CHOCOLATE CULPOSO Y LA INOCENCIA DE LA GENTE DE MARÍA EUGENIA VIDAL

Chocolate: dictan preventiva a los Albini y apuntan más arriba
La Justicia quiere identificar a los responsables del fraude en la Legislatura.
Hugo Alconada MonLa La Justicia confirmó la prisión preventiva para Claudio y Facundo Albini (en la foto con Massa)
LA PLATA.– El juez de Garantías Guillermo Federico Atencio ordenó la prisión preventiva de Claudio y Facundo Albini, acusados de integrar una presunta asociación ilícita que habría esquilmado durante años las arcas públicas a través de “ñoquis” y prestanombres en la Legislatura bonaerense, pero discrepó con la Fiscalía en un punto clave. Para el magistrado, ellos no serían los jefes de esa supuesta banda criminal. Para Atencio, hay alguien más, por encima de ellos, que era el verdadero jefe y que continúa oculto.
“No me resulta razonable presumir”, planteó Atencio, que la jefatura de la banda “pudiera reducirse a un empleado de categoría inferior, a un subdirector de un área ajena al manejo de las contrataciones”, explicó en alusión a Claudio Albini, subdirector de Personal de la Legislatura. Para el magistrado, “nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos a quienes se les otorgan los módulos que posibilitan las contrataciones de quienes sin prestar servicio alguno se les concedía los derechos a la cobertura médica y al beneficio jubilatorio a cambio de la millonaria recaudación de lo que lamentablemente se naturaliza como la ‘plata de la política’”.
La resolución de ayer de Atencio conllevará tres efectos inmediatos. La primera, que tanto Claudio Albini como su hijo, el concejal platense Facundo Albini (Unión por la Patria) permanecerán alojados en la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato, en las afueras de esta ciudad, a la que fueron trasladados el 22 de noviembre pasado. La segunda, que los abogados defensores de ambos recurrirán a la Cámara de Apelaciones, donde buscarán que se elimine la acusación más grave de asociación ilícita por la menos gravosa de estafa. La tercera, que la fiscal Betina Lacki deberá avanzar ahora sobre los escalones superiores de responsabilidad criminal dentro la Legislatura bonaerense. Sea entre quienes fueron las autoridades de la Cámara de Diputados provincial durante los últimos años o entre los jefes de los bloques que callan desde que estalló el escándalo, en septiembre pasado.
Atencio basó su resolución en una larga lista de pruebas recolectadas por la fiscal Lacki durante su investigación, como el análisis del contenido del teléfono celular de Julio “Chocolate” Rigau, el informe de Migraciones sobre Claudio Albini o el detalle del Banco Provincia sobre los movimientos de las tarjetas de débito que le permitieron cifrar en al menos $800 millones el eventual perjuicio al Estado bonaerense.
La defensa de los Albini confía, sin embargo, en que la Cámara de Apelaciones cambie la calificación penal que pesa contra ambos. Para eso evalúa presentar un recurso durante los primeros días de enero y forzar una decisión durante la feria de verano que beneficie a quienes fueron dos de los principales referentes del Frente Renovador de Sergio Massa en La Plata durante los últimos años.
La fiscal Lacki afronta, por el contrario, dificultades para avanzar en la pesquisa por la renuencia que muestra la Cámara de Diputados para responder sus pedidos de informes, como expuso en el dictamen de 365 páginas que presentó la semana pasada para solicitar la prisión preventiva de los Albini.
“Al momento de la presentación del pedido”, remarcó Lacki, “resta obtener la respuesta por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en relación a los oficios oportunamente librados a ese organismo, tendientes a obtener información de interés para la presente investigación”.
En ese sentido, tanto las autoridades de la Legislatura bonaerense, como también los jefes de los principales bloques políticos, optaron por el silencio y los movimientos por debajo de la escena pública durante los últimos meses. Ni Unión por la Patria, ni Juntos por el Cambio, ni La Libertad Avanza requirieron informes sobre los resultados del supuesto sumario administrativo que se abrió tras la detención de Chocolate Rigau para determinar responsabilidades. Tampoco impulsaron medidas de transparencia interna ni requirieron precisiones en el recinto sobre lo ocurrido.
Ahora, sin embargo, la resolución del juez Atencio centró el foco sobre quien presidió la Cámara hasta el 10 de diciembre, Federico Otermín (alfil de Martín Insaurralde), y los entonces vicepresidentes Adrián Urreli (Juntos por el Cambio), Carlos “Cuto” Moreno (kirchnerista), Rubén “Turco” Eslaiman (massista) y Fabián Perechodnik (Juntos por el Cambio), al igual que en los jefes de los bloques Frente de Todos, César Valicenti, y la UCR, Maximiliano Abad.
Solo Eslaiman accedió a dialogar con el 23 de noviembre pasado, cuando competía por suceder a Otermín al frente de la Cámara baja, pero veía escabullir sus oportunidades por el escándalo. “Esto es una operación para sacarme de la cancha”, afirmó. “Es una operación para que yo no llegue a ser el nuevo presidente de la Cámara de Diputados”, insistió, aunque juró repetidas veces que ignoraba quién podría estar detrás de esa supuesta operación y se apegó a su jefe, Sergio Massa, quien cuatro días antes había perdido el balotaje por la Casa Rosada frente a Javier Milei.
“Yo no sé nada sobre manejos de dinero”, remarcó Eslaiman, a pesar de que múltiples diputados, funcionarios de carrera y empleados de la Legislatura lo señalan, bajo reserva de sus nombres, como un eslabón clave en el desvío de fondos públicos. “No tengo idea sobre todo eso”, dijo, “me pasé los últimos tres meses, de sol a sol, abocado a la campaña presidencial, al lado de Malena [Galmarini], trabajando para Sergio, y solo me enteré de lo que estaba pasando cuando me avisaron que querían pegotearme con todo esto y lo hablé con Sergio, que me dijo que no me preocupara, que ese no era asunto mío”.
La fiscal Lacki buscará, además, avanzar sobre los otros “chocolates” que detectó durante su investigación. Ya acumuló evidencias de que Rigau no fue el único que fatigó los cajeros automáticos de esta capital para extraer dinero de decenas de tarjetas de débito. Detalló que se cruzó y saludó con una mujer que gestionaba 17 tarjetas y con un hombre que tenía 16 durante las madrugadas del 11, 17 y 18 de agosto, como también del 5 de septiembre.
Apoyada en videos de las cámaras de seguridad del Banco Provincia que muestran a esa mujer y a ese hombre de espaldas, Lacki consideró probada “la existencia de una operatoria que incluye más miembros, aunque hasta el momento no se encuentren identificadas, pero que sin lugar a dudas permite sostener, como ya lo hiciera Vuestra Señoría [por el juez Atencio] que ‘con el devenir de la pesquisa, se llegará a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia’”.

