La agenda de Milei tiene una sola urgencia
La obsesión con el despegue de la economía parece volver lo demás irrelevante; en esa prioridad reside una de las mayores conexiones del Presidente con la sociedad
Francisco Olivera 
El rasgo que distingue hasta ahora el liderazgo de Javier Milei del de casi todos sus antecesores o pares no está en lo más obvio: el carácter explosivo del protagonista, su impronta, sus excentricidades, ni siquiera su destreza para construir y recabar adhesiones a partir de un ajuste. Ya ha habido en la historia y en el mundo casos similares o que al menos se le acercan. Al Presidente lo diferencia, en cambio, un aspecto más sutil: tiene una agenda prácticamente reducida a un tema u objetivo, que es el despegue de la economía. Lo demás parece irrelevante. En esa prioridad/obsesión reside una de sus mayores conexiones con la sociedad.
Hay que entender este carisma en el contexto que lo trajo al poder. Él mismo suele decir que, “en condiciones normales de presión y temperatura”, la Argentina habría elegido a cualquier otro líder. Pero, una vez identificado ese mandato social, haberlo acotado y hasta encapsulado respecto de otros le permite no dispersarse ni mucho menos retroceder ante eventuales costos políticos. No divide energías.
Milei hizo el ajuste más grande en 65 años, el que nadie ha querido nunca hacer en la Argentina, y eso le reportó ya un resultado que casi nadie esperaba: caída en la inflación, estabilidad cambiaria y popularidad. Hasta ahora, con eso le alcanza para mantener la aprobación de un electorado que lo votó con bronca por los fracasos del pasado y que lo percibe además desde entonces con una debilidad estructural y, por lo tanto, tampoco le exige en exceso. Ya vendrán tiempos con otras necesidades.
Prometió poco, lo más difícil, y en eso está. Es una ventaja que también lo diferencia de Macri, que llegó a la Casa Rosada con la pretensión de acabar con el kirchnerismo y, como consecuencia, una plataforma institucional.
La combinación de apuro, hartazgo y conciencia de fragilidad por parte del nuevo gobernante parece en cambio indestructible, porque permite pasar muchos defectos por alto. La Argentina no llegó a vivir esta vez una híper, pero Milei ha logrado convencer a sus votantes de que eso estuvo muy cerca. En los 90, luego de dos procesos hiperinflacionarios, la sociedad tardó al menos hasta 1997, con la elección legislativa en la que se impuso Graciela Fernández Meijide, para demandarle a Carlos Menem mayor cuidado en asuntos como la corrupción o la independencia de poderes. Y lo hizo tarde, cuando ya tenía claro que la estabilidad macroeconómica era una conquista consolidada.
Este escenario infrecuente y disruptivo llama la atención de los empresarios, la mayoría de los cuales miran todavía entre incrédulos y con ganas de creer. Paolo Rocca, por ejemplo, que esta semana pidió abrir el cepo. Pero lo novedoso del proceso es que desorienta a la oposición en relación con el electorado. Mientras el Gobierno pueda mostrar algún dato económico positivo –el aspecto medular para el que fue elegido–, cualquier crítica que, fundada o no, se centre en cuestiones periféricas corre el riesgo de no ser tomada demasiado en serio. Aunque fuera justa o razonable.
Esta dialéctica está en la base del debate interno opositor. Hace un mes y medio lo discutieron cara a cara Emilio Monzó y Macri, que cada tanto se encuentran porque mantienen una buena relación. El diputado del Partido del Diálogo está convencido de que Macri debería conducir un espacio que, asumiendo como propias muchas de las nociones económicas del Gobierno, hiciera más explícitas sus objeciones republicanas. Pero el fundador de Pro siente que no hay lugar para tanto. No se pusieron de acuerdo. “La gente está todavía en fase destructiva: hasta festejó cuando pensó que cerraban la AFIP”, explicó después un macrista al tanto del encuentro. En el fondo, lo que Macri piensa del momento histórico entra perfecto en su última definición de Milei. “A veces es demasiado violento, frontal y duro, los viejos meados creemos en otro tipo de formas, pero estamos en otro tiempo y su autenticidad es lo más valioso”, dijo.
