JUSTICIA Y DEBATE

Con los votos para Lijo casi asegurados, el Gobierno apura el envío de su pliego
El jueves vence el plazo para la presentación; intensas gestiones del juez con senadores
Hernán Cappiello
La controvertida candidatura del juez Ariel Lijo, postulado por el Gobierno para ocupar un lugar en la Corte Suprema, ya cuenta con los votos suficientes de los senadores como para que su pliego prospere, si es que no media ningún escándalo durante las audiencias públicas. Así lo confirmaron a fuentes legislativas, gubernamentales y judiciales.
El propio juez, quien enfrenta una larga lista de impugnaciones de entidades profesionales y empresarias por demorar causas y por su patrimonio, protagonizó en las últimas semanas reuniones con gobernadores y senadores.
Las conclusiones de esas gestiones son la garantía, en reserva, de los votos que necesita para que el pliego sea aprobado. Cuenta con votos favorables del peronismo, sectores de la UCR y el oficialismo.
El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el jueves para elevar los pliegos de Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla, el otro postulante que el Gobierno quiere ubicar en la Corte Suprema.

El 9 de mayo pasado venció el período para la presentación de impugnaciones y avales. El Gobierno ahora entró en tiempo de descuento para la presentación de los pliegos en el Congreso.

El juez Ariel Lijo, postulado por el Gobierno para ocupar el puesto vacante de la Corte Suprema, ya cuenta con los votos suficientes de los senadores como para que su pliego prospere, si es que no media ningún escándalo durante las audiencias públicas que son parte del proceso de selección.
Así lo confirmaron a la nacion fuentes del Senado, legisladores oficialistas y de la oposición, funcionarios judiciales y allegados al propio juez, que en las últimas semanas se reunió con gobernadores y senadores para apuntalar su postulación.
El ánimo de Lijo con respecto a la postulación fue mutando con el correr los días. Desde el anuncio de su candidatura, el juez pasó del escepticismo a acostumbrase a la idea de que prospere su candidatura. En el medio, Lijo recibió una extensa lista de impugnaciones. Un estudio estadístico del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) concluyó que “es el juez más ineficaz de Comodoro Py”. La entidad analizó la actuación de Lijo también a partir de la demora en resolver las causas de corrupción.
Entre quienes lo impugnaron aparecen organizaciones como Será Justicia, Fores, la Academia Nacional de Derecho, el Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad y el Foro de Convergencia Empresaria. La ONG Poder Ciudadano sostuvo que Lijo “no cuenta con los consensos necesarios y tampoco con los criterios de integridad e independencia mínimos”. Delia Ferreira Rubio, expresidenta de Transparencia Internacional, recordó quejas acerca de la “manipulación de tiempos procesales”. La Federación de Colegios de Abogados concluyó que no tiene antecedentes para el cargo. Y el Foro de Convergencia Empresaria, que agrupa a 60 entidades de todo el país, como AEA, pidió que el Gobierno busque candidatos “íntegros y honestos”. También hubo cuestionamientos del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y AmCham (la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina). También fue acusado por su patrimonio, aunque no recibió ninguna sanción penal.
A pesar de los cuestionamientos, el Gobierno defiende su postulación. También tiene expectativas de aprobación la candidatura del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel García-Mansilla, el otro candidato para la Corte impulsado por el Poder Ejecutivo. En su caso se lo propone para cubrir la vacante que a fin de año dejará el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años y al que la Constitución le impide seguir en el cargo sin un nuevo acuerdo del Senado.
El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el jueves 30 de mayo para elevar los pliegos de ambos candidatos al Senado. Esto es así porque la designación de nuevos jueces de la Corte está regulada por el decreto 222/03, que señala que hay un período para que la ciudadanía presente adhesiones e impugnaciones a los postulantes
Ese período culminó el 9 de mayo pasado. El decreto señala que, desde ese día, el Poder Ejecutivo tiene 15 días (hábiles) para decidir si eleva o no la propuesta con los candidatos. Ese plazo se vence el jueves. El Gobierno entró en tiempo de descuento.
