Cinco gobernadores iniciaron acciones legales contra la Nación por la quita de subsidios
Ya promovieron causas individuales Chubut, Santiago del Estero y La Rioja; Neuquén y Río Negro enviaron intimaciones al Gobierno; analizan una demanda común y se prevén más presentaciones
Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– Mientras los gobernadores intentan definir una presentación judicial en un frente común contra los recortes de fondos establecidos por ley por parte de la Nación, comenzaron a ingresar presentaciones de varios mandatarios. Ya avanzaron por el camino legal el chubutense Ignacio Torres, el santiagueño Gerardo Zamora, el rionegrino Alberto Weretilneck y el neuquino Rolando Figueroa. Esos reclamos se sumaron a los que ya había presentado ante la Corte Suprema el riojano Ricardo Quintela.
El presidente Javier Milei profundiza sus críticas a los gobernadores y, desde el área de Economía, Luis Caputo, además de eliminar el fondo complementario para el transporte del interior, frenó el envío de los recursos del Fondo de Incentivo Docente –ambos son dineros con “trazabilidad”– y tampoco giró el 30% del impuesto PAIS que, también por ley, se destina a financiar programas de infraestructura social en provincias y municipios.
La Casa Rosada sostiene que el peso del ajuste recae sobre el gobierno nacional y los mandatarios provinciales también deben adecuarse a las limitaciones presupuestarias.
La semana pasada la mayoría de los gobernadores acordaron que sus equipos técnicos analizarían las presentaciones de acciones judiciales contra los recortes de fondos que impulsó el Poder Ejecutivo.
El mayor problema, reconocen, son los “tiempos de la Justicia”.
Admiten que mientras esperan las determinaciones los montos se irán licuando.
Sin embargo, a medida que pasan los días, también sostienen que las posibilidades de “soluciones políticas” se reducen.
El bonaerense Axel Kicillof, el santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora están entre los que podrían ir a la Justicia en las próximas horas.
Hace dos días, Torres presentó una cautelar ante la Justicia Federal para exigir “el pago del subsidio nacional al transporte público de pasajeros”. El pedido también lleva la firma del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, de Unión por la Patria, quien acompañó la iniciativa porque sostuvo que esa zona “es la más perjudicada por la medida”.
El chubutense explicó que desde diciembre su gobierno aumentó 50% el monto total de la erogación correspondiente al subsidio al transporte que depende de la provincia: “Con la baja del subsidio nacional, Comodoro Rivadavia sería la ciudad más perjudicada de Chubut. Cuenta con la mayor cantidad de pasajeros que se trasladan diariamente en su tejido urbano, demandando entre el 60% y el 70% del subsidio que se destina a esa localidad”.
Zamora, después de una reunión de gabinete, instruyó a la Fiscalía de Estado para recurrir a la vía judicial ante los recortes de la Nación. Desde el gobierno santiagueño plantearon: “No son los gobiernos provinciales los afectados, son los docentes que dejan de percibir esos montos, son los usuarios del transporte público de pasajeros, son los trabajadores y estudiantes a lo largo y ancho del país”.
Añadieron que desde que asumió Milei no se cumple con la ley de presupuesto vigente y “hay incertidumbre incluso sobre los fondos nacionales para comedores escolares, alimentos para celíacos, el fondo de conectividad y material didáctico para el alumnado, las obras públicas en ejecución, los distintos programas de salud, como ser la entrega de medicamentos para tratamientos especiales como los oncológicos, los de VIH, los de recién nacidos con enfermedades genéticas y otros medicamentos llamados catastróficos, que por ley la Nación debe comprar y entregar directamente a los beneficiarios, como también el programa Remediar”.
En Río Negro, los legisladores de los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro, junto al senador nacional Martín Doñate, el diputado nacional Martín Soria e intendentes presentaron ayer ante la Justicia Federal un reclamo en defensa del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y del subsidio al transporte.
“No hay margen para los matices ni las diferencias domésticas. Ante estas situaciones graves, [son necesarios] acuerdos de Estado para defendernos del centralismo porteño”, indicaron en referencia a que el gobierno provincial haría lo mismo.
Concesiones
Por fuera de la cuestión de los fondos económicos, ayer, en una acción conjunta, Weretilneck y Figueroa notificaron al Estado nacional respecto de la gestión de concesiones hidroeléctricas en la región.
