LA SITUACIÓN SOCIAL

Baja en Capital Humano: se fue el funcionario que estaba a cargo de la distribución de alimentos a los comedores
Se trata de Pablo Rodrigué, que se alejó de la secretaría que conduce Pablo de la Torre en medio de una semana marcada por los cuestionamientos de la Iglesia y la oposición por el faltante de mercadería
Federico González del Solar
Pablo Rodrigué
En medio de la pulseada entre el Gobierno y los movimientos sociales por el reparto de alimentos a los comedores, se fue el funcionario de la Secretaría de Niñez y Familia que estaba a cargo de la distribución de la mercadería. Se trata de Pablo Rodrigué, un exmiembro del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y quien aún no había sido oficializado en la gestión libertaria. La salida sacude al área que encabeza Pablo de la Torre y que funciona bajo la órbita de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.
“No pudo sacar ni un camión”, justificó una fuente familiarizada con el mecanismo interno de la secretaría. Rodrigué es un exfuncionario del gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires que estuvo al frente de la Autoridad del Agua (ADA) y que respondía a Rodrigo Aybar, otro funcionario de Niñez y Familia. Hasta la semana pasada, Rodrigué se desempeñaba en la subsecretaría de Políticas Sociales, desde donde se debería digitar el reparto de alimentos.
Rodrigué no se fue solo. Agustín Sánchez Sorondo, quien ofició informalmente como director administrativo, se apartó también de sus funciones en medio de una semana marcada por señalamientos externos que, lejos de languidecer, continúan golpeando la estructura de la secretaría. Hoy, por caso, militantes del Movimiento Popular La Dignidad, una agrupación social que integra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), replicaron la metodología de protesta frente a los supermercados en reclamo de alimentos.
Omar Yasin, Oscar Zago, Sandra Pettovello y Pablo De la Torre durante la reunión de bloque de LLA en la Cámara de Diputados

“No funcionó, pero quedaron sus equipos”, advirtió otra fuente, en alusión a la partida de Rodrigué y Sánchez Sorondo, oriundo de San Miguel, de donde es De la Torre, quien no respondió a la consulta “Rodrigué es un funcionario sin rango”, relativizaron voceros de la secretaría. Además, la fuente oficial rechazó que Rodrigué haya tenido un rol protagónico en la estructura del organismo.
Los desplazamientos no son, en rigor, renuncias, sino alejamientos. Es que Niñez, rodeada de rumores de salida desde los primeros días de gestión, tiene una estructura tan inestable como flexible. La falta de firmas de muchos de los funcionarios –que no cuentan con designación oficial, como era el caso de Rodrigué–, la entrada y salida de “colaboradores”, el recambio de interlocutores frente a las organizaciones sociales, y las versiones de fricciones internas entre Pettovello y De la Torre –asordinadas por fuentes oficiales– marcan el ritmo de una secretaría que debe absorber los reclamos por la crisis alimentaria.
Las dificultades que atraviesan los comedores sociales, que dejaron de recibir asistencia de la Nación a fines del año pasado como parte del plan de ajuste ordenado por el presidente Javier Milei, derivó en numerosas protestas tanto en cadenas de supermercados como en las mismas oficinas donde trabaja Pettovello. Además, motivó la intervención de la Iglesia, que manifestó su preocupación, y de fuerzas políticas opositoras.
La Iglesia -en más de una oportunidad- y la Coalición Cívica Cívica, por ejemplo, se refirieron a la problemática y pidieron acciones concretas para aliviar la situación alimentaria. Todas voces que apuntan hacia el ministerio que conduce Pettovello, a quien el dirigente social, Juan Grabois denunció en la Justicia por supuesto incumplimiento de sus “deberes de funcionario público”.
La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con su gabinete: el secretario de Niñez y Familia, Pablo De La Torre; el secretario de Educación, Carlos Torrendel; el secretario de Trabajo, Omar Yasin, y el Secretario de Cultura, Leonardo Cifelli


