Las universidades ya agotaron sus partidas, pero se demora la ley
Rectores, representantes gremiales y estudiantiles reclamaron una urgente solución al problema en la Cámara baja; aseguran que no tienen para pagar salarios, ni gastos de funcionamiento
Laura Serra
Ante la demora del Gobierno en actualizar por inflación los respectivos presupuestos, las universidades nacionales ya agotaron sus partidas para financiar los gastos corrientes, tanto para afrontar gastos salariales como de funcionamiento. En este contexto, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibió ayer a rectores, docentes, representantes gremiales y estudiantiles que alertaron sobre la crítica situación que vive la comunidad universitaria.
Según los datos oficiales publicadosporelMinisteriodeEconomía,en estos primeros cuatro meses del año las casi 60 universidades nacionales que funcionan en nuestro país ejecutaron la totalidad de sus presupuestos. Son los casos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que ya gastó el 94,96% de su partida, mientras que la de Córdoba ejecutó el 97,1%. También se encuentran en una situación límite las universidades del Litoral (98,7%); la del Comahue (98,82%); la de San Martín (83,6%); la de Jujuy (97,6%); la de Salta (97,66%); la de Misiones (95,2%), entre otras.
Otras casas de altos estudios, sin embargo, ya superaron la partida que les fue asignada. Son los casos de la Universidad Tecnológica Nacional (102,29%); la de La Plata (101,95%); la de Rosario (104,42%); la de Tucumán (100,4%); la de Cuyo (101,3%); la de San Juan (103,03%); la de Nordeste (103,89%), entre otras.
“Si no contamos urgente con un incremento del presupuesto universitario acorde con la inflación, becas estudiantiles, financiamiento de obras, políticas públicas para la ciencia de investigación no podremos garantizar la continuidad de las actividades”, advirtió Roxana Puebla, rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en su exposición ante la Comisión de Educación. Esta institución ya lleva ejecutado el 97,6% de su presupuesto. “Las universidades estamos atravesando un ajuste presupuestario que no tiene precedentes en la historia de la democracia reciente. Si suponemos que en abril la inflación va a ser del 9%, los gastos de funcionamiento en términos interanuales se van a ver reducidos un 60%”, añadió Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
“La universidad pública gasta alrededor de una cuarta parte de lo que el Estado deja de recaudar en exenciones impositivas”, señaló Pinazo, y comparó que el año pasado el gasto universitario fue de “alrededor de 80 mil millones de dólares y solo una empresa, Mercado Libre, recibió exenciones impositivas por más de 100 mil millones de dólares”.
Los rectores y docentes hicieron hincapié en la caída en el presupuesto destinado a la ciencia y técnica. “Solo representa el 0,2% del presupuesto total”, advirtió Daniel Vega, de la Universidad Nacional del Sur. En el mismo sentido, Darío Kusinsky, de la Universidad Nacional de José C. Paz, agregó que, según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, el crédito vigente destinado a los organismos de ciencia y tecnología cayó un 30% real. “El escenario que estamos atravesando está poniendo en juego el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Se están yendo los investigadores del país, recursos humanos que se financiaron con aportes de todos los ciudadanos”, agregó Kusinsky.
Desde la Conadu, Carlos Defeo hizo hincapié en la emergencia salarial que atraviesan los docentes y no docentes universitarios. “Hoy tenemos un presupuesto universitario que comparado con el del año pasado se cayó a menos de la mitad. La parte más grande es la cuestión salarial. Más del 50% de los docentes universitarios hoy están debajo de la línea de pobreza. Esto era algo que no sucedía desde hacía más de 20 años en la Argentina”, alertó.
En representación de Ctera, Sonia Alesso planteó que la emergencia no solo afecta a la educación superior. “La ley de financiamiento educativo prevé fondos para ambos sistemas”, dijo. “Estamos en una situación crítica, donde no solo se dejó de pagar el Fonid (Fondo de Incentivo Docente), sino que el Estado dejó de enviar los fondos para los comedores y para la construcción de escuelas”, advirtió.
La Comisión de Educación continuará la semana próxima con las reuniones informativas; la semana próxima, por caso, recibirá al secretario de Educación, Carlos Torrendell. La oposición presentó cinco proyectos sobre financiamiento de las universidades; la mayoría de las iniciativas tiene como denominador común el ajuste de las partidas de acuerdo con el índice de inflación, aunque con matices.
El primer desafío de los opositores será, entonces, acordar un texto común. Pero el mayor escollo está en la Comisión de Presupuesto y su presidente, José Luis Espert, un incondicional del presidente Milei, que dilata la convocatoria a tratar esta cuestión.