El rionegrino envió una carta documento al Ministerio del Interior que repasa los artículos de la Constitución nacional que “establecen el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, así como en los artículos 70, 71 y 81 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, que refuerzan la propiedad originaria de los recursos naturales en su territorio, dejando en claro la potestad de la provincia para controlar y regular el uso de estos recursos”.
Figueroa hizo lo propio con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo.
La carta documento indica que “ante la falta de respuestas y de evasivas por parte del Estado nacional, la provincia se ve forzada a intimar y exigir que se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas sin antes dar participación a la provincia”.
Se refirió a los aprovechamientos hidroeléctricos de los ríos Limay y Neuquén, y puntualmente a las concesiones de El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Arroyito, cuyos períodos de transición fueron recientemente prorrogados.
El foco de las intimaciones recae precisamente en el inminente vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén.
Ambos gobernadores “exigen que el Estado nacional y sus dependencias se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de esos complejos hidroeléctricos sin obtener previamente el consentimiento de las provincias”.
Los mandatarios provinciales advierten que cualquier acción unilateral por parte del gobierno nacional “será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia”. Apuntan, además, que podrían iniciar acciones legales.
CONVOCARÁN A LA PARITARIA DE LOS DOCENTES
El medio de la creciente tensión entre el Gobierno y los sindicatos, luego de que la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, pusiera en duda el inicio de clases en todo el país, la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, convocará a las paritarias docentes nacionales, según confirmaron a fuentes allegadas la nacion a la cartera educativa. Si bien aún no se brindaron detalles de cuándo será la convocatoria del Gobierno, que encabezará el secretario de Educación, Carlos Torrendell, con los cinco principales gremios de Educación, -Ctera, Amet, UDA, CEA y Sadop, las mismas fuentes dejaron entrever que el encuentro “será en los próximos días” y que podría darse a mediados de la semana próxima.
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El Gobierno busca ahora avanzar por decreto tras la caída de la ley ómnibus
Reactiva una “mesa técnica” que se reúne hoy con Sturzenegger a la cabeza; apelaría a los DNU y a las resoluciones ministeriales
CÓRDOBA.– Mientras los gobernadores intentan definir una presentación judicial en un frente común contra los recortes de fondos establecidos por ley por parte de la Nación, comenzaron a ingresar presentaciones de varios mandatarios. Ya avanzaron por el camino legal el chubutense Ignacio Torres, el santiagueño Gerardo Zamora, el rionegrino Alberto Weretilneck y el neuquino Rolando Figueroa. Esos reclamos se sumaron a los que ya había presentado ante la Corte Suprema el riojano Ricardo Quintela.
El presidente Javier Milei profundiza sus críticas a los gobernadores y, desde el área de Economía, Luis Caputo, además de eliminar el fondo complementario para el transporte del interior, frenó el envío de los recursos del Fondo de Incentivo Docente –ambos son dineros con “trazabilidad”– y tampoco giró el 30% del impuesto PAIS que, también por ley, se destina a financiar programas de infraestructura social en provincias y municipios.
La Casa Rosada sostiene que el peso del ajuste recae sobre el gobierno nacional y los mandatarios provinciales también deben adecuarse a las limitaciones presupuestarias.
La semana pasada la mayoría de los gobernadores acordaron que sus equipos técnicos analizarían las presentaciones de acciones judiciales contra los recortes de fondos que impulsó el Poder Ejecutivo.
El mayor problema, reconocen, son los “tiempos de la Justicia”.
Admiten que mientras esperan las determinaciones los montos se irán licuando.
Sin embargo, a medida que pasan los días, también sostienen que las posibilidades de “soluciones políticas” se reducen.
El bonaerense Axel Kicillof, el santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora están entre los que podrían ir a la Justicia en las próximas horas.
Hace dos días, Torres presentó una cautelar ante la Justicia Federal para exigir “el pago del subsidio nacional al transporte público de pasajeros”. El pedido también lleva la firma del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, de Unión por la Patria, quien acompañó la iniciativa porque sostuvo que esa zona “es la más perjudicada por la medida”.
El chubutense explicó que desde diciembre su gobierno aumentó 50% el monto total de la erogación correspondiente al subsidio al transporte que depende de la provincia: “Con la baja del subsidio nacional, Comodoro Rivadavia sería la ciudad más perjudicada de Chubut. Cuenta con la mayor cantidad de pasajeros que se trasladan diariamente en su tejido urbano, demandando entre el 60% y el 70% del subsidio que se destina a esa localidad”.