El Gobierno tiene entonces ese handicap. Pero es inevitable que este estilo de conducción deje afuera asuntos relevantes y tenga efectos adversos. El más obvio fue también apuntado porMacri:u nacos aes delegar,y otra, desentenderse como hace el Presidente, distinguió el de Pro. “Desentenderse”, en un país caótico y que arrastra años de descalabro, expondrá siempre a cualquier líder a las peores equivocaciones. Y más cuando carece de cuadros técnicos y áreas gravitantes del Estado quedan en manos de no especialistas.
Es lo que acaba de pasar en dependencias que estaban pobladas de massistas y que cayeron ahora bajo la conducción libertaria, donde sobresalen Rodrigo Lugones y Santiago Caputo, exsocios en una consultora de comunicación, dos asesores con propensión a ocupar espacios sin tener cargo formal. Una especie de poder parainstitucional que funcionaba, por ejemplo, en la cartera de Salud antes de que asumiera Mario Lugones, padre de Rodrigo. Alguien en el Gobierno oyó alguna vez a Guillermo Francos quejarse de ese modo de repartir de poder. Una cosa es dar una orden, planteó el jefe de Gabinete, y otra muy distinta firmar, poner la cara y, eventualmente, exponerse a una demanda judicial. ¿Será por eso que Francos busca ahora un destino más tranquilo, como la embajada en Washington? En la Casa Rosada se siguen sorprendiendo, por ejemplo, de que Rodrigo Lugones imparta órdenes desde despachos ajenos.
La caricatura de esta distorsión en el mando es últimamente la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que tiene un conductor inequívoco, Andrés Edgardo Vázquez, jefe de la DGI, y una directora formal, Florencia Misrahi. Misrahi no solo no firmó las seis designaciones del lunes pasado en la Aduana, tarea que delegó en Vázquez, sino que es desde hace diez días víctima de todo tipo de rumores. El último y más explosivo: que el miércoles le habrían hecho en Recursos Humanos la liquidación final para su renuncia.
Lo novedoso de esos trascendidos es que no se difunden en off the record, sino con nombre y apellido. Ricardo Prado, uno de los jefes de la Unión del Personal de la AFIP (Upsafip), gremio en su momento muy cercano a Ricardo Echegaray, difundió esta semana un audio de WhatsApp en el que contaba una conversación que acababa de tener con Vázquez. “Compañeros, yo creo que la renuncia de Misrahi es inminente”, concluyó, y agregó que Vázquez le había dicho que incluso había sido un error de la funcionaria anunciar, junto con Manuel Adorni, el programa de desvinculaciones en el organismo. “No va a haber ningún tipo de despidos”, sentenció.
Si el testimonio es cierto, probablemente la ARCA atravesará una nueva interna, que esta vez afecta directamente a un ministro, el de Economía, Luis Caputo, que confía en Misrahi como subordinada para el ente recaudador y para el éxito de la última semana del blanqueo. Ambos se conocen por amistades de familia. ¿Habrá entonces una pelea Caputo vs. Caputo? “No creo, Toto no va a dar esa batalla”, dijo alguien que conoce al ministro.
Pero reemplazar a la actual directora no sería además tan sencillo, porque en su lugar debería asumir alguien dispuesto a dar su nombre a cambio de aceptar que las decisiones son de Vázquez. Y tampoco parece probable que el propio contador aceptara asumir públicamente la responsabilidad, como Mario Lugones en Salud: ya la semana pasada, al tomar el control del área, Vázquez le pidió encarecidamente al staff que nadie le sacara fotos. Hasta ahora tuvo un éxito rotundo: lleva ya diez días al frente de la DGI y no hay en Google una sola imagen suya. Debe ser el primer caso en la historia argentina.
Los rumores de ajuste dentro del ente recaudador llevaron en estos días a varios agentes que ya cumplen la edad jubilatoria a apurar el trámite previsional. Pretenden evitar que una baja en el sueldo les afecte el cálculo del haber y, principalmente, que un eventual cambio de normativa les impida cobrar los 20 salarios brutos a que los autoriza el convenio colectivo al momento del retiro. El riesgo está a la vista: que la ARCA quede sin personal experimentado en direcciones sensibles como las de lavado, fiscalización o inteligencia. Sería un problema: no arrancó aún la segunda etapa del blanqueo y ya está disponible, desde hace un mes, y gracias al acuerdo con el Internal Revenue Service, organismo homólogo de los Estados Unidos, la información de las 145.000 cuentas de argentinos allá.