La toma de decisiones en la administración Milei está centralizada en el Presidente, su hermana Karina y Santiago Caputo. El Presidente viaja hoy, con lo que debería ratificar su decisión esta semana y empezar el proceso para que el Ministerio de Justicia eleve los pliegos y el Poder Ejecutivo los envíe al Senado. Todo eso antes del jueves. Según las fuentes consultadas, Lijo no se reunió con el Presidente en estos dos meses y lo más cerca que estuvieron fue el 8 de mayo, en el CCK, donde se recordó el Día del Holocausto.
El mundo judicial, incluidos los allegados a Lijo y García-Mansilla, está expectante de que se concrete la decisión, pero hasta ultimo momento nadie se juega. A eso obedece el silencio del kirchnerismo para pronunciarse sobre Lijo.
No tienen objeciones y hasta parecen haberse olvidado de que se trata del juez que investigó y elevó a juicio la causa donde fue condenado el exvicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, pero fuentes de ese espacio mencionaron que no quieren salir con una declaración apoyando a Lijo y correr el riesgo de que después el Ejecutivo dé marcha atrás y no presente el pliego.
Se trata de una lógica parecida a lo que ocurrió durante el proceso para recoger adhesiones. Algunos de los que estaban dispuestos a firmar se excusaban diciendo que temían que después el Gobierno no fuera a elevar el pliego y quedaran expuestos. Los amigos de Lijo abocados a la recolección de firmas solo podían confortarlos diciéndoles si eso ocurría les iban a devolver la carta de adhesión con un fuerte abrazo de agradecimiento.
En el Senado afirman que, de no mediar ningún escándalo en las audiencias públicas, Lijo va a obtener los votos para ser juez de la Corte. “Los números están y se va a dar solo si no hay olas. Lo único que puede torcer el camino es que en las audiencias surja algún ruido escandaloso”, dijo a un senador  opositor.
El pliego sea prueba con dos tercios de los miembros presentes del Senado. Es decir que, si se sentasen los 72 senadores en sus bancas, Lijo necesitaría 48 votos. El Gobierno tiene solo 7 votos propios. La única forma de que pueda reunir los dos tercios es con el apoyo del bloque de Unión por la Patria. De los 33 senadores que integran la bancada opositora, la mitad al menos sigue los dictados de Cristina Kirchner. El santiagueño Gerardo Zamora maneja tres senadores propios y Lijo ya habló con él cara a cara. Con un respaldo amplio de la UCR, en el Gobierno creen que ya llegarían a los dos tercios.
Hay indicios que ratifican el apoyo del kirchnerismo. El abogado y exdiputado kirchnerista Héctor Recalde pidió en el Consejo de la Magistratura posponer una investigación sobre Lijo. Cristina Kirchner se mantuvo en silencio, pese a que siempre le reprochó una escucha telefónica que él ordenó donde ella hablaba con Oscar Parrilli y lo trataba de “pelotudo”. Otro indicador es que Lijo fue declarado ciudadano ilustre de Avellaneda por Jorge Ferraresi, el intendente ultrakirchnerista que gobierna el distrito. Cercano a Axel Kicillof, se movió con velocidad apenas se conoció su postulación. Lijo fue declarado ciudadano ilustre con los votos de los concejales alineados con Ferraresi, sin La Cámpora ni Nuevo Encuentro, que estuvieron ausentes, y Pro se abstuvo.
Lijo llegó a la consideración de Milei a través del juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, que se ganó la confianza del Presidente. Fue el propio Lorenzetti quien intervino para conseguir adhesiones en la Justicia Federal. El juez de la Corte quiere recuperar poder en el tribunal.
La postulación de Lijo es una carta para seducir al bloque peronista, ya que el juez tiene buena llegada entre gobernadores del interior y dirigentes partidarios. En el trámite de apoyos y objeciones, que culminó el 9 e mayo, Lijo sumó 3578 adhesiones y 328 impugnaciones, y García-Mansilla recogió 3126 avales y 110 objeciones a su candidatura. En total se recibieron 7142 presentaciones a favor y en contra.
