El Gobierno cerrará el 40% de los registros automotores y eliminará la cédula azul
Lo anunció Justicia; se podrá circular en todo el país solo con la tarjeta verde
Pablo Ortega
En el país hay 1558 oficinas registrales; se calcula que el 40% están intervenidas
El Gobierno cerrará el 40% de los registros automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y eliminará la cédula azul como documento requerido para circular con el automóvil, según informó ayer en un comunicado el Ministerio de Justicia.
Aunque aún no se sabe la fecha en la que comenzará a regir, también dejará de tener vencimiento la cédula verde, que es la que contiene los datos claves del vehículo –nombre del dueño, DNI, números de chasis y motor, modelo y año de fabricación–. La azul, que identifica a un tercero habilitado para conducir el vehículo, ya no será exigida.
Buena parte de los cambios que se plantean ahora desde el Ministerio de Justicia, incluida la digitalización de los trámites, formaban parte del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que el presidente Javier Milei firmó el 22 de diciembre pasado.
Entre otros aspectos, además, se propondrá a las provincias que disminuyan el impuesto a los sellos y a las patentes provinciales, que asciende hasta el 70% del valor total de la transferencia de un vehículo, con el objetivo de reducir el costo de las operaciones registrales. Aún queda por definir en qué fecha entran en vigor los cambios.
En una medida orientada a reducir trámites y costos burocráticos que generó repercusión en la opinión pública, el Gobierno anunció ayer que cerrará el 40% de los registros automotores, comenzando por los que llevan intervenidos más de dos años, y eliminará la vigencia de la cédula azul como documento requerido para circular en el caso de quienes no son titulares del vehículo.
En un comunicado, el Ministerio de Justicia dispuso esas y otras medidas ligadas con los registros automotores, siguiendo la línea política marcada en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del 22 de diciembre del presidente Javier Milei, que incluyó 14 puntos referidos a la simplificación de trámites y la digitalización del sistema.
Según estableció el comunicado de la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, a partir de este mes cualquier persona podrá circular con la sola exhibición –física o digital– de la cédula verde que, además, dejará de tener vencimiento. La cédula verde es el documento en el que figuran la identidad del propietario del vehículo y todos los datos del modelo en cuestión (marca, tipo, número de chasis y de motor). La cédula azul, en tanto, es emitida por pedido del titular y permite que un tercero conduzca el automóvil.
“De acuerdo con el resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (Dnrpa), y con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos, se ejecutarán las siguientes medidas”, indicó el Ministerio de Justicia, y enumeró que “se cerrará el 40% de los registros automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos”.
La medida implica que “se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”.
Otra de las disposiciones oficiales es la eliminación de la cédula azul: a partir de mayo, indicó el comunicado, “cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición –física o digital– de la cédula verde del titular del automóvil”. También se eliminará el vencimiento de todas las cédulas verdes.
Hasta ahora, las cédulas verdes caducaban al año de ser emitidas, pero el titular del vehículo podía conducir de todas formas pese a que estuviera vencida. En cambio, no podía hacerlo un tercero, que necesitaba la cédula azul.
Si bien el Ministerio de Justicia señaló que a partir de este mes se eliminará la cédula azul, horas más tarde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comunicó que “se mantienen los requerimientos de la ley vigente con respecto a la documentación solicitada para la circulación” hasta que se “dicten las normas necesarias para la aplicación efectiva de las medidas anunciadas este viernes 3 de mayo”.
Digitalización
Esto significa que en los controles vehiculares en el país siguen rigiendo por estas horas la cédula verde y la azul, junto con el resto de la documentación obligatoria (DNI, licencia, comprobante de seguro vigente y VTV), hasta que el Gobierno establezca el día exacto en que entra en vigor el cambio.
Consultó a fuentes del ministerio para obtener precisiones sobre el tema, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
En otra de sus medidas, la cartera definió también que “los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los encargados de registros”.
Otra de las medidas será digitalizar “la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos”.
