Las coimas pagadas por Securitas a funcionarios superaron los US$7.500.000
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado firmó los procesamientos de 19 imputados en actos de corrupción denunciados por la propia empresa de seguridad privada
Gabriel Di Nicola
La empresa de seguridad privada Securitas, comprometida en un escándalo de sobornos
Para no perder contratos y cobrar servicios adeudados con organismos públicos, la empresa de seguridad privada Securitas habría pagado, entre 2013 y 2018, coimas por 7,6 millones de dólares y, además, habría llevado adelante una evasión fiscal que podría ascender a los 2195 millones de pesos.
Así surge de la resolución firmada en las últimas horas por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que procesó a 19 sospechosos, entre exejecutivos de la compañía, personal policial y gerentes de la empresa de electricidad de Entre Ríos. Además trabó un embargo sobre los bienes de los acusados hasta alcanzar la sideral suma de casi 280.000 millones de pesos.
El monto de lo que se habría pagado en sobornos, según el expediente judicial, surge de una investigación interna hecha por la empresa. Según la auditoría de la compañía, entre 2013 y 2018 se habrían utilizado 300 proveedores “presuntamente fraudulentos” para evadir impuestos por una cifra de entre $730.173.550 y $2.195.662.400.
Nueve de los 19 imputados fueron procesados con prisión preventiva. Entre los que continuarán detenidos mientras sigue la investigación se encuentran el ex-CEO de la empresa, Jorge Christian Faria, y los hermanos Marcelo y Claudio Tortul, importantes empresarios de Entre Ríos. El mayor embargo fue sobre los bienes de Faria y asciende a 35.000 millones de pesos. En el caso de cada uno de los hermanos Tortul, la suma trepa a 30.000 millones de pesos.
Entre los 19 procesados hay un subcomisario de la policía bonaerense, que cumple funciones en la Dirección de Coordinación, Delegaciones Administrativas Departamentales; un integrante de la Policía Federal Argentina (PFA), y dos gerentes de la empresa Energía de Entre Ríos, Sociedad Anónima (Enersa).
Como informó la nacion, Securitas se comprometió a abonar una multa equivalente al beneficio que obtuvo como consecuencia de los sobornos, canceló una deuda tributaria de 1500 millones de pesos y compró 1100 kilos de carne que fueron entregados a comedores parroquiales de San Isidro y de Entre Ríos. Así se estableció en el “acuerdo de colaboración eficaz” que firmaron el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, a cargo de la investigación, y representantes de la compañía.
Con el fiscal Domínguez y su equipo de trabajo colaboran en la investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.
La investigación comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina, en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.
En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación, con sede principal en Estocolmo, capital de Suecia.
En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes. Fuentes al tanto de la investigación sostuvieron que la nueva gestión no tiene nada que ver con los “pagos indebidos”. Ahora la compañía se llama Securion.
“Como empresa líder en seguridad privada en la Argentina mantenemos un firme compromiso con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones. Hace un tiempo nuestra auditoría interna arrojó resultados preocupantes al detectar irregularidades dentro de nuestra propia organización. Ante esta situación tomamos una decisión sin precedentes en la historia empresarial argentina: decidimos presentarnos ante la Justicia y denunciar los ilícitos descubiertos. Esta acción es un reflejo de nuestro compromiso con la responsabilidad y la legalidad”, explicaron desde Securion.
Según la denuncia hecha por Securitas, los “pagos indebidos” [los sobornos] fueron en el Renaper, ya que los denunciantes dijeron que el organismo “fue cliente de Securitas Argentina desde 2011 hasta el mes de noviembre de 2015. En ese sentido, refirieron que la investigación interna detectó una serie de presuntos pagos indebidos desde la compañía al Renaper para obtener y mantener la contratación y subcontratación para la prestación de servicios. Agregaron que los aludidos pagos se habrían realizado en el año 2016 a efectos de mantener la relación contractual y a fines del año 2015 para cancelar deudas pendientes”.
