El Gobierno redobla la presión a las provincias por la nueva “Ley de bases”
En la Casa Rosada sostienen que los gobernadores están “invitados” a apoyar la iniciativa, pero deslizan advertencias
Cecilia Devanna
La última reunión con los gobernadores, el 8 de marzo, encabezada por Nicolás Posse
Cuando restan 15 días para la fecha en que se propone que la nueva versión de la “Ley de bases” ingrese a comisión en el Congreso, el Gobierno busca avanzar en los últimos detalles del acuerdo con buena parte de los gobernadores, mientras mira con desconfianza declaraciones y movimientos de parte de algunos de ellos. “El Pacto de Mayo se va a hacer con los que acompañen las reformas. Si quieren acompañar, bienvenidos”, sintetizó una importante fuente de la Casa Rosada.
“Están todos invitados, y los que no quieren, que no vengan”, completó el funcionario consultado En la misma línea, dijo que las provincias que no se sumen al pacto no tendrán los mismos beneficios que aquellas que sí lo hagan. “Si no entienden el momento histórico y quieren cortarse solos, que lo hagan. Pero si quieren plata del Gobierno, deberán acompañar”, sintetizó en referencia al Pacto de Mayo convocado por el presidente
Javier Milei. Y que también siguen de cerca, por su costado fiscal, en el Ministerio de Economía.
El Gobierno tiene en agenda para mañana por la tarde una reunión con los 10 mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio (JxC), el ministro del Interior, Guillermo Francos, y muy posiblemente el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Francos ya se reunió la semana pasada con los gobernadores del Norte Grande, en Salta, en tanto que previamente también mantuvo encuentros individuales con Claudio Vidal, de Santa Cruz, y Rolando Figueroa, de Neuquén.
Con quienes no se vio el titular de la cartera política en el último tiempo es con Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Martín Llaryora (Córdoba) y Sergio Ziliotto (La Pampa). “Son los cuatro más hostiles”, resumió la fuente de la Casa Rosada consultada por este diario.
Mientras que mantiene como fechas en Diputados para el tratamiento de la “Ley de bases” el 17 y el 24 de abril, en paralelo ya trabajan en lo que será la parada del Senado, más compleja en su composición. Para eso trabaja el ministro Francos, que según las mismas fuentes dialoga con los diferentes bloques.
Desde ese ámbito, rápidamente se busca en la Casa Rosada alejar conflictos con Victoria Villarruel. En ese sentido, juran que Francos habló previamente con la vicepresidenta y desde el Ejecutivo aclaran que el papel de Villarruel “no es juntar votos, aunque si quiere, obviamente que puede hacerlo”.
Respecto de los cambios que podría haber en materia de reforma laboral, en Balcarce 50 son claros: “Queremos que salgan”. Pero están dispuestos a negociar la prohibición de huelga y el aporte solidario. En la mesa chica de Milei ven al radicalismo como el más involucrado en la redacción de la reforma. “Es más importante resolver los tres o cuatro puntos que afectan a las pymes que lo de las obras sociales sindicales”, resumió el funcionario con oficina en la Rosada.
Allí afirman que el paquete fiscal, por el que pelean buena parte de los gobernadores se votará separado y después de la nueva ley ómnibus. “La ‘Ley de bases’ ya tiene trámite parlamentario y el paquete fiscal, no”, distinguen las fuentes, en referencia a que el capítulo fiscal fue retirado de la ley antes que esta se tratara en el recinto, en febrero pasado.
Entre los ejemplos de críticas a gobernadores sobresale el nombre del santacruceño Claudio Vidal. Sin demasiadas sutilezas, en Balcarce 50 apuntaron: “Se pasó las últimas dos semanas en el Ministerio del Interior pidiendo plata y después va a su provincia y revolea 500 millones de pesos en merluza”, afirmaron en referencia al reparto gratuito de 60.000 kilos de pescado que hizo el gobernador santacruceño durante la Semana Santa. “Y dice que si no le damos plata, no vota la ley”, advirtieron en la sede de gobierno. A lo que agregaron que otros mandatarios les dicen: “Nosotros no vamos a votar, pero igual Ganancias va a salir”. En referencia a esa actitud aseguraron: “Eso no funciona así. No se trata de no dar el voto porque sabés que te vas a beneficiar igual”.