La digitalización de los registros para que todos los trámites de inscripción y transferencia de un vehículo puedan hacerse en forma virtual es el corazón de la reforma que impulsa el Gobierno. El decreto de diciembre había establecido, en su artículo 364, que la Dnrpa debía poner en marcha su “registro remoto, abierto, estandarizado y accesible” para el 2 de mayo de este año a más tardar. Ayer, viernes 3, se conocieron las medidas.
Hace una semana, por medio de una resolución, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había dado otro paso para reducir la burocracia al eliminar el formulario CETA (certificado de transferencia de automotores) que debían presentar ante el organismo recaudador quienes compraran un vehículo por más de $4,5 millones.
El capítulo de la digitalización que impulsa el Gobierno incluirá además la “verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales”.
Otro punto importante de las medidas anticipadas por el Ministerio de Justicia está ligado con el costo que implica una transferencia de un vehículo, calculada hoy en el mercado en torno del 5,5% de su valor. El Gobierno, indicó, “propondrá a las provincias la adhesión de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia”.
En el mercado calculan que una transferencia ordinaria de un auto entre particulares paga hoy un promedio de 11 aranceles, entre la expedición del título, los formularios y las certificaciones de firmas. Pero el mayor costo del trámite pasa por el impuesto de sellos, que en la Capital y en la provincia de Buenos Aires alcanza al 3% del monto de la operación.
Por otra parte, el Gobierno informó que derogará el régimen que impone el monopolio de la Casa de Moneda en la compra de insumos y la impresión de las patentes automotores, lo cual “permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios”. La Casa de Moneda es la única habilitada en el país para proveer las chapas patentes, situación que generó el año último un faltante de insumos y demoras en las entregas de originales y duplicados en el contexto de la falta de dólares para las importaciones.
El Registro de la Propiedad Automotor se creó en 1964 yen la actualidadhay un total de 1558 oficinas registra les en todo el país. De ese número, se calcula que el 40% están intervenidas, lo cual significa que no tienen un encargado titular, sino un interventor designado por la Dnrpa.
Sobre la titularidad de los registros y las sospechas de sus supuestas vinculaciones con el mundo de la política, como muchos protagonistas sostienen, el Gobierno indicó que “se implementará un régimen de concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función”. También, “se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales”.
El Ministerio de Justicia informó a su vez que “se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo”.
Luego de estas medidas, la cartera a cargo de Cúneo Libarona iniciará la segunda etapa de la auditoría, “que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los registros automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos”.
El peso económico que tienen los trámites de los registros en la compra de un auto despierta críticas recurrentes en muchos sectores. En abril, Cúneo Libarona había autorizado una suba de los aranceles para las transferencias (que no se actualizaban desde octubre pasado) y debió dar marcha atrás el mismo día por la repercusión que provocó en redes sociales.
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Mortalidad infantil: índices que generan alarma en parte del país
Un relevamiento de la Universidad Católica Argentina, con base en datos oficiales, mostró la relación de la variable con la pobreza; en el nordeste, los números son altos
El Gobierno cerrará el 40% de los registros automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y eliminará la cédula azul como documento requerido para circular con el automóvil, según informó ayer en un comunicado el Ministerio de Justicia.
Aunque aún no se sabe la fecha en la que comenzará a regir, también dejará de tener vencimiento la cédula verde, que es la que contiene los datos claves del vehículo –nombre del dueño, DNI, números de chasis y motor, modelo y año de fabricación–. La azul, que identifica a un tercero habilitado para conducir el vehículo, ya no será exigida.
Buena parte de los cambios que se plantean ahora desde el Ministerio de Justicia, incluida la digitalización de los trámites, formaban parte del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que el presidente Javier Milei firmó el 22 de diciembre pasado.
Entre otros aspectos, además, se propondrá a las provincias que disminuyan el impuesto a los sellos y a las patentes provinciales, que asciende hasta el 70% del valor total de la transferencia de un vehículo, con el objetivo de reducir el costo de las operaciones registrales. Aún queda por definir en qué fecha entran en vigor los cambios.
En una medida orientada a reducir trámites y costos burocráticos que generó repercusión en la opinión pública, el Gobierno anunció ayer que cerrará el 40% de los registros automotores, comenzando por los que llevan intervenidos más de dos años, y eliminará la vigencia de la cédula azul como documento requerido para circular en el caso de quienes no son titulares del vehículo.