Pero son problemas que pasan por ahora lejos de la macro. La desprolijidad, costo habitual de toda emergencia, se paga a veces tarde y caro.
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Las deudas con el campo
El Estado se queda hoy con 61,5 de cada 100 pesos que produce el sector agropecuario, algo que debería ser revisado con urgencia
Federico Sturzenegger está realizando un trabajo en muchos sentidos ciclópeo como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. El hecho de que se reconozca el valor de una tarea destinada a desmontar la maraña de regulaciones, trabas y privilegios inadmisibles que el Estado urdió a lo largo del tiempo no quiere decir, sin embargo, que acierte en todo lo que propone.
No señalarlo sería como mantenerse callado, acordando con aspectos centrales de la política económica y financiera del Gobierno, frente a las desorbitadas manifestaciones con las que el presidente Javier Milei asombra a la opinión pública de forma tan reiterada como inadmisible. Sturzenegger habló en el Coloquio de IDEA como un ministro de otro planeta cuando instó a los dirigentes que representan fielmente los intereses del campo argentino a que no pidan bajar impuestos, porque eso sería como decir “subile a otro”, sino a exigir que se reduzca aún más el gasto público. Los portavoces principales del campo se vieron en la situación de contestarle.
El Gobierno avanza, pero no siempre por una línea recta y transparente. Si fuera de ese modo no se explicarían las maniobras legislativas que hubo entre las filas oficialistas y otras aliadas a fin de evitar que en su momento se tocaran situaciones de extrema gravedad fiscal en la industria del trabajo o que no se toque nada, absolutamente nada, en las escandalosas prebendas para un grupo de empresas que operan en Tierra del Fuego con costos inadmisibles para el fisco y la salud institucional del país. Aparentemente hay situaciones tan inasibles como excepcionales para “la revolución moral” que pregona Milei.
Como bien dijo Elbio Laucirica, de Coninagro, la central cooperativista, el Gobierno debe hacer las dos cosas: bajar impuestos cuando su peso se haga insostenible para un sector determinado y bajar gastos del Estado que ni sus ingresos ni la productividad del país pueden sostener. El peso impositivo sobre el campo es del 61,5% y en el último trimestre aumentó el 1,6 porcentual. ¿Cómo pretende Sturzenegger descalificar el reclamo agropecuario cuando de cada 100 pesos que se produce en ese ámbito el Estado se queda con 61,5 pesos? ¿De qué está hablando, con qué lo compara?
El estudio recientemente difundido por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) demuestra que los impuestos nacionales no coparticipables se llevan, con el 64,5%, la parte del león. Después viene el 30% de impuestos nacionales participables, el 4,9% de impuestos provinciales y el 0,6% de gravámenes municipales. Respecto de estos últimos, el impuesto a los ingresos brutos, uno de los más cuestionados desde la teoría impositiva, el gobernador peronista de La Pampa, provincia de fortísimo peso agropecuario, entró últimamente en una disputa con el Banco Nación por su pretensión de elevar considerablemente la alícuota sobre pymes y familias.
Andrea Sarnari, de la Federación Agraria Argentina, dijo que se requiere un Estado presente, virtuoso y cercano a los productores. “Hemos aportado siempre, los primeros en la fila. ¿Quién, acaso, carga con el 33% de retenciones a la exportación de soja, por dar solo el ejemplo más elocuente de una esquilmación que sigue a renglón seguido con la aplicación del 35% sobre las ganancias, cuando las hay, más las restantes gabelas de orden general?”
El sesgo “antiinversión” que Juan José Llach analizó tiempo atrás en un documento para la Fundación Producir Conservando ha sido actualizado por Néstor Roulet, exsecretario de Estado en el gobierno de Mauricio Macri. El Estado, dijo, se llevó 14.166 millones de dólares en la última campaña por los 17,3 millones de hectáreas sembradas con soja. O sea que se llevó el 5,5% del valor de la tierra y, entre 2002 y 2022, se quedó con el total del valor de un campo.
Sería conveniente que al menos los ministros más sobresalientes del gabinete no empañaran su propia gestión, desluciéndola con declaraciones imprudentes. En lugar de eso deberían calmar las aguas de un sector sobre el que pesan algunos de los mayores vicios y prejuicios de las viejas tradiciones y que es, por añadidura, uno de los más dispuestos a acompañar lo mejor de las políticas en vigor.