Aunque aclararon que no quieren personificarlo en él, en la Casa Rosada señalaron que el gobernador corbobés, Martín Llaryora, registra gastos por 27.000 millones de pesos en pauta publicitaria. “Que bajen el gasto si no pueden pagar”, insistieron. Y agregaron: “Vivimos en un país federal, eso implica que se tienen hacer cargo. Hay voluntad de arreglar las cosas, pero todos tenemos que hacer esfuerzos. No podemos resolver todos los problemas que dejó la política en 40 años en solo tres meses”, recalcaron.
Respecto del cambio en el piso de del impuesto a las ganancias, que podría alcanzar a alrededor de un millón de trabajadores, insistieron en que trabajan para saldar el vacío legal que quedó de los cambios de la norma anterior y que podrían hacer que quienes fueron exceptuados del pago desde el último trimestre de 2023 no solo vuelvan a pagar, sino que también deban hacerlo en forma retroactiva. “Sería un escenario sin antecedentes y que estamos tratando de evitar”, aseguraron.
En la Casa Rosada apuntan a conseguir el apoyo de los gobernadores de JxC
Kicillof, Llaryora, Melella y Ziliotto son considerados “los cuatro más hostiles”
Otro de los temas sensibles con los gobernadores son las cajas previsionales no transferidas. En la Casa Rosada advirtieron que “no se toca ni se va a tocar la partida hasta que se terminen las auditorías en curso”. El funcionario consultado puso especial énfasis en la necesidad de cuidar los recursos del Estado nacional, pese a las demandas de las provincias.
Cuando restan 15 días para la fecha en que se propone que la nueva versión de la “Ley de bases” ingrese a comisión en el Congreso, el Gobierno busca avanzar en los últimos detalles del acuerdo con buena parte de los gobernadores, mientras mira con desconfianza declaraciones y movimientos de parte de algunos de ellos. “El Pacto de Mayo se va a hacer con los que acompañen las reformas. Si quieren acompañar, bienvenidos”, sintetizó una importante fuente de la Casa Rosada.
“Están todos invitados, y los que no quieren, que no vengan”, completó el funcionario consultado En la misma línea, dijo que las provincias que no se sumen al pacto no tendrán los mismos beneficios que aquellas que sí lo hagan. “Si no entienden el momento histórico y quieren cortarse solos, que lo hagan. Pero si quieren plata del Gobierno, deberán acompañar”, sintetizó en referencia al Pacto de Mayo convocado por el presidente
Javier Milei. Y que también siguen de cerca, por su costado fiscal, en el Ministerio de Economía.
El Gobierno tiene en agenda para mañana por la tarde una reunión con los 10 mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio (JxC), el ministro del Interior, Guillermo Francos, y muy posiblemente el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Francos ya se reunió la semana pasada con los gobernadores del Norte Grande, en Salta, en tanto que previamente también mantuvo encuentros individuales con Claudio Vidal, de Santa Cruz, y Rolando Figueroa, de Neuquén.
Con quienes no se vio el titular de la cartera política en el último tiempo es con Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Martín Llaryora (Córdoba) y Sergio Ziliotto (La Pampa). “Son los cuatro más hostiles”, resumió la fuente de la Casa Rosada consultada por este diario.
Mientras que mantiene como fechas en Diputados para el tratamiento de la “Ley de bases” el 17 y el 24 de abril, en paralelo ya trabajan en lo que será la parada del Senado, más compleja en su composición. Para eso trabaja el ministro Francos, que según las mismas fuentes dialoga con los diferentes bloques.
Desde ese ámbito, rápidamente se busca en la Casa Rosada alejar conflictos con Victoria Villarruel. En ese sentido, juran que Francos habló previamente con la vicepresidenta y desde el Ejecutivo aclaran que el papel de Villarruel “no es juntar votos, aunque si quiere, obviamente que puede hacerlo”.