En un comunicado, el Ministerio de Justicia dispuso esas y otras medidas ligadas con los registros automotores, siguiendo la línea política marcada en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del 22 de diciembre del presidente Javier Milei, que incluyó 14 puntos referidos a la simplificación de trámites y la digitalización del sistema.
Según estableció el comunicado de la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, a partir de este mes cualquier persona podrá circular con la sola exhibición –física o digital– de la cédula verde que, además, dejará de tener vencimiento. La cédula verde es el documento en el que figuran la identidad del propietario del vehículo y todos los datos del modelo en cuestión (marca, tipo, número de chasis y de motor). La cédula azul, en tanto, es emitida por pedido del titular y permite que un tercero conduzca el automóvil.
“De acuerdo con el resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (Dnrpa), y con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos, se ejecutarán las siguientes medidas”, indicó el Ministerio de Justicia, y enumeró que “se cerrará el 40% de los registros automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos”.
La medida implica que “se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”.
Otra de las disposiciones oficiales es la eliminación de la cédula azul: a partir de mayo, indicó el comunicado, “cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición –física o digital– de la cédula verde del titular del automóvil”. También se eliminará el vencimiento de todas las cédulas verdes.
Hasta ahora, las cédulas verdes caducaban al año de ser emitidas, pero el titular del vehículo podía conducir de todas formas pese a que estuviera vencida. En cambio, no podía hacerlo un tercero, que necesitaba la cédula azul.
Si bien el Ministerio de Justicia señaló que a partir de este mes se eliminará la cédula azul, horas más tarde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comunicó que “se mantienen los requerimientos de la ley vigente con respecto a la documentación solicitada para la circulación” hasta que se “dicten las normas necesarias para la aplicación efectiva de las medidas anunciadas este viernes 3 de mayo”.
Digitalización
Esto significa que en los controles vehiculares en el país siguen rigiendo por estas horas la cédula verde y la azul, junto con el resto de la documentación obligatoria (DNI, licencia, comprobante de seguro vigente y VTV), hasta que el Gobierno establezca el día exacto en que entra en vigor el cambio.
Consultó a fuentes del ministerio para obtener precisiones sobre el tema, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
En otra de sus medidas, la cartera definió también que “los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los encargados de registros”.
Otra de las medidas será digitalizar “la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos”.
La digitalización de los registros para que todos los trámites de inscripción y transferencia de un vehículo puedan hacerse en forma virtual es el corazón de la reforma que impulsa el Gobierno. El decreto de diciembre había establecido, en su artículo 364, que la Dnrpa debía poner en marcha su “registro remoto, abierto, estandarizado y accesible” para el 2 de mayo de este año a más tardar. Ayer, viernes 3, se conocieron las medidas.
Hace una semana, por medio de una resolución, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había dado otro paso para reducir la burocracia al eliminar el formulario CETA (certificado de transferencia de automotores) que debían presentar ante el organismo recaudador quienes compraran un vehículo por más de $4,5 millones.
El capítulo de la digitalización que impulsa el Gobierno incluirá además la “verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales”.
Otro punto importante de las medidas anticipadas por el Ministerio de Justicia está ligado con el costo que implica una transferencia de un vehículo, calculada hoy en el mercado en torno del 5,5% de su valor. El Gobierno, indicó, “propondrá a las provincias la adhesión de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia”.
En el mercado calculan que una transferencia ordinaria de un auto entre particulares paga hoy un promedio de 11 aranceles, entre la expedición del título, los formularios y las certificaciones de firmas. Pero el mayor costo del trámite pasa por el impuesto de sellos, que en la Capital y en la provincia de Buenos Aires alcanza al 3% del monto de la operación.
Por otra parte, el Gobierno informó que derogará el régimen que impone el monopolio de la Casa de Moneda en la compra de insumos y la impresión de las patentes automotores, lo cual “permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios”. La Casa de Moneda es la única habilitada en el país para proveer las chapas patentes, situación que generó el año último un faltante de insumos y demoras en las entregas de originales y duplicados en el contexto de la falta de dólares para las importaciones.