Los denunciantes también señalaron pagos a Senasa: “Desde el mes de diciembre de 2015 hasta el mes de mayo de 2017 Securitas Argentina continuó siendo proveedor del Senasa por medio del sistema de subcontratación por parte de la firma Guardman SA. Afirmaron que durante el período comprendido entre 2016 y 2018 se hallaron pagos supuestamente indebidos a funcionarios del organismo estatal que se originaron desde la tesorería de Securitas Argentina, con el fin de mantener la contratación de Guardman SA y explicaron que tanto el sistema de pagos indebidos como la subcontratación se encontraban debidamente articulados para que Securitas Argentina continuara obteniendo los beneficios de la contratación con el organismo público”.
Otra parte de la denuncia incluyó sobornos a sindicatos: “Los denunciantes indicaron que la investigaciónpermitióestablecerquealgunos directivos de Securitas Argentina SA habrían realizado pagos indebidos a delegados sindicales o secretarios generales de distintos sindicatos a fin de obtener la contratación de Securitas Argentina para determinados proyectos. Además, explicaron que el por entonces tesorero dijo que se habrían realizado pagos a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) para servicios de Securitas Argentina en los trabajos que el gremio realizaba en distintas instalaciones de YPF y en el Hotel Alvear, así como para poder brindar servicios de seguridad en proyectos de construcciones en el CCK y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)”.
Y sumaron denuncias de pagos indebidos a la petrolera de origen venezolano Pdvsa: “En lo que respecta al caso, los denunciantes sostuvieron que la firma Petrolera Cono Sur SA (Pdvsa) fue cliente de Securitas Argentina entre los años 2016 y 2018, y que a partir de la investigación concretada se determinó que durante el lapso investigado se habrían realizado pagos por $286.273 con el fin de mantener la contratación existente entre ambas firmas para que Securitas pudiera continuar brindando los servicios de seguridad. La situación habría cesado a mediados del año 2017, cuando se redujo el servicio de la petrolera y el número de locaciones que tenía la empresa”.
Contratación y habilitaciones
Se mencionó, además, que Energía de Entre Ríos SA (Enersa) fue cliente de Securitas SA entre 2016 y 2018. “Los denunciantes afirmaron que la investigación interna permitió determinar que se habrían efectuado pagos en efectivo para mantener la contratación y que el efectivo habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, el cual, si bien facturaba, no habría brindado ningún servicio concreto. La firma emitía facturas mensuales a favor de Securitas Argentina por servicios de consultoría”.
En referencia a AySA, según la investigación interna, la empresa de seguridad pagaba una comisión para mantener vigente el contrato. En un documento de Excel se registraron los montos de dinero que se pagaron entre 2014 y 2018, en promedio, $1.300.000 por mes.
Se consignó en la denuncia que, entre otros organismos alcanzados por los pagos irregulares, se concretaron sobornos “entre 2016 y 2018 con la finalidad de obtener o acelerar las autorizaciones correspondientes para los guardias de seguridad a los siguientes organismos: Registros de Guardias de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, el organismo para la obtención de la licencia de usuario legítimo de arma de fuego, el organismo para la obtención del certificado de portación de armas para los guardias de seguridad y para la renovación de las autorizaciones correspondientes, gobierno de la provincia de Buenos Aires y Registro de la Propiedad Automotor de la provincia de Buenos Aires”.
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La maldición de la Moncloa
Javier Cercas
En un libro extraordinario, The Years of Lyndon Johnson, Robert A. Caro afirma que el poder revela la personalidad auténtica de quien lo posee. “Cuando un hombre escala, intentando persuadir a los demás de que le den poder –escribe Caro–, la ocultación es necesaria: para esconder rasgos que podrían hacer que los demás fueran reticentes a darle poder, para esconder también lo que quiere hacer con ese poder; si los demás reconocieran esos rasgos o se dieran cuenta de sus propósitos, podrían negarse a darle lo que quiere. Pero, conforme un hombre consigue más poder, el camuflaje es menos necesario. El telón empieza a levantarse. La revelación empieza”. Lo que no dice Caro es que el poder, además de revelar, tarde o temprano trastorna.
