EL ESCENARIO Y LA CORRUPCIÓN KK

Un fallo con fuerte impacto político y judicial
Carlos Pagni

Hay dos motivos que convierten la sentencia que la Cámara de Casación dictó contra Cristina Kirchner en una novedad relevante. Uno es jurídico. Por primera vez se confirma en la última instancia penal una denuncia de corrupción contra la expresidenta. Nada menos que la del sistema de apropiación de recursos públicos a través de licitaciones en favor de Lázaro Báez, quien tiene todo el aspecto de haber sido el testaferro de Néstor Kirchner.
El otro motivo es político. Tampoco hay antecedentes, desde 1983, de un proceso judicial con consecuencias tan relevantes para la distribución del poder: un líder importantísimo para la competencia electoral podría quedar despojado del derecho a postularse como candidato.
Ni siquiera el encarcelamiento de Carlos Menem en 2001 fue tan determinante. La Argentina adquiere así un llamativo parecido con Brasil, donde a Lula da Silva, primero, y a Jair Bolsonaro, ahora, se les prohibió competir en las elecciones. Es evidente que, con independencia del sentimiento de catarsis, o de arbitrariedad, que despierte en uno u otro sector de la vida pública, la decisión de ayer obliga a observar con detenimiento la grave distorsión que introduce la persistencia de la corrupción en la vida democrática. Más allá de lo económico, más allá de lo moral.
Desde ayer la señora de Kirchner quedó a merced de la Corte Suprema. Es decir, del tribunal al que ella promovió juicio político a través de los diputados que le obedecen.
El ritual indica que las partes tienen 10 días hábiles para objetar el pronunciamiento de Casación y requerir el recurso extraordinario ante la Corte. Después deben correr otros 10 días hábiles para que todos estén informados de esos reparos. Si la Cámara concede el recurso, puede elevar el expediente de inmediato.
Es muy probable que lo conceda, por la sencilla razón de que el fallo no fue unánime. Gustavo Hornos consideró que la expresidenta encabezaba una asociación ilícita, lo que exige una sanción más dura, que para él debería ser de 12 años. Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña no coincidieron: para ellos los funcionarios en Santa Cruz cometieron un solo crimen de manera continua. Es decir, no se comportaron como una asociación ilícita, cuya característica principal es incurrir en muchos delitos.
Si la Cámara negara el recurso extraordinario, las partes tienen 5 días hábiles para presentarse en queja ante la Corte. Mientras tanto, la sanción impuesta a la expresidenta, que incluye la inhibición para ocupar cargos públicos, quedaría en suspenso.
Quiere decir que la Corte tendrá en sus manos la biografía política de Cristina Kirchner y, en consecuencia, un aspecto muy destacado de la suerte electoral del peronismo. Por esta razón la discusión sobre la composición del tribunal adquiere otra densidad. Discusión en la que la condenada tiene una voz poderosísima porque controla la bancada más numerosa del Senado.
En la práctica, la flamante presidenta del PJ podrá postularse el año próximo como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. Una regla no escrita indica que los jueces de la Corte demoran por lo menos dos años en tratar expedientes referidos a expresidentes o exvicepresidentes. Gravita sobre ellos la “doctrina Pichetto”, según la cual quienes estuvieron al frente del Estado deben gozar de algún tipo de inmunidad, aunque más no sea de facto. La pretensión de Pichetto gana popularidad en los Estados Unidos, donde sería inminente un fallo de la Corte disponiendo que los actos administrativos de los presidentes no sean susceptibles de ser judicializados. No hace falta recordar que seis de los nueve miembros de ese tribunal son conservadores.
El desbaratamiento del lawfare
La extensísima sentencia emitida ayer por la Cámara de Casación intenta, entre otras cosas, refutar el principal argumento defensivo de la señora de Kirchner: la teoría del lawfare. Es decir, la presunción de que ella es víctima de una persecución política, orquestada a través de los tribunales por poderosísimos actores que no osan dar la cara. La propia expresidenta expuso estos argumentos anteayer en las redes sociales, repitiendo consignas que ya había expuesto en una larga y exaltada disertación realizada en YouTube cuando se conoció la condena del Tribunal Oral Federal. En aquella oportunidad anunció que no sería candidata, es decir, no buscaría la protección de los fueros parlamentarios, y sintetizó su alegato en una frase: “Magnetto, si quiere, métame presa”.