El Registro de la Propiedad Automotor se creó en 1964 yen la actualidadhay un total de 1558 oficinas registra les en todo el país. De ese número, se calcula que el 40% están intervenidas, lo cual significa que no tienen un encargado titular, sino un interventor designado por la Dnrpa.
Sobre la titularidad de los registros y las sospechas de sus supuestas vinculaciones con el mundo de la política, como muchos protagonistas sostienen, el Gobierno indicó que “se implementará un régimen de concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función”. También, “se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales”.
El Ministerio de Justicia informó a su vez que “se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo”.
Luego de estas medidas, la cartera a cargo de Cúneo Libarona iniciará la segunda etapa de la auditoría, “que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los registros automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos”.
El peso económico que tienen los trámites de los registros en la compra de un auto despierta críticas recurrentes en muchos sectores. En abril, Cúneo Libarona había autorizado una suba de los aranceles para las transferencias (que no se actualizaban desde octubre pasado) y debió dar marcha atrás el mismo día por la repercusión que provocó en redes sociales.
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Mortalidad infantil: índices que generan alarma en parte del país
Un relevamiento de la Universidad Católica Argentina, con base en datos oficiales, mostró la relación de la variable con la pobreza; en el nordeste, los números son altos
Jesús Allende
Los controles prenatales, claves para reducir los indicadores de mortalidad infantil y materna
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó ayer una investigación que muestra la tendencia a la baja en las tasas de mortalidad infantil y materna, pero advirtió sobre las cifras alarmantes en los indicadores de las provincias del norte. El organismo analizó las estadísticas recabadas por el Ministerio de Salud de la Nación entre 2005 y 2022 y concluyó que si bien las muertes bajaron, es necesario poner el detalle en la realidad de lo que ocurre en el interior, donde la desigualdad social y geográfica profundizó la brecha. Otro fenómeno a mirar: desde 2018 la disminución de decesos se estancó, hecho que vincularon al impacto del crecimiento de la pobreza y la indigencia.
En el caso de la muerte de bebés de menos de un año, las provincias con los niveles más altos de pobreza superaron al promedio nacional y en los casos más extremos, como Formosa, casi lo duplicaron. Los especialistas remarcaron la urgencia de mejorar los sistemas de la salud y las condiciones de infraestructura de los hogares en cuanto al acceso al agua potable y cloacas. Además de la tasa en menores de un año, el estudio incluyó los indicadores de muerte de menores de cinco y de mortalidad materna. En el análisis comparativo de la región, Chile y Uruguay mostraron mejores resultados con un menor presupuesto destinado a salud.
“El promedio nacional es poco representativo de la realidad de las diferentes jurisdicciones del país, donde hay un conjunto de provincias con tasas muy elevadas. Algunas casi las duplican, en especial en muerte de menores de cinco años, un indicador al que hay que prestarle mucha atención porque se trata de mortalidad infantil por enfermedades tratables o prevenibles y vinculadas a las condiciones de vida, falta de saneamiento e inequidad al acceso y atención en salud”, dice Ianina Tuñ
Según el estudio, la tasa argentina de mortalidad infantil en menores de un año pasó de 13,3 cada 1000 nacidos vivos en 2005 a 8,4 en 2022, la última medición publicada por el Ministerio de Salud. De 2018 a hoy la evolución positiva se estancó y la situación de muchas provincias se alejó de la del promedio nacional. Por ejemplo, en 2022 Formosa registró 15,1 muertes en menores de 1 año (cada 1000 nacidos vivos); en Tierra del Fuego fue de 3,9.
En menores de cinco años, la tasa promedio nacional fue de 9,6 y hubo mayores progresos en la región del noroeste que en el noreste, donde la mortalidad alcanzó a 18,5 en Formosa, 16 en Corrientes y 13,8 en Chaco, entre las más afectadas.
“Formosa está bastante por arriba de la tasa promedio nacional, con mucha pobreza y condiciones ambientales muy adversas para la vida de los niños que no cuentan con servicios de salud de calidad o equitativos. Formosa, Santiago del Estero y Salta son jurisdicciones donde se superponen altas tasas de mortalidad infantil y materna por encima de la media nacional, con la pobreza infantil. En estas zonas la población está dispersa y alejada de los centros de salud”, explica.