Respecto de los cambios que podría haber en materia de reforma laboral, en Balcarce 50 son claros: “Queremos que salgan”. Pero están dispuestos a negociar la prohibición de huelga y el aporte solidario. En la mesa chica de Milei ven al radicalismo como el más involucrado en la redacción de la reforma. “Es más importante resolver los tres o cuatro puntos que afectan a las pymes que lo de las obras sociales sindicales”, resumió el funcionario con oficina en la Rosada.
Allí afirman que el paquete fiscal, por el que pelean buena parte de los gobernadores se votará separado y después de la nueva ley ómnibus. “La ‘Ley de bases’ ya tiene trámite parlamentario y el paquete fiscal, no”, distinguen las fuentes, en referencia a que el capítulo fiscal fue retirado de la ley antes que esta se tratara en el recinto, en febrero pasado.
Entre los ejemplos de críticas a gobernadores sobresale el nombre del santacruceño Claudio Vidal. Sin demasiadas sutilezas, en Balcarce 50 apuntaron: “Se pasó las últimas dos semanas en el Ministerio del Interior pidiendo plata y después va a su provincia y revolea 500 millones de pesos en merluza”, afirmaron en referencia al reparto gratuito de 60.000 kilos de pescado que hizo el gobernador santacruceño durante la Semana Santa. “Y dice que si no le damos plata, no vota la ley”, advirtieron en la sede de gobierno. A lo que agregaron que otros mandatarios les dicen: “Nosotros no vamos a votar, pero igual Ganancias va a salir”. En referencia a esa actitud aseguraron: “Eso no funciona así. No se trata de no dar el voto porque sabés que te vas a beneficiar igual”.
Aunque aclararon que no quieren personificarlo en él, en la Casa Rosada señalaron que el gobernador corbobés, Martín Llaryora, registra gastos por 27.000 millones de pesos en pauta publicitaria. “Que bajen el gasto si no pueden pagar”, insistieron. Y agregaron: “Vivimos en un país federal, eso implica que se tienen hacer cargo. Hay voluntad de arreglar las cosas, pero todos tenemos que hacer esfuerzos. No podemos resolver todos los problemas que dejó la política en 40 años en solo tres meses”, recalcaron.
Respecto del cambio en el piso de del impuesto a las ganancias, que podría alcanzar a alrededor de un millón de trabajadores, insistieron en que trabajan para saldar el vacío legal que quedó de los cambios de la norma anterior y que podrían hacer que quienes fueron exceptuados del pago desde el último trimestre de 2023 no solo vuelvan a pagar, sino que también deban hacerlo en forma retroactiva. “Sería un escenario sin antecedentes y que estamos tratando de evitar”, aseguraron.
En la Casa Rosada apuntan a conseguir el apoyo de los gobernadores de JxC
Kicillof, Llaryora, Melella y Ziliotto son considerados “los cuatro más hostiles”
Otro de los temas sensibles con los gobernadores son las cajas previsionales no transferidas. En la Casa Rosada advirtieron que “no se toca ni se va a tocar la partida hasta que se terminen las auditorías en curso”. El funcionario consultado puso especial énfasis en la necesidad de cuidar los recursos del Estado nacional, pese a las demandas de las provincias.
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Dudas de los gobernadores de JxC frente a la reforma fiscal
Los 10 mandatarios respaldan la ley ómnibus y el Pacto de Mayo, pero no la reversión de Ganancias; se reúnen mañana
Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– Los diez gobernadores de Juntos para el Cambio (JxC) que mañana se reunirán con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aseguran llegar al encuentro con “buen ánimo” y “disposición” al diálogo. Pero si bien tienden a acompañar la ley ómnibus (reforma laboral incluida) y los diez puntos del Pacto de Mayo, mantienen su resistencia a la reinstauración de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias con el piso de $1,2 millones y rechazan enfáticamente la decisión de la Casa Rosada de cortar los fondos para las cajas de jubilaciones no transferidas.
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que la semana pasada dejó sin efecto la obligación de la Anses de girar el financiamiento acordado a los 13 sistemas previsionales provinciales generó una tensión extra porque, más allá de que desde enero no reciben un peso, había negociaciones y se habían aceptado las auditorías.
