ARMADO DE STAFF SUB-55, JUICIO POLÍTICO TERMINADO Y VINCULACIÓN DE LA KK CON ANTONINI WILSON

En reserva, Mondino avanza en el armado de un staff sub-55
Recurre a diplomáticos con pasado en el gobierno de Cambiemos y revisa los invitados a la asunción
Jaime Rosemberg
“Solo me encargo del traspaso. No pongo ni saco embajadores, no designo gente”, se ataja Jorge Faurie, el excanciller del gobierno de Cambiemos, dedicado por estos días a ir y venir de la Casa Rosada revisando cada detalle de la asunción de Javier Milei como presidente, el ya inminente domingo 10 de diciembre.
Mientras Faurie repasa una y otra vez la lista de casi 200 mandatarios invitados oficialmente –las invitaciones empezaron a cursarse el lunes pasado–, la próxima canciller, Diana Mondino, se encarga de los invitados especiales, con énfasis en algunos que hacen ruido y despiertan sensibilidades en los vínculos bilaterales del país, como los expresidentes Donald Trump, de Estados Unidos, y Jair Bolsonaro, de Brasil.
En los borradores que van y vienen por WhatsApp entre los diplomáticos, y como anticipó está Leopoldo Sahores como número puesto para ser el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, cargo que hoy ocupa Pablo Tettamanti. Subsecretario de Asuntos Latinoamericanos durante el gobierno de Cambiemos y actual embajador en Pakistán, Sahores regresó “en comisión” al país y ya trabaja junto a Mondino. Federico Barttfeld, exembajador en Singapur y miembro de la Fundación Argentina Global, que preside el exsecretario de Asuntos Estratégicos de Macri Fulvio Pompeo, es otro de los casi confirmados; en su caso, como jefe de Gabinete de la Cancillería en reemplazo de Luciana Tito.
A cargo de la Subsecretaría de Asuntos Latinoamericanos quedaría Mariano Vergara, que trabajó con Sahores y hasta hace un mes era el embajador argentino en Armenia. Marcia Levaggi, actual embajadora en Senegal y señalada como la diplomática “que más sabe de medio ambiente”, podría ser la subsecretaria de Política Exterior, lugar en el que estaba Claudio Rozencwaig, que en septiembre encontró un nuevo destino diplomático como embajador en República Checa.
Para la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, uno de los lugares más codiciados y en el que se desempeñará hasta el 10 de diciembre Cecilia Todesca (está a cargo de la negociación UE-Mercosur), suenan Daniel Raimondi, exembajador en la OEA, y Marcelo Cima, exembajador ante la Unión Europea. “Pero puede no ser ninguno de los dos”, afirma, misterioso, un informante diplomático con conocimiento de causa.
Otros nombres que aparecen en el borrador son los de Ernesto Gáspari, exsecretario de Planificación durante el gobierno de Cambiemos; Cristina Dellepiane, jefa de gabinete de Gáspari en esa misma gestión y candidata a la siempre importante Dirección de Personal, al igual que Sergio Pérez Gunella; Marcelo Lucco, embajador en Panamá desde el final del gobierno de Cambiemos (reemplazó en su momento a Miguel del Sel en ese país); Mariana Plaza, actual ministra política en la embajada argentina en Londres, y Georgina Fernández Destéfano, actual cónsul en Washington, a quien Faurie habría recomendado para la Dirección Nacional de Ceremonial, cargo que él mismo ocupó durante la gestión de Carlos Ruckauf al frente de la Cancillería, hace más de veinte años.
Una vez resuelto el equipo, la Cancillería empezará a revisar los destinos diplomáticos. Con Daniel Scioli en su continuidad como embajador en Brasil (hubo silencio luego de las duras críticas del presidente Alberto Fernández) y Gerardo Werthein como probable embajador en Estados Unidos luego de acompañar a Milei en su paso por Washington y Nueva York, quedan aún muchos espacios vacíos por llenar. ¿Faurie a Gran Bretaña? “No busco un cargo”, contesta el exministro, y acelera el paso para continuar con la organización de la jura presidencial.

