TARIFAS Y PRESIÓN

Algunos usuarios pagarán cinco veces más de luz por un cargo fijo
Tarifas. El ENRE reagrupó los segmentos de consumo y subió un 520% el costo fijo; impactará en todos los hogares por igual
Sofía Diamante
La publicación de los nuevos cuadros tarifarios de electricidad de Edenor y Edesur sigue generando debate entre los expertos. El ente regulador de la electricidad (ENRE) no solo aumentó las tarifas de distribución eléctrica en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sino que también modificó la fórmula de cobro, con lo cual los aumentos podrían ser aun mayores de lo estipulado.
En concreto, anteriormente, los usuarios residenciales de energía pagaban más caro por la electricidad a medida que consumían más. Esta diferenciación estaba segmentada en nueve grupos. El primero era el R1 (por residencial 1), aquel que consumía hasta 150 kw/h por mes, y el último, el R9, que consumía más de 1401 kw/h en el mismo período.
El ENRE sorprendió al reducir la diferenciación y reagrupó el consumo en cuatro segmentos: R1, hasta 150 kw/h por mes: R2, entre 151 y 400 kw/h;R 3, entre 401 y600kw/h,yR 4, más de 600 kw/h. El R4 nuevo antes estaba repartido en tres grupos: R7, entre 601 y 700 kw/h; R8, entre 701 y 1400 kw/h,yR 9, más de1400kw/h.
Por lo tanto, desde el viernes, un usuario que consume 601 kw/h, que podría ser una familia tipo (dos adultos y dos menores) de clase media que vive en un departamento, pagará la misma tarifa de costo fijo y variable que un usuario que consume más de 1400 kw/h, que podría ser una familia que vive en una casa de un barrio cerrado.
El dato que más resaltan los analistas del sector, sin embargo, es que el costo fijo aumentó de $5789 a $30.054 por mes para todos los usuarios que ahora sean parte del R4, sin diferenciar si son de ingresos altos (N1), bajos (N2) o medios (N3), ya que el servicio de distribución eléctrica no está segmentando, como sucede con la tarifa de generación.
“Con el aumento de tarifas eléctricas en el AMBA, el Gobierno redujo las categorías residenciales (R) de 9 a 4. Un usuario que era R7 (consumo entre 600 y 700 kw/h) ahora es R 4, y solo de cargo fijo pasa de pagar $5789 a $30.054 por mes, más allá de si es de ingresos altos, medios o bajos”, dijo el economista Nicolás Gadano en la red social X.
En el Gobierno explicaron que esta decisión se debe a que la ley dice que para los usuarios residenciales el cargo fijo no tendría que estar sujeto al consumo variable, porque el sistema pone a disposición una infraestructura determinada, sin importar cuánto consuma de electricidad. En otras palabras, la instalación de la red eléctrica que se lleva adelante es indiferente a la cantidad de consumo residencial. “No es que se instalan fierros más finitos si se consume menos de 150 kw/h; la infraestructura es la misma”, explicaron fuentes oficiales.
“Hasta acá fue subsidiado el de menor consumo por el de mayor consumo, teniendo en cuenta que la ley prohíbe expresamente los subsidios cruzados. Si alguien consume poco, se le cobra un cargo fijo menor de lo que cuesta poner a disposición la infraestructura para ese consumo y era subsidiado por el que paga la potencia mayor. El cargo fijo tiene que ser lo que cuesta poner el sistema a disposición”, agregaron.
El economista Fernando Navajas, analista de la fundación FIEL, coincide en que hay que tender a un único cargo fijo y luego aplicar una tarifa social sobre ese esquema. Sin embargo, advirtió que “cobrar el costo fijo US$30 a cualquier usuario que consuma 600 kw/h al mes es un despropósito”, si se tiene en cuenta un tipo de cambio de $1000.
“Un consumidor de 600 kw/h al mes es un departamento de clase media que ahora pagará alrededor de $48.000 de cargo variable y $30.000 de fijo. Eso equivale a $78.000. Si se le suman los impuestos, la boleta final puede alcanzar los $110.000. Lo que está mal son los $30.000 de costo fijo. Ni siquiera en Estados Unidos se cobra un nivel tan alto. Generalmente, fueron menos de US$15”, dijo Navajas.
