LA HISTORIA DETRÁS DE LA HISTORIA Y EL MEDIO ES EL MENSAJE

Lo que no vi en la megacárcel de Bukele
Julieta Nassau
Eran las 18.31 del martes 6 de febrero y yo estaba volviendo al hotel de San Salvador junto a dos camarógrafos con los que había trabajado todo el día. Arrancamos con una entrevista al ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, y seguimos con varias notas en distintos puntos de la capital. Ya había anochecido y mi plan era terminar de desgrabar la entrevista y preparar las cosas para emprender el regreso a la mañana siguiente.
Eran las 18.31 y entró una llamada a mi celular. Era Wendy Ramos, de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno de Nayib Bukele, la encargada de centralizar los pedidos de la prensa internacional. “¿Viste mi mensaje?”, me preguntó, algo acelerada. Yo no había llegado a ver el Whatsapp que me había mandado un minuto antes. Entonces fue al grano: en media hora salía un contingente hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) desde el estacionamiento de la Casa Presidencial. No lo podía creer: después de tanto insistir, finalmente había conseguido entrar a la megacárcel insignia de la “guerra contra las pandillas” de Bukele. Confirmé que iba y a los camarógrafos –que entendían de qué iba la conversación– se les transformó la cara. Es que un día antes me habían dicho que la visita a la prisión –esa que había pedido incluso antes de viajar a El Salvador– no se concretaría. Entonces grabamos todo el día y las cámaras ya no tenían batería.
No importa, voy sola. El desafío era llegar a tiempo. El tránsito de San Salvador puede ser muy traicionero.
Llegué unos minutos tarde, y ahí seguían: dos combis y una pick-up con más de una docena de periodistas listos para salir a la megacárcel. Arrancamos. De las calles de San Salvador pasamos a una autopista iluminada y después a una ruta oscura y desolada. Unos 45 minutos después, la combi frenó. Nos rodearon militares fuertemente armados. Bajamos.
A los hombres los cachearon intensamente. A las mujeres no, pero revisaron nuestras carteras y los vehículos.
Unos 15 minutos después llegamos al Cecot. Nos recibieron más militares y policías. Al ingresar, la inspección era muy exhaustiva, como conté en una crónica al día siguiente. A pesar de una negativa inicial, logramos entrar con los celulares, para poder grabar y sacar fotos. Solo servían para eso, de todas maneras. Hacía varios kilómetros que habíamos perdido la señal; es parte de la estrategia para aislar a los pandilleros.
Tuvimos una breve charla de introgigante) ducción con el director de la cárcel, nuestro guía de ese tour coreografiado. Nos dijo que todos los presos del Cecot son pandilleros de “alto perfil criminal” y los culpables de la tragedia que los salvadoreños padecieron durante años. Asesinos seriales condenados a décadas, e incluso siglos, de prisión. Nos advirtió que no cruzáramos las líneas amarillas que hay en el piso cerca de las celdas por nuestra seguridad. Y que no los miráramos a los ojos: “No hagan contacto visual. El lenguaje no verbal es algo que ellos manejan muy bien”.
¿Cómo hacer para no mirarlos? Si una vez dentro del módulo 3 (uno de los ocho pabellones iguales en esa prisión estaban todos expuestos como en una vidriera. Esos hombres que en algún momento se creían dueños del país, y de la vida de miles de personas, estaban ahí, obligados a mirar al frente, para que nosotros, los foráneos, les viéramos las caras, los tatuajes, el sometimiento y, en algunos casos, la violencia contenida.
Lo que más me impactó fueron los tres presos que estaban fuera de las celdas, con las manos y los pies esposados, frente a una pared, con la cabeza gacha, hiperrodeados de agentes de seguridad encapuchados. A uno de ellos lo usaron para mostrarnos cómo funciona, técnicamente, el “área médica”. “Pasen”, nos dijo el director. “Acá la señorita está preparando al interno. El procedimiento es talla y peso, toma de signos vitales, para posteriormente pasar acá con el médico”, señalaba, mientras una mujer con un guardapolvo y una gorra descartables celestes le tomaba la presión a un preso. El detenido, empujado por un agente penitenciario, no oponía resistencia. Él no buscaba contacto visual, solo quería que terminara la exhibición.
Toda la visita parecía un gran montaje, pero esa escena se sentía especialmente forzada. Una ficción. La prisión es tan nueva y aséptica (se inauguró hace algo más de un año) que da la sensación de que, si sacaran a todos los presos y las rejas, sería difícil reconocer que allí funcionaba una cárcel de máxima seguridad. Todavía no hay marcas en las paredes ni desarrolló algún olor propio. Eso hace que todo parezca aún más surrealista.
Escribí trece notas desde El Salvador. Pero la de la cárcel fue sin dudas la que más impactó. “¿Te dio miedo?”, “¿los drogan para tenerlos tranquilos?”, “¿cómo hacen para que no se peleen?”, me consultan colegas y amigos. Para muchas de esas preguntas no tengo respuesta, pero la que más me aturde es la que yo misma me hice al salir del módulo 3: ¿algún día sabré qué pasa verdaderamente en el Cecot?ß
“¿Los drogan para tenerlos tranquilos?; ¿cómo hacen para que no se peleen?”: son algunas preguntas sin respuesta