Zamora, después de una reunión de gabinete, instruyó a la Fiscalía de Estado para recurrir a la vía judicial ante los recortes de la Nación. Desde el gobierno santiagueño plantearon: “No son los gobiernos provinciales los afectados, son los docentes que dejan de percibir esos montos, son los usuarios del transporte público de pasajeros, son los trabajadores y estudiantes a lo largo y ancho del país”.
Añadieron que desde que asumió Milei no se cumple con la ley de presupuesto vigente y “hay incertidumbre incluso sobre los fondos nacionales para comedores escolares, alimentos para celíacos, el fondo de conectividad y material didáctico para el alumnado, las obras públicas en ejecución, los distintos programas de salud, como ser la entrega de medicamentos para tratamientos especiales como los oncológicos, los de VIH, los de recién nacidos con enfermedades genéticas y otros medicamentos llamados catastróficos, que por ley la Nación debe comprar y entregar directamente a los beneficiarios, como también el programa Remediar”.
En Río Negro, los legisladores de los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro, junto al senador nacional Martín Doñate, el diputado nacional Martín Soria e intendentes presentaron ayer ante la Justicia Federal un reclamo en defensa del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y del subsidio al transporte.
“No hay margen para los matices ni las diferencias domésticas. Ante estas situaciones graves, [son necesarios] acuerdos de Estado para defendernos del centralismo porteño”, indicaron en referencia a que el gobierno provincial haría lo mismo.
Concesiones
Por fuera de la cuestión de los fondos económicos, ayer, en una acción conjunta, Weretilneck y Figueroa notificaron al Estado nacional respecto de la gestión de concesiones hidroeléctricas en la región.
El rionegrino envió una carta documento al Ministerio del Interior que repasa los artículos de la Constitución nacional que “establecen el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, así como en los artículos 70, 71 y 81 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, que refuerzan la propiedad originaria de los recursos naturales en su territorio, dejando en claro la potestad de la provincia para controlar y regular el uso de estos recursos”.
Figueroa hizo lo propio con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo.
La carta documento indica que “ante la falta de respuestas y de evasivas por parte del Estado nacional, la provincia se ve forzada a intimar y exigir que se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas sin antes dar participación a la provincia”.
Se refirió a los aprovechamientos hidroeléctricos de los ríos Limay y Neuquén, y puntualmente a las concesiones de El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Arroyito, cuyos períodos de transición fueron recientemente prorrogados.
El foco de las intimaciones recae precisamente en el inminente vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén.
Ambos gobernadores “exigen que el Estado nacional y sus dependencias se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de esos complejos hidroeléctricos sin obtener previamente el consentimiento de las provincias”.
Los mandatarios provinciales advierten que cualquier acción unilateral por parte del gobierno nacional “será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia”. Apuntan, además, que podrían iniciar acciones legales.
CONVOCARÁN A LA PARITARIA DE LOS DOCENTES
El medio de la creciente tensión entre el Gobierno y los sindicatos, luego de que la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, pusiera en duda el inicio de clases en todo el país, la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, convocará a las paritarias docentes nacionales, según confirmaron a fuentes allegadas la nacion a la cartera educativa. Si bien aún no se brindaron detalles de cuándo será la convocatoria del Gobierno, que encabezará el secretario de Educación, Carlos Torrendell, con los cinco principales gremios de Educación, -Ctera, Amet, UDA, CEA y Sadop, las mismas fuentes dejaron entrever que el encuentro “será en los próximos días” y que podría darse a mediados de la semana próxima.
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El Gobierno busca ahora avanzar por decreto tras la caída de la ley ómnibus
Reactiva una “mesa técnica” que se reúne hoy con Sturzenegger a la cabeza; apelaría a los DNU y a las resoluciones ministeriales
Maia Jastreblansky
Federico Sturzenegger PRiNCiPAL ASESOR PRESiDENCiAL El asesor que es considerado el “cerebro” detrás del megaDNU y de la ley ómnibus –que fracasó en el Congreso– regresó de EE.UU. tras participar de una conferencia en la Universidad de Harvard.
El Gobierno reactivará en las próximas horas una “mesa técnica” para avanzar por decreto con distintos puntos de la “Ley de bases” que quedaron frustrados cuando Javier Milei decidió retirar el proyecto del Congreso, además de acelerar otras normas que la gestión libertaria tenía en el tintero para desregular la economía y reformar el Estado.