Los ministros más sobresalientes deberían calmar las aguas de un sector que es, por añadidura, uno de los más dispuestos a acompañar lo mejor de las políticas en vigor
El rasgo que distingue hasta ahora el liderazgo de Javier Milei del de casi todos sus antecesores o pares no está en lo más obvio: el carácter explosivo del protagonista, su impronta, sus excentricidades, ni siquiera su destreza para construir y recabar adhesiones a partir de un ajuste. Ya ha habido en la historia y en el mundo casos similares o que al menos se le acercan. Al Presidente lo diferencia, en cambio, un aspecto más sutil: tiene una agenda prácticamente reducida a un tema u objetivo, que es el despegue de la economía. Lo demás parece irrelevante. En esa prioridad/obsesión reside una de sus mayores conexiones con la sociedad.
Hay que entender este carisma en el contexto que lo trajo al poder. Él mismo suele decir que, “en condiciones normales de presión y temperatura”, la Argentina habría elegido a cualquier otro líder. Pero, una vez identificado ese mandato social, haberlo acotado y hasta encapsulado respecto de otros le permite no dispersarse ni mucho menos retroceder ante eventuales costos políticos. No divide energías.
Milei hizo el ajuste más grande en 65 años, el que nadie ha querido nunca hacer en la Argentina, y eso le reportó ya un resultado que casi nadie esperaba: caída en la inflación, estabilidad cambiaria y popularidad. Hasta ahora, con eso le alcanza para mantener la aprobación de un electorado que lo votó con bronca por los fracasos del pasado y que lo percibe además desde entonces con una debilidad estructural y, por lo tanto, tampoco le exige en exceso. Ya vendrán tiempos con otras necesidades.
Prometió poco, lo más difícil, y en eso está. Es una ventaja que también lo diferencia de Macri, que llegó a la Casa Rosada con la pretensión de acabar con el kirchnerismo y, como consecuencia, una plataforma institucional.
La combinación de apuro, hartazgo y conciencia de fragilidad por parte del nuevo gobernante parece en cambio indestructible, porque permite pasar muchos defectos por alto. La Argentina no llegó a vivir esta vez una híper, pero Milei ha logrado convencer a sus votantes de que eso estuvo muy cerca. En los 90, luego de dos procesos hiperinflacionarios, la sociedad tardó al menos hasta 1997, con la elección legislativa en la que se impuso Graciela Fernández Meijide, para demandarle a Carlos Menem mayor cuidado en asuntos como la corrupción o la independencia de poderes. Y lo hizo tarde, cuando ya tenía claro que la estabilidad macroeconómica era una conquista consolidada.
Este escenario infrecuente y disruptivo llama la atención de los empresarios, la mayoría de los cuales miran todavía entre incrédulos y con ganas de creer. Paolo Rocca, por ejemplo, que esta semana pidió abrir el cepo. Pero lo novedoso del proceso es que desorienta a la oposición en relación con el electorado. Mientras el Gobierno pueda mostrar algún dato económico positivo –el aspecto medular para el que fue elegido–, cualquier crítica que, fundada o no, se centre en cuestiones periféricas corre el riesgo de no ser tomada demasiado en serio. Aunque fuera justa o razonable.
Esta dialéctica está en la base del debate interno opositor. Hace un mes y medio lo discutieron cara a cara Emilio Monzó y Macri, que cada tanto se encuentran porque mantienen una buena relación. El diputado del Partido del Diálogo está convencido de que Macri debería conducir un espacio que, asumiendo como propias muchas de las nociones económicas del Gobierno, hiciera más explícitas sus objeciones republicanas. Pero el fundador de Pro siente que no hay lugar para tanto. No se pusieron de acuerdo. “La gente está todavía en fase destructiva: hasta festejó cuando pensó que cerraban la AFIP”, explicó después un macrista al tanto del encuentro. En el fondo, lo que Macri piensa del momento histórico entra perfecto en su última definición de Milei. “A veces es demasiado violento, frontal y duro, los viejos meados creemos en otro tipo de formas, pero estamos en otro tiempo y su autenticidad es lo más valioso”, dijo.
El Gobierno tiene entonces ese handicap. Pero es inevitable que este estilo de conducción deje afuera asuntos relevantes y tenga efectos adversos. El más obvio fue también apuntado porMacri:u nacos aes delegar,y otra, desentenderse como hace el Presidente, distinguió el de Pro. “Desentenderse”, en un país caótico y que arrastra años de descalabro, expondrá siempre a cualquier líder a las peores equivocaciones. Y más cuando carece de cuadros técnicos y áreas gravitantes del Estado quedan en manos de no especialistas.