A su vez, este miércoles distintas organizaciones -entre las cuales se encuentra la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e Infancia en Deuda- emitieron un nuevo comunicado con el que llaman “a las autoridades a reanudar de forma urgente la entrega de alimentos a comedores y merenderos comunitarios. La alimentación de millones de niñas y niños no puede esperar”.
Distintas organizaciones sociales marcharon al supermercado Coto en Quilmes, sobre Yrigoyen al 380 para pedir alimentos
Al igual que en otros ámbitos del Gobierno, son pocos los funcionarios de rango medio que pueden acceder a la cima de la estructura libertaria. “A Pettovello muchos de nosotros no la conocemos”, se sinceró uno de ellos. En juego con esas afirmaciones, desde el Ministerio de Capital Humano desconocieron a muchas de las figuras con roles claves en la secretaría de De la Torre. Tampoco brindaron información sobre el reemplazante de Rodrigué. Su lugar podría ser ocupado por Federico Krajnc, otra exfuncionario bonaerense de la gestión de Vidal, también proveniente de San Miguel, una de las canteras políticas de la secretaría, cuyo jefe político es Joaquín de la Torre, hermano de Pablo.
Auditoría y preocupación
A quienes conocen la dinámica de la distribución estatal de alimentos les preocupa no solo que los depósitos del ministerio estén vacíos sino la eventual demora en caso de reactivarse la entrega de la mercadería. “Los circuitos administrativos están congelados”, señaló una fuente que conoce al detalle el funcionamiento interno. “Tenés por lo menos que esperar un mes después de ganada la licitación”, ejemplificó.
A pesar de los reclamos y de las advertencias de la Iglesia y la oposición, cerca de Pettovello afirmaron que los comedores registrados ya se encuentran recibiendo asistencia. El resto deberá someterse a una auditoría con el fin de transparentar y ordenar los procesos, según precisaron los voceros del ministerio. Esta versión fue desmentida, sin embargo, por muchos dirigentes sociales.
El jueves, en medio de la escalada de presión, Capital Humano renovó un acuerdo con Cáritas por más de 310 millones de pesos para la compra de alimentos. Es que, en línea con la premisa del nuevo esquema de reparto por tarjeta, el ministerio se recuesta sobre la entrega directa de fondos para debilitar a las organizaciones sociales en su cruzada por hacerlas a un lado.
En un segundo comunicado, la Iglesia agradeció el gesto y la confianza. No obstante, se apuró en subrayar la inexistencia de un “acuerdo exclusivo” con el Estado. “Se ha malinterpretado dicho compromiso entendiéndolo como un acuerdo exclusivo entre la Iglesia y el Estado para ser los interlocutores únicos o principales validados en la ayuda a los sectores más vulnerables”, señaló el texto, que añadió: “Hoy nadie puede asumir la cantidad y complejidad del trabajo social de manera individual, y es por eso que insistimos en integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres y en que también se les dé la ayuda necesaria para que puedan seguir haciéndolo”.
Este martes, el obispo de Quilmes y director de Cáritas, Carlos Tissera, pidió que el Gobierno “recapacite”. “Primero está la comida de la gente y uno anhela que sea traída por el trabajo, lo lógico sería que los argentinos pudieran comer lo que se ganan. Pero con este porcentaje de pobreza que hay, solucionar el tema alimentario es el principal problema de todos”, expresó el obispo.
El presidente Javier Milei junto a Sandra Pettovello, Guillermo Francos y Karina Milei observan al papa Francisco en el Vaticano
Además, la ministra Pettovello firmó convenios por 20.000 millones de pesos para la compra de cinco millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). “Estos convenios asegurarán que los procesos de compra se realicen bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas, mejorando significativamente la eficacia”, indicaron desde la cartera de Capital Humano.

