EL ANÁLISIS Y FICHA LIMPIA

Un organismo que esconde cómplices
Diego Cabot
Gran parte de la corrupción en la obra pública que se investigó en los últimos años pasó por los pasillos de Vialidad Nacional, un organismo que tiene en sus entrañas excelentes técnicos viales y enormes bolsones de cómplices de las maniobras fraudulentas contra el Estado que se escondieron bajo el asfalto. La política destrozó el basamento técnico de una dependencia que fue modelo de federalismo y desarrollo y la convirtió en un shopping de kioscos en decenas de escritorios, en una cámara compensadora de favores en todas las provincias y en una pequeña fábrica de millonarios que no pueden justificar su patrimonio.
Por estos días, lejos de depurarla, La Libertad Avanza está a punto de premiarla con un viejo anhelo de los burócratas del organismo: absorber la empresa estatal Corredores Viales y con ella, la recaudación de los peajes y la obra pública programada en las principales rutas de la Argentina. Intentarán un proceso similar al que ya ha fracasado desde principios de los 90, cuando se pusieron barreras en las rutas. En Vialidad ya se frotan las manos para el proceso que seguramente terminará en la entrega de esas vías a los principales dueños de las empresas de obra pública de la Argentina, las mismas que hace pocos años se sinceraron en la causa de los cuadernos y contaron cómo se repartían las reparaciones en las rutas, cuánto dinero devolvían y dónde lo hacían. Gran parte de los burócratas administrativos de entonces, silenciosos cómplices de aquellas maniobras, se mantienen agazapados, y no tanto, en los rincones del organismo.
Vialidad Nacional es, quizá, una de las principales responsables ya no solo de los baches y la falta de una red vial razonable sino de la muerte de miles de argentinos que se accidentan en las rutas cuando viajan y continuamente invaden el carril contrario para un sobrepaso. Es verdad que las maniobras temerarias hacen lo suyo, pero no menos cierto es que la falta de infraestructura vial es un drama que no se pudo resolver jamás. La política viaja en avión pero en la superficie, la muerte sobrevuela el asfalto.
El organismo se prepara estos días para volver a aplicar la misma receta: los dueños de la patria contratista volverán a sacar pecho en las rutas nacionales.
La relación del kirchnerismo con Vialidad es un perfecto manual de corrupción, impunidad y situaciones ridículas y extremas que alumbraron a la luz de los miles de millones de dólares que pasan por esa caja. Durante el gobierno de Néstor Kirchner y los dos de Cristina Kirchner, el hombre fuerte del organismo fue José López, “Lopecito” para los amigos de entonces.
Uno de los hechos que llevaron a la condena de primera instancia de la expresidenta fue la operatoria para adelantar los certificados a los amigos. Un ejemplo extremo se dio a fines de 2015, a poco del cambio de gobierno y de la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada.
José López estaba presente en cada una de las carpetas que terminaban con un cheque de la poderosa Vialidad Nacional. Se lo llamaba “Superioridad”, casi un lenguaje castrense en medio de los constructores viales.
“Me dirijo a usted a efectos de informarle que por disposición de la Superioridad los expedientes que se detallan deberán ser pagados el día 10/11/2015”, se lee en la una nota denominada con el número 701. Luego, un listado de los expedientes autorizados y la firma de una jefa de liquidaciones. Ese papel era la luz verde para que se confeccionara el pago. Ningún documento que certificara la obra o el motivo del desembolso. La mención sagrada era el único requisito.
“La Superioridad” se convirtió en la contraseña que certificaba que los pasos previos al pago estaban cumplidos. Significaba que aquella ya conocida “lista de la felicidad”, una nómina de las empresas que iban a cobrar ese mes los certificados de obras viales, había llegado.
Así funcionó Vialidad de la mano de la voluntad de “Josecito” o “Lopecito”. Imperó como en otras áreas del Estado, la discrecionalidad absoluta. “La Superioridad” autorizaba continuamente el destino de los millones de la obra vial a quienes él quería.
Todo en tiempo récord. A principio de mes llegaba la nómina.
A Kank y Costilla, una empresa perteneciente al grupo Austral Construcciones, conglomerado manejado por el ahora detenido Lázaro Báez, se le certificaron alrededor de 41.511 dólares, de acuerdo a la cotización de entonces. Tres días más tarde, el 13 de noviembre, se efectuó el pago.
“Josecito” o “Lopecito” o “La Superioridad” había iniciado la maquinaria
En Vialidad hay agazapados burócratas de la corrupción
Andrés Larroque
ministro bonaerense
“no por sabido menos atroz, un nuevo fallo que enluta a la democracia. el odio gorila no tiene fin”
de millones y corrupción apenas unos días antes con la confección de la “lista de la felicidad”. En poco menos de dos semanas estaba el pago en ventanilla mientras decenas de constructores tenían retrasos de hasta un año calendario.