Es lo que acaba de pasar en dependencias que estaban pobladas de massistas y que cayeron ahora bajo la conducción libertaria, donde sobresalen Rodrigo Lugones y Santiago Caputo, exsocios en una consultora de comunicación, dos asesores con propensión a ocupar espacios sin tener cargo formal. Una especie de poder parainstitucional que funcionaba, por ejemplo, en la cartera de Salud antes de que asumiera Mario Lugones, padre de Rodrigo. Alguien en el Gobierno oyó alguna vez a Guillermo Francos quejarse de ese modo de repartir de poder. Una cosa es dar una orden, planteó el jefe de Gabinete, y otra muy distinta firmar, poner la cara y, eventualmente, exponerse a una demanda judicial. ¿Será por eso que Francos busca ahora un destino más tranquilo, como la embajada en Washington? En la Casa Rosada se siguen sorprendiendo, por ejemplo, de que Rodrigo Lugones imparta órdenes desde despachos ajenos.
La caricatura de esta distorsión en el mando es últimamente la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que tiene un conductor inequívoco, Andrés Edgardo Vázquez, jefe de la DGI, y una directora formal, Florencia Misrahi. Misrahi no solo no firmó las seis designaciones del lunes pasado en la Aduana, tarea que delegó en Vázquez, sino que es desde hace diez días víctima de todo tipo de rumores. El último y más explosivo: que el miércoles le habrían hecho en Recursos Humanos la liquidación final para su renuncia.
Lo novedoso de esos trascendidos es que no se difunden en off the record, sino con nombre y apellido. Ricardo Prado, uno de los jefes de la Unión del Personal de la AFIP (Upsafip), gremio en su momento muy cercano a Ricardo Echegaray, difundió esta semana un audio de WhatsApp en el que contaba una conversación que acababa de tener con Vázquez. “Compañeros, yo creo que la renuncia de Misrahi es inminente”, concluyó, y agregó que Vázquez le había dicho que incluso había sido un error de la funcionaria anunciar, junto con Manuel Adorni, el programa de desvinculaciones en el organismo. “No va a haber ningún tipo de despidos”, sentenció.
Si el testimonio es cierto, probablemente la ARCA atravesará una nueva interna, que esta vez afecta directamente a un ministro, el de Economía, Luis Caputo, que confía en Misrahi como subordinada para el ente recaudador y para el éxito de la última semana del blanqueo. Ambos se conocen por amistades de familia. ¿Habrá entonces una pelea Caputo vs. Caputo? “No creo, Toto no va a dar esa batalla”, dijo alguien que conoce al ministro.
Pero reemplazar a la actual directora no sería además tan sencillo, porque en su lugar debería asumir alguien dispuesto a dar su nombre a cambio de aceptar que las decisiones son de Vázquez. Y tampoco parece probable que el propio contador aceptara asumir públicamente la responsabilidad, como Mario Lugones en Salud: ya la semana pasada, al tomar el control del área, Vázquez le pidió encarecidamente al staff que nadie le sacara fotos. Hasta ahora tuvo un éxito rotundo: lleva ya diez días al frente de la DGI y no hay en Google una sola imagen suya. Debe ser el primer caso en la historia argentina.
Los rumores de ajuste dentro del ente recaudador llevaron en estos días a varios agentes que ya cumplen la edad jubilatoria a apurar el trámite previsional. Pretenden evitar que una baja en el sueldo les afecte el cálculo del haber y, principalmente, que un eventual cambio de normativa les impida cobrar los 20 salarios brutos a que los autoriza el convenio colectivo al momento del retiro. El riesgo está a la vista: que la ARCA quede sin personal experimentado en direcciones sensibles como las de lavado, fiscalización o inteligencia. Sería un problema: no arrancó aún la segunda etapa del blanqueo y ya está disponible, desde hace un mes, y gracias al acuerdo con el Internal Revenue Service, organismo homólogo de los Estados Unidos, la información de las 145.000 cuentas de argentinos allá.
