TODOS CONTRA LIJO Y FRAUDE

Dura impugnación a Lijo por parte de Carrió y el Club Político Argentino
Las objeciones apuntan tanto a la “falta de idoneidad” del juez como a su patrimonio y el manejo de causas de corrupción
Elisa Carrió
La postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema sumó ayer dos nuevas impugnaciones de la política: la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y el Club Político Argentino criticaron las actuaciones del juez en resonantes causas por corrupción y cuestionaron su idoneidad para formar parte del máximo tribunal. Coincidió con ellos un tercer planteo igualmente duro presentado por el abogado Alejandro Fargosi, que llamó la atención por una particularidad: el exconsejero de la Magistratura es un ferviente defensor de Javier Milei en las redes, donde recibe habitualmente guiños del Presidente, y también trabajó junto a Patricia Bullrich, ministra que defendió la postulación del juez.
“Lijo ha tenido severos cuestionamientos públicos referidos a su falta de ética e independencia en su desempeño como juez federal, por lo que, a nuestro entender, no reúne las cualidades exigidas para ocupar la más alta magistratura de la Nación”, introduce el texto de la Coalición Cívica, que lleva las firmas de Carrió y de los diputados Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Maximiliano Ferraro, María Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.
“Además, se suman una serie de inconsistencias patrimoniales que evidenciarían un posible enriquecimiento ilícito del candidato. Por lo demás, y en lo que refiere a la idoneidad técnica y jurídica requerida, entendemos que el candidato tampoco cumple con este requisito, toda vez que carece de la formación jurídica necesaria”, agrega.
La impugnación presentada por Carrió cuestiona las actuaciones de Lijo en al menos tres causas por corrupción que involucran al poder: YPF, Siemens y la que investiga la posible comisión de irregularidades en la obra social del Poder Judicial. Además, se refiere a la “sospechosa actuación” de Lijo en una causa iniciada por la tabacalera Sarandí, del empresario Pablo Otero.
Otro punto de la impugnación es el vínculo de Lijo con el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, a quien Carrió intentó iniciarle un juicio político. Lorenzetti promovió la postulación de Lijo a la Corte.
Pero también se sostiene, en el texto, que Lijo tiene “evidentes inconsistencias patrimoniales” y una “magra y endeble formación profesional y académica”. La denuncia realizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Lijo es, en este sentido, otro de los elementos a los que hace mención el texto.
La impugnación señala que el detalle documentado de las denuncias por irregularidades configura “un obstáculo insanable para que se sostenga la candidatura”. Y sobre la formación de Lijo, dice: “No trasciende las fronteras de su título de grado, junto con sus únicos estudios cursados de posgrado, en el marco de una carrera de especialización en administración de justicia de 540 horas cátedra cursada por el candidato hace casi 25 años”.
El Club Político
El Club Político Argentino también formalizó su impugnación en un escrito en el que dijo que, de ser aceptado Lijo, se trataría de “una burla a la ciudadanía”. La entidad que preside el exsecretario de Comercio Ricardo Mazzorín y tiene como presidenta honoraria a la exintegrante de la Conadep Graciela Fernández Meijide señala en su documento: “El Dr. Lijo no brilla por sus virtudes, trabajos académicos o estilo de vida acorde con su carácter de magistrado de la Nación”
Destaca que “muchos juristas descuellan allí donde no se ven particulares luces de este candidato”. Se refiere, además, a un estudio del Inecip que calificó a Lijo como “el menos eficaz de los jueces federales”. Según ese informe, Lijo “tiene el 44% de casos no resueltos, aun sin entrar a considerar el contenido o pertinencia de los fallos, o su curso en instancias superiores”.
