estado. Manejó $480.000 millones durante los últimos cuatro años; tenía 600 empleados
Camila Dolabjian
La agrupación piquetera ligada al dirigente kirchnerista Juan Grabois tuvo a su cargo un fondo fiduciario que, según datos del Gobierno, manejó durante los últimos cuatro años $480.000 millones, que debían destinarse a unas 6000 obras públicas. Sin embargo, según reconstruyó de las 6517 obras reportadas, tan solo 400 figuran como finalizadas, es decir, un 6%. A su vez, 133 obras que figuran como finalizadas son en realidad trabajos de veredas y cordones cuneta.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, el millonario fondo fiduciario, que lleva como nombre Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), fue administrado por la funcionaria Fernanda Miño. Durante su campaña presidencial, Juan Grabois aseguró que, si ganaba las elecciones, Miño sería suministra de Desarrollo Social.
El fondo fiduciario, uno de los 29 que están en la mira del Gobierno, ahora tiene 400 empleados, pero llegó a tener 600.
Entre los principales blancos del ajuste que implementa el Gobierno están los fondos fiduciarios. Hay uno que en la Casa Rosada identificaron como una caja vinculada a la UTEP, la organización que encabeza Juan Grabois. Se trata del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso creado por ley para financiar proyectos a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Recibe fondos del impuesto PAIS, percibió dinero por el aporte solidario extraordinario implementado durante la pandemia y tiene múltiples asignaciones por parte de organizaciones internacionales para hacer obras en asentamientos de emergencia.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, la ejecución de este fondo (si bien comparte responsabilidades con la Agencia de Administración de Bienes del Estado) estuvo a cargo de Fernanda Ramona Miño, una referente asociada a Grabois. Tan cercanos son ambos que durante la campaña presidencial Grabois aseguró que Miño sería su ministra de Desarrollo Social en caso de llegar a la Casa Rosada. Lo dijo durante un acto en Mercedes en julio de 2023.
Miño estuvo al frente del fondo hasta finalizada la gestión del Frente de Todos. De acuerdo con una planilla de datos enviada por fuentes oficiales del actual gobierno a
el crédito vigente a enero era de $23.283 millones de pesos, aunque otras fuentes sostienen que en realidad asciende actualmente a $200.000 millones, según personas cercanas a la ejecución del fondo.
Los fondos se canalizaron a través del BICE, uno de los bancos públicos que generaron debate en el Congreso durante el tratamiento de la ley ómnibus debido a que parte de la oposición se resistía a su privatización.
Una caja influyente
En las últimas tres décadas, los fondos fiduciarios constituyeron la gran caja de la política y se convirtieron en un factor determinante en la discusión del proyecto de ley ómnibus que se frustró en la Cámara de Diputados, ante la negativa de la oposición de otorgarle al Gobierno atribuciones para manejar a discreción partidas que en un año oscilan entre 8000 y 10.000 millones de dólares, con controles exiguos o inexistentes, como reveló la nacion hace dos semanas.
En la actualidad existen 29 fondos fiduciarios que concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, cerca de 2 puntos porcentuales del producto bruto interno (PBI) del país, según datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación y la Oficina de Control del Presupuesto del Congreso. Son cifras estimativas y los pocos datos oficiales disponibles muestran que 24 de esos fondos transfirieron 1.025.816.922.615 pesos (es decir, poco más de un billón de pesos) durante los primeros nueve meses de 2023.
En cuanto al fondo que se vincula a Grabois, fuentes de acceso público aseguran que, desde su creación, se realizaron 1278 obras de integración en barrios populares y que se alcanzaron 5060 asentamientos con obras de vivienda. Serían 6517 intervenciones en total, por un monto de $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Esos fondos fueron repartidos en un 34,3% a “organizaciones de la sociedad civil” (los contratos y recipientes específicos no fueron transparentados) y en un 34,1% a municipios para que ejecuten las obras.
Sin embargo, los relevamientos que se encargaron desde las áreas del Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete pusieron el foco sobre tres cuestiones: por un lado, que la mayoría de las obras realizadas fueron veredas o cordones cuneta; que hay una serie de intervenciones no finalizadas, y que los contratos fueron dirigidos a cooperativas asociadas a la agrupación de Grabois.