La mitad de esas cajas previsionales no transferidas son de distritos gobernados por JxC, con mandatarios que asumieron en diciembre. El dinero en juego es mucho y lo que no reciben de la Anses lo deben cubrir los tesoros provinciales para que los jubilados provinciales sigan cobrando; con las finanzas estresadas como están por el ajuste, el problema se agranda.
En el encuentro estarán los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés; de Chaco, Leandro Zdero; de Chubut, Ignacio Torres; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de San Luis, Claudio Poggi; de San Juan, Marcelo Orrego, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, tiene pautada para el jueves a la misma hora una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para insistir en el reclamo de los $522.000 millones de la deuda acumulada por el incumplimiento de Nación de la cautelar de la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación. Es probable que se sume después al otro cónclave.
Si el temario de los gobernadores pudiera graficarse con un semáforo, la luz verde es para la ley ómnibus “bis” y el decálogo del Pacto de Mayo. En ninguno de los dos casos hay objeciones de fondo y los mandatarios de JxC están decididos a “acompañar”. Según confirmaron varios a incluso si se agrega el capítulo de la reforma laboral al proyecto de ley.
Dudas
El paquete fiscal, en cambio, enciende la luz amarilla. Hay aval al blanqueo (que esperan se coparticipe), pero mantienen el rechazo a la restitución de Ganancias para la cuarta categoría, “menos” con un piso de $1,2 millones como el que anunció Francos. La mayoría del grupo entienden que es “empujar” a más trabajadores al límite de la pobreza, ponen el foco en las diferencias salariales entre las zonas del país y en los respectivos costos de vida e insisten en buscar alternativas para compensar la pérdida de coparticipación que significó la modificación del tributo en la gestión de Sergio Massa.
La luz roja la encendió el DNU que afecta las cajas de jubilaciones no transferidas a la Nación. La medida es definida, directamente, como “pésima” por los mandatarios, quienes no aceptan las explicaciones de Francos sobre que esas partidas “están”, pero fueron reconducidas. Para Entre Ríos, por ejemplo, la deuda acumulada más la proyección de este año sumaría unos $90.000 millones; para Chubut es algo menos, pero también una “cifra muy importante”.
“No es que se eliminaron las partidas para las transferencias a las cajas de jubilaciones no transferidas, las partidas están, se reasignaron. El dinero va a ir en otras partidas, eso no se ha tocado. Lo único que está en discusión son los montos”, dijo Francos el sábado, luego de que se conociera el recorte. “Lo que el Estado tiene que pagar y lo que las provincias reclaman a veces difiere, entonces se están realizando auditorías para los verdaderos montos a transferir”, completó.
La intención de los gobernadores de demandar a la Nación ante la Corte Suprema por esos fondos retenidos sigue en pie, aun sabiendo que un fallo definitivo puede demorar años. Hay antecedentes de otros gobiernos nacionales que cortaron financiamiento y debieron pagar la cuenta los presidentes que vinieron después. Los mandatarios provinciales están convencidos de que las auditorías –que mencionó Francos como explicación de la suspensión de los pagos– pueden seguir mientras se les hacen los “anticipos” a las provincias.
La realización de auditorías por parte de la Anses, coinciden tres mandatarios, vienen “desde hace tiempo y nunca se completan”. Interpretan que es una “excusa” que ya se usó en otras administraciones para hacer las transferencias a valores históricos. Aunque la mayoría reiteran que van “dispuestos” a conversar y entienden que también serán “escuchados”, reconocen que el DNU provocó “inquietud” ya que alcanzó, además de los sistemas previsionales, al Fondo del Transporte. En ese mismo apartado incluyen al Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y “obras públicas claves” frenadas que consideran vitales para la producción
CÓRDOBA.– Los diez gobernadores de Juntos para el Cambio (JxC) que mañana se reunirán con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aseguran llegar al encuentro con “buen ánimo” y “disposición” al diálogo. Pero si bien tienden a acompañar la ley ómnibus (reforma laboral incluida) y los diez puntos del Pacto de Mayo, mantienen su resistencia a la reinstauración de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias con el piso de $1,2 millones y rechazan enfáticamente la decisión de la Casa Rosada de cortar los fondos para las cajas de jubilaciones no transferidas.