Y agrega: “Hay también cuestiones ligadas al clima. En el nordeste hay zonas de condiciones climáticas y medioambientales de mucha vulnerabilidad para niños y embarazadas, como por ejemplo los veranos en Santiago del Estero”.
La tasa nacional promedió 4,1 cada 10.000 mujeres, siendo las principales muertes por consecuencias obstétricas, omisión o tratamientos inadecuados, enfermedades preexistentes o indirectas al embarazo y aborto. El informe mostró disparidades geográficas evidentes. Mientras que en 2022 se registraron 8,6 muertes maternas en Santiago del Estero y 8,3 en el Chaco, en la ciudad de Buenos Aires y en Neuquén, fueron 1,2 y 1,3, respectivamente.
“En el interior de las provincias más afectadas, las condiciones sociales en las que la madre queda embarazada y llega al parto influyen, y el menor acceso a servicios de salud, a controles periódicos del embarazo y otros aspectos vinculados a lo cultural se combinan con condiciones de extrema pobreza”, señala.
Amesetamiento
Tuñón destaca que, a nivel país, en la Argentina hubo progresos importantes en la disminución de los indicadores, pero se produjo un “fenómeno de amesetamiento” desde 2018 que vincula al incremento sostenido de la pobreza infantil.
“La profundización de las condiciones de pobreza y, en los últimos años, de indigencia produjo condiciones de vida adversas para el desarrollo de los niños. En la Argentina hubo una tendencia negativa en la pobreza económica. Cuando mejoran las condiciones de infraestructura de los hogares, como el acceso al agua y cloacas, y el acceso a la salud, mejoran muchísimo los indicadores de mortalidad, en especial la infantil”, relata la investigadora.
Como medidas que tuvieron efectos positivos en la baja de la mortalidad infantil destaca la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la ley 27.611 de atención y cuidado integral de la salud y el embarazo y la primera infancia, que estableció el programa “1000 días”, que sigue el desarrollo de la madre y el infante durante ese período.
Para Miguel Ángel Schiavone, rector de la UCA y especialista en salud pública, la mortalidad infantil está vinculada directamente con el desarrollo del país: “A nivel nacional, si relacionás la tasa de mortalidad infantil con la pobreza la correlación es automática: a mayor pobreza, mayor mortalidad infantil. Sucede lo mismo con la materna. Es una deuda pendiente en el país mejorar estas tasas. Ningún Estado alcanza el desarrollo si sus habitantes están enfermos. Cuando estos indicadores son altos, no hay capacidad creativa y productiva de un pueblo. Cuando alcanzan a los niños significa que el compromiso del desarrollo se afectó seriamente”.
Schiavone señala que comparativamente con los países de la región no hubo grandes progresos: “Por más que tuvimos un descenso, Uruguay y Chile tienen mejores tasas con un menor presupuesto destinado a salud. Gestionan mejor esos recursos. Tampoco estamos mejor que Brasil y en los países similares al nuestro las diferencias son grandes. Aún más cuando nos comparamos con países de Europa”.
La mortalidad de menores de 1 año en Chile y Uruguay es de 6 y 5, respectivamente, mientras que en menores de 5 años registran 6,6 y 5,8. En mortalidad materna la tasa argentina duplica a la de estos países: Chile, 1,5, y Uruguay, 1,9.
“Hay que ver en las provincias argentinas más críticas cómo se están trabajando el control de la mujer embarazada, el parto, el seguimiento del niño, las inmunizaciones, los controles neonatales. Hay que acelerar también los registros, la última medición publicada por el Ministerio de Salud es de hace dos años. Es poco oportuno tomar decisiones en el país con datos que no se actualizaron en tanto tiempo”, dice Schiavone, y refiere a la vez que la atención primaria de la salud no puede limitarse solo a la construcción de salas de terapia neonatal.