Federico Sturzenegger –que volvió a Buenos Aires tras participar de un seminario en la Universidad de Harvard– estuvo ayer en la Casa Rosada con los equipos de la Jefatura de Gabinete, mientras el Presidente permanecía en Olivos, trabajando y descansando.
El economista, que fue uno (aunque no el único) de los padres intelectuales del mega-DNU de Milei y de la “ley ómnibus”, tiene previsto participar de la primera reunión de la “mesa técnica” para avanzar con distintos aspectos de la ley frustrada por “otras vías”, anticiparon en Balcarce 50.
De esa “mesa” participará Sturzenegger con sus colaboradores (donde talla el economista Maximiliano Fariña), junto con el equipo de la Jefatura de Gabinete encabezado por el segundo de Nicolás Posse, José “Cochi” Rolandi. Según pudo reconstruir se espera que de la reunión participen también el secretario legal y técnico, Javier Herrera Bravo, y el asesor presidencial Santiago Caputo, que es la voz de Milei en esas reuniones y tiene poder de decisión en materia de estrategia política.
Un trabajo similar al que se pretende encarar ahora se había hecho en la transición que separó el balotaje de la asunción presidencial. En esa época, el equipo técnico de Posse junto a Eduardo Rodríguez Chirillo (quien luego asumiría como secretario de Energía) y el staff de Sturzenegger debatieron qué reformas se harían por decreto y cuáles recalarían en un proyecto de ley. Fruto de ese trabajo fue que quedaron redactados, por un lado, el mega-DNU y, por el otro, la “ley ómnibus”.
Fracasada la “Ley de bases” (y frenado el capítulo laboral del DNU), la gestión de Milei se propone
avanzar con algunas de las reformas frustradas utilizando otras vías, como los decretos o incluso la reglamentación simple. Dado que muchos de los capítulos de la ley involucran cuestiones tributarias o penales (que solo pueden regularse por ley), se espera que el alcance de las reformas se modere sustancialmente. Eventualmente, algún capítulo podría volver al Congreso (se habla de aquellos que apuntan a la reactivación económica).
“Hay que definir qué va por decreto, qué va por regulación simple y, eventualmente, si hay que mandar alguna ley al Congreso bien puntual”, dijo una fuente oficial
El Gobierno también tiene previsto avanzar con otros proyectos de desregulación y de reformas del Estado diferentes de todo lo que se conoció hasta ahora. Son temas que quedaron en la carpeta de desregulaciones que redactó Sturzenegger cuando colaboraba con Patricia Bullrich en la campaña presidencial y un paquete que luego hizo propio Milei antes de asumir.
“Hay que acordarse de que en la ley bases y en el DNU solo tocamos el 20% de lo que teníamos estudiado”, dijo a un colaborador la nacion muy al tanto del trabajo que se comenzará a hacer en estas horas.
Según fuentes de la Casa Rosada, entre los puntos a trabajar en el reencuentro de la “mesa técnica” podría figurar el capítulo vinculado a los fondos fiduciarios, que Milei calificó de “las cajas negras de la política”. El Presidente anticipó en una entrevista con LN+ que su intención es eliminar los fideicomisos por decreto. El debate de la ley ómnibus se trabó en este punto porque la Casa Rosada pretendía disponer a voluntad sobre los fondos fiduciarios, que implican una partida anual que oscila entre los 8000 y 10.000 millones de dólares, con controles muy lábiles.
También se podría avanzar con el capítulo para promover inversiones (siempre y cuando no alcance a la esfera tributaria) y otras desregulaciones en distintos sectores económicos.
“Hay temas de desregulación que pueden caminar por decreto o regulación simple, así que estamos evaluando cada uno”, dijo un importante colaborador oficial. Agregó que, además, es posible que se retome sin pasar por el Congreso el capítulo vinculado a la cultura. “El sistema de subsidios del Incaa nos parecía bueno modificarlo por ley, pero en rigor podemos hacerlo con la reglamentación propia del instituto”, advirtió.
El asunto más urgente
En la mesa, en tanto, podría abordarse el asunto más urgente que dejó la caída de la ley, que es el de las jubilaciones. El artículo 106º del proyecto frustrado proponía eliminar la fórmula de movilidad actual y darle al Poder Ejecutivo todas las prerrogativas para actualizar discrecionalmente los haberes hasta que hubiese un nuevo cálculo. Pero la ley cayó y hoy sigue vigente la fórmula que rige desde fines de 2020, y que es muy perjudicial para los jubilados en épocas de alta inflación.