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No hubo acuerdo por el salario mínimo y lo fijará el Gobierno
La CGT reclamaba un aumento del 85% con respecto a la última cifra; hubo tensión y las partes no llegaron a un entendimiento

Cecilia Devanna

Los gremios opositores se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo
En un contexto de protestas gremiales en el exterior, la primera reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en la administración del presidente Javier Milei terminó sin acuerdo entre los gremios y los empresarios. Ahora, el Poder Ejecutivo deberá fijar el nuevo valor del salario mínimo.
El SMVM fija los ingresos de los trabajadores que están por fuera de los convenios colectivos de trabajo.
El establecimiento del salario mínimo es la referencia que se utiliza para definir prestaciones como los planes Potenciar Trabajo y las becas Progresar, y también para establecer los límites para el pago de Ganancias. Son todos aspectos sensibles para la administración libertaria, que a 45 días de asumir enfrentó el primer paro general de la CGT, que batió su propio récord en materia de huelga general a un gobierno nuevo, y que se encuentra en pleno conflicto con los movimientos sociales por su intención de correrlos de su papel de intermediarios.
Tras no haber llegado a una resolución, el Gobierno deberá ahora laudar entre la propuesta de los gremios, que reclaman un salario mínimo de $288.600 a partir del 1º de febrero, y la postura de los empresarios, que evitaron plantear una propuesta económica. El Gobierno no tiene plazo para hacerlo. En tanto ya se mira lo que sucederá el próximo miércoles, cuando haya reunión por los salarios de las empleadas domésticas. El clima de la reunión, según reconstruyó fue tenso, con los gremios en tono “agresivo”, según asistentes al encuentro, y empresarios “terriblemente callados”, actitud que habría exacerbado aún más lo ánimos de los primeros.
El encuentro se hizo de manera virtual y fue el primero de la gestión libertaria y también con la cartera de Trabajo degradada a secretaría. Por el Gobierno estuvo el titular del área, Omar Yasín.
A poco de terminar la reunión, la CGT emitió un duro comunicado, en el que acusó al Gobierno de “hacer fracasar” la negociación. “Rompiendo una larga tradición de diálogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo del Salario en nuestro país, el Gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo”, detallaron. A lo que agregaron que la CGT “viene solicitando desde el mes de diciembre la reunión del consejo para establecer un nuevo salario mínimo y un nuevo valor de la asignación por desempleo”, consignaron.
Consultó a la Unión Industrial la nacion Argentina (UIA), uno de los referentes del sector empresario, pero evitaron responder.
Los gremios de la CGT aludieron, a su vez, a su propuesta de una base de $288.600, sostuvieron que “esta propuesta tuvo el acuerdo de las tres centrales obreras y el rechazo de la contraparte empresarial”.
En tanto, la CTA advirtió al Gobierno que en caso de que la cifra que se fije esté lejos de “significar una real compensación del salario mínimo quedará demostrado que hubo una sincronización entre las patronales y el Poder Ejecutivo para profundizar el ajuste y seguir licuando los salarios”. Y apuntó que lo “sucedido demuestra la connivencia entre el Gobierno y los empresarios para utilizar el salario como variable de ajuste y nos reafirma la voluntad de seguir accionando con la unidad de las centrales sindicales para evitar que siga hambreando a nuestro pueblo”.
El Gobierno no salió a responder y no lo hará hasta que defina el monto del salario mínimo, según pudo saber la nacion.
Los antecedentes
El último ajuste del salario mínimo se había realizado durante el final del mandato de Alberto Fernández y se ejecutó en diciembre. Con ese ajuste, en 2023, el salario tuvo un incremento del 151,8%, contra una inflación que alcanzó el 211,4%, por lo que quedó lejos de hacerle frente a la incesante suba de precios.
La CGT pide un aumento “del 85% por la devaluación y la inflación acumulada entre los meses de diciembre de 2023 y febrero de 2024”.
Por su parte, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) llegó con el reclamo de un ajuste mensual y un incremento, que “en lo inmediato, supere los valores de la canasta básica de indigencia”.

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