Esta interpretación de la peripecia judicial del kirchnerismo adquiere en estos días una defensa académica: el penalista Maximiliano Rusconi acaba de publicar el libro La Justicia prófuga, en el que desarrolla la tesis de que en América Latina se ha desplegado una guerra judicial para evitar que prosperen los “gobiernos de centroizquierda o de impronta popular”. La lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, o la identificación de asociaciones ilícitas, son, para esta doctrina, “excusas” de esa cruzada ideológica. ¿Esta lectura incluye a Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña al que se le suspendió el derecho a postularse como candidato, igual que a la señora de Kirchner? ¿En qué lugar queda el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien desde 2018 está siendo investigado por una presunta incompatibilidad en un contrato de obra pública, sin que haya siquiera un solo pronunciamiento judicial? Ninguno milita en la centro izquierda.
Con distintas modulaciones, los camaristas ayer rechazaron la presunción de un complot. El que más se extendió fue Hornos. Sostuvo que es imposible imaginar que más de 15 magistrados, que son los que intervinieron en el caso, se confabularon para condenar a un inocente. Recordó que existen pruebas en los expedientes que explican las conclusiones de los jueces mejor que cualquier conspiración.
Es posible que, más que una patraña, lo que perjudicó a Cristina Kirchner ante el Tribunal Oral y ante la Cámara de Casación es la incomprensible torpeza de sus abogados defensores. La sentencia de ayer demostró que esos letrados no advirtieron que el fiscal Diego Luciani había incorporado como prueba los intercambios de whatsapps que constaban en otra causa: la que investigaba la conducta de José López, el secretario de Obras Públicas que, víctima de una persecución por sus inclinaciones progresistas, revoleó 9 millones de dólares en un convento durante la madrugada del 14 de junio de 2016. El valor probatorio de esos documentos consiste en que contienen detalles que involucrarían a la señora de Kirchner en persona en las fechorías realizadas en su antigua provincia.
Si se observa con espíritu crítico, hay aspectos del procedimiento penal al que ha sido sometida la expresidenta que juegan muy a su favor. El más obvio es la desarticulación de los hechos en varios expedientes desconectados entre sí. La manipulación de las licitaciones en favor de Báez; las contrataciones que Báez hacía de los hoteles de la familia Kirchner, en El Calafate, para alojar allí a sus empleados: y la emisión de facturas adulteradas que se investigaban en Bahía Blanca, son tramos del mismo negociado. Pero se examinan en causas penales distintas por magistrados que no se relacionan entre sí. Esta peculiaridad, la desarticulación judicial de la investigación, ha permitido a los tribunales prestar a Cristina Kirchner un servicio inigualable. Un lawfare a la menos uno.
Junto a la trama judicial que envuelve a la señora de Kirchner se expande un problema de gran magnitud para la vida democrática. La persistencia de la corrupción lleva a la política al inconveniente terreno de los tribunales. Esa judicialización tiene, a la larga, un efecto inevitable: como las decisiones de los magistrados tienen derivaciones políticas, es fácil presentarlas como pronunciamientos facciosos. Aunque no lo sean. Este inconveniente se vuelve mucho más grave cuando los jueces aplican sanciones con consecuencias directas en el campo electoral.
El caso más evidente fue el de Lula en Brasil. El juez Sergio Moro lo sacó de la competencia. El PT, que debió ir detrás de la gris candidatura de Fernando Haddad, quedó muy debilitado. Es muy difícil imaginar que Bolsonaro hubiera llegado al poder sin esa exclusión de Lula. La torpeza hizo después lo suyo para que todo pareciera una maniobra: Bolsonaro designó a Moro como ministro de Justicia. En un esfuerzo notable para enrarecer el proceso, los mismos magistrados que colaboraron en la exclusión del candidato del PT se golpean el pecho ahora, cuando ese candidato volvió a la presidencia, diciendo que su encarcelamiento fue uno de los peores pecados de la historia judicial del país. Si se pretende que la sociedad desconfíe de sus instituciones, han encontrado un método infalible.