En España podríamos llamarlo la maldición de la Moncloa. Es un hecho comprobable: todos los presidentes del gobierno de la democracia acabaron desvariando, casi siempre en su segundo mandato, cuando ya llevaban demasiado tiempo en el poder. El primer año en el gobierno de Adolfo Suárez fue prodigioso, y su primera legislatura, trascendental, pero en cuanto ganó sus segundas elecciones empezó a caer en picado y a hacer cosas raras; raras para él, quiero decir: este falangista de toda la vida suspiraba por ser de izquierdas, se negaba en redondo a entrar en la OTAN y a punto estuvo de darle un beso de tornillo a Yasser Arafat.
Quizá porque ha sido, con Suárez, el único estadista verdadero de nuestra democracia, Felipe González fue también el único presidente que tardó tres legislaturas en alienarse, aunque a la tercera perdió el mundo de vista, incapaz de entender que la corrupción lo estaba devorando y que la cosa ya no daba para más. Ciertamente, Aznar no era el chaval más listo de su clase, pero la verdad es que, en sus primeros cuatro años de gobierno, el país se oxigenó tras la asfixia final del felipismo; en los cuatro años siguientes, sin embargo, este hombre con tanto carisma como un tubérculo se creyó Napoleón Bonaparte y terminó invadiendo Irak.
Zapatero, reconozcámoslo, tampoco era una luminaria, pero en su primera legislatura se dejó aconsejar, había dinero e hizo cosas bien; en cambio, en la segunda afloró el badulaque de todos conocido, puso los fundamentos del procés, pensó que sabía economía y empeoró la peor crisis económica del último siglo. Rajoy también fue una calamidad, pero al menos lo fue desde el principio y nadie pudo llamarse a engaño; otra ventaja es que era tan vago que le daba pereza hasta enloquecer, así que apenas le afectó la maldición de la Moncloa.
En cuanto a Sánchez, a la vista está: sus años iniciales de gobierno fueron bastante mejores de lo que sostiene el antisanchismo patológico, hasta el punto de que sigue pareciéndome razonable que algunos lo votáramos en 2023; no contábamos con la maldición de la Moncloa: en cuanto ganó sus segundas elecciones, urdió con engaño un gobierno con una mayoría venenosa sostenido por una ley venenosa que acabará envenenándolo todo. Quizás era inevitable: ensoberbecido por su propio triunfo, obnubilado por el poder, perdida cualquier noción de sus propios límites y los de la realidad, incapaz de escuchar más voces que las de sus aduladores, la víctima de la maldición de la Moncloa acaba convertida en un asno. No lo digo yo (Dios me libre): lo dice Shakespeare por boca del bufón de Noche de Reyes; mejor dicho, se lo dice el bufón al duque de Iliria, fingiendo ladinamente que lo dice de sí mismo: “Rediós, señor, me alaban y me convierten en un asno. Pero mis enemigos me dicen claramente que soy un asno; de manera que, gracias a mis enemigos, señor, avanzo en el conocimiento de mí mismo. En cambio, me siento insultado por mis amigos”.
La maldición de la Moncloa es la maldición del poder. ¿Qué hacer contra ella? Todos lo sabemos: limitar al máximo el tiempo en el poder. Limitar el poder. Controlarlo y repartirlo al máximo. Fomentar partidos autocríticos. Avanzar hacia una democracia más porosa y participativa, en la que todos seamos, alternativamente, gobernantes y gobernados. Es decir: democratizar la democracia. Es decir: exactamente lo contrario de lo que estamos haciendo.
