EDITORIAL

El cínico mensaje de Cristina Kirchner
El reciente documento de la expresidenta exhibió sus contradicciones, su ignorancia en materia económica y un peligroso afán destituyente
No menos que indignación puede provocar el documento de 33 páginas que, horas atrás, dio a conocer la expresidenta Cristina Kirchner para reflexionar sobre el momento político y económico que atraviesa el país y cuestionar la gestión del gobierno encabezado por Javier Milei.
En su declaración, titulada “Argentina en su tercera crisis de deuda”, la exjefa del Estado pretende olvidar que la fuerza política que conduce ha gobernado durante 16 de los últimos 20 años y que el país no crece desde 2011, al tiempo que la generación de empleo privado se halla estancada desde entonces, en buena medida como consecuencia de las nefastas políticas intervencionistas e inflacionarias puestas en marcha durante su propia gestión presidencial. Una vez más, la expresidenta exhibió su ignorancia en materia económica, al desconocer que la principal causa de la inflación es la emisión espuria de moneda, alimentada por el creciente déficit fiscal, al tiempo que también desconoció que el gobierno de Alberto Fernández –su gobierno– fue uno de los que más incentivaron el endeudamiento del Estado.
Algunos observadores podrán tomar como un dato novedoso que la exmandataria admitiese la necesidad de repensar algunos aspectos del llamado modelo kirchnerista y que, en tal sentido, puntualizara que se debe “revisar la eficiencia del Estado”, que “no basta con la consigna Estado presente para resolver los del país” y que debería evaluarse la incorporación de capital privado a las empresas públicas.
Las contradicciones entre lo que postula y lo que hizo cuando estuvo en el gobierno y cuando acompañó a Alberto Fernández como vicepresidenta son más que plausibles. Hizo todo lo posible por seguir sembrando semillas para transformar al Estado en cada vez más elefantiásico e ineficiente, al tiempo que el listado de empresas estatizadas o transferidas parcialmente al sector público durante las gestiones kirchneristas alcanza a AySA, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Tandanor e YPF. Esta última, gracias a la manifiesta incompetencia de uno de sus adláteres, implicó un juicio millonario por el cual el Estado argentino debería pagar unos 16.000 millones de dólares.
También refiere la expresidenta que debería discutirse seriamente “un plan de actualización laboral que brinde respuesta a las nuevas formas de relaciones laborales surgidas a la luz de los avances tecnológicos y de la pandemia”. Sin embargo, estando en el oficialismo, se preocupó por bloquear cualquier intento de modernización laboral.
La expresidenta pidió además reflexionar sobre la situación de los sistemas educativo y sanitario. Reconoció que muchas familias de clase media y media baja envían a sus hijos a escuelas privadas “para que tengan clases todos los días” y, respecto de la salud, desentendiéndose, se quejó de que los tiempos de acceso o las espemar ras por turnos “se alargan cada vez más tanto en hospitales y salitas como en el sector privado, condenando al pueblo a una peregrinación sanitaria indigna y a los profesionales de la salud a una tensión que quiebra la relación médico-paciente”.
Nadie puede ignorar que se trata de problemas que se han profundizado durante las sucesivas gestiones kirchneristas y que incidieron, sin duda, en el alejamiento de ese movimiento político que protagonizó buena parte de los segmentos medios y bajos de la sociedad en las últimas elecciones presidenciales. Sin embargo, la expresidenta prefiere seguir optando por responsabilizar de todo a los demás, sin ensayar un mínimo atisbo de autocrítica.
El mensaje de Cristina Kirchner no deja de tener un aire destituyente, por cuanto hace referencia a “otras fuerzas políticas” que en distintas etapas “no pudieron terminar sus mandatos” porque “no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan”. Aludió irresponsablemente, además, al hecho de que, pese a ser elegido presidente con el 48% de los votos, Fernando de la Rúa “terminó presentando su renuncia después de declarar el estado de sitio que provocó 38 muertos y represión en la Plaza de Mayo y en distintos lugares del país”. Una advertencia al actual gobierno nacional proveniente de quien observa con temor una escena de potenciales reagrupamientos que mermarían aún más su alicaído protagonismo.

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Nada para festejar
Al concluir la sesión de la Cámara de Diputados en la que, finalmente, se terminó cayendo el ambicioso proyecto de ley ómnibus presentado por el Gobierno, pudieron verse manifestaciones de júbilo de aquellos legisladores que habían anunciado previamente que no apoyarían ninguna de las medidas propuestas con el fin de encontrar soluciones a la crisis. Eso se debió a que esas iniciativas provienen de un oficialismo al que muchos han juramentado combatir por expresar una ideología que repudian, como una cuestión de fe.
Ya antes de las votaciones que condujeron al rechazo de varias de las iniciativas contenidas en el proyecto de ley, los legisladores de izquierda habían dado una lección de despropósito al abandonar el recinto por no estar de acuerdo con el minuto de silencio dispuesto por el fallecimiento del expresidente de Chile Sebastián Piñera. Es esto una clara muestra de cómo conciben algunos representantes de la clase política su misión. Cuando concurren al Congreso lo hacen para confirproblemas su adhesión a la ideología que profesan, y con ese solo fin hablan o actúan.
Cabe señalar que desde otros espacios también hubo quienes lamentaron la situación, incluso quien derramó literalmente lágrimas ante un esfuerzo malogrado que echó por tierra valiosos acuerdos alcanzados en cuestiones tratadas en las sesiones extraordinarias. Algunas de ellas eran de tal relevancia que, francamente, que hubieran quedado nuevamente en el camino era ciertamente penoso cuando la ciudadanía aguarda ver plasmados sin demoras los frutos de las negociaciones y conversaciones que la política debe dar.
Para ser claros. La Argentina es un barco en situación de naufragio y muchos de sus tripulantes parecen no entenderlo. Lejos de pretender agradar a los conductores de cada espacio, posicionarse mejor para su carrera política o “vencer” a los contrincantes haciendo caer sus iniciativas, como quien consigue una anotación en una competencia deportiva, se desentienden de su verdadera misión. El país requiere de soluciones inmediatas a los graves problemas que nos atraviesan. Y si los instrumentos legales elegidos no se consideran aptos, el deber de nuestros representantes es buscar cómo mejorarlos hasta alcanzar un mínimo de coincidencias para que alguna de las buenas iniciativas puedan ponerse en práctica de una buena vez. Cuando un barco se hunde, alegrarse porque se haya desechado un plan de salvataje sin que se lo reemplace inmediatamente por otro es al menos irresponsable, por no decir necio e insensato.
El tiempo apremia. Así como celebramos que los diputados hayan honrado el compromiso asumido con sus votantes trabajando denodadamente en sesiones extraordinarias, también querríamos celebrar que entienden la emergencia que enfrentamos. La inexperiencia de algunos y el abroquelamiento de otros detrás de viejas e inconducentes rencillas amenazan con escorar aún más la nave. Nada hay hoy para festejar. Es tiempo de construir los consensos que den andamiaje y sustentabilidad a los cambios que necesitamos.

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