De las 6517 obras reportadas, solo 400 figuran como finalizadas, es decir, un 6%. En tanto que 5886 se encontrarían en ejecución y 231, en etapa de contratación. A su vez, 133 de las finalizadas tienen que ver con veredas y cordones cuneta (más de un tercio). El resto se reparten entre “conexiones eléctricas”, “conexiones de agua”, “mejoramientos de vivienda” y “fortalecimiento comunitario en barrios populares el marco del Covid-19”, entre otros.
Cuando se discriminan los datos por obras efectivamente hechas, se da cuenta de que el 71% de los proyectos fueron hechos por organizaciones sociales (no el 34,3%, cuando se contabilizan las no finalizadas) y que el presupuesto que habría arrojado resultados finalizados fue de $83.928.371.827, un 17% de lo asignado en total. El Gobierno todavía no sabe qué ocurrió con lo ya transferido y busca rastrear a los responsables.
La semana pasada fue designado un nuevo secretario de Integración Socio Urbana, que será responsable del fideicomiso. Se trata de Sebastián Pareja, uno de los armadores electorales de Milei en la provincia de Buenos Aires. Esto sorprendió incluso a miembros de La Libertad Avanza, dado que Pareja y Carlos Kikuchi habían sido desplazados del armado del Ejecutivo y relegados a las bancas para las que fueron elegidos en la Legislatura bonaerense por, entre otros motivos, sospechas de que habían acordado con Sergio Massa y Emilio Monzó las listas municipales en el conurbano.
Fuentes de Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía se enteraron por los medios de que había sido apuntado en el FISU, un fondo que también fue reclamado por gobernadores e intendentes. Pareja dijo ayer en declaraciones radiales que el fondo en cuestión recauda “unos dos millones de dólares diarios” a partir del 9% que le destina el impuesto PAIS, que a la vez se incrementó por el gobierno libertario. El funcionario sostuvo que el fondo tiene a su cargo unos 450 empleados, aunque llegó a tener 600 en la gestión anterior.
La agrupación piquetera ligada al dirigente kirchnerista Juan Grabois tuvo a su cargo un fondo fiduciario que, según datos del Gobierno, manejó durante los últimos cuatro años $480.000 millones, que debían destinarse a unas 6000 obras públicas. Sin embargo, según reconstruyó de las 6517 obras reportadas, tan solo 400 figuran como finalizadas, es decir, un 6%. A su vez, 133 obras que figuran como finalizadas son en realidad trabajos de veredas y cordones cuneta.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, el millonario fondo fiduciario, que lleva como nombre Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), fue administrado por la funcionaria Fernanda Miño. Durante su campaña presidencial, Juan Grabois aseguró que, si ganaba las elecciones, Miño sería suministra de Desarrollo Social.
El fondo fiduciario, uno de los 29 que están en la mira del Gobierno, ahora tiene 400 empleados, pero llegó a tener 600.
Entre los principales blancos del ajuste que implementa el Gobierno están los fondos fiduciarios. Hay uno que en la Casa Rosada identificaron como una caja vinculada a la UTEP, la organización que encabeza Juan Grabois. Se trata del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso creado por ley para financiar proyectos a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Recibe fondos del impuesto PAIS, percibió dinero por el aporte solidario extraordinario implementado durante la pandemia y tiene múltiples asignaciones por parte de organizaciones internacionales para hacer obras en asentamientos de emergencia.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, la ejecución de este fondo (si bien comparte responsabilidades con la Agencia de Administración de Bienes del Estado) estuvo a cargo de Fernanda Ramona Miño, una referente asociada a Grabois. Tan cercanos son ambos que durante la campaña presidencial Grabois aseguró que Miño sería su ministra de Desarrollo Social en caso de llegar a la Casa Rosada. Lo dijo durante un acto en Mercedes en julio de 2023.
Miño estuvo al frente del fondo hasta finalizada la gestión del Frente de Todos. De acuerdo con una planilla de datos enviada por fuentes oficiales del actual gobierno a
el crédito vigente a enero era de $23.283 millones de pesos, aunque otras fuentes sostienen que en realidad asciende actualmente a $200.000 millones, según personas cercanas a la ejecución del fondo.
