JUSTICIA

Pedirán agravar hasta 12 años de cárcel la condena por corrupción contra Cristina Kirchner
Justicia. El fiscal Mario Villar prepara la solicitud para la primera audiencia de revisión de la sentencia por el caso Vialidad, donde se investigaron los negocios de Lázaro BáezHernán Cappiello

El fiscal Mario Villar, a cargo de la causa contra Cristina Kirchner por las obras públicas de Vialidad Nacional en la provincia de Santa Cruz, prepara un pedido para agravar su condena de 6 años de prisión por corrupción a 12 años de cárcel, como solicitó durante el juicio oral su colega Diego Luciani.
La Cámara de Casación Penal está revisando la condena contra Cristina Kirchner por fraude contra la administración pública y convocó a una serie de audiencias. Allí, la fiscalía va a argumentar en favor de mantener las condenas y agravarlas, según cada caso, y va a pedir que se revoque la absolución de la vicepresidenta por el delito de asociación ilícita y del resto de los acusados que fueron liberados de culpa y cargo.
La primera de estas audiencias tendrá lugar el 26 de febrero, y ese día argumentará el fiscal de Casación, Mario Villar, ante los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
En esa audiencia, el fiscal Villar tiene previsto pedir que se rechace el recurso de Casación de la exvicepresidenta y solicitar que se agrave su condena.
Hay dos caminos para solicitar que se sumen años a los que recibió Cristina Kirchner. Los jueces del tribunal oral federal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso impusieron la pena máxima por administración fraudulenta, que son 6 años de prisión. Consideraron las 51 licitaciones de obra pública de la provincia de Santa Cruz direccionadas en favor de Lázaro Báez un solo hecho de fraude.
La fiscalía puede argumentar que fueron más de un hecho, incluso porque en el período en que los hechos tuvieron lugar (desde el gobierno de Néstor Kirchner hasta los dos de Cristina Kirchner) hubo tres administraciones y, con ese argumento, pedir que se sumen más años al castigo.
La otra manera de ir por un agravamiento de la pena es argumentando contra la absolución por asociación ilícita, como había ensayado en el juicio oral el fiscal Luciani.
Ahí el límite son los 12 años de cárcel que pidió la fiscalía como condena en ese momento.
Por eso, en caso de que se rechace esta pretensión, Villar puede argumentar por agravar el fraude contra el Estado.
A pesar de que Cristina Kirchner está condena a seis años de prisión, no quedó presa porque esa sentencia debe ser revisada primero por la Cámara de Casación Penal y luego por la Corte Suprema de Justicia.
Solo si la Corte Suprema rechazara todos los recursos de la defensa y dejara firme el fallo, la exvicepresidenta podría ser detenida.
Desde que dejó su cargo como vicepresidenta, Cristina Kirchner no tiene fueros que eviten su arresto, pero tiene más de 70 años, por lo que puede pedir cumplir su pena en su casa.
En la Cámara de Casación Penal ya comenzaron los trámites para revisar la condena, que incluye una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Hornos, Borinsky y Barroetaveña ya realizaron a mediados de diciembre pasado una audiencia de organización de las próximas reuniones, en las que el fiscal Villar y los abogados defensores de los acusados argumentarán en favor y en contra del fallo.
Estuvo ausente la UIF, que es la única querellante que permanece en la causa.
El nuevo gobierno ya decidió que la UIF no iba a ser querellante en causas penales, por lo que debería retirarse si se siguiera con esa política.
Los letrados de la UIF del gobierno anterior, en una controversial decisión, evitaron acusar a Cristina Kirchner y solo pidieron una leve pena para exfuncionarios menores. Ahora se espera que directamente se retiren.
El fiscal de Casación Mario Villar quiere además que se condene a quienes fueron absueltos en el juicio oral; entre ellos, el exministro de Planificación Julio De Vido; los exfuncionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner –primo del expresidente Néstor Kirchner–, y el exfuncionario de Santa Cruz Héctor Garro. Las defensas, por otro lado, quieren revocar la condena y que se dispongan absoluciones.
Las audiencias para que todas las partes (fiscal y defensas) expongan ante los jueces serán el 26 y el 29 de febrero; el 7, el 14 y el 25 de marzo, y el 4 de abril. Después, los jueces se tomarán los 20 días hábiles que prevé el Código Procesal para definir si confirman la condena a 6 años, mandan a dictar otra más grave, si la revocan o si la reducen.
La revisión de la Casación es la etapa final en todo lo relativo a la discusión de la materialidad de los hechos y la prueba.
Luego de su fallo, solo quedaría el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia, reservado única y excepcionalmente a cuestiones de índole constitucional.
Si la Corte Suprema dejara firme el fallo, debería ejecutarse.
Los otros juicios
Más allá de este caso, Cristina Kirchner debe enfrentar dos nuevos juicios orales que amenazan con demorarse: uno de ellos por el caso Hotesur-Los Sauces, por lavado de dinero, que está vinculado con la causa de Vialidad, y el otro por la firma del pacto con Irán, que fue denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman como una manera de buscar la impunidad de los iraníes sospechosos del atentado contra la AMIA.
En el caso Hotesur y Los Sauces está pendiente un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que impediría realizar el juicio en lo inmediato, y para la realización del juicio oral por el caso del pacto con Irán no están aún definidos los integrantes del tribunal oral que debe intervenir, ya que hubo una seguidilla de excusaciones y recusaciones que mantienen la incertidumbre sobre quiénes son los jueces que realizarán este juicio.

