AJUSTE FISCAL

Nuevo foco de tensión: la Justicia reclama actualizar partidas y pide una reunión
Hay alerta en los tribunales y en el Consejo de la Magistratura porque dicen que la plata les alcanza solo hasta mayo; la Corte analiza pedir un encuentro de alto nivel con el Gobierno
Hernán CappielloJavier Milei y la Justicia


La principal preocupación en la Justicia por estas horas es por los fondos para el funcionamiento del Poder Judicial, al punto de que la Corte Suprema analiza pedir reuniones de alto nivel con el Gobierno para destrabar el problema presupuestario que se preanuncia para este año dado que según sus cálculos el presupuesto actual alcanza hasta abril o mayo.
Por eso es que un informe que circuló en el Consejo de la Magistratura sobre el crédito vigente, los gastos y su proyección en 2024 al que accedió la nacion propone que se solicite un incremento de crédito presupuestario al PEN por un monto total de 315.965 millones de pesos, que es el total del déficit proyectado para 2024
Se recomienda en forma paralela trabajar en una compensación temporal de partidas a la Corte Suprema para hacer frente a los gastos en las construcciones y equipamiento, a la espera de la aprobación del incremento, como así también a compensar entre proyectos de inversión
El trabajo prevé que en cuanto a los gastos del personal hay un déficit de crédito de 283.000 millones de pesos, el cual impactaría en agosto 2024, aunque se destaca que esta proyección no contempla que se den otros aumentos de sueldo en todo el año, excepto el que otorgó la Corte el 1º de febrero, retroactivo a diciembre.
“El crédito presupuestario no llega al primer semestre”, se sinceró un funcionario judicial. “Si se sigue así en mayo no podés prender la luz”, exageró un funcionario del Consejo de la Magistratura que habló de “parálisis judicial”.
Es que la Justicia no escapa a lo que ocurre con el resto de los servicios que dependen del financiamiento del Estado, como la educación o el transporte público, que vieron recortadas sus prestaciones ante la falta de financiamiento. La Corte ya dio un aumento del 12,5% retroactivo a diciembre para los jueces, funcionarios y empleados y ahora pidió un 18 por ciento, pero para el gremio es insuficiente.
Las reuniones de funcionarios de menor rango se vienen sucediendo para destrabar el día a día. Los interlocutores son funcionarios del Ministerio de Justicia, como el subsecretario Sebastián Amerio, pero también de la Jefatura de Gabinete, de Nicolás Posse, y del Ministerio de Economía, de Luis Caputo, que buscan destrabarle problemas con funcionarios de la Corte.
En el Poder Judicial el conflicto se suscitó luego de que el Gobierno prorrogó el presupuesto del año pasado, como en el resto del Estado. La mayoría del dinero es la que administra el Consejo de la Magistratura para pagar los sueldos de los 22.000 empleados, funcionarios y jueces, y el que administra la Corte para sostener su estructura de unos 4000 empleados, que además del personal propio incluye la morgue, el cuerpo de peritos, mandamientos, notificaciones, la oficina de violencia doméstica, entre otros.
Es decir que el crédito presupuestario que está gastando el Poder Judicial asciende a unos 263.000 millones de pesos, dijeron fuentes del Consejo de la Magistratura. Es decir que ese monto es el que se está consumiendo y no hay a la vista idea de que pueda extenderse.
La Corte había estimado en octubre del año pasado un presupuesto total de 820.436 millones de pesos, de los cuales 168.171.111 eran para la Corte y 652.264.898 para el funcionamiento de los tribunales federales y nacionales en todo el país, que administra el Consejo de la Magistratura. El 95% se va en sueldos. La ley de autarquía financiera asimismo otorga un 3,5% de la recaudación al Poder Judicial, pero los gremios judiciales calculan que debe elevarse al 4,4% para que sea suficiente para atender las demandas.
Fuentes del Consejo de la Magistratura, de los estamentos de jueces, abogados y legisladores señalan que el presupuesto actual alcanza hasta abril o mayo. El dinero es tema de debate en el Consejo de la Magistratura, que no se reunió formalmente en 2024, entre otras cuestiones, porque aún resta que el Poder Ejecutivo designe a su representante.