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Una sólida defensa de la dignidad humana
Gustavo Irrazábal
La declaración “Dignitas infinita sobre la dignidad humana”, dada a conocer por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe el pasado 2 de abril, es un documento largamente esperado. La Iglesia Católica vive actualmente en un estado de profundatensióndoctrinal,comono se veía desde las discusiones sobre la contracepción a fines de los años 60, con el agravante de que hoy los enfrentamientos involucran enteros episcopados nacionales y regionales, unos promoviendo posiciones radicales en temas que van desde la estructura de la Iglesia hasta la vida y la sexualidad, y otros, cerrando filas en defensa de la tradición. Se ha llegado a hablar, no sin cierta razón, de un peligro de cisma. En ese contexto, la opción del Papa por encarar ciertas cuestiones éticas de un modo más propositivo que condenatorio, junto a una mayor flexibilidad en el campo pastoral, había suscitado en muchos sectores un temor de que se estuviera gestando una verdadera ruptura con la enseñanza católica precedente.
En especial, se planteaba una duda de fondo: ¿sigue sosteniendo la Iglesia la doctrina sobre las prohibiciones absolutas, es decir, la existencia de conductas que nunca pueden justificarse, cualesquiera sean la intención, las circunstancias o las consecuencias? En 2016, un grupo de cardenales planteó al Papa una serie de “dudas” (en latín, dubia) en las que se incluía expresamente esta inquietud, pero sin recibir respuesta. En 2023, otro grupo de cardenales recurrió al mismo procedimiento con relación a la posibilidad de otorgar bendiciones a parejas del mismo sexo. En esa ocasión, el Papa autorizó una respuesta del dicasterio mencionado, que no logró aplacar la controversia y, más, la profundizó con la declaración Fiducia supplicans, que algunos interpretan como una autorización para impartir bendiciones pastorales a ese tipo de uniones. Por ello debe celebrarse la publicación de “Dignitas infinita”, donde finalmente se confirma sin dejar lugar a dudas que hay conductas que son moralmente inaceptables “más allá de toda circunstancia” porque atentan contra la dignidad de la persona humana, entendida esta expresión en sentido “ontológico”: la dignidad de que goza todo ser humano por el solo hecho de ser tal.
Es cierto que, dentro de las “violaciones graves a la dignidad humana” aludidas, algunas requerirán ulteriores aclaraciones, como la idea de que “el drama de la pobreza” es exclusivamente resultado de la injusticia distributiva y no (también) de la ineficiencia productiva, o de que toda guerra es injusta (lo cual parece incluir la guerra defensiva). Hay otras conductas cuya incompatibilidad con la dignidad humana nadie puede negar seriamente, como los abusos sexuales, la violencia contra la mujer o la violencia digital. Pero se incluyen también temas debatidos incluso entre católicos, como el aborto, la maternidad subrogada y el suicidio asistido, que el documento condena de modo firme y taxativo. Lo mismo cabe decir con relación a la “teoría de género”, rechazada con sólidos argumentos bíblicos y antropológicos, junto con la reafirmación de la centralidad de la “diferencia sexual”, es decir, la diferencia constitutiva entre varón y mujer (“la mayor imaginable”, “la más bella y la más poderosa”). En consecuencia, el llamado “cambio de sexo” es considerado una práctica contraria a la dignidad personal del cuerpo humano.
Con este documento, la Iglesia muestra una vez más que su mensaje no se subordina a las modas ideológicas. Su contenido no es novedoso, pero brinda un oportuno y necesario marco de referencia para el diálogo dentro de la Iglesia y con el mundo, a la vez que evita el peligro de que la próxima asamblea del Sínodo sobre la Sinodalidad, que tendrá lugar en octubre, sea usada indebidamente como caja de resonancia para las ideas temerarias de ciertos grupos minoritarios, aunque poderosos. Un detalle significativo: el 2 de abril, fecha de publicación de este documento, es el 19º aniversario de la muerte de san Juan Pablo II, quien dedicó su gran encíclica Veritatis splendor a enseñar la importancia decisiva de las prohibiciones absolutas, indispensables para proteger los valores fundamentales de la vida personal y social.