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Para la Corte Suprema, el juicio político está terminado
El oficialismo aprobó acusar a los jueces, pero en los tribunales señalan que no tiene los votos para avanzar: creen que ahora Milei forzará una votación para enterrarlo
Hernán CappielloLos miembros de la Corte, la semana pasada, con el futuro ministro, Cúneo Libarona
A pesar de que el kirchnerismo forzó la marcha y votó un dictamen para acusar a los jueces de la Corte Suprema, en el máximo tribunal dan por terminado el juicio político, ya que el oficialismo no cuenta con los votos en el recinto para impulsarlo, e imaginan que Javier Milei, como presidente, promoverá que se someta a votación el dictamen para enterrarlo formalmente.
Públicamente, Milei dijo que le parecía una barbaridad el juicio político y que si Alberto Fernández no lo terminaba él se iba a encargar de hacerlo. Por otro lado, su designado ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señaló que el juicio político era “infame” y enfatizó: “No tiene andamiaje, ni fáctico ni jurídico: es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno. Ha sido para dañarlos públicamente”.
El ministro designado visitó a la Corte, pero juran en los tribunales que no se habló de este tema, sino de los proyectos que tiene Cúneo Libarona para agilizar los procesos judiciales en marcha.
En la Corte Suprema informan que no harán comentarios sobre la decisión legislativa del martes.
No obstante, con estas señales del futuro Poder Ejecutivo, en los tribunales consideran cerrado el proceso y entienden que lo ocurrido en el Congreso dejó mensajes políticos que impactan en la Justicia.
Por un lado, porque advierten que la Corte, con sus diferencias, soportó la embestida. En un principio, cerró filas y minimizó el impacto de la iniciativa del kirchnerismo, pero luego afloraron las diferencias entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, por un lado, y Ricardo Lorenzetti, por el otro. Sobre todo, cuando se discutió la gestión de la obra social del Poder Judicial.
El proceso no interfirió en el trabajo de la Corte, que terminará el año con cerca de 9000 sentencias firmadas, adelantan.
Tras el proceso, que pretendió esmerilar a los ministros, en los tribunales interpretan que, por el contrario, la Corte quedó fortalecida.
Otro dato del juicio político es que finalmente se usaron como parte de la acusación elementos que la propia Justicia calificó de ilegales. En particular, los supuesto schatsd el teléfono del exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. De hecho, el kirchnerismo, que terminó promoviendo las acusaciones sobre la base de esos intercambios de mensajes, hoy tiene funcionarios investigados por espionaje ilegal en la causa en la que está preso el ex policía federal Ariel Zanchetta.
El juicio político –con reuniones semanales que se podían seguir a distancia porque eran transmitidas en vivo– dejó en evidencia las falencias del proceso y la improvisación de los legisladores kirchneristas a la hora de plantear un interrogatorio que, alejado de los ritos procesales, pareció un certamen de discursos políticos y chicanas, de tono altisonante y donde los testigos, algunos de ellos jueces, padecieron destratos.
En los tribunales también subrayan que en los cargos que se aprobaron contra los jueces de la Corte hay cuestionamientos al contenido de sus sentencias, lo que está prohibido e implica una violación de la independencia judicial.
El final de las audiencias dejó en evidencia otro aspecto controversial del proceso: para conseguir la mayoría de votos, el kirchnerismo tuvo que cambiar a seis integrantes de la comisión. Quedó en evidencia así que legisladores que con toda firmeza habían llevado adelante los interrogatorios a los testigos o que habían defendido con la mayor vehemencia el avance del juicio no estaban de acuerdo con firmar un dictamen acusatorio.
Los legisladores que los reemplazaron asumieron en la comisión y firmaron por lealtad partidaria: para formar opinión, debieron haber leído en un puñado de horas miles de páginas de la acusación y la transcripción de los testimonios.
“Al pertenecer a un mismo bloque, los diputados que llegaron se traspasaron el conocimiento de los 274 cuerpos del expediente y las 44.000 fojas por ósmosis”, ironizó un funcionario que lleva años trabajando en los tribunales.
Con el dictamen acusatorio aprobado, el nuevo gobierno tendrá dos caminos. Dejarlo guardado un año en un cajón, ya que esa es su vigencia parlamentaria, lo que le permitiría usarlo como un elemento de presión contra la Corte. O que Milei, apenas asuma, incluya mediante sus legisladores en el Congreso el tema en la primera sesión disponible y que se vote, de modo de rechazarlo y dar por cerrado formalmente el caso. Esa es la expectativa que existe en los tribunales.