En el enredo brasileño aparece un fenómeno importantísimo: Lula volvió al poder a pesar de las condenas, que lo tuvieron 508 días en prisión. Esa tolerancia del electorado se podrá explicar con el prejuicio de que se trata de una sociedad latina, iberoamericana. Y, encima, tropical. Sin embargo, un caso similar aparece ahora en los Estados Unidos, la república modélica. Donald Trump vuelve a la Presidencia después de estar expuesto a cuatro causas judiciales, un procesamiento y dos juicios políticos iniciados en el Congreso. Más todavía: regresa después de haber sido acusado de promover el asalto al Capitolio. Esto sucede en una sociedad anglosajona, que se supone puritana.
El historiador Niall Ferguson acaba de comparar ese retorno, tan dificultoso, con la resurrección de Jesucristo. Ferguson denuncia sin matices un caso de lawfare. Se puede discutir hasta el infinito. Pero en el fondo del planteo de este prestigioso profesor de Harvard palpita una incógnita: ¿qué efecto tiene en la sociedad actual la percepción de que un líder es corrupto?
Es un interrogante atractivo, porque en el extremo de las acusaciones morales aparecen con mucha nitidez algunos de los rasgos que está adquiriendo la democracia contemporánea. Movilizados por emociones mucho más que por ideas, quienes veneran a un candidato pueden ver en la condena penal contra él una señal más de su legitimidad. El que es corrupto en los expedientes, funciona como un mártir frente a las urnas. Para escándalo de quienes lo censuran, muchos de los cuales son los que lo odian, que advierten cómo, a pesar del vapuleo judicial, no pierde un solo voto. Al contrario, en un contexto favorable, hasta puede ganar alguno. Ferguson da un paso más largo. Cita el libro de Nassim Taleb, Antifrágil, donde se describe a personas que ante la adversidad no sólo resisten: mejoran sus posibilidades, se fortalecen.
La conclusión no es novedosa. En sociedades fracturadas, donde el intercambio de mensajes entre personas con puntos de vista diferentes se ha suspendido, en las que el odio y el fanatismo cancelan la posibilidad de un argumento, el rol que la sanción penal podría cumplir en la política ha sufrido una radical modificación. Para formularlo de modo irónico: se está imponiendo un nuevo “ethos”.
Advertir este clima es indispensable para interpretar movimientos importantes de la política. Por ejemplo, que un presidente que venía a combatir a la casta corrupta postule a Ariel Lijo para integrar la Corte. En vez de explicar la contradicción, muchos de sus militantes digitales salieron a abrazarla con el hashtag #LijoSí.
Cristina Kirchner parece adoptar un criterio parecido. En julio, frustradas algunas negociaciones, le quedó claro que la Cámara de Casación la condenaría. Entonces comenzó a organizar el despliegue que hoy protagoniza. Cambió los Louboutin por un par de zapatillas, y volvió a recorrer el conurbano. Visita a los que, ella considera, son las víctimas de Milei. El domingo que viene irá, después de bastante tiempo, al interior. Realizará un acto en Santiago del Estero para conmemorar el Día del Militante. Y levantará la condena de ayer como bandera
“Quiero solidarizarme con Cristina Kirchner ante la gran injusticia que vivió siendo acusada falsamente y condenada. nadie pudo demostrar su culpabilidad y, sin embargo, fue señalada y enfrentó argumentos mentirosos e insolventes, producto de años de relato malicioso en su contra a través de los medios de comunicación y redes sociales” Ricardo Quintela gobernador

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La condena a Cristina Kirchner | Cómo están hoy las rutas de Lázaro Báez en Santa Cruz
Durante los gobiernos kirchneristas, su provincia fue la más beneficiada por la obra pública vial y el 80% se asignó a Austral Construcciones; desde 2016 el negocio se derrumbó y los caminos no se terminaron
CORRESPONSAL EN SANTA CRUZMariela Arias
EL CALAFATE.- Entre 2003 a 2015, bajo los mandatos presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Santa Cruz fue la provincia más beneficiada por la obra pública vial y el 80% de las obras se otorgaron a las empresas constructoras de Lázaro Báez, que ganaron 51 licitaciones públicas. Las obras concretadas, las que no se terminaron e incluso las que no tuvieron avances importantes cambiaron la geografía de Santa Cruz para siempre. Las rutas de la provincia vivieron el auge de la construcción y también el abandono.
