DENUNCIA Y JUBILADOS (IRREGULARIDADES EN PAMI )

Desplazaron a un funcionario de la Magistratura tras una denuncia de acoso
Se trata del exdirector de Recursos Humanos; la mujer que lo acusó, a su vez, es investigada en el caso del robo de declaraciones juradas de jueces
El caso nunca resuelto de la manipulación de los sobres con las declaraciones juradas de jueces, ocurrido hace dos años en el Consejo de la Magistratura, sumó ahora un nuevo capítulo: una funcionaria acusada de haber permitido por negligencia esa manipulación se defendió y apuntó contra su jefe, a quien además denunció por acoso y amenazas. Él fue desplazado del cargo de director general de Recursos Humanos el martes pasado, pero sigue siendo funcionario del Poder Judicial.
María Victoria Pérez Bayonzo fue señalada por la investigación interna del Consejo como la responsable del control de las declaraciones juradas y está acusada de un presunto manejo imprudente que facilitó que alguien más accediera ilegalmente a documentación de los jueces. Este mes, ella presentó un descargo en el sumario administrativo. Ese sumario es para determinar quiénes fueron los autores de las “intrusiones” en la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Consejo de la Magistratura, en Sarmiento 877. Faltaban sobres, otros estaban abiertos y otros tenían signos de haber sido abiertos y vueltos a cerrar, según la investigación interna. Varios de los sobres manipulados eran de jueces que llevaban causas de alto impacto político, como dos de los tres que estaban juzgando a Cristina Kirchner (y finalmente la condenaron) y el hoy candidato a juez de la Corte Ariel Lijo.
En un escrito que presentó en el Consejo, Pérez Bayonzo negó las acusaciones en su contra y dijo que el verdadero responsable del área era Federico Vincent, director general de Recursos Humanos, su jefe. la nacion intentó comunicarse con Vincent a su teléfono para conocer su versión de los hechos, pero hasta el momento él no respondió.
Pérez Bayonzo sostuvo que la acusan de haber tomado la decisión de mudar después de más de 14 años la oficina donde estaban las declaraciones juradas (del quinto piso al octavo), cuando esa medida la tomó él. También, de no haber adoptado los recaudos de seguridad necesarios para esas nuevas dependencias y de no tener cámaras de monitoreo.
La funcionaria dice que nada de eso dependía de ella, que incluso promovió cambios y redactó reglamentos para mejorar el manejo de las declaraciones y que advirtió además atrasos de 12 años en presentaciones. Dice que fue por gestión de ella que se dispusieron el refuerzo de las puertas de acceso a la oficina, la implementación de los controles de ingreso al edificio y el arqueo periódico de los documentos. Que después se relajaron algunos controles, pero que nada fue decisión de ella.
Pero además denunció penalmente por abuso sexual simple (lo acusó de abrazarla por la fuerza y de tocarle la cola) y amenazas coactivas agravadas a Vincent, según ella misma informó en el Consejo. El martes pasado, Vincent fue corrido de la Dirección General de Recursos Humanos. Seguirá conservando, según esa resolución a la que accedió la nacion, “la oficina que corresponda al subadministrador general del Poder Judicial”, cargo que ejercía en paralelo al de director de Recursos Humanos.
El motivo que se alegó para disponer su desplazamiento como director del área fue “la necesidad de redistribuir los recursos humanos existentes dentro de la Administración General, con la finalidad de brindar una mejor y más eficiente asistencia al servicio de justicia”. Firma la resolución Alexis Varady, que en otro recambio no vinculado con este caso fue nombrado a principios de este mes administrador general del Poder Judicial.
En su descargo ante el Consejo, Pérez Bayonzo dijo que ella no era la responsable del área que controlaba las declaraciones juradas, sino que estaba allí para “colaborar”, de acuerdo con los términos de su designación. El que tenía el control “total y estricto”, según ella, era Vincent. “Se busca a un perejil para encubrir a un elefante responsable real”, escribió Pérez Bayonzo, que cuestionó, además, algunos aspectos de la investigación del Consejo.
Pérez Bayonzo es chaqueña, llegó en 2016 a Buenos Aires y desde entonces trabaja en el Consejo de la Magistratura. Según ella, la situación con quien fue su jefe fue empeorando con el tiempo. Relata que él la miraba y elogiaba su cuerpo de una forma que a ella la incomodaba; que le mandó mensajes que decían, por ejemplo, que le iba a dar un abrazo y que iba a tener que intervenir “el grupo GEOF” para separarlos. También, que le ofreció donarle esperma para cuando quisiera ser madre (algo que ella definió como “una locura”), que la abrazaba con fuerza y no la soltaba, y que una vez incluso le tocó la cola –y ella le pegó una cachetada–. “Esa noche no podía parar de vomitar”, relató en su descargo. En paralelo, presentó una denuncia penal.
Además, ante el Consejo contó: “En días previos al hecho investigado del fin de semana largo de junio de 2022 en la Oficina de Declaraciones Juradas, el señor Vincent me citó a su despacho en la subadministración en el piso 7°, me hizo algunas ‘recomendaciones’ en nombre de un exagente de los servicios de inteligencia, me dijo que comenzara a callarme más la boca”. Según su relato, le dijo además que pidiera el traslado a Chaco, algo que ella no hizo.
Pérez Bayonzo también sostuvo que después de que se conoció la manipulación de las declaraciones juradas, ella notó que la seguían y le dejaron lo que, según ella, parecía ser un pájaro negro muerto frente a su ventana. Se cumplieron un año y nueve meses de conocida la apertura irregular de las declaraciones juradas, episodio que se desconoce cuándo ocurrió y que fue interpretado dentro de la Justicia como un posible “mensaje” o el resultado de “internas”. Ni la Justicia ni el Consejo identificaron hasta hoy a un posible autor.