Los representantes de la comunidad universitaria instaron a los legisladores a que apuren una definición. “De ustedes depende que esa universidad tenga presupuesto y a partir de eso tenga certezas, objetivos, motivación y futuro. Tenemos la esperanza de que puedan llevar adelante un buen proyecto”, cerró Norberto Heyaca, de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN
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Hubo más de 13.000 bajas en el empleo público, según datos de ATE
Los estatales contabilizaron unos 2000 despidos en abril, que se suman a los 11.000 que reportó el Indec en marzo
Federico González del Solar
El Gobierno avanza en su meta por “reducir el sobredimensionamiento” del empleo público. Desde la llegada de los libertarios a la Casa Rosada hasta marzo, la Administración Pública Nacional (APN) contabiliza un total de más de 11.000 bajas, según se desprende de los últimos datos oficiales publicados por el Indec.
Esta cifra, sin embargo, no contempla abril, mes en el que hubo un nuevo recorte que operó, fundamentalmente, sobre la base de los contratos que vencieron el 31 de marzo. La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), uno de los gremios que agrupan a los empleados del sector público, realiza un celoso seguimiento de la plantilla estatal. Como resultado de ese trabajo, añade otras 2000 a las bajas contabilizadas hasta marzo por el Indec, sumando así un total de más de 13.000 desvinculaciones durante el mandato de Javier Milei.
De este modo, el Gobierno se acerca al objetivo de 15.000 cesantías que se había fijado, según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Así, en poco más de cinco meses de gestión, el oficialismo logró frenar la inercia expansiva de la APN –en la gestión de Alberto Fernández se sumaron cerca de 30.000 nuevos trabajadores al Estado–, aunque por ahora el recorte, a la luz de los grandes números, no tenga un peso sustancial: representa apenas un 4% si se toma como base la cantidad de empleados estatales al arribo del nuevo gobierno.
Con todo, se trata solo del primer tramo de gestión de un oficialismo que en las últimas semanas propagó un mensaje: “La motosierra es eterna”, graficó el presidente Javier Milei en diálogo con El Observador.
Aquellos trabajadores cuyos contratos fueron prorrogados quedarán bajo observación del Gobierno hasta el 30 de junio, fecha en la que vence la extensión.
Según el informe que publica mensualmente el Indec, la APN, que concentra organismos descentralizados y desconcentrados –pero no a las empresas ni sociedades públicas–, registró a marzo un total de 221.933 empleados. Es decir, 11.162 trabajadores menos que en noviembre, el último mes completo de la anterior gestión. Un ritmo de recorte que alcanza casi a 100 empleados por día de gestión. Por su parte, los números que manejan en ATE a abril arrojan un total de 13.163 bajas, según indicaron a fuentes del sector.
Dentro de las 10 áreas que concentran un mayor número de trabajadores, el recorte más significativo se llevó a cabo en el Ministerio de Economía: pasó de tener más de 8600 empleados en noviembre de 2023 a 7559 en marzo (una reducción del 13%). Le sigue el Estado Mayor General del Ejército Argentino, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, que redujo en un 5% su plantilla y cuenta, al menos hasta el 31 de marzo, con 6327 empleados. En tercer lugar, se encuentra la Anses, dentro del Ministerio de Capital Humano, que registra un total de 13.406 empleados, 600 menos que en noviembre (una reducción del 4%).
Privatizaciones
Otro capítulo son las empresas públicas. Las cuatro que quedaron sujetas a una total privatización contabilizan un total de empleados que supera el número de 16.000.
Con casi 12.000 trabajadores, Aerolíneas Argentinas, la empresa aérea de bandera nacional, es el gran peso pesado en el listado. El recorte allí pasó casi inadvertido –menos del 1%–, pero una eventual privatización podría mover el amperímetro del empleo público. El lunes último, los gremios llevaron a cabo una jornada de protesta en rechazo al primer paso dado por el Gobierno en el camino hacia una eventual privatización de la empresa y, como resultado de las asambleas, 20 vuelos debieron ser reprogramados.
“Quieren privatizar hasta nuestros cielos y no lo vamos a permitir”, indicó Rodolfo Aguiar en su cuenta de X. “El programa de ajuste del gobierno golpea fuerte al sector. Al intento de tercerizar funciones de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) se le suma un largo congelamiento salarial. La cancelación de vuelos y los perjuicios a pasajeros no serán responsabilidad de los trabajadores”, completó el gremialista.
Muy por detrás de Aerolíneas figuran Radio y Televisión Argentina, con un total de empleados de 2387 y un recorte del 2%, e Intercargo, empresa que presta servicios de asistencia en los aeropuertos, que, sin reducción significativa en su personal, contabiliza un total de 1650 trabajadores. Por su parte, Energía Argentina (Ieasa) conserva casi intacto su plantel de 363 empleados.
Si se toma en consideración el listado completo de las empresas que bajo distintas modalidades podrían quedar sujetas a privatización o concesión tras la media sanción en Diputados de la Ley Bases, el número trepa hasta casi los 76.000 puestos de trabajo.