Detrás de estas obras se montó una trama de corrupción. Esta mañana, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner, por haber direccionado licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez. El delito es administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El perjuicio que le provocó la maniobra a la Administración Pública Nacional, según el voto de del juez Mariano Borinsky, fue de 84.000 millones de pesos.
La historia de la causa Vialidad, que este miércoles escribió un nuevo capítulo, tiene en las rutas de esta provincia su principal escenario. Obradores abandonados a la vera del camino, mares de áridos, piedras amontonadas sin destino y estructuras de hormigón arrumbadas a un costado de las rutas son testigos silenciosos de las obras que quedaron inconclusas.
Con 243.943 kilómetros cuadrados, Santa Cruz es la segunda provincia en extensión del país. Cuenta con 1,4 habitantes por kilómetro cuadrado distribuidos en una veintena de localidades separadas entre sí por cientos de kilómetros. Algunas de ellas, como Lago Posadas, quedan aisladas durante los temporales de invierno.
Más de 2400 kilómetros de rutas nacionales atraviesan Santa Cruz; entre ellas, la épica Ruta 40, que nace en el faro de Cabo Vírgenes, en el extremo austral continental, y la Ruta 3, que funcionan como corredores de conexión norte-sur. También la atraviesan las rutas 281, 288 y 293 (esta última, que completa un tramo limítrofe con Chile). A ellas se suman varias rutas provinciales, de ripio y asfaltadas, que también fueron receptoras de obras públicas, algunas terminadas con éxito y otras inconclusas.
Hace nueve años que Austral Construcciones se retiró de la febril actividad que mantuvo durante más de una década y solo una de las 24 obras que quedaron sin terminar tuvieron intentos de continuidad, sin registrar demasiados avances. Sobre la gran mayoría de ellas hay un enorme interrogante respecto de su futuro.
El tramo comprendido entre Tres Lagos y Lago Cardiel de la Ruta 40 es conocido como los "73 Malditos"Horacio Cordoba
Según el fallo del Tribunal Oral que condenó a 14 imputados de la Causa Vialidad, la operatoria de esos fondos marcó “un grave hecho de corrupción sin precedente, cometido desde la primera línea del Estado Nacional”. En paralelo Lázaro Báez, principal beneficiado de la obra pública, registró un crecimiento económico exponencial.
La Ruta 40
Con el objetivo de desarrollar el turismo, a partir del 2003 se inició el asfalto de la columna vertebral cordillerana. De los más de 5000 kilómetros tiene “la 40″, en Santa Cruz está su tramo más extenso, con 1400 kilómetros de paisaje estepario. Tanto turistas como pobladores deben consultar el estado de la calzada antes de emprender una travesía, ya que cuenta con dos tramos de ripio y otros, que aún asfaltados, -como el que se extiende entre Bajo Caracoles y Gobernador Gregores o bien entre La Esperanza y Tapi Aike- hay que transitar “con extrema precaución”. “Presencia de baches. El personal va a estar trabajando en perfilado de banquinas”, advierte el reporte de la página oficial de la Dirección Nacional de Vialidad consultado hoy y que se actualiza a diario.
En esta ruta hay dos tramos especialmente conflictivos: uno es el conocido como “los 73 kilómetros malditos”, un tramo ubicado entre el pueblito Tres Lagos y el Lago Cardiel, que  recorrió este fin de semana. Se trata de una obra que en 2009 se presupuestó en $259 millones a favor de Austral. El plazo inicial para la obra era de 40 meses y se había extendido a 80 meses cuando le rescindieron el contrato a la empresa de Báez. Según el Ministerio Público Fiscal, Vialidad consignó en sus planillas una ejecución de obra del 78%. La recorrida realizada por este medio este fin de semana confirma lo que aquí es el comentario frecuente de quienes la transitan: se hicieron las primeras obras básicas, pero no hay ningún kilómetro de asfalto realizado.