La gran mayoría de los constructores viales esperaba en vano ser incluida en la nómina encantada. Pocos lo lograban, a tal punto que Vialidad tenía una enorme deuda con sus contratistas.
A fines de diciembre de 2015, cuando la nueva administración que lleva adelante Javier Iguacel terminó una auditoría, se acumulaba 1000 millones de dólares de deuda y existían 930 proyectos adjudicados, la mayoría de ellos paralizados por falta de pago.
Las licitaciones no eran tales. Más bien eran una suerte de puesta en escena en la que todos sabían anClaudio tes de empezar quién iba a llevarse tal o cual obra.
Un tiempo más tarde, esas suposiciones tomaron cuerpo cuando en la causa cuadernos aquellos amantes de la listas de López lo relataron con crudeza. Carlos Wagner, el poderoso empresario dueño de Esuco, entonces presidente de la Cámara de la construcción, después de estar detenido, cambió la cárcel por un puñado de verdades. Contó que se reunían para establecer cuál de las contratistas sería beneficiada con la adjudicación de una obra pública en las licitaciones viales y que la seleccionada debía pagar entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la obra de coima. Si alguna empresa, contó Wagner, no cumplía con ese compromiso, era el propio empresario quien se hacía cargo de los pagos. A esa operatoria que validaba Vialidad, los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, en la causa cuadernos, la consideraron “aportes de campaña”.
Ese esquema de “aportes de campaña” con los fondos de Vialidad fue descrito por Wagner de la siguiente manera. “La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos [durante el kirchnerismo]. A modo de ejemplo, llamada una licitación los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar al ganador”, relató el empresario al fiscal Carlos Stornelli.
Wagner dijo que el “porcentaje del anticipo financiero era entre el 10 y 20% del total de la obra: “Deducidos los impuestos, el compromiso era entregar la totalidad restante del anticipo a modo de retorno”. Lapidario el constructor.
José López, también conocido por revolear millones de dólares a un convento en General Rodríguez, también contó cómo recaudaba dinero, y el contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, dio detalles de los malabares que hacía para esconder sacos de dólares que llegaban a Santa Cruz. Hubo más, Uberti, ex número uno de Concesiones Viales recordó los tiempos románticos cuando también manejaba la relación con Venezuela y llegaba con bolsos repletos a la Casa Rosada después de recorrer las cocheras de los dueños de los peajes en las rutas. No solo eso, se puso nostálgico cuando agregó que muchas veces Néstor Kirchner lo retaba cuando el contenido de los bultos eran pesos y no dólares. Hubo más, hasta el financista del poder regulado, Ernesto Clarens, aportó una planilla de cálculo con los datos de quién pagaba, a qué licitación correspondía y qué porcentaje restaba cancelar. Cada pago que salía de Vialidad era notificado a la oficina de Clarens para que el “financista” llamara al afortunado contratista.
Cuando era Esuco el “ganador” de la licitación de Vialidad, Wagner dijo que pagaba en lugares como el Café La Puerto Rico, Alsina al 400, a una cuadra de la Casa Rosada; en el Hotel NH, a dos cuadras de Balcarce 50 o en un estacionamiento. “A veces venían a San José 151 [donde es la sede de la empresa], pero el grueso lo recaudaban en otros lugares”, confesó.
Había un elenco estable en el listado de cobro que enviaba López a las oficinas de Diagonal Sur, allí donde funciona el corazón vial del país. La gran mayoría de las veces, el imperio Austral Construcciones y todas las empresas relacionadas con Báez se llevaban los primeros puestos. Mes a mes se repetían.
Durante el cuarto kirchnerismo, que encabezó Alberto Fernández, se puso en marcha un sigiloso proceso para esconder algunos burócratas del organismo. Varios fueron trasladados a regionales, en las provincias. Otros dejaron sus cargos políticos y volvieron a la línea.
Estos verdaderos gestores administrativos de los favores políticos permanecen sonrientes, agazapados y mullidos en los millones que supieron conseguir.
Nadie de La Libertad Avanza los molestó, al menos por ahora

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Ficha limpia: Pro y UCR apuran el proyecto que puede cerrar el camino electoral de Cristina
Los impulsores de la iniciativa todavía no tienen afianzada una mayoría en la Cámara de Diputados; hay charlas con otros bloques

Delfina CelichiniLa propuesta ya fue aprobada por las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales
En paralelo a que la Cámara Federal de Casación Penal haya ratificado ayer la condena de Cristina Kirchner por delitos de corrupción, Pro y otros bloques del Congreso motorizan la sanción del proyecto de “ficha limpia”, que prohíbe que personas con condenas confirmadas en segunda instancia puedan postularse a un cargo electivo nacional. De convertirse en ley, esta iniciativa obturará las presumibles intenciones de la expresidenta de encabezar el próximo año la lista bonaerense de diputados nacionales del Partido Justicialista (PJ).