La intención del Gobierno de reactivar su mesa técnica, en la que tiene protagonismo Sturzenegger, también está relacionada con la posibilidad de que –además de apelar a los decretos y las resoluciones ministeriales–, el oficialismo pueda enviar al Congreso proyectos de ley –por separado, ya no en un formato ómnibus– para avanzar con reformas que estaban incluidas en la “Ley de bases”.
Por eso, en el Congreso comenzaron los contactos entre diputados y senadores libertarios con otros bloques. Pero todo será de cara a las sesiones ordinarias, que comenzarán oficialmente el 1º de marzo.
A pesar de la pelea, designan a otro cordobés en fadea
CÓRDOBA.– Fernando Sibilla asumió como presidente del directorio de la fábrica militar de aviones Brigadier San Martín SA (Fadea). Se trata de un hombre de Martín Llaryora, a pesar de la pelea que fue escándalo entre el presidente Javier Milei y el gobernador cordobés. La empresa, que en los 90 fue privatizada y volvió a ser estatizada en 2009, figuraba en la nómina de compañías estatales que la Nación quería pasar a manos privadas. Asumió como presidente del directorio de Fadea, acompañado por Alejandro Solís como vicepresidente, y Emilio Magnaghi, el brigadier (R) Jorge Jesús Antelo y el brigadier mayor Pablo Solé como directores. Antonio Beltramone será asesor del directorio.
Sibilla y Beltramone ya estuvieron enlaconduccióndelafábricadurante la presidencia de Mauricio Macri. El comunicado oficial indica que el nuevo equipo directivo “posee extensa trayectoria en el ámbito empresarial, de la gestión y de la defensa, tanto por su experiencia en el sector privado y público comoasítambiénporsupasoprevio en la propia Fábrica Argentina de Aviones SA”
Milei se mostró indignado con los gobernadores por la falta de apoyo de la ley ómnibus, especialmente con Llaryora y con Maximiliano Pullaro.
El Gobierno reactivará en las próximas horas una “mesa técnica” para avanzar por decreto con distintos puntos de la “Ley de bases” que quedaron frustrados cuando Javier Milei decidió retirar el proyecto del Congreso, además de acelerar otras normas que la gestión libertaria tenía en el tintero para desregular la economía y reformar el Estado.
Federico Sturzenegger –que volvió a Buenos Aires tras participar de un seminario en la Universidad de Harvard– estuvo ayer en la Casa Rosada con los equipos de la Jefatura de Gabinete, mientras el Presidente permanecía en Olivos, trabajando y descansando.
El economista, que fue uno (aunque no el único) de los padres intelectuales del mega-DNU de Milei y de la “ley ómnibus”, tiene previsto participar de la primera reunión de la “mesa técnica” para avanzar con distintos aspectos de la ley frustrada por “otras vías”, anticiparon en Balcarce 50.
De esa “mesa” participará Sturzenegger con sus colaboradores (donde talla el economista Maximiliano Fariña), junto con el equipo de la Jefatura de Gabinete encabezado por el segundo de Nicolás Posse, José “Cochi” Rolandi. Según pudo reconstruir se espera que de la reunión participen también el secretario legal y técnico, Javier Herrera Bravo, y el asesor presidencial Santiago Caputo, que es la voz de Milei en esas reuniones y tiene poder de decisión en materia de estrategia política.
Un trabajo similar al que se pretende encarar ahora se había hecho en la transición que separó el balotaje de la asunción presidencial. En esa época, el equipo técnico de Posse junto a Eduardo Rodríguez Chirillo (quien luego asumiría como secretario de Energía) y el staff de Sturzenegger debatieron qué reformas se harían por decreto y cuáles recalarían en un proyecto de ley. Fruto de ese trabajo fue que quedaron redactados, por un lado, el mega-DNU y, por el otro, la “ley ómnibus”.
Fracasada la “Ley de bases” (y frenado el capítulo laboral del DNU), la gestión de Milei se propone
avanzar con algunas de las reformas frustradas utilizando otras vías, como los decretos o incluso la reglamentación simple. Dado que muchos de los capítulos de la ley involucran cuestiones tributarias o penales (que solo pueden regularse por ley), se espera que el alcance de las reformas se modere sustancialmente. Eventualmente, algún capítulo podría volver al Congreso (se habla de aquellos que apuntan a la reactivación económica).