“Sirven para resolver un problema que en realidad se podría haber resuelto antes, si se hubiese identificado el grupo de riesgo y trabajado sobre ello. Un diagnóstico temprano con un apropiado control del embarazo reduce las muertes evitables”.
Y agrega: “Hay que tener datos confiables y oportunos para poder tomar decisiones en tiempo real. El sistema de salud argentino tiene que ir a buscar al paciente y trabajar sobre los grupos de riesgo. En el caso de los niños, no tiene que esperar hasta que los padres decidan llevarlos a un hospital. El sistema tiene que buscarlo y medir si cuenta con un estado de nutrición adecuado y las vacunas al día”.
“Formosa está bastante por arriba de la tasa promedio nacional”, dice Tuñón
“El sistema de salud tiene que ir a buscar al paciente”, advierte Schiavone
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó ayer una investigación que muestra la tendencia a la baja en las tasas de mortalidad infantil y materna, pero advirtió sobre las cifras alarmantes en los indicadores de las provincias del norte. El organismo analizó las estadísticas recabadas por el Ministerio de Salud de la Nación entre 2005 y 2022 y concluyó que si bien las muertes bajaron, es necesario poner el detalle en la realidad de lo que ocurre en el interior, donde la desigualdad social y geográfica profundizó la brecha. Otro fenómeno a mirar: desde 2018 la disminución de decesos se estancó, hecho que vincularon al impacto del crecimiento de la pobreza y la indigencia.
En el caso de la muerte de bebés de menos de un año, las provincias con los niveles más altos de pobreza superaron al promedio nacional y en los casos más extremos, como Formosa, casi lo duplicaron. Los especialistas remarcaron la urgencia de mejorar los sistemas de la salud y las condiciones de infraestructura de los hogares en cuanto al acceso al agua potable y cloacas. Además de la tasa en menores de un año, el estudio incluyó los indicadores de muerte de menores de cinco y de mortalidad materna. En el análisis comparativo de la región, Chile y Uruguay mostraron mejores resultados con un menor presupuesto destinado a salud.
“El promedio nacional es poco representativo de la realidad de las diferentes jurisdicciones del país, donde hay un conjunto de provincias con tasas muy elevadas. Algunas casi las duplican, en especial en muerte de menores de cinco años, un indicador al que hay que prestarle mucha atención porque se trata de mortalidad infantil por enfermedades tratables o prevenibles y vinculadas a las condiciones de vida, falta de saneamiento e inequidad al acceso y atención en salud”, dice Ianina Tuñ
Según el estudio, la tasa argentina de mortalidad infantil en menores de un año pasó de 13,3 cada 1000 nacidos vivos en 2005 a 8,4 en 2022, la última medición publicada por el Ministerio de Salud. De 2018 a hoy la evolución positiva se estancó y la situación de muchas provincias se alejó de la del promedio nacional. Por ejemplo, en 2022 Formosa registró 15,1 muertes en menores de 1 año (cada 1000 nacidos vivos); en Tierra del Fuego fue de 3,9.
En menores de cinco años, la tasa promedio nacional fue de 9,6 y hubo mayores progresos en la región del noroeste que en el noreste, donde la mortalidad alcanzó a 18,5 en Formosa, 16 en Corrientes y 13,8 en Chaco, entre las más afectadas.
“Formosa está bastante por arriba de la tasa promedio nacional, con mucha pobreza y condiciones ambientales muy adversas para la vida de los niños que no cuentan con servicios de salud de calidad o equitativos. Formosa, Santiago del Estero y Salta son jurisdicciones donde se superponen altas tasas de mortalidad infantil y materna por encima de la media nacional, con la pobreza infantil. En estas zonas la población está dispersa y alejada de los centros de salud”, explica.
Y agrega: “Hay también cuestiones ligadas al clima. En el nordeste hay zonas de condiciones climáticas y medioambientales de mucha vulnerabilidad para niños y embarazadas, como por ejemplo los veranos en Santiago del Estero”.
La tasa nacional promedió 4,1 cada 10.000 mujeres, siendo las principales muertes por consecuencias obstétricas, omisión o tratamientos inadecuados, enfermedades preexistentes o indirectas al embarazo y aborto. El informe mostró disparidades geográficas evidentes. Mientras que en 2022 se registraron 8,6 muertes maternas en Santiago del Estero y 8,3 en el Chaco, en la ciudad de Buenos Aires y en Neuquén, fueron 1,2 y 1,3, respectivamente.