El economista también señala que en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, las empresas distribuidoras pidieron una tarifa fija para tener equilibrios en sus cuentas que, si se la ajusta por la inflación acumulada desde entonces, equivaldría hoy a $16.000, casi la mitad de la nueva tarifa impuesta por el ENRE.
“Con el país en las condiciones en las que estamos, decirle a la clase media que va a pagar $120.000 por los cargos fijos es una locura. Y todavía faltan los aumentos en las tarifas de gas. Va a haber judicialización y no se van a pagar. Todos sabíamos que la transición iba a ser difícil, pero hay que diseñarla bien. Hay que comunicar a qué lugar nos quieren llevar y hacerlo de una manera clara. La movida del Gobierno tiene dos cosas en la buena dirección, como reducir los segmentos de consumo [de R9 a R4] y aumentar los cargos fijos. Pero la suba que dispusieron fue demasiado”, dijo Navajas.
Medidores inteligentes
En medio de los aumentos de tarifas, el ENRE creó un comité dedicado al estudio de la introducción del sistema de medidores inteligentes para el AMBA, a través de la resolución 100/2024. El comité será presidido por Víctor Agüero, un funcionario técnico del ENRE, y estará conformado por representantes Edenor, Edesur y profesionales de otros organismos ad honorem.
Actualmente, en el AMBA, las empresas distribuidoras cuentan con “lecturistas”, quienes registran el nivel consumido de electricidad con visitas bimestrales a los hogares. La idea del Gobierno es reemplazar ese sistema, que cuenta con más de 90 años, por los medidores inteligentes, para aplicar incentivos de consumo en distintos horarios.
“La forma actual de medir la electricidad no tiene en cuenta ni tramo horario ni potencia demandada. Los medidores inteligentes van a permitir a los usuarios administrar su propia demanda, por ejemplo, poner el lavarropas de tres a cuatro de la mañana”, dijeron fuentes oficiales.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Crece la batalla judicial en el campo por tasas de municipios
presión. Se suman demandas en los partidos de Azul, Bolívar y Daireaux

Mariana ReinkeEl intendente Pablo Zurro generó malestar por una tasa supuestamente fitosanitaria
Una desmesurada política recaudatoria de intendentes bonaerenses con las tasas viales, entre otras, provocó el hartazgo generalizado de muchos productores bonaerenses y una catarata de juicios contra varios distritos de la provincia. Son cientos de propietarios de tierras que, individualmente, fueron a la Justicia para tratar de revertir la mayor presión fiscal.
Con anterioridad a una demanda colectiva de la Sociedad Rural de Azul, con más de 190 productores, fueron cerca de 50 los que habían avanzado de manera particular contra el municipio por la ordenanza que los obligaba a pagar por mes una tasa llamada de “servicios esenciales”, en pesos y del equivalente de hasta un litro de gasoil por hectárea. En detalle, a fines de diciembre pasado, ese grupo de ganaderos se reunió con el abogado Jorge Moroni, especialista en el tema, para ver si se podía hacer algo en materia judicial para frenar dicha tasa.
Hace más de dos años que su estudio en Bolívar lleva presentando diferentes recursos con un grupo de productores con relación a las tasas que están cobrando la municipalidad, “de un valor importante, por cierto, que no se estaban viendo reflejadas en lo que implica una tasa, que es el servicio de mantener los caminos rurales para poder sacar la producción”.
“Este es el abecé de una tasa. Como no se cumplía por parte de la municipalidad, empezaron los recursos administrativos para frenar, diciéndole al municipio que no le iban a seguir pagando si no arreglaba los caminos. Esto no solo no se solucionó, sino que al día de hoy, en las últimas ordenanzas fiscales han aumentado la tasa a valores exorbitantes, de entre 300% a 500%, y el servicio sigue sin prestarse. Esto motivó que a fines del año pasado, conjuntamente, empezáramos a evaluar la posibilidad de ir a la Justicia Contencioso-Administrativo porque la vía administrativa dentro de la municipalidad estaba agotada y empezaba a ejecutar esas tasas impagas”, detalló 
Mientras trabajaba en Bolívar con estas demandas, surgió que los concejales en Azul dictaron la ordenanza por la cual crearon una nueva tasa llamada de servicios esenciales: “Hoy por hoy, también estamos trabajando en Azul con 50 productores que no entraron en la demanda colectiva que hiciera la Sociedad Rural de esa ciudad, ya que fueron presentadas posteriormente a las nuestras individuales que se hicieron el 26 de diciembre. Estamos esperando que el juez dicte antes de que finalice este mes la resolución sobre la medida cautelar planteada, que es no pagar la tasa nueva hasta tanto se resuelva el caso principal”.
