EL ESCENARIO Y SE UNEN LAS DOS CTA

La presión ahora apunta al debate del presupuesto
Laura Serra
Contra reloj, el oficialismo y la oposición dialoguista intentan acercar posiciones en la Cámara de Diputados para dictaminar, a más tardar el martes próximo, sobre la ley de presupuesto 2025. Al Gobierno lo corren los tiempos: de no alcanzar un acuerdo con los gobernadores aliados, corre el riesgo de que sus legisladores se sumen a la nueva convocatoria de la oposición del jueves que viene que busca limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y derogar el decreto 846/24, que flexibiliza las condiciones para canjear deuda.
El oficialismo se anotó un triunfo tras desbaratar el primer intento opositor para limitarle el poder al presidente Javier Milei. La presión sobre los gobernadores –de todos los colores políticos- fue feroz, no tanto por la ley para restringir la utilización de los DNU sino para evitar el rechazo al decreto 846, clave para la ingeniería financiera del ministro de Economía Luis Caputo, pues lo libera de las exigencias que fija ley de administración financiera en cuanto a mejorar montos, plazos y/o intereses a favor del Estado (al menos dos de estas tres condiciones).
Las represalias podían ser graves para los mandatarios que avalaran ese rechazo, advertencia que sonó extorsiva en provincias con deudas en moneda extranjera a renegociar el año próximo y que necesitan, para ello, la autorización del Poder Ejecutivo.
“Muchos gobernadores se asustaron y ordenaron a sus legisladores no bajar al recinto”, admitieron quienes convocaron a la fallida sesión especial. Algunos consideran que fue un error de timing haber apurado la sesión para pedir el rechazo del decreto 846; en rigor, fue una condición que había impuesto el bloque de Unión por la Patria -léase Cristina Kirchner- para dar quorum. Pensaron que sobrarían los votos, pero hasta el kirchnerismo sufrió fuertes bajas. “Habría que haber esperado a la negociación por el presupuesto”, se lamentaron algunos mientras los libertarios festejaban su triunfo.
El oficialismo logró frustrar la sesión pero, también, sumó presión con vistas al presupuesto 2025. Los opositores amenazan con volver a la carga el jueves próximo con una nueva sesión especial. En paralelo, los diez gobernadores de Pro y de la UCR esperan, impacientes, que el Gobierno retribuya su lealtad con modificaciones concretas en el proyecto.
Luego de cuatro rondas de negociaciones los avances, hasta ahora, fueron escasos. De la última reunión –en la que participaron el vicejefe de Gabinete José Rolandi, y el secretario de Hacienda Carlos Guberman–, los dialoguistas solo se llevaron el compromiso del oficialismo de que buscará aprobar el presupuesto antes de fin de año. Con buen viento, el dictamen se aprobaría el martes y, dos días después, se lo llevaría al recinto. El turno del Senado sería a fin de mes o a principios del próximo.
“Nosotros queremos que haya ley”, enfatizó el presidente de la Comisión de Presupuesto José Luis Espert, una aseveración que sonaría a perogrullada de no ser por las sospechas –instaladas por la propia Casa Rosada- de que el Gobierno preferiría prorrogar el presupuesto actual para manejar el gasto a puro decreto.
“Una segunda prórroga sería una señal pésima para los mercados y frente al Fondo Monetario Internacional. El Gobierno lo sabe, pero ya nos avisó que prefiere quedarse sin presupuesto antes de que el Congreso apruebe una ley que no puede cumplir”, desliza uno de los participantes de las negociaciones con el Gobierno.
En la reunión con los funcionarios de la Casa Rosada, la delegación de Pro y de la UCR insistieron con el petitorio de cinco puntos que demandan los gobernadores. Se resumen en los siguientes:
-Financiamiento del déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas de acuerdo con los pactos fiscales. El Gobierno, por ahora, no se mueven de los $254 millones asignados.
-Financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017.
-Eliminar las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles cuyos fondos, a juicio de los gobernadores, está subejecutados. Pretenden que se coparticipen.
-Reducción del aporte que realizan las provincias de los fondos coparticipables para financiar a la AFIP (ahora ARCA).
-Coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos.
“Esto tendría un impacto fiscal de unos $1900 millones; creemos que es absolutamente financiable”, aseveran en el bloque Pro. Las huestes que comanda Cristian Ritondo son optimistas en que finalmente habrá fumata. En el entorno de Espert también hay confianza, pero la última palabra la tendrá la Casa Rosada: desde allí avisan que si bien revisarán el costo fiscal del petitorio, no abrirán la billetera del gasto si los gobernadores no aceptan discutir, en paralelo, las deudas que sus provincias tienen con la Nación

