza, ya que muchos de sus compañeros de promoción permanecen en actividad. En la anterior gestión de Juntos por el Cambio trabajó con Bullrich en el Ministerio de Seguridad, para fortalecer el equipamiento de la Gendarmería y la Prefectura, indicaron fuentes castrenses a
Otro militar que ya se reunió con Petri es el coronel retirado Carlos Daniel Esteban, veterano de Malvinas, donde tuvo a su cargo una sección de 40 hombres que derribó tres helicópteros británicos en la batalla de San Carlos, en 1982. Pasó a retiro luego de ser jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 25 de Colonia Sarmiento, en Chubut.
Se sumarían al gabinete el coronel retirado Marcelo Rozas Garay, quien también estuvo en Colonia Sarmiento, al frente del Grupo de Artillería 9, y el contralmirante retirado Máximo Pérez León Barreto, también veterano de Malvinas, que estuvo al frente del Operativo Alfil en la participación de las tropas argentinas en la guerra del Golfo Pérsico y formó parte de la gestión del exministro del área Oscar Aguad.
Ya trabaja junto a Petri el abogado y doctor en ciencia política Alberto Föhrig, quien estuvo al frente de los equipos de campaña de Bullrich en el proceso electoral. Llega con experiencia en el área de seguridad y combate al narcotráfico, áreas en las que las Fuerzas Armadas hoy solo pueden colaborar en acciones de apoyo y logística.
El ministro mantuvo también reuniones con el abogado y sociólogo Diego Fleitas Ortiz de Rozas, consultor en estrategias contra el crimen organizado en Latinoamérica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), y con Luciana Micha, con experiencia en misiones de paz y docente de la Universidad Nacional de la Defensa (Undef)
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
La incorporación de militares retirados en su equipo y una relación estrecha con su compañera de gabinete la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, asoman en el armado de la gestión del radical Luis Petri como ministro de Defensa.
En medio de la crisis económica, el excandidato a vicepresidente enfrentará el desafío de resolver la continuidad o el freno de las negociaciones iniciadas por el exministro Jorge Taiana para avanzar en la compra de aviones militares, como los P3 Orion, cuyas adquisiciones se habían acordado con Noruega para reforzar las tareas de vigilancia y control marítimo en el Atlántico Sur, y las gestiones por las aeronaves F-16, que se vienen discutiendo con el gobierno de Estados Unidos, en medio de los amagos que el gobierno kirchnerista hizo en los últimos años con China y Rusia.
Petri mantuvo ya su primera reunión con los altos mandos militares. Entre otras decisiones, el ministro de Defensa deberá proponer al presidente Javier Milei los nombres de las futuras conducciones de las Fuerzas Armadas.
Como no ocurrió en ninguna de las gestiones del kirchnerismo, el organigrama del Ministerio de Defensa reservará lugares para uniformados que ya están fuera del servicio activo. Uno de ellos será el teniente coronel retirado Carlos Federico Becker Fioretti, con experiencia en el área de logística internacional y procesos de compra en el Ejército, que asumirá como jefe del gabinete de asesores del ministro o una función equivalente.
Becker tiene un fuerte vínculo con los oficiales de la fuerza, ya que muchos de sus compañeros de promoción permanecen en actividad. En la anterior gestión de Juntos por el Cambio trabajó con Bullrich en el Ministerio de Seguridad, para fortalecer el equipamiento de la Gendarmería y la Prefectura, indicaron fuentes castrenses a
Otro militar que ya se reunió con Petri es el coronel retirado Carlos Daniel Esteban, veterano de Malvinas, donde tuvo a su cargo una sección de 40 hombres que derribó tres helicópteros británicos en la batalla de San Carlos, en 1982. Pasó a retiro luego de ser jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 25 de Colonia Sarmiento, en Chubut.
Se sumarían al gabinete el coronel retirado Marcelo Rozas Garay, quien también estuvo en Colonia Sarmiento, al frente del Grupo de Artillería 9, y el contralmirante retirado Máximo Pérez León Barreto, también veterano de Malvinas, que estuvo al frente del Operativo Alfil en la participación de las tropas argentinas en la guerra del Golfo Pérsico y formó parte de la gestión del exministro del área Oscar Aguad.
Ya trabaja junto a Petri el abogado y doctor en ciencia política Alberto Föhrig, quien estuvo al frente de los equipos de campaña de Bullrich en el proceso electoral. Llega con experiencia en el área de seguridad y combate al narcotráfico, áreas en las que las Fuerzas Armadas hoy solo pueden colaborar en acciones de apoyo y logística.
El ministro mantuvo también reuniones con el abogado y sociólogo Diego Fleitas Ortiz de Rozas, consultor en estrategias contra el crimen organizado en Latinoamérica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), y con Luciana Micha, con experiencia en misiones de paz y docente de la Universidad Nacional de la Defensa (Undef)
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