Contó además que, a principios de 2024, unos 15 productores de Daireaux se interesaron en plantear en la Justicia de Trenque Lauquen –que tiene los mismos tribunales para la región– por el incremento de las tasas viales y la falta de contraprestación. “Hicimos una demanda contra el municipio por la no prestación del servicio y, además, por el aumento de más de un 350% de la tasa planificada para este año”, explicó.
Dijo que, por ahora, son tres los frentes abiertos por su estudio: Azul, Daireaux y Bolívar. En esta última localidad están ultimando detalles y preparando la demanda para “largarla esta semana en Azul [Bolívar pertenece al departamento judicial de esa ciudad]”.
En este contexto, fue consultado días atrás por productores de Pehuajó, donde generó revuelo la información de que el intendente local, Pablo Zurro, quería impulsar un proyecto de ordenanza para cobrar una nueva tasa fitosanitaria en la zona (con pago de dos litros de gasoil por hectárea por aplicaciones). También gente de Vedia y de General Pinto quiere seguir ese camino judicial. En el caso de Pehuajó, Zurro negó en las últimas horas que pretenda cobrar una tasa por aplicaciones.
“Hay una movida del campo en toda la provincia, más allá de lo de Azul, que es un disparate, donde los productores no es que quieren dejar de pagar; solo necesitan que les arreglen los caminos. Nos dicen que tienen un deplorable estado de caminos y que cuando llueve es imposible transitarlos y sacar su producción. Hay productores que me han planteado que los empleados que tienen ahí no pueden encontrar la manera de llevar los hijos a la escuela. Es recontra transversal la situación”, describió el letrado.
“Sumado a que lo que recaudan los municipios es una fortuna, ese dinero, por los apremios económicos que tienen los intendentes en otros rubros, tiene otro destino, entre ellos los sueldos de los empleados. El cobro de una tasa debe tener una contraprestación efectiva, es su naturaleza jurídica” agregó Moroni 
Recordó que hay jurisprudencia en la materia bastante reciente, cuando la productora de Carlos Casares Andrea Passerini ganó un juicio y sentó un precedente inédito para el campo. Luego de un reclamo contra ese municipio bonaerense por la falta de prestación de un servicio de mantenimiento de caminos, logró que quedara firme una decisión judicial que obliga a esa comuna a devolver lo cobrado por la tasa vial. Passerini siguió pagando la tasa y posteriormente hizo una declarativa de certeza para que el municipio justificara que había brindado los servicios por los que cobró. Nunca lo hizo.
“Nosotros, teniendo en cuenta este antecedente jurisprudencial, para el caso de la gente de Daireaux, le estamos pidiendo al mismo juez que permita a los productores no pagar para que luego no se tenga que hacer otro juicio posterior para que restituyan lo pagado. Más de 12 ya han iniciado juicio y otros tantos están en vía de hacerlo, juntando la documentación pertinente”, subrayó.
Por último, el letrado dijo que, lejos de querer perder el tiempo con juicios, el productor busca trabajar en el campo. “El productor produce, no está acostumbrado a juicios y le cuesta muchísimo no pagar. Se están moviendo estructuras que nunca pensé que se iban a mover: esto es un hartazgo generalizado a los municipios que cobran tasas viales con valores de Europa para tener caminos que no se pueden transitar ni con un tractor. Además, en el caso de municipios con tendencias peronistas está la famosa batalla cultural: no llaman al campo a sentarse a la mesa para ver cómo se pueden arreglar los caminos. El productor no es que no quiere pagar y desfinanciar al municipio, sino que lo único que busca es tener transitabilidad en sus caminos”, finalizó el abogado

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA