YPF Luz convalidó la propuesta de Caputo por la deuda millonaria de energía
Guiño. La generadora eléctrica con control estatal acordó cobrar US$25 millones con un bono y se le liberaron otros fondos
Sofía Diamante
YPF Luz es la primera en aceptar la oferta oficial
YPF Luz anunció ayer a la Bolsa que llegó a un acuerdo con el Ministerio de Economía por la deuda acumulada durante los primeros tres meses del año. La empresa con control estatal aceptó cobrar los meses adeudados de diciembre y enero con un bono que vence en 2038 y que cotiza a mitad de su valor nominal, y recibió al instante lo de febrero. Se trata de la primera generadora eléctrica que accede a la propuesta oficial del ministro Luis Caputo, mientras que el resto de las empresas privadas todavía miran con reticencia la oferta.
La generadora informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que “aprobó la suscripción de un acuerdo con Cammesa”, la compañía encargada del despacho de energía eléctrica que es controlada por el Estado. En total, había registrado una pérdida por dicha deuda en sus resultados financieros del primer trimestre de US$25 millones.
YPF Luz también confirmó que el mismo día en el que accedió a la oferta de Economía se le acreditó la transferencia de la totalidad de lo adeudado de febrero.
Esa es la mayor crítica que le hacen las empresas privadas a Caputo: si bien Cammesa tiene los fondos de lo adeudado de febrero, el ministro ató el pago a la aceptación del bono para cancelar la facturación de diciembre y enero. Las compañías consideran esta actitud una “extorsión”, que afecta sensiblemente su situación financiera, ya que acumularon tres meses sin cobrar.
En total, Caputo admitió que hay una deuda de $600.000 millones, de los cuales $360.000 millones corresponden a las generadoras eléctricas y $240.000 millones a los productores de gas, a los cuales Cammesa les compra el insumo para abastecer las centrales térmicas.
Además de YPF Luz, las petroleras YPF y Pan American Energy (PAE) ya anticiparon que también van a aceptar la propuesta. Sin embargo, las compañías Central Puerto, Pampa Energía, AES, Genneia, Tecpetrol, Total, MSU Energy y Aconcagua, entre otras, todavía están analizando alternativas.
Las opciones no son muchas. Desde la última reunión que mantuvieron con Caputo, el 26 de abril pasado, el diálogo formal con Economía se enfrió. El ministro se mantuvo firme en su propuesta, pese a que el reclamo por la deuda se canalizó también a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que hay varias de las empresas que tienen accionistas internacionales preocupados. La alternativa a no cobrar implicaría iniciarle una demanda al Estado, lo cual podría durar varios meses.
“Hay empresas de generación eléctrica que están cerca de la convocatoria de acreedores porque se agotó el financiamiento local y no pueden acceder al mercado, y tienen que pagar salarios. Esta situación genera un problema de seguridad jurídica y de cambios en las reglas de juego”, opinó un actor relevante del sector.
La actitud del ministro es apoyada por el presidente Javier Milei, quien ayer lo describió de esta manera en un almuerzo con empresarios en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp): “A Toto lo voy a llamar ‘chanchito de yeso’: para sacarle un mango hay que romperlo todo, lo cual avalo. Es un irrompible. Si alguien lo quiere romper antes me tiene que romper a mí porque no voy a entregar el resultado fiscal”.
Durante los primeros meses del año, Caputo aplicó un fuerte ajuste en el gasto, recortando partidas y frenando pagos. En la jerga financiera se dice que se “sentó sobre la caja”. No solo redujo a cero las transferencias a las provincias y para obra pública, sino que acumuló un stock de deuda con varias empresas privadas, a las que luego les ofreció un bono.
En el sector de la energía no solo frenó los pagos a Cammesa, sino que se quedó con $10.000 millones de los fondos del fideicomiso destinado a financiar el régimen Zona Fría.
Mientras tanto, Cammesa empezó a regularizar los pagos de marzo. Ayer transfirió alrededor del 70% del vencimiento y prometió completar el total la semana próxima.
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YPF Luz anunció ayer a la Bolsa que llegó a un acuerdo con el Ministerio de Economía por la deuda acumulada durante los primeros tres meses del año. La empresa con control estatal aceptó cobrar los meses adeudados de diciembre y enero con un bono que vence en 2038 y que cotiza a mitad de su valor nominal, y recibió al instante lo de febrero. Se trata de la primera generadora eléctrica que accede a la propuesta oficial del ministro Luis Caputo, mientras que el resto de las empresas privadas todavía miran con reticencia la oferta.
La generadora informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que “aprobó la suscripción de un acuerdo con Cammesa”, la compañía encargada del despacho de energía eléctrica que es controlada por el Estado. En total, había registrado una pérdida por dicha deuda en sus resultados financieros del primer trimestre de US$25 millones.
YPF Luz también confirmó que el mismo día en el que accedió a la oferta de Economía se le acreditó la transferencia de la totalidad de lo adeudado de febrero.
Esa es la mayor crítica que le hacen las empresas privadas a Caputo: si bien Cammesa tiene los fondos de lo adeudado de febrero, el ministro ató el pago a la aceptación del bono para cancelar la facturación de diciembre y enero. Las compañías consideran esta actitud una “extorsión”, que afecta sensiblemente su situación financiera, ya que acumularon tres meses sin cobrar.
En total, Caputo admitió que hay una deuda de $600.000 millones, de los cuales $360.000 millones corresponden a las generadoras eléctricas y $240.000 millones a los productores de gas, a los cuales Cammesa les compra el insumo para abastecer las centrales térmicas.
Además de YPF Luz, las petroleras YPF y Pan American Energy (PAE) ya anticiparon que también van a aceptar la propuesta. Sin embargo, las compañías Central Puerto, Pampa Energía, AES, Genneia, Tecpetrol, Total, MSU Energy y Aconcagua, entre otras, todavía están analizando alternativas.
Las opciones no son muchas. Desde la última reunión que mantuvieron con Caputo, el 26 de abril pasado, el diálogo formal con Economía se enfrió. El ministro se mantuvo firme en su propuesta, pese a que el reclamo por la deuda se canalizó también a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que hay varias de las empresas que tienen accionistas internacionales preocupados. La alternativa a no cobrar implicaría iniciarle una demanda al Estado, lo cual podría durar varios meses.
“Hay empresas de generación eléctrica que están cerca de la convocatoria de acreedores porque se agotó el financiamiento local y no pueden acceder al mercado, y tienen que pagar salarios. Esta situación genera un problema de seguridad jurídica y de cambios en las reglas de juego”, opinó un actor relevante del sector.
La actitud del ministro es apoyada por el presidente Javier Milei, quien ayer lo describió de esta manera en un almuerzo con empresarios en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp): “A Toto lo voy a llamar ‘chanchito de yeso’: para sacarle un mango hay que romperlo todo, lo cual avalo. Es un irrompible. Si alguien lo quiere romper antes me tiene que romper a mí porque no voy a entregar el resultado fiscal”.
Durante los primeros meses del año, Caputo aplicó un fuerte ajuste en el gasto, recortando partidas y frenando pagos. En la jerga financiera se dice que se “sentó sobre la caja”. No solo redujo a cero las transferencias a las provincias y para obra pública, sino que acumuló un stock de deuda con varias empresas privadas, a las que luego les ofreció un bono.
En el sector de la energía no solo frenó los pagos a Cammesa, sino que se quedó con $10.000 millones de los fondos del fideicomiso destinado a financiar el régimen Zona Fría.
Mientras tanto, Cammesa empezó a regularizar los pagos de marzo. Ayer transfirió alrededor del 70% del vencimiento y prometió completar el total la semana próxima.
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Un exfuncionario macrista asume en la eléctrica Cammesa
Mario Cairella fue designado como vicepresidente por Caputo, pese al rechazo de Rodríguez Chirillo
Sofía Diamante
Mario Cairella, exgerente general de Cammesa
En medio de la tensión entre el Gobierno y las empresas de generación eléctrica, el Ministerio de Economía designó como nuevo vicepresidente de Cammesa –la compañía privada con control estatal– a Mario Cairella, quien ya había ocupado dicha posición durante el gobierno de Mauricio Macri. Estuvo en el cargo hasta que la administración de Alberto Fernández le pidió la renuncia. En los últimos años se mantuvo como asesor de temas energéticos del diputado José Luis Espert y trabajó en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC), como representante de Arabia Saudita, en Venecia.
Su designación como vicepresidente de Cammesa llega luego de la crisis desatada con las empresas de generación eléctrica y las productoras de gas por la deuda de al menos $600.000 millones acumulada durante el verano. Cairella fue convocado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, había propuesto para ese cargo a Sergio Falzone, un técnico de la industria de energía eléctrica, pero fue rechazado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, como reveló el portal Econojournal. Ante la nueva designación se espera también que renuncie el actual gerente general de Cammesa, Jorge Garavaglia, hombre del secretario de Energía y con quien Cairella ya tuvo cruces personales. “Ambos son incompatibles juntos”, dicen en el sector eléctrico.
El tándem Caputo-Posse mira con desconfianza la influencia de Carlos Bastos en la gestión, el exfuncionario poderoso en el sector energético durante el gobierno de Carlos Menem, quien trabajó en esos años con Rodríguez Chirillo. Bastos era miembro del Comité de Privatización de Gas del Estado y fue secretario de Energía, Obras Públicas y Comunicaciones, durante la gestión económica de Domingo Cavallo. En los últimos años, se desempeñó como asesor en las empresas del exministro del Interior José Luis Manzano, como Edenor y Edemsa, la distribuidora eléctrica de Mendoza.
El presidente Javier Milei elogió a Bastos en cada evento de energía al que asistió durante la campaña, ya que fue el ideólogo detrás de las principales privatizaciones de la década del 90. De hecho, Bastos es actual director de YPF en representación del gobierno libertario.
Pero su red de influencia comenzó a crecer en los últimos meses, en su doble rol de directivo y asesor del secretario de Energía. La propuesta de nombrar a Falzone en Cammesa, por ejemplo, se la atribuyen a Bastos. Falzone además asumió brevemente como subsecretario de Energía Eléctrica durante menos de 80 días, del 8 de enero al 20 de marzo pasado (decreto 332/2024). Actualmente, es director suplente de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa encargada de administrar las centrales nucleares.
Acerca de la influencia de Bastos y Manzano en el nuevo gobierno, se destaca también a Darío Arrué, actual interventor en el ente regulador de la electricidad, ENRE, y que anteriormente fue empleado de la Empresa de Energía del Cono Sur (Edelcos), la sociedad controlante de Edenor. Arrué, sin embargo, cumplía con sus propias credenciales para dirigir el ENRE, ya que fue parte del ente desde 1998. No obstante, se le cuestiona haber pasado de manera directa de Edenor al ente que debe regular a la distribuidora y autorizar los aumentos de tarifas.
Por el lado de Cairella, en el sector eléctrico no hay buenos recuerdos de su paso por Cammesa, quien estuvo a cargo de la compañía encargada del despacho eléctrico cuando ocurrió el apagón masivo del Día del Padre de 2019. Su relación no terminó de la mejor manera con algunos de los exfuncionarios macristas.
Luego de irse de Cammesa, Cairella radicó una demanda por despido en el fuero laboral contra la empresa y pidió una indemnización que actualizada a la fecha son $650 millones, según fuentes oficiales. Días atrás, su abogado se presentó en el juzgado para desistir del reclamo, pero le dijeron que debía ir el demandante, cosa que el flamante vicepresidente de Cammesa aún no hizo.
“El juicio es contra los accionistas de Cammesa y al ser ahora el vice es parte del directorio, que representa a los accionistas. Técnicamente, puede asumir, pero no es ético. Es un conflicto de intereses grande”, dijeron fuentes del Gobierno, que no ven con buenos ojos su desembarco.
Cammesa es una empresa privada de la cual son accionistas el Estado, las empresas generadoras, las distribuidoras y las transportistas eléctricas. Sin embargo, la acción de oro la tiene la Secretaría de Energía, encargada de elegir al gerente general de Cammesa.