“Este dato habla de su falta de contracción a la tarea, o bien hace suponer consideraciones distintas a las estrictamente procesales para acelerar o demorar las causas”, afirmó la entidad, para alertar: “Lo analizado plantea un horizonte más grave: la suma de tantos elementos de juicio, de dominio público, impide que esa candidatura pueda prosperar. Se tornaría una burla a la ciudadanía en general y –muy especialmente– una afrenta ominosa a tantas personas, mujeres y hombres del derecho, juristas de fuste, que exhiben trayectorias admirables y un conocimiento acabado del derecho y de los principios que guían una adecuada y transparente administración de justicia. Quitaría toda motivación para esmerarse a quien quiera iniciarse en la carrera de la magistratura. Y nos dejaría atónitos a los demás argentinos”.
En esta impugnación también se criticó la intervención de Lijo en las causas AMIA, Siemens, Rucci, Ciccone, YPF, Correo Argentino, Obra Social Judicial, y en un expediente abierto por los aportes de campaña de Cristina Kirchner. Y fueron cuestionados, además, el crecimiento patrimonial del juez y la vinculación al haras La Generación, de su hermano Alfredo Lijo.
La impugnación de Fargosi
En su planteo, el abogado Fargosi recopiló las objeciones expresadas por múltiples entidades jurídicas contra Lijo y advirtió que el criterio de “cosa juzgada” planteado por el ministro Mariano Cúneo Libarona no se aplica. En su lugar, señaló, para analizar la candidatura rigen los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial de la ONU y el Código Iberoamericano de Ética Judicial de la OEA, donde además de “la debida conducta de los jueces, tienen decisiva importancia la imagen, la apariencia que tiene y proyecta una persona”.
“Los jueces deben cumplir con obligaciones mucho más amplias, extensas e intensas que los ciudadanos comunes”, sostiene Fargosi, para fundamentar que el propio Lijo debería agotar todas las instancias para responder las sospechas que arrastra por su actuación como juez y por su patrimonio.
Para darles entidad a estas sospechas, el abogado enumera “las quince investigaciones promovidas ante el Consejo de la Magistratura por supuesto enriquecimiento ilícito, mal desempeño y tráfico de influencias”, además del polémico manejo de las causas antes mencionadas y otras que agrega Fargosi.
A lo largo de su objeción, el abogado plantea una profunda argumentación en torno a los Principios de Bangalore y el Código de la OEA, a través de los cuales desaconseja entronizar a Lijo en el máximo tribunal por los próximos 20 años. “Un juez y máxime un juez de la Corte, debe estar por encima de cuestionamientos, y el solo hecho de provocarlos de tanta variedad, intensidad y origen demuestra que el Dr. Lijo no cumple los requisitos que exigen esas normas”, afirmó.
En un guiño a Milei, el abogado cita incluso al propio Juan Bautista Alberdi: “La propiedad, la vida, el honor son bienes nominales cuando la Justicia es mala. No hay aliciente para trabajar en la adquisición de bienes que han de estar a la merced de los pícaros… La ley, la Constitución, el gobierno son palabras vacías si no se reducen a hechos de la mano del juez, que, en último resultado, es quien los hace ser realidad o mentira”.
DAIA y Abuelas
Por el contrario, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se manifestó a favor de la postulación de Lijo, en una carta firmada por su presidente, Jorge Knoblovits. “Reúne las aptitudes par el cargo y doy fe de su compromiso por los derechos humanos, la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho”, dice la nota.
En otra carta enviada al Ministerio de Justicia, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo pidió que el juez exprese su postura sobre “el acatamiento del fallo Bignone (3/5/2017) de la Corte Suprema de Justicia, donde se postuló la aplicación de la ley 24.390 a hechos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor”, Se refiere a la aplicación del beneficio del 2x1 a los condenados por delitos de lesa humanidad.

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Procesan por desvío de fondos en Chaco a un exministro y abogado de Capitanich
El caso involucra a autoridades de una universidad local; insólita compra de un avión

Hugo MacchiavelliEl avión Cessna comprado por una fundación universitaria
La Justicia procesó a Jorge Eduardo Alcántara, exfiscal de Estado y exministro de Chaco, abogado del exgobernador Jorge Capitanich y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), por los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
La investigación está a cargo del fiscal general Carlos Amad, quien consideró probado que Alcántara, que fue ministro de Gobierno de la provincia y preside dos fundaciones, “utilizó fondos públicos para su beneficio y de los involucrados en la causa”. Con Alcántara fueron procesadas otras 17 personas, en una trama que se valió de fundaciones para triangular dinero; entre ellas, las encabezadas por el exministro de Capitanich y las fundaciones Uncaus y Educación Para Todos. intentó sin éxito
El fiscal Amad relató a este diario el mecanismo: “El Estado les envió fondos millonarios a las universidades afines. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Humano, de Sandra Pettovello, solo el año pasado el Gobierno remitió $2700 millones a la Uncaus. Parte de esos fondos terminaron en fundaciones dirigidas por las autoridades de la universidad. Desde 2018, el rector de la Uncaus, Germán Oesman, en complicidad con Alcántara y otros, desvió el dinero hacia las fundaciones creadas para esta estafa”. Oesman también está procesado.
La maniobra incluyó compras suntuosas e insólitas, como la adquisición de un avión usado “para dar clases en el Chaco”, según la investigación judicial. Las clases, de acuerdo con la causa, solo debían ser teóricas, según estaba previsto.
También incluyó el alquiler de un departamento en Puerto Madero, “una de las zonas más caras y exclusivas de Buenos Aires, supuestamente para uso comercial, aunque se trataría de un departamento amueblado para vivienda”, dice el fallo.
La avioneta costó $10,5 millones en noviembre de 2021. “Un precio alto para un avión Cessna modelo C-105 M usado”, agregó una fuente consultada. La compra se hizo “sin concurso de precios ni argumentos para su adquisición”, afirmó el fiscal.
El avión universitario nunca fue utilizado y sigue “en reparación” en el taller del hangar de un aeroclub de Las Palmas, una modesta localidad donde la población sufre la falta de cloacas y de agua potable, a 60 kilómetros de Resistencia.
El fallo destaca que “al poco tiempo” de la compra, la aeronave debió ser trasladada y entró en reparación. “Compraron un avión usado que no estaba en condiciones óptimas y sin motivo alguno, ya que el curso que estaba autorizado a brindar era solo teórico y no práctico, dentro de una universidad que nada tiene que ver con carreras relacionadas con aviación”.
Según la fiscalía federal, se pagaron “casi un millón de pesos por el arreglo de un avión que no tenía una finalidad acorde con las necesidades de la universidad”.
La compra del avión
El juez dio por probado que “el avión no se usa”; que no hay registros de movimientos de la aeronave; que “en 2016 consiguieron la habilitación para un curso teórico, pero nunca dictaron clases”; que el lugar elegido para el dictado de las carreras de piloto “no cuenta con pista de aterrizaje, entre otras cosas”; que “la compra no fue por licitación pública”, sino con una búsqueda de precios “por internet”, y que “desde 2021 tienen la aeronave y nunca iniciaron los trámites para la habilitación de la ANAC”.
En cuanto al alquiler del departamento en Puerto Madero, según escribió el fiscal, “surgiría como un gasto innecesario, ya que aun yendo una vez al mes a las reuniones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tal y como dice que era su finalidad, un hotel regular le hubiera costado más barato”.
Para el juez, este alquiler “genera sospecha” y no está claro “si la utilización o destino del inmueble alquilado se condice con una necesidad motivada en el ejercicio de la función pública del rectorado o atiende a cuestiones privadas”.
Según el fiscal, la maniobra de presunto desvío de fondos que se investiga en esta causa lleva más de diez años y el mecanismo quedó demostrado en dos expedientes judiciales anteriores, en los que fueron declarados culpables varios funcionarios.

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