Estas empresas son Ferrocarriles Argentinos (23.618), Correo Argentino (16.406), Aysa (7488), Belgrano Cargas (4596), Corredores Viales (4114), Nucleoeléctrica Argentina (3189). Yacimientos Carbonífero Río Turbio, empresa productora de energía con sede en la provincia de Santa Cruz, no cuenta con datos oficiales en el informe del Indec
El Gobierno avanza en su meta por “reducir el sobredimensionamiento” del empleo público. Desde la llegada de los libertarios a la Casa Rosada hasta marzo, la Administración Pública Nacional (APN) contabiliza un total de más de 11.000 bajas, según se desprende de los últimos datos oficiales publicados por el Indec.
Esta cifra, sin embargo, no contempla abril, mes en el que hubo un nuevo recorte que operó, fundamentalmente, sobre la base de los contratos que vencieron el 31 de marzo. La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), uno de los gremios que agrupan a los empleados del sector público, realiza un celoso seguimiento de la plantilla estatal. Como resultado de ese trabajo, añade otras 2000 a las bajas contabilizadas hasta marzo por el Indec, sumando así un total de más de 13.000 desvinculaciones durante el mandato de Javier Milei.
De este modo, el Gobierno se acerca al objetivo de 15.000 cesantías que se había fijado, según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Así, en poco más de cinco meses de gestión, el oficialismo logró frenar la inercia expansiva de la APN –en la gestión de Alberto Fernández se sumaron cerca de 30.000 nuevos trabajadores al Estado–, aunque por ahora el recorte, a la luz de los grandes números, no tenga un peso sustancial: representa apenas un 4% si se toma como base la cantidad de empleados estatales al arribo del nuevo gobierno.
Con todo, se trata solo del primer tramo de gestión de un oficialismo que en las últimas semanas propagó un mensaje: “La motosierra es eterna”, graficó el presidente Javier Milei en diálogo con El Observador.
Aquellos trabajadores cuyos contratos fueron prorrogados quedarán bajo observación del Gobierno hasta el 30 de junio, fecha en la que vence la extensión.
Según el informe que publica mensualmente el Indec, la APN, que concentra organismos descentralizados y desconcentrados –pero no a las empresas ni sociedades públicas–, registró a marzo un total de 221.933 empleados. Es decir, 11.162 trabajadores menos que en noviembre, el último mes completo de la anterior gestión. Un ritmo de recorte que alcanza casi a 100 empleados por día de gestión. Por su parte, los números que manejan en ATE a abril arrojan un total de 13.163 bajas, según indicaron a fuentes del sector.
Dentro de las 10 áreas que concentran un mayor número de trabajadores, el recorte más significativo se llevó a cabo en el Ministerio de Economía: pasó de tener más de 8600 empleados en noviembre de 2023 a 7559 en marzo (una reducción del 13%). Le sigue el Estado Mayor General del Ejército Argentino, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, que redujo en un 5% su plantilla y cuenta, al menos hasta el 31 de marzo, con 6327 empleados. En tercer lugar, se encuentra la Anses, dentro del Ministerio de Capital Humano, que registra un total de 13.406 empleados, 600 menos que en noviembre (una reducción del 4%).
Privatizaciones
Otro capítulo son las empresas públicas. Las cuatro que quedaron sujetas a una total privatización contabilizan un total de empleados que supera el número de 16.000.
Con casi 12.000 trabajadores, Aerolíneas Argentinas, la empresa aérea de bandera nacional, es el gran peso pesado en el listado. El recorte allí pasó casi inadvertido –menos del 1%–, pero una eventual privatización podría mover el amperímetro del empleo público. El lunes último, los gremios llevaron a cabo una jornada de protesta en rechazo al primer paso dado por el Gobierno en el camino hacia una eventual privatización de la empresa y, como resultado de las asambleas, 20 vuelos debieron ser reprogramados.
“Quieren privatizar hasta nuestros cielos y no lo vamos a permitir”, indicó Rodolfo Aguiar en su cuenta de X. “El programa de ajuste del gobierno golpea fuerte al sector. Al intento de tercerizar funciones de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) se le suma un largo congelamiento salarial. La cancelación de vuelos y los perjuicios a pasajeros no serán responsabilidad de los trabajadores”, completó el gremialista.
Muy por detrás de Aerolíneas figuran Radio y Televisión Argentina, con un total de empleados de 2387 y un recorte del 2%, e Intercargo, empresa que presta servicios de asistencia en los aeropuertos, que, sin reducción significativa en su personal, contabiliza un total de 1650 trabajadores. Por su parte, Energía Argentina (Ieasa) conserva casi intacto su plantel de 363 empleados.
Si se toma en consideración el listado completo de las empresas que bajo distintas modalidades podrían quedar sujetas a privatización o concesión tras la media sanción en Diputados de la Ley Bases, el número trepa hasta casi los 76.000 puestos de trabajo.
Estas empresas son Ferrocarriles Argentinos (23.618), Correo Argentino (16.406), Aysa (7488), Belgrano Cargas (4596), Corredores Viales (4114), Nucleoeléctrica Argentina (3189). Yacimientos Carbonífero Río Turbio, empresa productora de energía con sede en la provincia de Santa Cruz, no cuenta con datos oficiales en el informe del Indec
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