“Hay que definir qué va por decreto, qué va por regulación simple y, eventualmente, si hay que mandar alguna ley al Congreso bien puntual”, dijo una fuente oficial
El Gobierno también tiene previsto avanzar con otros proyectos de desregulación y de reformas del Estado diferentes de todo lo que se conoció hasta ahora. Son temas que quedaron en la carpeta de desregulaciones que redactó Sturzenegger cuando colaboraba con Patricia Bullrich en la campaña presidencial y un paquete que luego hizo propio Milei antes de asumir.
“Hay que acordarse de que en la ley bases y en el DNU solo tocamos el 20% de lo que teníamos estudiado”, dijo a un colaborador la nacion muy al tanto del trabajo que se comenzará a hacer en estas horas.
Según fuentes de la Casa Rosada, entre los puntos a trabajar en el reencuentro de la “mesa técnica” podría figurar el capítulo vinculado a los fondos fiduciarios, que Milei calificó de “las cajas negras de la política”. El Presidente anticipó en una entrevista con LN+ que su intención es eliminar los fideicomisos por decreto. El debate de la ley ómnibus se trabó en este punto porque la Casa Rosada pretendía disponer a voluntad sobre los fondos fiduciarios, que implican una partida anual que oscila entre los 8000 y 10.000 millones de dólares, con controles muy lábiles.
También se podría avanzar con el capítulo para promover inversiones (siempre y cuando no alcance a la esfera tributaria) y otras desregulaciones en distintos sectores económicos.
“Hay temas de desregulación que pueden caminar por decreto o regulación simple, así que estamos evaluando cada uno”, dijo un importante colaborador oficial. Agregó que, además, es posible que se retome sin pasar por el Congreso el capítulo vinculado a la cultura. “El sistema de subsidios del Incaa nos parecía bueno modificarlo por ley, pero en rigor podemos hacerlo con la reglamentación propia del instituto”, advirtió.
El asunto más urgente
En la mesa, en tanto, podría abordarse el asunto más urgente que dejó la caída de la ley, que es el de las jubilaciones. El artículo 106º del proyecto frustrado proponía eliminar la fórmula de movilidad actual y darle al Poder Ejecutivo todas las prerrogativas para actualizar discrecionalmente los haberes hasta que hubiese un nuevo cálculo. Pero la ley cayó y hoy sigue vigente la fórmula que rige desde fines de 2020, y que es muy perjudicial para los jubilados en épocas de alta inflación.
La intención del Gobierno de reactivar su mesa técnica, en la que tiene protagonismo Sturzenegger, también está relacionada con la posibilidad de que –además de apelar a los decretos y las resoluciones ministeriales–, el oficialismo pueda enviar al Congreso proyectos de ley –por separado, ya no en un formato ómnibus– para avanzar con reformas que estaban incluidas en la “Ley de bases”.
Por eso, en el Congreso comenzaron los contactos entre diputados y senadores libertarios con otros bloques. Pero todo será de cara a las sesiones ordinarias, que comenzarán oficialmente el 1º de marzo.
A pesar de la pelea, designan a otro cordobés en fadea
CÓRDOBA.– Fernando Sibilla asumió como presidente del directorio de la fábrica militar de aviones Brigadier San Martín SA (Fadea). Se trata de un hombre de Martín Llaryora, a pesar de la pelea que fue escándalo entre el presidente Javier Milei y el gobernador cordobés. La empresa, que en los 90 fue privatizada y volvió a ser estatizada en 2009, figuraba en la nómina de compañías estatales que la Nación quería pasar a manos privadas. Asumió como presidente del directorio de Fadea, acompañado por Alejandro Solís como vicepresidente, y Emilio Magnaghi, el brigadier (R) Jorge Jesús Antelo y el brigadier mayor Pablo Solé como directores. Antonio Beltramone será asesor del directorio.
Sibilla y Beltramone ya estuvieron enlaconduccióndelafábricadurante la presidencia de Mauricio Macri. El comunicado oficial indica que el nuevo equipo directivo “posee extensa trayectoria en el ámbito empresarial, de la gestión y de la defensa, tanto por su experiencia en el sector privado y público comoasítambiénporsupasoprevio en la propia Fábrica Argentina de Aviones SA”
Milei se mostró indignado con los gobernadores por la falta de apoyo de la ley ómnibus, especialmente con Llaryora y con Maximiliano Pullaro.
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