Pero son problemas que pasan por ahora lejos de la macro. La desprolijidad, costo habitual de toda emergencia, se paga a veces tarde y caro.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Las deudas con el campo
El Estado se queda hoy con 61,5 de cada 100 pesos que produce el sector agropecuario, algo que debería ser revisado con urgencia
Federico Sturzenegger está realizando un trabajo en muchos sentidos ciclópeo como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. El hecho de que se reconozca el valor de una tarea destinada a desmontar la maraña de regulaciones, trabas y privilegios inadmisibles que el Estado urdió a lo largo del tiempo no quiere decir, sin embargo, que acierte en todo lo que propone.
No señalarlo sería como mantenerse callado, acordando con aspectos centrales de la política económica y financiera del Gobierno, frente a las desorbitadas manifestaciones con las que el presidente Javier Milei asombra a la opinión pública de forma tan reiterada como inadmisible. Sturzenegger habló en el Coloquio de IDEA como un ministro de otro planeta cuando instó a los dirigentes que representan fielmente los intereses del campo argentino a que no pidan bajar impuestos, porque eso sería como decir “subile a otro”, sino a exigir que se reduzca aún más el gasto público. Los portavoces principales del campo se vieron en la situación de contestarle.
El Gobierno avanza, pero no siempre por una línea recta y transparente. Si fuera de ese modo no se explicarían las maniobras legislativas que hubo entre las filas oficialistas y otras aliadas a fin de evitar que en su momento se tocaran situaciones de extrema gravedad fiscal en la industria del trabajo o que no se toque nada, absolutamente nada, en las escandalosas prebendas para un grupo de empresas que operan en Tierra del Fuego con costos inadmisibles para el fisco y la salud institucional del país. Aparentemente hay situaciones tan inasibles como excepcionales para “la revolución moral” que pregona Milei.
Como bien dijo Elbio Laucirica, de Coninagro, la central cooperativista, el Gobierno debe hacer las dos cosas: bajar impuestos cuando su peso se haga insostenible para un sector determinado y bajar gastos del Estado que ni sus ingresos ni la productividad del país pueden sostener. El peso impositivo sobre el campo es del 61,5% y en el último trimestre aumentó el 1,6 porcentual. ¿Cómo pretende Sturzenegger descalificar el reclamo agropecuario cuando de cada 100 pesos que se produce en ese ámbito el Estado se queda con 61,5 pesos? ¿De qué está hablando, con qué lo compara?
El estudio recientemente difundido por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) demuestra que los impuestos nacionales no coparticipables se llevan, con el 64,5%, la parte del león. Después viene el 30% de impuestos nacionales participables, el 4,9% de impuestos provinciales y el 0,6% de gravámenes municipales. Respecto de estos últimos, el impuesto a los ingresos brutos, uno de los más cuestionados desde la teoría impositiva, el gobernador peronista de La Pampa, provincia de fortísimo peso agropecuario, entró últimamente en una disputa con el Banco Nación por su pretensión de elevar considerablemente la alícuota sobre pymes y familias.
Andrea Sarnari, de la Federación Agraria Argentina, dijo que se requiere un Estado presente, virtuoso y cercano a los productores. “Hemos aportado siempre, los primeros en la fila. ¿Quién, acaso, carga con el 33% de retenciones a la exportación de soja, por dar solo el ejemplo más elocuente de una esquilmación que sigue a renglón seguido con la aplicación del 35% sobre las ganancias, cuando las hay, más las restantes gabelas de orden general?”
El sesgo “antiinversión” que Juan José Llach analizó tiempo atrás en un documento para la Fundación Producir Conservando ha sido actualizado por Néstor Roulet, exsecretario de Estado en el gobierno de Mauricio Macri. El Estado, dijo, se llevó 14.166 millones de dólares en la última campaña por los 17,3 millones de hectáreas sembradas con soja. O sea que se llevó el 5,5% del valor de la tierra y, entre 2002 y 2022, se quedó con el total del valor de un campo.
Sería conveniente que al menos los ministros más sobresalientes del gabinete no empañaran su propia gestión, desluciéndola con declaraciones imprudentes. En lugar de eso deberían calmar las aguas de un sector sobre el que pesan algunos de los mayores vicios y prejuicios de las viejas tradiciones y que es, por añadidura, uno de los más dispuestos a acompañar lo mejor de las políticas en vigor.
Los ministros más sobresalientes deberían calmar las aguas de un sector que es, por añadidura, uno de los más dispuestos a acompañar lo mejor de las políticas en vigor
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