Para no perder contratos y cobrar servicios adeudados con organismos públicos, la empresa de seguridad privada Securitas habría pagado, entre 2013 y 2018, coimas por 7,6 millones de dólares y, además, habría llevado adelante una evasión fiscal que podría ascender a los 2195 millones de pesos.
Así surge de la resolución firmada en las últimas horas por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que procesó a 19 sospechosos, entre exejecutivos de la compañía, personal policial y gerentes de la empresa de electricidad de Entre Ríos. Además trabó un embargo sobre los bienes de los acusados hasta alcanzar la sideral suma de casi 280.000 millones de pesos.
El monto de lo que se habría pagado en sobornos, según el expediente judicial, surge de una investigación interna hecha por la empresa. Según la auditoría de la compañía, entre 2013 y 2018 se habrían utilizado 300 proveedores “presuntamente fraudulentos” para evadir impuestos por una cifra de entre $730.173.550 y $2.195.662.400.
Nueve de los 19 imputados fueron procesados con prisión preventiva. Entre los que continuarán detenidos mientras sigue la investigación se encuentran el ex-CEO de la empresa, Jorge Christian Faria, y los hermanos Marcelo y Claudio Tortul, importantes empresarios de Entre Ríos. El mayor embargo fue sobre los bienes de Faria y asciende a 35.000 millones de pesos. En el caso de cada uno de los hermanos Tortul, la suma trepa a 30.000 millones de pesos.
Entre los 19 procesados hay un subcomisario de la policía bonaerense, que cumple funciones en la Dirección de Coordinación, Delegaciones Administrativas Departamentales; un integrante de la Policía Federal Argentina (PFA), y dos gerentes de la empresa Energía de Entre Ríos, Sociedad Anónima (Enersa).
Como informó la nacion, Securitas se comprometió a abonar una multa equivalente al beneficio que obtuvo como consecuencia de los sobornos, canceló una deuda tributaria de 1500 millones de pesos y compró 1100 kilos de carne que fueron entregados a comedores parroquiales de San Isidro y de Entre Ríos. Así se estableció en el “acuerdo de colaboración eficaz” que firmaron el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, a cargo de la investigación, y representantes de la compañía.
Con el fiscal Domínguez y su equipo de trabajo colaboran en la investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.
La investigación comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina, en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.
En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación, con sede principal en Estocolmo, capital de Suecia.
En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes. Fuentes al tanto de la investigación sostuvieron que la nueva gestión no tiene nada que ver con los “pagos indebidos”. Ahora la compañía se llama Securion.
“Como empresa líder en seguridad privada en la Argentina mantenemos un firme compromiso con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones. Hace un tiempo nuestra auditoría interna arrojó resultados preocupantes al detectar irregularidades dentro de nuestra propia organización. Ante esta situación tomamos una decisión sin precedentes en la historia empresarial argentina: decidimos presentarnos ante la Justicia y denunciar los ilícitos descubiertos. Esta acción es un reflejo de nuestro compromiso con la responsabilidad y la legalidad”, explicaron desde Securion.
Según la denuncia hecha por Securitas, los “pagos indebidos” [los sobornos] fueron en el Renaper, ya que los denunciantes dijeron que el organismo “fue cliente de Securitas Argentina desde 2011 hasta el mes de noviembre de 2015. En ese sentido, refirieron que la investigación interna detectó una serie de presuntos pagos indebidos desde la compañía al Renaper para obtener y mantener la contratación y subcontratación para la prestación de servicios. Agregaron que los aludidos pagos se habrían realizado en el año 2016 a efectos de mantener la relación contractual y a fines del año 2015 para cancelar deudas pendientes”.