Estructuras de hormigón quedaron abandonadas en lo que iba a ser el nuevo trazado de la ruta 288
De Austral queda un obrador abandonado que se destaca en medio del paisaje desértico. El fin de semana pasado, la policía de Tres Lagos rescató sobre ese tramo a una pareja de turistas brasileños que sufrieron un accidente a bordo de una motocicleta Triumph, color negra. Los viajeros, de 44 y 47 años, oriundos de San Pablo, recibieron el auxilio de la policía y del personal del Puesto Sanitario de Tres Lagos, y fueron derivados al hospital Samic de esta ciudad. Según el informe preliminar de la policía, “el incidente fue provocado por las condiciones del camino de ripio con piedra suelta”.
Otro tramo peligroso de la misma ruta son los 82 kilómetros sin asfaltar entre Rospentek y Bella Vista, que también quedaron inconclusos. En este caso se hicieron cinco licitaciones entre los parajes Rospentek y Güer Aike, obras que fueron adjudicadas por $616 millones. Dos de los tramos fueron rescindidos y ya no se retomaron. “Son tramos de muy difícil tránsito y tras la gran nevada del invierno quedaron en muy mal estado”, detalló un emprendedor turístico de 28 de Noviembre que recorre la zona semanalmente.
Por fuera del grupo de las 51 obras investigadas, en las últimas dos décadas hubo obras viales que cambiaron la vida y el perfil de localidades, como el asfalto que llegó desde la ruta nacional 40 hasta El Chaltén, el pueblo que cada verano recibe miles de viajeros atraídos por las desafiantes paredes de granitos y los senderos boscosos que invitan a la escalada y el trekking. También se completó el pavimento de la ruta provincial 11, que garantiza la llegada por ruta de asfalto hasta el glaciar Perito Moreno. Hasta el 2004, aún mantenía numerosos tramos de ripio y ralentizaba el tránsito entre esta ciudad y el Parque Nacional Los Glaciares.
Sin embargo, hay otros destinos menos famosos, como Lago Posadas -pequeño pueblo donde viven 500 personas-, que aún sufren la desconexión. La localidad, ubicada sobre la cordillera junto al lago homónimo, aún vive atada al peligroso ripio de la ruta 39. Austral Construcciones ganó la licitación por $223 millones por la obra de enripiado de 73 kilómetros de esta ruta y le terminaron pagando $363 millones, según la investigación del Ministerio Público Fiscal en la causa Vialidad. La obra figura como concluida, pero no está exenta de dificultades: cada invierno la población queda aislada por la intransitabilidad de la ruta.
Durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, el kirchnerismo local le adjudicó al gobierno central la interrupción de las obras en Santa Cruz, aun cuando fue Alicia Kirchner quien solicitó la rescisión de los contratos de Austral Construcciones y, durante su segundo período al frente de la gobernación, durante la administración de Alberto Fernández, hizo sus propios intentos de reactivar obras viales con el soporte del estado nacional.
A 10 km de Tres Lagos, la Ruta 288 muestra señales de abandono
Así fue como en octubre de 2022 anunció el comienzo de ejecución de obras básicas, enripiado y pavimento para la ruta provincial 39, el mismo tramo que Báez ya había enripiado. Según la información publicada en la página oficial, se trataba de una inversión de $4754 millones y contemplaba “el enripiado, apertura de traza y pavimento de la ruta”. La obra la ganó la empresa CPC, de Cristóbal López. En noviembre de 2023, antes de la asunción del nuevo gobierno, la empresa se retiró de la obra.
Del anuncio solo quedaron la apertura de rutas auxiliares que facilitaron los voladeros de nieve y se convirtieron en una trampa para el tránsito en medio del temporal de nieve de este el invierno, que agravaron el aislamiento del pueblo. “No se hizo nada, solo hubo movimientos de suelo, se tiró una imprimación por dos o tres kilómetros y los vehículos empezaron a andar por allí así que ya quedó en cero, se levantó todo y hay que hacer todo de nuevo”, detalló Rubén Guzmán, comisionado de fomento de Lago Posadas mientras espera que en los próximos días las máquinas de Vialidad Provincial repasen las rutas.