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Un juez vinculó a Cristina con la valija de Antonini Wilson
Luis Losada señaló que es “verosímil” que los US$800.000 venezolanos estuvieran destinados a la campaña de 2007Hernán CappielloAlejandro Antonini Wilson empresario venezolano
El tribunal oral que condenó al exfuncionario kirchnerista Claudio Uberti por los US$800.000 que trajo Alejandro Antonini Wilson en un vuelo privado difundió los fundamentos de su decisión y uno de los jueces que firmaron esa sentencia entendió que “es verosímil” que ese dinero estuviera destinado a financiar la campaña electoral de Cristina Kirchner de 2007.
Quien realizó esa afirmación fue el magistrado Luis Losada, del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1, que condenó a Uberti a cuatro años y seis meses de prisión, en un fallo que firmó junto con sus colegas Diego García Berro e Ignacio Fornari el 27 de septiembre pasado. Escribieron 1344 páginas con las razones de su veredicto.
“El testimonio de Antonini Wilson en el juicio que se le siguiera a Franklin Durán [un empresario venezolano que actuó en nombre de Hugo Chávez] en los EE.UU., aun con su grado de sospecha por pertenecer a un acuerdo judicial, respecto de que tal dinero estaba destinado a financiar la campaña electoral de la candidata Cristina Elizabet Fernández de Kirchner posee un grado suficiente de verosimilitud”, dijo Losada.
En el juicio de la valija en Buenos Aires fueron absueltos el exministro Julio De Vido, que autorizó el vuelo privado pagado por Enarsa, y el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray, que no fue acusado por el fiscal Marcelo Agüero Vera. Funcionarios de la Aduana fueron condenados a penas menores.
El episodio ocurrió el 4 de agosto de 2007, cuando Antonini Wilson intentó ingresar una valija con US$790.550 en la terminal de vuelos privados del Aeroparque. Los otros pasajeros del vuelo eran Uberti, su secretaria Victoria Bereziuk (sobreseída por la Cámara Federal), el extitular de Enarsa Exequiel Espinosa, Daniel David Uzcátegui Specht, Ruth Begrends Ramírez, Nelly Cardozo Sánchez y Wilfredo Ávila Driet.
El avión aterrizó a las 2.38 de la madrugada y la policía aeroportuaria María Luján Telpuk descubrió el dinero en la valija de Antonini Wilson, que intentó justificar su carga diciendo que llevaba “libros y unos papelitos”. En ese momento, Antonini Wilson fue trasladado a una oficina donde se contó el dinero. Uzcátegui Specht fue testigo de toda la situación. El dinero quedó a resguardo y fue secuestrado, pero Antonini Wilson siguió en libertad y participó de un acto en la Casa Rosada. Luego, regresó a Miami sin problemas.
El fiscal dijo que no se probó que el dinero estuviera destinado a la campaña electoral del kirchnerismo, como señaló inicialmente la acusación, que era además por el delito de lavado de dinero.
Sin embargo, ahora el juez Losada, al escribir los fundamentos de su veredicto, dijo que fue prematuro el sobreseimiento de Bereziuk y expuso su punto de vista sobre el origen del dinero. Expresó que el ingreso se produjo días antes de una reunión entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez “en plena puja electoral por la presidencia de la Nación, donde una de las candidatas era precisamente la esposa de Kirchner”.
“Hubo una alianza estratégica en lo científico y comercial entre nuestro país y la República Bolivariana de Venezuela a partir del año 2004 y un marcado entendimiento personal entre los presidentes Kirchner y Chávez. En ese contexto, ningún sentido tiene que un empresario venezolano en nombre de la empresa estatal Pdvsa hubiera traído semejante cantidad de dólares estadounidenses (US$790.550) en una simple valija al margen de todo mecanismo de circulación bancaria justo días antes de esa reunión especial y en pleno clima electoral sin haberse pactado con anterioridad su ingreso sin trabas”, escribió.
Recordó que Antonini Wilson declaró en Estados Unidos que el dinero iba a financiar la campaña de Cristina Kirchner y destacó que los hechos que se juzgaron “se inscriben en actos de corrupción en la administración pública con capacidad suficiente como para afectar los valores elementales de una sociedad democrática”. Subrayó que a pesar de “la entidad grave de los hechos” no se presentaron como querellantes ni la Dirección Nacional de Aduanas, ni la Oficina Anticorrupción ni la Unidad de Inteligencia Financiera, y solo actuó el fiscal.

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