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Detrás del match Milei-lali, lo que realmente importa
Pablo Sirvén
Sería un gesto precioso si se hiciera costumbre que figuras del espectáculo que ganan fortunas gracias a su talento, el fervor del público y la suerte –se llamen Lali Espósito o Fátima Florez, por solo mencionar a dos de tantas más– quisieran donar sus cachets en presentaciones pagadas con dinero público proveniente de la Nación, las provincias o las municipalidades a acciones muy concretas a llevar a cabo en esas mismas zonas en las que actúan. Ojo: no estamos diciendo que no cobren, porque esa plata ahorrada podría ser dilapidada por el funcionario de turno sin rendir cuentas a nadie. No. Lo que sería fabuloso, en cambio, es que derivaran por propia voluntad esos honorarios a alguna necesidad urgente de la localidad que las contrató. Así dejarían dos lindos recuerdos: no solo haber deparado un grato momento de esparcimiento al público local –por otra parte, tan necesario; créanlo, no es un tema menor–, sino que dejarían otra huella solidaria e indeleble para esa comunidad.
De todos modos, es necesario aclarar que cuando un artista de peso cobra del Estado por su trabajo no está delinquiendo ni incurriendo en ningún chanchullo. Simplemente recibe su paga en contraprestación por sus servicios profesionales.
Managers y representantes de artistas relevantes o de bandas muy convocantes no dejan de subrayar que, por lo general, ese tipo de contrataciones suelen cotizarse a valores sustancialmente más altos que si el mismo acuerdo fuese cerrado en el ámbito privado. La razón es muy simple: los recitales en vivo, con entrada libre, suponen cierto lucro cesante por un tiempo para esa figura, ya que nadie está dispuesto a pagar una entrada de algo que se acaba de ver gratis.
Pero es verdad que hay cifras y cifras. El artista debería procurar poner su sensibilidad en estado de alerta para rehuir pagos que, aun mereciéndolos por su poder de convocatoria y facturación monumental, pueden hacer un feo contraste en aquellas comarcas donde la emergencia social está a la vista. Eso sí, se perderá de embolsar unos cuantos pesos, pero a la noche podrá dormir con la tranquilidad de saber que esa manera de proceder resulta más vadespués liosa y eficaz que cualquier consigna tribunera que pueda emitir desde el escenario, mientras su cuenta bancaria no deja de engordar.
Lo ideal sería que no mezclara una cosa con otra, porque puede ensuciar su labor y fastidiar a una parte del público que no comulgue con sus expresiones. Por eso a mucha gente le irrita no tanto lo que puedan cobrar artistas cuando se presentan esponsoreados por dineros públicos, sino porque algunos de ellos contrabandean discursos políticos cercanos, o idénticos, a los del pagador. El ejemplo de Mercedes Sosa debería servir siempre de norte: enorme artista que no necesitaba cada vez que subía al escenario hacer flamear su ideología.
Los ásperos intercambios de los últimos tiempos entre el presidente Javier Milei y la artista pop Lali Espósito no dejan ver el problema de fondo: que no es posible que los estados, en cualquiera de sus tres niveles, manejen millonarios recursos para estos menesteres con total discrecionalidad, en tanto lloran miseria de que no pueden cubrir otras necesidades más urgentes.
Si el Estado tiene triste fama de pagar muy poco a sus médicos, educadores y a los miembros de las fuerzas de seguridad, ¿por qué habría de oblar ingresos ocasionales de privilegio para los artistas que contrata? ¿Por qué esa diferencia tan odiosa? Hay profesores en facultades de la UBA que trabajan por una paga ínfima, además de procurarse un sustento, por su abnegada vocación de enseñar y por la pátina de prestigio que da esa casa de altos estudios a su staff docente.
Lo mismo debería sentir un artista si es invitado por una repartición estatal a cantar en un escenario montado en el Obelisco o en otros lugares relevantes del país frente a un público masivo, aunque la paga fuera más simbólica que contundente. De hecho, hay señores artistas que actúan en escenarios del Complejo Teatral de Buenos Aires por honorarios muy ajustados y, sin embargo, experimentan orgullo y placer en contribuir a que, con precios muy accesibles, muchísima gente acceda a obras de repertorio que los hace mejores. La calidad de vida de una sociedad no solo depende de los gobernantes. Todos podemos –debemos– contribuir.
Esto también hay que decirlo: no todo lo resuelve el mercado, muchísimo menos en el ámbito cultural y artístico. Si todo se dejara librado al exclusivo principio de la rentabilidad privada, solo veríamos lo que “funciona”, que no siempre es lo de mayor calidad ni suficientemente diverso. Pero tampoco esos fondos pueden quedar en manos de burócratas grises e infradotados que solo buscan su tajada para hacer campaña o, peor, para morder parte del botín con comisiones ocultas.
La polémica por los fondos públicos que pagan millonarios cachets a figuras populares impide ver con claridad importantes matices

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