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Una auditoría del Gobierno detectó graves irregularidades en el PAMI
El trabajo dio cuenta de varios hospitales sin terminar y de un padrón de afiliados “no confiable” que dejó la gestión de la camporista Volnovich

Camila Dolabjian
En junio de 2022, Máximo Kirchner fue el protagonista del anuncio de inicio de obra de un hospital del PAMI en Hurlingham. Presentó una maqueta para el centro de tratamiento, que incluiría terapia intensiva, guardia y diagnósticos para el distrito, una obra del Bicentenario que no se termina desde que su padre la ideó durante su gobierno. Irónicamente, preguntó a los funcionarios que lo acompañaban cuánto tardarían en concluir el proyecto. Nueve meses, le contestaron. “Hasta el 25 de mayo [de 2023]. Paciencia, si no la pudrimos”, aseguró entre risas, en referencia a los constructores.
Pero el 25 de mayo no estuvo lista la obra. Tampoco en septiembre del año pasado, cuando en medio de la campaña Sergio Massa, candidato presidencial, y Luana Volnovich, titular del instituto, hicieron la inauguración de esa obra y otros tres hospitales en simultáneo, que se suponía estaban listos, en los municipios de Escobar (en donde hicieron el acto), Ituzaingó, Lanús y Hurlingham. “Es para Néstor, que está en el cielo”, dedicó la camporista Volnovich.
Lo cierto es que ninguna de esas cuatro obras estaba terminada en un 100%. Los hospitales de Escobar e Ituzaingó fueron recibidos por la nueva gestión con un grado de avance importante, según fuentes del PAMI, pero los de Lanús y Hurlingham apenas tienen sus primeras etapas finalizadas. la nacion visitó este último, que tenía fecha de finalización de las tres etapas en diciembre de 2023 (después de varias postergaciones) y encontró que hasta el momento solo se atiende en consultorios externos y no hay signos de obra para avanzar sobre las partes claves del hospital, como las camas de internación, la terapia intensiva y el diagnóstico por imágenes.
Tampoco funciona la guardia, lo que ha llevado a confusiones de vecinos jubilados que se acercan en busca de asistencia y son derivados a otros municipios.
Todo frenado
La actual dirigencia del PAMI decidió suspender el avance de todas las obras tanto por la directiva genérica del Presidente de poner en pausa las inversiones públicas como también para fiscalizar y auditar las que llevaba adelante el instituto de los jubilados y pensionados, que fue fuertemente apuntado por las irregularidades que se encontraron.
Mientras tanto, centros de jubilados y vecinos del distrito se reunirán este miércoles para reclamar la finalización del hospital. En la auditoría que ordenó Javier
Milei se detectaron múltiples falencias, incluida una relativa a los hospitales. “Las obras han sufrido interrupciones y se observa la falta de implementación de las medidas necesarias para lograr la puesta en funcionamiento de la totalidad de los servicios médicos previstos en orden a alcanzar la plena operatividad de los nosocomios”, destacaron los auditores.
Otra de las críticas al instituto es la falta de transparencia en sus compras, algo a lo que el Gobierno se ha referido. La auditoría reveló que el PAMI recurría a la realización de “renovaciones extraordinarias” para las contrataciones, principalmente de medicamentos, y anotaron que la normativa solo permitía efectuar dos de ellas y una ampliación como máximo.
Desde 2021, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) le pidió al PAMI que se abstuviera de esta práctica y que se llevaran “a cabo los procesos licitatorios correspondientes promoviendo la concurrencia de interesados y procurando la igualdad de tratamiento para todos los potenciales oferentes” y la transparencia. De acuerdo con la información disponible a diciembre, se encuentran vigentes siete renovaciones extraordinarias por un total de US$2.170.784 y $682.129.810,20.
Además, detectaron “adquisiciones por montos muy significativos a través de convenios que no surgen de licitaciones”, entre los cuales se encuentra un acuerdo para la provisión de medicamentos para tratamientos especiales, oncológicos, hemofilia y suplementos nutricionales con la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) por $351.510.036.681, prorrogado hasta marzo de este año y uno por dispensa de medicamentos ambulatorios, clozapinas y diabetes con la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (Afmsr), la Federación Farmacéutica (Fefara), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf ) y la Asociación Mutual Farmasur por $95.385.538.006.
El padrón de afiliados fue calificado como “no confiable” por falta de validaciones y depuraciones, lo cual fue anotado como una potencial fuente de perjuicio económico al PAMI, debido a que sus registros son tomados como base para la asignación de dinero a los prestadores. En definitiva, la auditoría da cuenta de lo mismo que se refleja en las quejas de los jubilados: irregularidades e incumplimientos de los efectores que no derivaron en penalidades

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