“En el interior de las provincias más afectadas, las condiciones sociales en las que la madre queda embarazada y llega al parto influyen, y el menor acceso a servicios de salud, a controles periódicos del embarazo y otros aspectos vinculados a lo cultural se combinan con condiciones de extrema pobreza”, señala.
Amesetamiento
Tuñón destaca que, a nivel país, en la Argentina hubo progresos importantes en la disminución de los indicadores, pero se produjo un “fenómeno de amesetamiento” desde 2018 que vincula al incremento sostenido de la pobreza infantil.
“La profundización de las condiciones de pobreza y, en los últimos años, de indigencia produjo condiciones de vida adversas para el desarrollo de los niños. En la Argentina hubo una tendencia negativa en la pobreza económica. Cuando mejoran las condiciones de infraestructura de los hogares, como el acceso al agua y cloacas, y el acceso a la salud, mejoran muchísimo los indicadores de mortalidad, en especial la infantil”, relata la investigadora.
Como medidas que tuvieron efectos positivos en la baja de la mortalidad infantil destaca la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la ley 27.611 de atención y cuidado integral de la salud y el embarazo y la primera infancia, que estableció el programa “1000 días”, que sigue el desarrollo de la madre y el infante durante ese período.
Para Miguel Ángel Schiavone, rector de la UCA y especialista en salud pública, la mortalidad infantil está vinculada directamente con el desarrollo del país: “A nivel nacional, si relacionás la tasa de mortalidad infantil con la pobreza la correlación es automática: a mayor pobreza, mayor mortalidad infantil. Sucede lo mismo con la materna. Es una deuda pendiente en el país mejorar estas tasas. Ningún Estado alcanza el desarrollo si sus habitantes están enfermos. Cuando estos indicadores son altos, no hay capacidad creativa y productiva de un pueblo. Cuando alcanzan a los niños significa que el compromiso del desarrollo se afectó seriamente”.
Schiavone señala que comparativamente con los países de la región no hubo grandes progresos: “Por más que tuvimos un descenso, Uruguay y Chile tienen mejores tasas con un menor presupuesto destinado a salud. Gestionan mejor esos recursos. Tampoco estamos mejor que Brasil y en los países similares al nuestro las diferencias son grandes. Aún más cuando nos comparamos con países de Europa”.
La mortalidad de menores de 1 año en Chile y Uruguay es de 6 y 5, respectivamente, mientras que en menores de 5 años registran 6,6 y 5,8. En mortalidad materna la tasa argentina duplica a la de estos países: Chile, 1,5, y Uruguay, 1,9.
“Hay que ver en las provincias argentinas más críticas cómo se están trabajando el control de la mujer embarazada, el parto, el seguimiento del niño, las inmunizaciones, los controles neonatales. Hay que acelerar también los registros, la última medición publicada por el Ministerio de Salud es de hace dos años. Es poco oportuno tomar decisiones en el país con datos que no se actualizaron en tanto tiempo”, dice Schiavone, y refiere a la vez que la atención primaria de la salud no puede limitarse solo a la construcción de salas de terapia neonatal.
“Sirven para resolver un problema que en realidad se podría haber resuelto antes, si se hubiese identificado el grupo de riesgo y trabajado sobre ello. Un diagnóstico temprano con un apropiado control del embarazo reduce las muertes evitables”.
Y agrega: “Hay que tener datos confiables y oportunos para poder tomar decisiones en tiempo real. El sistema de salud argentino tiene que ir a buscar al paciente y trabajar sobre los grupos de riesgo. En el caso de los niños, no tiene que esperar hasta que los padres decidan llevarlos a un hospital. El sistema tiene que buscarlo y medir si cuenta con un estado de nutrición adecuado y las vacunas al día”.
“Formosa está bastante por arriba de la tasa promedio nacional”, dice Tuñón
“El sistema de salud tiene que ir a buscar al paciente”, advierte Schiavone
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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