Los fondos se canalizaron a través del BICE, uno de los bancos públicos que generaron debate en el Congreso durante el tratamiento de la ley ómnibus debido a que parte de la oposición se resistía a su privatización.
Una caja influyente
En las últimas tres décadas, los fondos fiduciarios constituyeron la gran caja de la política y se convirtieron en un factor determinante en la discusión del proyecto de ley ómnibus que se frustró en la Cámara de Diputados, ante la negativa de la oposición de otorgarle al Gobierno atribuciones para manejar a discreción partidas que en un año oscilan entre 8000 y 10.000 millones de dólares, con controles exiguos o inexistentes, como reveló la nacion hace dos semanas.
En la actualidad existen 29 fondos fiduciarios que concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, cerca de 2 puntos porcentuales del producto bruto interno (PBI) del país, según datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación y la Oficina de Control del Presupuesto del Congreso. Son cifras estimativas y los pocos datos oficiales disponibles muestran que 24 de esos fondos transfirieron 1.025.816.922.615 pesos (es decir, poco más de un billón de pesos) durante los primeros nueve meses de 2023.
En cuanto al fondo que se vincula a Grabois, fuentes de acceso público aseguran que, desde su creación, se realizaron 1278 obras de integración en barrios populares y que se alcanzaron 5060 asentamientos con obras de vivienda. Serían 6517 intervenciones en total, por un monto de $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Esos fondos fueron repartidos en un 34,3% a “organizaciones de la sociedad civil” (los contratos y recipientes específicos no fueron transparentados) y en un 34,1% a municipios para que ejecuten las obras.
Sin embargo, los relevamientos que se encargaron desde las áreas del Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete pusieron el foco sobre tres cuestiones: por un lado, que la mayoría de las obras realizadas fueron veredas o cordones cuneta; que hay una serie de intervenciones no finalizadas, y que los contratos fueron dirigidos a cooperativas asociadas a la agrupación de Grabois.
De las 6517 obras reportadas, solo 400 figuran como finalizadas, es decir, un 6%. En tanto que 5886 se encontrarían en ejecución y 231, en etapa de contratación. A su vez, 133 de las finalizadas tienen que ver con veredas y cordones cuneta (más de un tercio). El resto se reparten entre “conexiones eléctricas”, “conexiones de agua”, “mejoramientos de vivienda” y “fortalecimiento comunitario en barrios populares el marco del Covid-19”, entre otros.
Cuando se discriminan los datos por obras efectivamente hechas, se da cuenta de que el 71% de los proyectos fueron hechos por organizaciones sociales (no el 34,3%, cuando se contabilizan las no finalizadas) y que el presupuesto que habría arrojado resultados finalizados fue de $83.928.371.827, un 17% de lo asignado en total. El Gobierno todavía no sabe qué ocurrió con lo ya transferido y busca rastrear a los responsables.
La semana pasada fue designado un nuevo secretario de Integración Socio Urbana, que será responsable del fideicomiso. Se trata de Sebastián Pareja, uno de los armadores electorales de Milei en la provincia de Buenos Aires. Esto sorprendió incluso a miembros de La Libertad Avanza, dado que Pareja y Carlos Kikuchi habían sido desplazados del armado del Ejecutivo y relegados a las bancas para las que fueron elegidos en la Legislatura bonaerense por, entre otros motivos, sospechas de que habían acordado con Sergio Massa y Emilio Monzó las listas municipales en el conurbano.
Fuentes de Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía se enteraron por los medios de que había sido apuntado en el FISU, un fondo que también fue reclamado por gobernadores e intendentes. Pareja dijo ayer en declaraciones radiales que el fondo en cuestión recauda “unos dos millones de dólares diarios” a partir del 9% que le destina el impuesto PAIS, que a la vez se incrementó por el gobierno libertario. El funcionario sostuvo que el fondo tiene a su cargo unos 450 empleados, aunque llegó a tener 600 en la gestión anterior.