No será una tarea fácil para el macrismo. Todavía no reúne los 129 votos positivos para asegurarse una victoria en el recinto y algunos de sus referentes no descartan consensuar modificaciones con otros sectores para evitar un revés.
“La idea nunca es modificar el dictamen de mayoría, pero los números mandan en el Congreso: si tenemos que hacer alguna modificación para conseguir la ley la haremos”, confirmó un legislador del bloque que conduce Cristian Ritondo en Diputados. En la misma sintonía se pronunció Silvana Giudici, quien consideró que la confirmación de la sentencia a Cristina Kirchner podría robustecer los apoyos. “Los únicos en contra deberían ser los 99 de Unión por la Patria (UP)”, especuló.
Será imprescindible para los convocantes de la sesión -Pro, La Libertad Avanza (LLA) y la UCR- sumar a los radicales blue de Democracia así como a la mayor cantidad de integrantes de Encuentro Federal (EF), que no exhiben una postura homogénea en este tema. Mientras que Miguel Pichetto está en contra del dictamen de mayoría y pretende que la inhabilitación caiga cuando la condena se ratifique por la Corte; Margarita Stolbizer, de su mismo bloque, apoya la iniciativa.
Fernando Carbajal, de Democracia, presentó un dictamen que apoyan sus 11 colegas de bancada. Considera un error limitar la implementación de la ficha limpia a los delitos de corrupción. “Planteamos que no podés caer en un sinsentido, y que exista la posibilidad de que personas condenadas por pedofilia o narcotráfico se puedan presentar ocupar cargos públicos”, sumó uno de los referentes de este espacio. Es posible que, para llegar a la mayoría necesaria, Pro y sus aliados consideren incorporar otros tipos penales.
Sería una sorpresa que los peronistas que funcionaron como aliados circunstanciales del oficialismo los acompañen en esta cruzada. Supondría una guerra abierta contra quien fue recientemente su jefa política así como una ruptura total con sus colegas de bloque.
“El sistema democrático no puede tolerar que los corruptos y condenados ocupen caros, sobre todo los de representación popular”, dijo a este medio Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, quien junto con Juan Manuel López firmó el dictamen de mayoría. “Quizás la condena de Cristina Kirchner nos muestra la importancia de ficha limpia y la posibilidad de una ley venga a poner las cosas en orden. No se puede tolerar ni admitir que alguien condenado por robarle al pueblo termine por representar al pueblo”, sentenció.
La convocatoria a la sesión conoció después de que fracasara la sesión especial para limitar la utilización de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte de Javier
Milei y para rechazar el decreto que posibilita al Poder Ejecutivo a canjear deuda sin el aval del Congreso. El macrismo ya había anticipado esta jugada el lunes, cuando comunicó que no daría quórum a la ofensiva opositora. Es decir, a la vez que la plana mayor de Pro ratificó su alianza parlamentaria con el Gobierno, lo forzó a acelerar el debate de este proyecto, que cuenta con dictamen de comisión hace más de un mes.
Es que el Gobierno no tenía ningún apuro por debatir la implementación de la ficha limpia. Según pudo saber la nacion, no la considera una iniciativa propia, aunque reconocen que, de avanzar, podría ser un duro revés para el peronismo, que no ha podido construir un liderazgo alternativo a la figura de Cristina Kirchner. Los filosos contrapuntos públicos entre Milei y la exvicepresidenta espiralizaron las especulaciones sobre los beneficios electorales que ambos obtienen de confrontar con su némesis. ¿Querría el oficialismo perder a su oponente ideal en la provincia de Buenos Aires en su primer test electoral? Pro dudó.
El Código Procesal Penal establece que no se puede aplicar, hasta que no quede firme, la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta en el juicio y ratificada por la Casación. Eso sí, si prosperara la ley de ficha limpia que Pro y otros sectores impulsan en el Congreso, Cristina Kirchner quedaría excluida de la carrera electoral.
Lo cierto es que incluso si Diputados le diera luz verde a este proyecto, todavía restaría el aval del Senado para convertirse en ley. Según pudo saber la nacion, el Gobierno no pretende, por ahora, incluirlo en la posible convocatoria a extraordinarias. Es decir, difícilmente saldría este año.

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