Según un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, al que accedió la nacion, en el caso de Lijo, las impugnaciones se centraron en su “falta de celeridad” e “ineficacia” en las investigaciones realizadas en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, en el caso de las coimas que admitió haber pagado la empresa Siemens para mantener el contrato por los DNI, sin que hubiera funcionarios procesados; en un tramo del caso Ciccone, donde favoreció al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, al declararse incompetente en favor de la Justicia local. Asimismo le cuestionaron su actuación en la causa donde se investigó la venta de YPF, la de los fondos de la campaña electoral de Cristina Kirchner, la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial y cuando resolvió que el asesinato de José Ignacio Rucci no fue un delito de lesa humanidad, pues fue cometido por Montoneros y no es imprescriptible.
Las cuestionamientos en algunas de las 328 impugnaciones recibidas refieren a sospechas de corrupción basadas en denuncias penales en su contra, la ausencia de candidatas mujeres para la cobertura de los cargos, la carencia de antecedentes profesionales y académicos y posibles conflictos de intereses, dado el rol de su hermano Alfredo como “operador judicial”. Entre el centenar de objeciones se cuentan la Asociación por la Igualdad y la Justicia; la Asociación por los Derechos Civiles; el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires.
El informe del Ministerio de Justicia, no obstante, no incluye a las entidades que no presentaron una objeción formal, pero sí manifestaron públicamente un fuerte rechazo al juez Lijo por sus antecedentes y el manejo de causas sensibles para el poder político de turno. La influyente Human Rights Watch fue una de las últimas en advertir sobre el juez federal, como en un primer momento lo hicieron el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), AmCham (la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina), entre otras.
Por su parte, en las adhesiones pesaron las de sus colegas de Comodoro Py 2002 y las de los jueces federales y camaristas federales de todo el país en particular. Hubo notas de las juezas federales María Servini; María Eugenia Capuchetti; Zunilda Niremperger, de Resistencia; Karina Perilli, de un tribunal oral en lo Penal Económico, entre otros. Apoyaron la candidatura de Lijo el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y los fiscales Guillermo Marijuan, Marcelo Colombo, Javier Arzubi Calvo, Diego Velazco, Sergio Rodríguez, Diego Iglesias, Alberto Gentili, Guillermina García Padín, Ramiro González y Santiago Marquevich. También José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal. En Penal Económico, lo apoyaron Ezequiel Berón de Astrada, Pablo Yadarola, Diego Amarante, Marcelo Aguinsky, Juan Galván Greenway y Javier López Biscayart.
En el caso de caso de García-Mansilla, las impugnaciones estuvieron dirigidas a cuestionar sus posicionamientos sobre la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos y sobre los derechos sexuales y reproductivos. En las adhesiones se destacan los apoyos del ámbito académico y universitario. Entre los que adhirieron a su postulación se cuentan Sebastián Schuff, presidente de la Global Center for Human Rights; Carlos Andreucci, presidente de la Unión Iberoamericana de Asociaciones y Colegios de Abogados (UIBA); el juez Antonio del Moral García, del Tribunal Supremo del Reino de España, y los constitucionalistas María Angélica Gelli, Antonio María Hernández y Marcela Basterra, entre otros.
También apuntalaron su postulación el vicedecano de la Universidad de Virginia, Michael Gilbert, y el profesor Lawrence Solum, así como profesores e investigadores de España, Francia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay y Chile. Se pronunciaron en su favor el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Garay; el secretario general de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, Mario Lavia; el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Amado Daer.
Asimismo presentaron su apoyo el presidente del Círculo Militar, general de brigada Juan Martín Pera; el presidente de Cascos Verdes, Nicolás Quintana, y el rector de la Universidad del Salvador, Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga, entre otros.
Una vez que el Gobierno envíe los pliegos, la Comisión de Acuerdos del Senado debe fijar una fecha de la audiencia pública. La audiencia no tiene plazos. La ciudadanía cuenta con siete días para presentar preguntas. Vencido el plazo, la Comisión de Acuerdos analizará en el término de tres días corridos cada una de ellas. El candidato deberá responder las preguntas en tres días. Tras la Audiencia, la Comisión de Acuerdos debe emitir un dictamen sobre el pliego. Entonces, se podrá tratar en el recinto.