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Una agenda caliente con juicios de casos emblemáticos
En 2024 se esperan los procesos orales por las coimas de Skanska, la manipulación del Indec y el intento de asesinato de la expresidenta
La agenda de juicios orales para 2024 en casos de corrupción no se limita a los dos procesos que debe enfrentar aún Cristina Kirchner. Hay mucho más en los tribunales orales, que a pesar de tener vacantes casi la mitad de sus cargos tienen previsto juzgar este año a exfuncionarios como Guillermo Moreno, Julio De Vido o José López, a empresarios como Lázaro Báez o a los tres presos acusados de querer asesinar a la exvicepresidenta Cristina Kirchner.

Por lo pronto, el 26 de febrero se retomarán las audiencias en el juicio oral por la compra de los campos de El Entrevero en Uruguay, sobre la costa, un asunto residual de la causa de “la ruta del dinero K”. Allí se juzga por lavado de dinero a Lázaro Báez, al abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín, Leonardo Fariña, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, el financista Santiago Carradori y Osvaldo Guthux. Los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 4 escucharán los alegatos y dictarán su veredicto. Báez ya fue condenado a 12 años por la ruta del dinero K.
El otro juicio resonante que está en agenda es el que debe enfrentar el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, acusado de falsear los índices de inflación cuando era funcionario de Cristina Kirchner. Los jueces que realizarán las audiencias desde el 22 de marzo son los del Tribunal Oral Federal Nº 2, el mismo que condenó a Cristina Kirchner por el caso Vialidad.
Allí, Moreno está acusado de la manipulación de las estadísticas del Indec, por ejemplo de datos de inflación, actividad, empleo, comercio exterior y pobreza. “Las conductas imputadas a Mario Guillermo Moreno resultan constitutivas de los delitos de violación de secreto en concurso real con destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica de documentos públicos, ambos en concurso ideal entre sí y reiterado en siete (7) hechos, los cuales a su vez concursan en forma ideal con el delito de abuso de autoridad”, escribió el fiscal Carlos Stornelli al elevar el caso a juicio.
Están acusados allí Beatriz Paglieri, mano derecha de Moreno en el Indec; Ana María Edwin, exdirectora del organismo; María Celeste Cámpora Avellaneda, y Marcela Filia, empleadas del organismo.
Moreno ya se encuentra condenado en otras dos causas donde las sentencias no están firmes. Tiene una condena a dos años de prisión en suspenso por proferir amenazas en una asamblea de accionistas de Papel Prensa. La condena además lo inhabilita por seis meses para ocupar cargos públicos, pero el fallo no se aplica hasta que quede firme. Y además en octubre de 2017 Moreno ya había sido condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento en suspenso, inhabilitación absoluta y perpetua por la compra de cotillón anti-Clarín con fondos públicos.
Este año también se fijó fecha para realizar el juicio oral por el primer caso de corrupción que enfrentó el kirchnerismo en la contratación de obras públicas. Se trata de la causa Skanska, donde se juzga el supuesto pago de sobornos para la concesión de una obra de extensión de gasoductos a esa empresa sueca. La causa es emblemática de lo que puede durar un proceso de corrupción (en este caso, casi 20 años), a pesar de hay una prueba clave que evidencia las coimas: una grabación de un ejecutivo de la firma que admite en una auditoría interna haber sobornado a funcionarios.
El juez Sebastián Casanello envió a juicio oral a Julio De Vido por administración fraudulenta, es decir, por recibir sobornos por unos 13 millones de pesos de 2005. El exministro ya fue condenado por la tragedia de Once y por la compra de trenes chatarra a España y Portugal.
Los acusados son 36, entre quienes están el exgerente de fideicomisos del Banco Nación Néstor Ulloa y exdirectivos de la empresa. En esta causa se investiga la confección de facturas truchas a través de las que se simulaba la salida del dinero para pagar sobornos.
A esta agenda se suma el juicio, aún sin fecha, que seguramente este año enfrentarán los presos Fernando Sabag Montiel; su novia, Brenda Uliarte, y Nicolás Carrizo, por el intento de asesinato de Cristina Kirchner ocurrido el 1º de septiembre de 2022. La fiscal es Gabriela Baigún y el tribunal no tiene jueces. Está vacante desde 2020. Actualmente actúan como jueces suplentes allí Sabrina Namer e Ignacio Fornari. Fue sorteado para completarlo Adrián Grünberg. El juicio, con tres detenidos, se hará cuanto antes. La exvicepresidenta no está conforme con la investigación y cree que hay más personas involucradas en la tentativa de homicidio

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