Juan Grabois
UTEP
Durante la campaña presidencial, el dirigente kirchnerista aseguró que si ganaba las elecciones, la titular del fondo, Fernanda Miño, sería su ministra de Desarrollo Social
Marcos Galperin
FUNDADOR DE MERCADO LIBRE
“la máxima socialista nunca falla, la generosidad es siempre “con la tuuuuuya contribuyeeeeente!”, escribió Galperin sobre el fondo. “repetir mil veces la misma mentira no la convierte en verdad”, le contestó Grabois
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Los diputados de Kicillof frenaron una auditoría en IOMA
Impidieron que el proyecto se aprobara en la Cámara de Diputados bonaerense; la obra social enfrenta denuncias y falta de prestaciones
LA PLATA. – La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires bloqueó el debate sobre tablas de un proyecto de ley para exigir una auditoría externa del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, que tiene más de dos millones de beneficiarios y enfrenta denuncias por irregularidades y falta de prestaciones.
Ante la negativa de Unión por la Patria y aliados a tratar ese proyecto –y otros cuatros pedidos de informes o de declaración de emergencia– para rescatar a la obra social, el debate se tensó en el recinto entre la oposición a Axel Kicillof, que denunció la situación catastrófica de la obra social bonaerense, y los bloques oficialistas, que prometieron una solución.
Alejandro Carrancio de la (Libertad Avanza) espetó: “IOMA es el problema número uno de Axel Kicillof. Hace un año el gobernador promete que trabaja para recuperar la obra social. Hay un montón de caídas de convenios”.
El diputado de La Libertad Avanza abogó por que cada vez sean más los municipios que den libertad de elección a sus afiliados. “IOMA tiene un presupuesto de 363.000 millones de pesos y una deuda de más de 6000 millones de pesos. En algunos distritos se llegó a que se atendiera a puertas cerradas con guardia policial por la enorme demanda”.
En el mismo sentido el diputado Fernando Rovello (Pro) dijo: “Hay 100.000 afiliados sin cobertura en Mar del Plata. Otros tantos en Tandil y en Bahía Blanca. Es una catástrofe nunca vista. Inusitada. Una crisis que no puede tapar el gobernador Axel Kicillof”.
El diputado apuntó directamente a Homero Giles, presidente del Instituto Obra Médico Asistencial, que el lunes brindó informes ante un pedido de la Cámara de Diputados por la situación financiera de la obra social. “Todos los meses 2.300.000 afiliados aportan. ¿Donde está la plata? Hay que preguntarle a Homero Giles”.
Los beneficiarios del IOMA vienen sufriendo que nuevos centros médicos dejen de atenderlos. También se suspenden cirugías programadas y hay demoras de hasta ocho meses en algunas especialidades.
El diputado Claudio Frangul, (Acuerdo Cívico- UCR-Gen), autor del proyecto de ley para promover una auditoría externa sobre el IOMA, dijo: “Soy claro defensor del IOMA. No estoy de acuerdo con que cada trabajador pueda elegir libremente su obra social. Una obra social con más de dos millones de afiliados tiene que poder funcionar correctamente. Pero evidentemente está en crisis”.
“Nosotros hemos presentado un proyecto para hacer una auditoría externa de las cuentas, en acuerdo con la Facultad de Ciencias Económicas: no hemos tenido eco”, agregó.
Por su parte, Laura Cano (Frente de Izquierda) dijo: “Homero Giles dijo que el principal problema que tiene IOMA es la devaluación y los intermediarios. Lo cierto es que viene hace más tiempo IOMA tiene más de dos millones de afiliados de distintas dependencias. Y se financia con su aporte. Diputados y jueces no lo tienen obligatorio, quisiera saber cuántos lo tienen”.
En similar sentido, Alejandra Lorden (UCR-Cambio Federal) exigió que se declare al IOMA en emergencia. “¡Hace falta un cambio ya!”.
El diputado Alejandro Pulti (Unión por la Patria) defendió la gestión del gobierno: “Lo del IOMA no es un conflicto prístino. Hay muchos intereses y el gobernador Axel Kicillof se está ocupando. Lo estamos acompañando. Dentro de no muchos días habrá un principio de solución”, prometió.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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