En marzo del 2023, Alicia Kirchner firmó con Vialidad Nacional dos convenios para realizar obras de pavimentación y mejoras en dos rutas provinciales por un monto de $10.000 millones: la 43 entre Pico Truncado y Las Heras, y la 41 (ex RP 11) en el tramo que se extiende entre el empalme con la ruta nacional 40 y los accesos a El Calafate, en una longitud total de 28 kilómetros y con un plazo de ejecución de 24 meses. La obra iba a mejorar la accesibilidad al aeropuerto internacional Comandante Amando Tola. Aquí, en El Calafate, la obra jamás se inició.
La Ruta 3
“Desde diciembre se encuentra frenada la [obra de la] autovía entre Caleta y Comodoro Rivadavia. La vieja traza de la Ruta Nacional 3 tuvo arreglos, pero mucho no van a durar si no se realiza la autovía. Es una obra muy necesaria, pero si se abandona, todo lo que se invirtió se deteriorará y volverá prácticamente a cero”, dijo  Sergio Bucci, secretario de Medios del gobierno provincial y oriundo de Caleta Olivia.
Los 73 km de ripio de la Ruta 40 que comunican Tres Lagos con Lago Cardiel son un peligro para los automovilistas
Por trabajo, por estudios o por vida social, la historia de cientos de caletenses y comodorenses se entrelaza con la ruta y el imaginario de la autovía prometida. La autovía que une las dos provincias tiene una demora de casi 20 años. Se licitó en 2006 por primera vez, y quedó dentro de las 51 obras de la Causa Vialidad. Tras la rescisión del contrato a Báez, durante el gobierno de Macri, las obras fueron licitadas otra vez. Ganó CPC del empresario Cristóbal López y ante los incumplimiento y la debacle de las empresas del grupo, el contrato fue rescindido.
En septiembre de 2021 la autovía fue adjudicada nuevamente a CPC y Rigel por un presupuesto total $9994 millones, con un plazo de obra de 18 meses. A finales del año pasado, quedaron paralizadas con el congelamiento de la obra pública tras la llegada a la presidencia de Javier Milei. “La obra está neutralizada de común acuerdo, el contrato está vigente, CPC no se retiró”, explicó  el libertario Paulo Croppi, a cargo del Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad.
Por lo que implica el desarrollo de la industria petrolera en la zona y el alto tránsito entre las dos ciudades, que alcanza los 4238 vehículos por día, de acuerdo a datos oficiales de la Vialidad Nacional, la obra urge en las dos provincias. Tras un acuerdo con el actual gobernador santacruceño Claudio Vidal, el gobierno nacional incluyó en el presupuesto 2025 trabajos en la autovía Caleta-Comodoro por $15.614 millones, monto que no alcanzaría a terminar la obra, pero permitiría su reactivación.
El ingreso a la represa Nestor Kirchner, a 120 km de El Calafate, de la Ruta Provincial 9
Además de esa obra, se incluyeron fondos para el mantenimiento de las rutas nacionales 281, 288, 293 y 40. “Estamos trabajando en conservación de obras de bacheo y en demarcación de eje de ruta, tanto en la Ruta Nacional 40 como en la Ruta 3, en diferentes tramos”, explicó Croppi, y agregó que en las rutas de ripio, aún aquellas que fueron objeto de la causa judicial y quedaron abandonadas, esperan en función del presupuesto 2025 poder incluir un mejoramiento en diferentes tramos.
Entre Vialidad Nacional y la Administración General de Vialidad Provincial se llevan adelante convenios que establecen trabajos concesionados, en especial durante el invierno. Por estas tareas, el subsecretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Ezequiel Verbes, aseguró que Vialidad Nacional le debe a la provincia cerca de $7000 millones en certificados de mantenimiento de rutas que ya están aprobados.
El puente sobre el río Santa Cruz, paraje Charles Fuhr, a 40 km de El Calafate, de la Ruta 40
En el marco del Pacto de Reparación Federal, para cancelar deuda, el gobierno nacional ofreció a las provincias, en parte de pago, entregar bienes del Estado Nacional. “Eso quiere decir que la deuda está documentada, determinada y hay un retraso en el pago”, afirmó Verbes, y continuó: “Lo primero que hay que hacer en este caso, como se hace desde el sector público, es determinar lo que sería deuda de un lado o del otro, conciliar la misma y después llegar a un acuerdo”.

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