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“Gestapo sindical”: falta de mérito para todos los acusados
La decisión del juez Martínez de Giorgi benefició a exfuncionarios de Vidal, exdirectivos de la AFI y empresarios platenses

Candela Ini
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó la falta de mérito de todos los involucrados en la causa conocida como “Gestapo sindical”, en la que se investigaba la reunión en la sede porteña del Banco Provincia entre empresarios de la construcción, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y exfuncionarios de la gestión de María Eugenia Vidal. Los involucrados ya habían sido procesados en La Plata, un fallo revocado por la Cámara Federal, en Comodoro Py. La decisión de Martínez de Giorgi fue apelada por el fiscal del caso, Franco Picardi.
Después de una serie de medidas de prueba, Martínez de Giorgi consideró que no hay elementos suficientes para dictar nuevos procesamientos. Se investiga en esta causa a exfuncionarios de Cambiemos por haber coordinado con empresarios el armado de causas judiciales para avanzar contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, que por entonces era el líder de la Uocra platense, a quien señalaban por aprietes y extorsiones.
Quienes recibieron la falta de mérito ayer son el exministro de Trabajo del gobierno de Vidal Marcelo Villegas, el exintendente de La Plata Julio Garro, el exsenador bonaerense Juan Pablo Allan, el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi y los exfuncionarios de la AFI Darío Biorci y Juan Sebastián de Stéfano, además de los empresarios Marcelo Jaworski, Ricardo Alconada Magliano, Guillermo Federico Moretto, Jorge Oscar del Río, Fabián Rolando Cusini y Bernardo Zaslascky.
Además de dictar las faltas de mérito, Martínez de Giorgi ordenó nuevas declaraciones testimoniales, así como también un análisis de las causas contra el Pata Medina.
Esta causa fue iniciada por una denuncia de Cristina Caamaño, nombrada interventora de la AFI por el entonces presidente Alberto Fernández. Caamaño denunció la existencia de la reunión en los tribunales federales de La Plata.
Inicialmente, el caso fue tramitado los tribunales federales de La Plata. Allí, el juez federal Ernesto Kreplak tomó las primeras medidas de prueba y dictó los procesamientos. Los acusados buscaron, desde que surgió la denuncia, que el caso fuera tramitado en los tribunales federales de la Capital Federal, en Comodoro Py. Después de que lograron la mudanza del expediente, sus procesamientos fueron revocados en agosto pasado por la Cámara Federal, con los votos de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. En disidencia se pronunció Eduardo Farah. La Cámara le había encomendado a Martínez de Giorgi pronunciarse sobre el caso nuevamente, lo que motivó este nuevo fallo.
“Gestapo”
El caso se inició el 27 de diciembre de 2021, cuando Caamaño denunció haber encontrado una serie de archivos audiovisuales en las oficinas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Entre esos archivos presentó videos de una reunión realizada en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires el 15 de junio de 2017. De ese encuentro participaron, además de los exfuncionarios bonaerenses y de la AFI, empresarios que se quejaban desde hacía tiempo de las presuntas extorsiones a las que los sometía Medina y sostenían que durante el kirchnerismo no habían tenido respuesta a sus reclamos. Los implicados en esta causa denunciaron la ilegalidad de la filmación que dio origen al caso.
En uno de esos videos se ve a Villegas decir: “Creeme que si yo pudiera tener –y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte–, si yo pidiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. La Gestapo fue la policía secreta de la Alemania nazi.
En ese encuentro, Villegas explicitó además un plan de acción contra Medina. “El esquema es el siguiente: nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial, esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista más que laboral de amenaza (...). Se impulsa con testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando”, dijo. Villegas les pidió a los empresarios que sus “instituciones” hicieran “presentaciones” para poder darle “volumen” a una “instancia judicial” y les dijo que a partir de eso intervendría “la fiscal, con todo el soporte de la Procuración General”.

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