Los denunciantes también señalaron pagos a Senasa: “Desde el mes de diciembre de 2015 hasta el mes de mayo de 2017 Securitas Argentina continuó siendo proveedor del Senasa por medio del sistema de subcontratación por parte de la firma Guardman SA. Afirmaron que durante el período comprendido entre 2016 y 2018 se hallaron pagos supuestamente indebidos a funcionarios del organismo estatal que se originaron desde la tesorería de Securitas Argentina, con el fin de mantener la contratación de Guardman SA y explicaron que tanto el sistema de pagos indebidos como la subcontratación se encontraban debidamente articulados para que Securitas Argentina continuara obteniendo los beneficios de la contratación con el organismo público”.
Otra parte de la denuncia incluyó sobornos a sindicatos: “Los denunciantes indicaron que la investigaciónpermitióestablecerquealgunos directivos de Securitas Argentina SA habrían realizado pagos indebidos a delegados sindicales o secretarios generales de distintos sindicatos a fin de obtener la contratación de Securitas Argentina para determinados proyectos. Además, explicaron que el por entonces tesorero dijo que se habrían realizado pagos a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) para servicios de Securitas Argentina en los trabajos que el gremio realizaba en distintas instalaciones de YPF y en el Hotel Alvear, así como para poder brindar servicios de seguridad en proyectos de construcciones en el CCK y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)”.
Y sumaron denuncias de pagos indebidos a la petrolera de origen venezolano Pdvsa: “En lo que respecta al caso, los denunciantes sostuvieron que la firma Petrolera Cono Sur SA (Pdvsa) fue cliente de Securitas Argentina entre los años 2016 y 2018, y que a partir de la investigación concretada se determinó que durante el lapso investigado se habrían realizado pagos por $286.273 con el fin de mantener la contratación existente entre ambas firmas para que Securitas pudiera continuar brindando los servicios de seguridad. La situación habría cesado a mediados del año 2017, cuando se redujo el servicio de la petrolera y el número de locaciones que tenía la empresa”.
Contratación y habilitaciones
Se mencionó, además, que Energía de Entre Ríos SA (Enersa) fue cliente de Securitas SA entre 2016 y 2018. “Los denunciantes afirmaron que la investigación interna permitió determinar que se habrían efectuado pagos en efectivo para mantener la contratación y que el efectivo habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, el cual, si bien facturaba, no habría brindado ningún servicio concreto. La firma emitía facturas mensuales a favor de Securitas Argentina por servicios de consultoría”.
En referencia a AySA, según la investigación interna, la empresa de seguridad pagaba una comisión para mantener vigente el contrato. En un documento de Excel se registraron los montos de dinero que se pagaron entre 2014 y 2018, en promedio, $1.300.000 por mes.
Se consignó en la denuncia que, entre otros organismos alcanzados por los pagos irregulares, se concretaron sobornos “entre 2016 y 2018 con la finalidad de obtener o acelerar las autorizaciones correspondientes para los guardias de seguridad a los siguientes organismos: Registros de Guardias de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, el organismo para la obtención de la licencia de usuario legítimo de arma de fuego, el organismo para la obtención del certificado de portación de armas para los guardias de seguridad y para la renovación de las autorizaciones correspondientes, gobierno de la provincia de Buenos Aires y Registro de la Propiedad Automotor de la provincia de Buenos Aires”.
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La maldición de la Moncloa
Javier Cercas
En un libro extraordinario, The Years of Lyndon Johnson, Robert A. Caro afirma que el poder revela la personalidad auténtica de quien lo posee. “Cuando un hombre escala, intentando persuadir a los demás de que le den poder –escribe Caro–, la ocultación es necesaria: para esconder rasgos que podrían hacer que los demás fueran reticentes a darle poder, para esconder también lo que quiere hacer con ese poder; si los demás reconocieran esos rasgos o se dieran cuenta de sus propósitos, podrían negarse a darle lo que quiere. Pero, conforme un hombre consigue más poder, el camuflaje es menos necesario. El telón empieza a levantarse. La revelación empieza”. Lo que no dice Caro es que el poder, además de revelar, tarde o temprano trastorna.