Su cargo es clave, ya que es el único representante del gobierno de Javier Milei en el Consejo, más allá de sus aliados de Pro y del radicalismo, en el Congreso. La falta de definición sobre quién es el funcionario es uno de los temas que frenan las reuniones del Consejo, donde ya se incorporaron el resto de los consejeros, incluido el senador Luis Juez. Este representante es el destinatario de los reclamos presupuestarios de los consejeros y aspiran a que sea un funcionario que tenga llegada con los dueños de la billetera en el Poder Ejecutivo.
No hay definición del candidato, aunque sí hay una puja entre los que propone el ministro de Justicia y los que promueve Santiago Caputo. Los nombres que circulan son los mismos que el año pasado: Diego Guerendiain y Amerio. Excepto que aparezca un tapado. El macrismo tenía sus postulantes, que quedaron atrás en la pulseada, al menos antes de que se reflotara la alianza entre La Libertad Avanza y Pro.
A pesar de que no hay reuniones del plenario del Consejo de la Magistratura, la semana próxima se reunirán la Comisión de Administración, donde se debatirá el problema presupuestario, y la de Acusación, donde se analizan los casos de los jueces expuestos a juicio político.
Sin definir ternas para nombrar magistrados, los nombres de los 70 pliegos de los candidatos a jueces que serán elevados por el Gobierno en marzo son materia de conversación entre los consejeros de los diversos estamentos y colores políticos y en la propia interna del Gobierno. Los nombres los definió Javier Milei con el ministro Mariano Cúneo Libarona, pero pujan por sus candidatos Pro, el radicalismo, y la interna del Gobierno con postulantes más cercanos a Amerio, a Posse, a Santiago Caputo y hasta sectores de la nueva AFI. Intentó incluso colocar sus candidatos el histórico operador judicial macrista de origen radical Daniel Angelici, pero no salió contento de una reunión con el ministro Cúneo Libarona cuando le dijo que sus elegidos estaban bochados, confió un consejero de la magistratura cercano al espacio.
Mientras no hay temas que votar el asunto sobresaliente es el dinero, pero no hay mucho optimismo en el Consejo de la Magistratura. “No sé si Milei está para darle plata a la Justicia, que le hace la vida imposible con el DNU”, dijo un consejero a la nacion.
Otro integrante del Consejo, en las antípodas políticas señaló: “Estamos expectantes con el Poder Ejecutivo y que se pongan la pilas. Estamos con ganas de trabajar y sacar ternas, pero estamos igual que en diciembre, a la espera de definiciones que no llegan. Siempre estamos esperando algo”, se quejó.
Otro consejero fue menos dramático, pero pronosticó: “Ahora no se siente la falta de plata, en la primera mitad del año, pero después va a haber problemas”, dijo.
Resta asimismo nombrar al administrador del Consejo de la Magistratura, una decisión que pasa por el presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti. Se barajó en diciembre el nombre de un cuadro técnico del propio Consejo, pero no hay definición. De todos modos, sin presupuesto, hay que administrar la pobreza.
Los judiciales, incluidos jueces, obtuvieron de la Corte el 1º de febrero un aumento del 12,5% retroactivo a diciembre y ahora reclaman al menos el 35% para empatarle a la inflación.
La Unión de Empleados de la Justicia Nacional es el gremio que nuclea a los judiciales liderados por Julio Piumato. Durante el gobierno de Alberto Fernández sus protestas a una administración peronista eran funcionales a la Corte; ahora enfrentado con Milei, sigue con las huelgas y reclamos, aunque con menos éxito. “Es preocupante, la Corte dice que el presupuesto no alcanza más allá de mayo, se estaban activando reuniones con el Gobierno. Es una locura manejarse con el presupuesto del año anterior, tiene que haber una garantía de mayores partidas”, dijo el gremialista que estaba en primera fila junto a Pablo Moyano en el paro de la CGT contra el Gobierno el 24 de enero pasado.
Tras un banderazo para reclamar mayores fondos, ahora planean una medida de fuerza para la semana que viene. “Si sale el 18% de aumento, ya estaríamos con una pérdida del 13,2% ante la inflación”, dijo el sindicalista