En medio de la tensión entre el Gobierno y las empresas de generación eléctrica, el Ministerio de Economía designó como nuevo vicepresidente de Cammesa –la compañía privada con control estatal– a Mario Cairella, quien ya había ocupado dicha posición durante el gobierno de Mauricio Macri. Estuvo en el cargo hasta que la administración de Alberto Fernández le pidió la renuncia. En los últimos años se mantuvo como asesor de temas energéticos del diputado José Luis Espert y trabajó en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC), como representante de Arabia Saudita, en Venecia.
Su designación como vicepresidente de Cammesa llega luego de la crisis desatada con las empresas de generación eléctrica y las productoras de gas por la deuda de al menos $600.000 millones acumulada durante el verano. Cairella fue convocado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, había propuesto para ese cargo a Sergio Falzone, un técnico de la industria de energía eléctrica, pero fue rechazado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, como reveló el portal Econojournal. Ante la nueva designación se espera también que renuncie el actual gerente general de Cammesa, Jorge Garavaglia, hombre del secretario de Energía y con quien Cairella ya tuvo cruces personales. “Ambos son incompatibles juntos”, dicen en el sector eléctrico.
El tándem Caputo-Posse mira con desconfianza la influencia de Carlos Bastos en la gestión, el exfuncionario poderoso en el sector energético durante el gobierno de Carlos Menem, quien trabajó en esos años con Rodríguez Chirillo. Bastos era miembro del Comité de Privatización de Gas del Estado y fue secretario de Energía, Obras Públicas y Comunicaciones, durante la gestión económica de Domingo Cavallo. En los últimos años, se desempeñó como asesor en las empresas del exministro del Interior José Luis Manzano, como Edenor y Edemsa, la distribuidora eléctrica de Mendoza.
El presidente Javier Milei elogió a Bastos en cada evento de energía al que asistió durante la campaña, ya que fue el ideólogo detrás de las principales privatizaciones de la década del 90. De hecho, Bastos es actual director de YPF en representación del gobierno libertario.
Pero su red de influencia comenzó a crecer en los últimos meses, en su doble rol de directivo y asesor del secretario de Energía. La propuesta de nombrar a Falzone en Cammesa, por ejemplo, se la atribuyen a Bastos. Falzone además asumió brevemente como subsecretario de Energía Eléctrica durante menos de 80 días, del 8 de enero al 20 de marzo pasado (decreto 332/2024). Actualmente, es director suplente de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa encargada de administrar las centrales nucleares.
Acerca de la influencia de Bastos y Manzano en el nuevo gobierno, se destaca también a Darío Arrué, actual interventor en el ente regulador de la electricidad, ENRE, y que anteriormente fue empleado de la Empresa de Energía del Cono Sur (Edelcos), la sociedad controlante de Edenor. Arrué, sin embargo, cumplía con sus propias credenciales para dirigir el ENRE, ya que fue parte del ente desde 1998. No obstante, se le cuestiona haber pasado de manera directa de Edenor al ente que debe regular a la distribuidora y autorizar los aumentos de tarifas.
Por el lado de Cairella, en el sector eléctrico no hay buenos recuerdos de su paso por Cammesa, quien estuvo a cargo de la compañía encargada del despacho eléctrico cuando ocurrió el apagón masivo del Día del Padre de 2019. Su relación no terminó de la mejor manera con algunos de los exfuncionarios macristas.
Luego de irse de Cammesa, Cairella radicó una demanda por despido en el fuero laboral contra la empresa y pidió una indemnización que actualizada a la fecha son $650 millones, según fuentes oficiales. Días atrás, su abogado se presentó en el juzgado para desistir del reclamo, pero le dijeron que debía ir el demandante, cosa que el flamante vicepresidente de Cammesa aún no hizo.
“El juicio es contra los accionistas de Cammesa y al ser ahora el vice es parte del directorio, que representa a los accionistas. Técnicamente, puede asumir, pero no es ético. Es un conflicto de intereses grande”, dijeron fuentes del Gobierno, que no ven con buenos ojos su desembarco.
Cammesa es una empresa privada de la cual son accionistas el Estado, las empresas generadoras, las distribuidoras y las transportistas eléctricas. Sin embargo, la acción de oro la tiene la Secretaría de Energía, encargada de elegir al gerente general de Cammesa.
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