En España podríamos llamarlo la maldición de la Moncloa. Es un hecho comprobable: todos los presidentes del gobierno de la democracia acabaron desvariando, casi siempre en su segundo mandato, cuando ya llevaban demasiado tiempo en el poder. El primer año en el gobierno de Adolfo Suárez fue prodigioso, y su primera legislatura, trascendental, pero en cuanto ganó sus segundas elecciones empezó a caer en picado y a hacer cosas raras; raras para él, quiero decir: este falangista de toda la vida suspiraba por ser de izquierdas, se negaba en redondo a entrar en la OTAN y a punto estuvo de darle un beso de tornillo a Yasser Arafat.
Quizá porque ha sido, con Suárez, el único estadista verdadero de nuestra democracia, Felipe González fue también el único presidente que tardó tres legislaturas en alienarse, aunque a la tercera perdió el mundo de vista, incapaz de entender que la corrupción lo estaba devorando y que la cosa ya no daba para más. Ciertamente, Aznar no era el chaval más listo de su clase, pero la verdad es que, en sus primeros cuatro años de gobierno, el país se oxigenó tras la asfixia final del felipismo; en los cuatro años siguientes, sin embargo, este hombre con tanto carisma como un tubérculo se creyó Napoleón Bonaparte y terminó invadiendo Irak.
Zapatero, reconozcámoslo, tampoco era una luminaria, pero en su primera legislatura se dejó aconsejar, había dinero e hizo cosas bien; en cambio, en la segunda afloró el badulaque de todos conocido, puso los fundamentos del procés, pensó que sabía economía y empeoró la peor crisis económica del último siglo. Rajoy también fue una calamidad, pero al menos lo fue desde el principio y nadie pudo llamarse a engaño; otra ventaja es que era tan vago que le daba pereza hasta enloquecer, así que apenas le afectó la maldición de la Moncloa.
En cuanto a Sánchez, a la vista está: sus años iniciales de gobierno fueron bastante mejores de lo que sostiene el antisanchismo patológico, hasta el punto de que sigue pareciéndome razonable que algunos lo votáramos en 2023; no contábamos con la maldición de la Moncloa: en cuanto ganó sus segundas elecciones, urdió con engaño un gobierno con una mayoría venenosa sostenido por una ley venenosa que acabará envenenándolo todo. Quizás era inevitable: ensoberbecido por su propio triunfo, obnubilado por el poder, perdida cualquier noción de sus propios límites y los de la realidad, incapaz de escuchar más voces que las de sus aduladores, la víctima de la maldición de la Moncloa acaba convertida en un asno. No lo digo yo (Dios me libre): lo dice Shakespeare por boca del bufón de Noche de Reyes; mejor dicho, se lo dice el bufón al duque de Iliria, fingiendo ladinamente que lo dice de sí mismo: “Rediós, señor, me alaban y me convierten en un asno. Pero mis enemigos me dicen claramente que soy un asno; de manera que, gracias a mis enemigos, señor, avanzo en el conocimiento de mí mismo. En cambio, me siento insultado por mis amigos”.
La maldición de la Moncloa es la maldición del poder. ¿Qué hacer contra ella? Todos lo sabemos: limitar al máximo el tiempo en el poder. Limitar el poder. Controlarlo y repartirlo al máximo. Fomentar partidos autocríticos. Avanzar hacia una democracia más porosa y participativa, en la que todos seamos, alternativamente, gobernantes y gobernados. Es decir: democratizar la democracia. Es decir: exactamente lo contrario de lo que estamos haciendo.