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El tortuoso camino del mega-dnu en los tribunales, con causas en todo el país
Hay decenas de expedientes para declararlo inconstitucional; la reforma laboral y las cuotas de prepagas, las más cuestionadas

Candela Ini
Mientras un sector de la política espera definiciones del Poder Judicial y en los tribunales aspiran a que el asunto sea saldado en el Congreso, el DNU de Milei está vigente casi en su totalidad. Fue suspendido por la Justicia, a pedido de la CGT y de la CTA, el capítulo del megadecreto que afectaba derechos laborales; y si bien fueron suspendidos en casos individuales los aumentos de las cuotas de la medicina prepaga, todavía sigue vigente en general la desregulación de precios en el ámbito de la salud. Hay decenas de demandas relacionadas con otras temáticas incluidas en el DNU que tramitan en la Justicia para buscar su anulación por inconstitucional, pero en ninguna se dictó un fallo que anule la norma en su totalidad.
El DNU fue cuestionado en su totalidad en los tribunales federales en lo contencioso administrativo. Los esfuerzos del Gobierno estuvieron orientados, durante la feria judicial, a que todos los planteos judiciales fueran tramitados en ese fuero, en un proceso colectivo. Si bien el juez Esteban Furnari inscribió el primer amparo presentado contra el DNU en el Registro de Procesos Colectivos, esa decisión fue revertida durante la feria judicial por el juez de feria Enrique Lavié Pico, que desarticuló el proceso colectivo. En consecuencia, todas las demandas contra el DNU siguieron su curso en los tribunales donde fueron presentadas y se activaron decenas de expedientes. En tanto, y en contra de lo que pretendía el Poder Ejecutivo, siguieron su curso en el fuero laboral las demandas contra el capítulo laboral del decreto.
Más allá del fallo que desarticuló el proceso colectivo, el juez Enrique Lavié Pico optó por rechazar los planteos de la Asociación Observatorio del Derecho de la Ciudad –que agrupaba a Hugo “Cachorro” Godoy y a Claudio Lozano– y de la Asociación Gente del Derecho, que conduce el abogado Jorge Rizzo. Los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco confirmaron esa decisión y rechazaron suspender todo el DNU. Los jueces dijeron que no se está ante un “caso judicial” concreto que implique un perjuicio para el Observatorio. Los camaristas no ahondaron en si el DNU era constitucional o no, sino que dijeron que no había una controversia o afectación concreta sobre la que resolver. Y señalaron que “el control encomendado a la Justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere inexorablemente que el requisito de la existencia de un ‘caso’ o ‘controversia judicial’ sea observado rigurosamente para la preservación del principio de división de los poderes”.
En el fuero laboral los planteos que más relevancia tuvieron los formularon la CGT, la CTA y la Federación Única de Viajantes de Comercio de la Argentina. Las tres entidades gremiales obtuvieron cautelares a su favor. Y el único de los expedientes que tiene resuelto el fondo es el de la CGT: la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo determinó en el marco de ese planteo que el capítulo 4 del DNU es inconstitucional. El argumento de los jueces Héctor Guisado, Mario Fera y Manuel Diez Selva fue que las modificaciones a las leyes laborales que decretó Milei deben ser analizadas y aprobadas en el Congreso. El jueves pasado el Poder Ejecutivo presentó, en el marco de esa causa, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Por ahora se mantiene vigente la suspensión del capítulo 4 .
El DNU derogó los artículos de la ley de prepagas (26.682), vigente desde hace más de una década, referidos a la regulación de los precios en la actividad, y estableció que se deben “liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga”, en uno de los artículos que más impugnaciones recibió en la Justicia.
Los planteos en torno a los aumentos se multiplicaron en los tribunales en lo civil y comercial, pero fueron, en su mayoría, amparos individuales de usuarios que alegaron haber sido damnificados por el DNU y exhibieron razones puntuales. Tuvieron resoluciones favorables que dejaron sin efecto, mediante el dictado de medidas cautelares, los aumentos. No hubo, por el momento, un fallo que suspenda los incrementos de las prepagas en general. Pero sí hay una causa inscripta en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema, que es la que lleva adelante la jueza de San Martín, Martina Forns, en la que se discute “si es justo y razonable el aumento en la cuotas aplicado respecto de todos los afiliados de la Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires”.
En otro fallo firmado en el partido de San Martín dos semanas atrás, el juez de Mercedes Elpidio Portocarrero de Tezanos Pinto dejó sin efecto los aumentos que cuestionó un jubilado de 78 años cuyos haberes son inferiores a la cuota que fue incrementada por la desregulación. El mismo juez dictó una cautelar que dejó sin efecto los artículos del DNU que permiten que los clubes de fútbol se transformen en sociedades anónimas deportivas (SAD), otra de las tantas temáticas incluidas en el mega-dnu.
También motivó la apertura de al menos dos expedientes la derogación de la ley de tierras. En la causa que tramita en un juzgado civil y comercial de La Plata, el juez Ernesto Kreplak derogó durante la feria judicial los artículos del DNU relacionados con esta cuestión ambiental. Pero su par Alberto Recondo dejó sin efecto esa cautelar cuando finalizó la feria y sigue vigente la derogación de la ley de tierras, que limitaba la compra de propiedades fronterizas por parte de extranjeros.
Ante los fallos desfavorables en el fuero laboral, el Gobierno siguió el camino para llegar a la Corte Suprema y ya presentó al menos dos recursos extraordinarios. En el máximo tribunal ya hay una demanda presentada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien pretende que sea declarado inconstitucional y dejado sin efecto el mega-dnu. Pero los ministros de la Corte ya dejaron trascender que no debe esperarse una pronta definición de su parte y esperan que el Congreso se aboque al tratamiento del DNU y sea allí donde se defina si se aprueba o rechaza el megadecreto.

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