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Las gestiones secretas y los negociadores que ayudaron a cosechar apoyos en el Senado
Lijo se dedicó a la “rosca” para atraer a senadores y gobernadores

Candela IniJuan Manuel Olmos presidente de la agn

El juez federal Ariel Lijo les dice a sus interlocutores que ya tiene los votos en el Senado para ser ministro de la Corte Suprema. La certeza se basa en semanas de “rosca” y una campaña sigilosa que el juez federal y sus amigos judiciales y de la política impulsaron a lo largo del país, entre encuentros con gobernadores y senadores, tanto en la Capital Federal como en distintas provincias a las que viajó. Una campaña que, llamativamente, el Gobierno –que lo postuló– delegó en el propio juez. La dirigencia libertaria no puja activamente por su llegada al máximo tribunal del país, reconocieron dentro del oficialismo y en el entorno de Lijo a la nacion.
Mientras cerca de Lijo dan por descontado el apoyo de los senadores que responderían a la expresidenta Cristina Kirchner, en esas filas partidarias eligen, todavía, guardar silencio sobre la postulación del juez federal para la Corte. Una de las advertencias que hacen es que el Gobierno todavía no mandó el pliego de manera oficial a la Cámara alta. Y aunque el plazo para que eso suceda vence este jueves y lo más probable es que el pliego sea enviado, en el kirchnerismo calculan el costo que podría tener que el pliego nunca ingrese y haber avalado al juez propuesto por la administración libertaria. Las impugnaciones que Lijo recibió apuntan a su desempeño como juez federal y también cuestionan el hecho de que el Gobierno no postulara para la Corte Suprema a una mujer.
El período habilitado por el reglamento para que la ciudadanía adhiera u objete las postulaciones para la Corte Suprema terminará este jueves. El proceso reglamentario tendrá lugar en la Comisión de Acuerdos, que preside la senadora nacional porteña de Pro Guadalupe Tagliaferri, cuya postura sobre la postulación de Lijo es reservada, pero despierta interés y suspicacias por su cercanía con Horacio Rodríguez Larreta, de buen vínculo con el juez Lijo.
De los partidos que antes integraban el interbloque de Juntos por el Cambio solamente se manifestaron en contra de Lijo la radical Carolina Losada y Luis Juez, del Frente Pro. Mauricio Macri no se pronunció públicamente sobre el tema y especula, además, con no hacerlo antes de que se trate la Ley Bases. Según reconstruyó
Lijo apostó a su búsqueda de votos dentro de ese espacio con el expresidente de Boca Juniors Daniel Angelici, aliado político de Emiliano Yacobitti, y este último a su vez muy ligado al senador radical Martín Lousteau.
Hay senadores radicales que dijeron en reuniones del bloque que van a evaluar lo que surja de las impugnaciones en las audiencias públicas. Según supo la nacion, el armador político de Rodríguez Larreta, Edgardo Cenzón, también es amigo de Lijo e hizo sondeos entre un conjunto de senadores para medir sus opiniones.
En el peronismo Lijo juntó avales de varios gobernadores. El mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, viajó a Buenos Aires a reunirse con él personalmente. Zamora fue quien impulsó desde su provincia una denuncia contra el colaborador de Horacio Rosatti, Silvio Robles, mientras el kirchnerismo impulsaba el juicio político a los miembros de la Corte Suprema. El caso que surgió en los tribunales santiagueños luego fue tramitado en los de Comodoro Py, en el juzgado de Lijo.
Por otro lado, el formoseño Gildo Insfrán, a quien Lijo benefició con su actuación en el caso Ciccone, también le garantizó y buscó apoyos, según supo Un caso curioso es el del senador formoseño Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza: apenas se conoció la postulación de Lijo, Paoltroni la rechazó con dureza y lo cuestionó por haber partido el caso Ciccone y así beneficiar a Insfrán. Pero si bien Paoltroni dijo: “Estoy en contra de Lijo”, con el correr se las semanas bajó el tono de sus declaraciones. Dos fuentes independientes entre sí dijeron que el senador podría no estar presente el día de la votación, en la que se necesitan dos tercios de los votos de los senadores presentes para aprobar el pliego.
“No estar no es lo mismo que votar en contra y es una forma de recular después de haberlo rechazado públicamente”, dijo una legisladora que sigue nacion de cerca el poroteo. Para forjar los apoyos, el juez federal recibió a varios senadores en un departamento ubicado en Avenida del Libertador y Cavia.
Pero, más allá de haber tenido contactos personales con dirigentes del peronismo, Lijo también delegó una parte de su búsqueda en Juan Manuel Olmos, el dirigente porteño con histórica influencia en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires que ahora preside la Auditoría General de la Nación (AGN). Olmos tiene un vínculo de confianza y amistad con la actual pareja de Lijo, Genoveva Ferrero, que tiene una silla en el Consejo de la Magistratura porteño, donde él se desempeñó durante años.
Más allá de estos dos interlocutores de la Justicia Federal, Lijo también cuenta con la predisposición de su amigo Lucas Nejamkis, amigo del exespía Antonio Stiuso, para conseguir votos y avales.
Lijo tiene en su juzgado federal decenas de expedientes sensibles para el poder político. Pero, más allá de su desempeño como juez de primera instancia, su eventual nombramiento como ministro de la Corte Suprema, un cargo vitalicio, es percibido por alguno de los sectores que lo impugnan como producto de un pacto de impunidad con la expresidenta Cristina Kirchner, implicada en expedientes por corrupción que, tarde o temprano, tendrán una definición del máximo tribunal del país.
Se trata del juez que tramitó el caso por el que fue condenado el exvicepresidente kirchnerista Amado Boudou y que además habilitó las escuchas al senador Oscar Parrilli, en la vieja causa por el presunto encubrimiento a Ibar Pérez Corradi. También es el funcionario que instruye desde hace 18 años el caso YPF, por el que ni Cristina Kirchner ni Carlos Zannini, entre otros exfuncionarios denunciados en la causa, debieron dar explicaciones.
“Les puedo asegurar que los acompañaría cantando, pero violaría la independencia de los poderes”, dijo Milei en el acto del Luna Park el miércoles pasado, cuando su público cantaba “Cristina se va presa”. Mientras tanto, las cámaras que enfocaban a Patricia Bullrich, que avaló públicamente a Lijo, la mostraban sonriente. Milei dijo, después, en una conversación con LN+, que “Cristina es la jefa de la banda”.
El dirigente del PJ de la Capital es uno de los hombres en los que Lijo delegó tratativas para sumar votos. Es amigo de la pareja del candidato a la Corte

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