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que la semana pasada dejó sin efecto la obligación de la Anses de girar el financiamiento acordado a los 13 sistemas previsionales provinciales generó una tensión extra porque, más allá de que desde enero no reciben un peso, había negociaciones y se habían aceptado las auditorías.
La mitad de esas cajas previsionales no transferidas son de distritos gobernados por JxC, con mandatarios que asumieron en diciembre. El dinero en juego es mucho y lo que no reciben de la Anses lo deben cubrir los tesoros provinciales para que los jubilados provinciales sigan cobrando; con las finanzas estresadas como están por el ajuste, el problema se agranda.
En el encuentro estarán los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés; de Chaco, Leandro Zdero; de Chubut, Ignacio Torres; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de San Luis, Claudio Poggi; de San Juan, Marcelo Orrego, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, tiene pautada para el jueves a la misma hora una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para insistir en el reclamo de los $522.000 millones de la deuda acumulada por el incumplimiento de Nación de la cautelar de la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación. Es probable que se sume después al otro cónclave.
Si el temario de los gobernadores pudiera graficarse con un semáforo, la luz verde es para la ley ómnibus “bis” y el decálogo del Pacto de Mayo. En ninguno de los dos casos hay objeciones de fondo y los mandatarios de JxC están decididos a “acompañar”. Según confirmaron varios a incluso si se agrega el capítulo de la reforma laboral al proyecto de ley.
Dudas
El paquete fiscal, en cambio, enciende la luz amarilla. Hay aval al blanqueo (que esperan se coparticipe), pero mantienen el rechazo a la restitución de Ganancias para la cuarta categoría, “menos” con un piso de $1,2 millones como el que anunció Francos. La mayoría del grupo entienden que es “empujar” a más trabajadores al límite de la pobreza, ponen el foco en las diferencias salariales entre las zonas del país y en los respectivos costos de vida e insisten en buscar alternativas para compensar la pérdida de coparticipación que significó la modificación del tributo en la gestión de Sergio Massa.
La luz roja la encendió el DNU que afecta las cajas de jubilaciones no transferidas a la Nación. La medida es definida, directamente, como “pésima” por los mandatarios, quienes no aceptan las explicaciones de Francos sobre que esas partidas “están”, pero fueron reconducidas. Para Entre Ríos, por ejemplo, la deuda acumulada más la proyección de este año sumaría unos $90.000 millones; para Chubut es algo menos, pero también una “cifra muy importante”.
“No es que se eliminaron las partidas para las transferencias a las cajas de jubilaciones no transferidas, las partidas están, se reasignaron. El dinero va a ir en otras partidas, eso no se ha tocado. Lo único que está en discusión son los montos”, dijo Francos el sábado, luego de que se conociera el recorte. “Lo que el Estado tiene que pagar y lo que las provincias reclaman a veces difiere, entonces se están realizando auditorías para los verdaderos montos a transferir”, completó.
La intención de los gobernadores de demandar a la Nación ante la Corte Suprema por esos fondos retenidos sigue en pie, aun sabiendo que un fallo definitivo puede demorar años. Hay antecedentes de otros gobiernos nacionales que cortaron financiamiento y debieron pagar la cuenta los presidentes que vinieron después. Los mandatarios provinciales están convencidos de que las auditorías –que mencionó Francos como explicación de la suspensión de los pagos– pueden seguir mientras se les hacen los “anticipos” a las provincias.
La realización de auditorías por parte de la Anses, coinciden tres mandatarios, vienen “desde hace tiempo y nunca se completan”. Interpretan que es una “excusa” que ya se usó en otras administraciones para hacer las transferencias a valores históricos. Aunque la mayoría reiteran que van “dispuestos” a conversar y entienden que también serán “escuchados”, reconocen que el DNU provocó “inquietud” ya que alcanzó, además de los sistemas previsionales, al Fondo del Transporte. En ese mismo apartado incluyen al Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y “obras públicas claves” frenadas que consideran vitales para la producción
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