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Una sólida defensa de la dignidad humana
Gustavo Irrazábal
La declaración “Dignitas infinita sobre la dignidad humana”, dada a conocer por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe el pasado 2 de abril, es un documento largamente esperado. La Iglesia Católica vive actualmente en un estado de profundatensióndoctrinal,comono se veía desde las discusiones sobre la contracepción a fines de los años 60, con el agravante de que hoy los enfrentamientos involucran enteros episcopados nacionales y regionales, unos promoviendo posiciones radicales en temas que van desde la estructura de la Iglesia hasta la vida y la sexualidad, y otros, cerrando filas en defensa de la tradición. Se ha llegado a hablar, no sin cierta razón, de un peligro de cisma. En ese contexto, la opción del Papa por encarar ciertas cuestiones éticas de un modo más propositivo que condenatorio, junto a una mayor flexibilidad en el campo pastoral, había suscitado en muchos sectores un temor de que se estuviera gestando una verdadera ruptura con la enseñanza católica precedente.
En especial, se planteaba una duda de fondo: ¿sigue sosteniendo la Iglesia la doctrina sobre las prohibiciones absolutas, es decir, la existencia de conductas que nunca pueden justificarse, cualesquiera sean la intención, las circunstancias o las consecuencias? En 2016, un grupo de cardenales planteó al Papa una serie de “dudas” (en latín, dubia) en las que se incluía expresamente esta inquietud, pero sin recibir respuesta. En 2023, otro grupo de cardenales recurrió al mismo procedimiento con relación a la posibilidad de otorgar bendiciones a parejas del mismo sexo. En esa ocasión, el Papa autorizó una respuesta del dicasterio mencionado, que no logró aplacar la controversia y, más, la profundizó con la declaración Fiducia supplicans, que algunos interpretan como una autorización para impartir bendiciones pastorales a ese tipo de uniones. Por ello debe celebrarse la publicación de “Dignitas infinita”, donde finalmente se confirma sin dejar lugar a dudas que hay conductas que son moralmente inaceptables “más allá de toda circunstancia” porque atentan contra la dignidad de la persona humana, entendida esta expresión en sentido “ontológico”: la dignidad de que goza todo ser humano por el solo hecho de ser tal.
Es cierto que, dentro de las “violaciones graves a la dignidad humana” aludidas, algunas requerirán ulteriores aclaraciones, como la idea de que “el drama de la pobreza” es exclusivamente resultado de la injusticia distributiva y no (también) de la ineficiencia productiva, o de que toda guerra es injusta (lo cual parece incluir la guerra defensiva). Hay otras conductas cuya incompatibilidad con la dignidad humana nadie puede negar seriamente, como los abusos sexuales, la violencia contra la mujer o la violencia digital. Pero se incluyen también temas debatidos incluso entre católicos, como el aborto, la maternidad subrogada y el suicidio asistido, que el documento condena de modo firme y taxativo. Lo mismo cabe decir con relación a la “teoría de género”, rechazada con sólidos argumentos bíblicos y antropológicos, junto con la reafirmación de la centralidad de la “diferencia sexual”, es decir, la diferencia constitutiva entre varón y mujer (“la mayor imaginable”, “la más bella y la más poderosa”). En consecuencia, el llamado “cambio de sexo” es considerado una práctica contraria a la dignidad personal del cuerpo humano.
Con este documento, la Iglesia muestra una vez más que su mensaje no se subordina a las modas ideológicas. Su contenido no es novedoso, pero brinda un oportuno y necesario marco de referencia para el diálogo dentro de la Iglesia y con el mundo, a la vez que evita el peligro de que la próxima asamblea del Sínodo sobre la Sinodalidad, que tendrá lugar en octubre, sea usada indebidamente como caja de resonancia para las ideas temerarias de ciertos grupos minoritarios, aunque poderosos. Un detalle significativo: el 2 de abril, fecha de publicación de este documento, es el 19º aniversario de la muerte de san Juan Pablo II, quien dedicó su gran encíclica Veritatis splendor a enseñar la importancia decisiva de las prohibiciones absolutas, indispensables para proteger los valores fundamentales de la vida personal y social.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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