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Se unen las dos CTA y le meten presión a la CGT
Yasky y Godoy avanzan con la reunificación y buscan apoyos para activar una protesta antes de fin de año
Unidos en su rechazo al rumbo político y económico de la gestión de Javier Milei, Hugo Yasky y Hugo Godoy activaron gestiones para reunificar a las dos vertientes de la CTA después de 14 años de fractura. Como parte de ese proceso de reunificación, las dos centrales obreras avanzaron ayer un hoja de ruta de reclamos que comprende desde un pedido al Gobierno para que actualice el salario mínimo, vital y móvil hasta activar una movilización en rechazo al ajuste para fin de año.
La intención de los ceteístas es, además, presionar a la CGT, cuyo consejo directivo pausó sus reuniones por las divisiones internas tras abrir un canal de negociación con la gestión libertaria. La CGT, por ejemplo, no se expresó ayer de manera pública ante el revés judicial de uno de sus tres jefes, Carlos Acuña, a quien se le revocó un sobreseimiento y fue procesado y embargado por el delito de coacción.
Las dos CTA resolvieron inicialmente avanzar con un pedido a la Secretaría de Trabajo para que convoque al Consejo del Salario, dado que el salario mínimo vital y móvil (SMVM) se mantiene en $271.571 desde el 1º de noviembre, sin que se haya oficializado un incremento, lo cual representa una caída real del 31,28% en comparación con el mismo mes del año pasado, según precisaron los gremios.
Asimismo, las dos CTA se enviarán una segunda presentación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando que trate la inconstitucionalidad del decreto 70/23, emitido por el presidente Milei, con el cual se busca gobernar mediante decretos, evadiendo la necesaria intervención del Congreso Nacional. Un reclamo a tono con el debate que se dará hoy en la Cámara de Diputados, con un sector amplio de la oposición unido para limitar el uso de los DNU por parte del Presidente.
“Se resolvió avanzar en la organización de una gran movilización, junto con otras organizaciones sociales, sindicales y territoriales, para expresar el rechazo a las políticas de ajuste, a los aumentos tarifarios en los servicios públicos y al presupuesto presentado por el gobierno, elaborado con el único propósito de atender el pago de la deuda externa y alcanzar el déficit cero, en detrimento de las necesidades de las mayorías populares”, expresaron las dos CTA en un comunicado conjunto. Buscan sumar a esa protesta a la CGT.
En la CGT siguen de cerca este proceso de reunificación, sobre todo por la posibilidad de que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se incorpore finalmente a la CTA. El sector más combativo de la CGT, identificado con Pablo Moyano y el kirchnerista Sergio Palazzo, impulsan “una unidad en la acción” con la CTA y los movimientos sociales y no descartan coincidir en nuevas propuestas, como ya lo hicieron en los dos paros generales que ya hubo contra la gestión de Milei.
Moyano con Aguiar
Una muestra del acercamiento con un sector de la CGT fue el encuentro que mantuvieron ayer Pablo Moyano y Rodolfo Aguiar, jefe de los estatales de ATE nacional y hombre fuerte en el ajedrez interno de la CTA. “Hemos coincidido plenamente en el análisis político y en la imperiosa necesidad de construir una medida de fuerza de carácter general que permita frenar los embates del Gobierno nacional”, dijo Aguiar tras visitar a Moyano en su despacho del sindicato de camioneros.

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