El Gobierno acumuló 1100 denuncias por irregularidades en el manejo de planes sociales
Seguridad ratificará hoy las presentaciones por presunta extorsión y fraude al Estado; estiman que la auditoría demandará tres meses
Cecilia Devanna
Con una auditoría a punto de arrancar para determinar la situación actual alrededor de los planes sociales y con la mira puesta en desplazar a los intermediarios entre el Estado y los beneficiarios, el oficialismo cifra parte de sus expectativas en lo que pasará en los tribunales federales de Comodoro Py. Allí se radicó, a fines de la última semana, la denuncia por los delitos de extorsión y defraudación al Estado en torno al manejo de planes sociales, y en base a los reclamos recibidos a través de la línea 134.
Esa vía de comunicación, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, fue dispuesta por el Gobierno para que quienes sufren amenazas, aprietes o extorsiones puedan denunciarlos. Hasta ayer ya se habían recibido más de 20.000 llamados en menos de una semana, según la información dada a conocer por el Gobierno.
De esas comunicaciones, para el Poder Ejecutivo, hay al menos 1100 denuncias que encajan en los delitos señalados. De acuerdo a fuentes gubernamentales, quienes se comunicaron relataron mecanismos de extorsión de diferentes organizaciones, como pedidos de dinero cada vez que cobran los planes, multas de 7000 u 8000 pesos para quienes no asistan a los cortes o marchas y amenazas de dar de bajas sus planes si no asisten a determinadas convocatorias, entre otros hechos.
La denuncia realizada por la cartera de Seguridad recayó por sorteo en el juzgado federal de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita, a cuyo despacho llegó el caso a última hora del viernes pasado. A partir de ayer, cuando se reanudó la actividad judicial, Pollicita y su equipo empezaron a analizar el caso, en tanto que para hoy está prevista la ratificación de la denuncia por parte de los representantes legales del Ministerio de Seguridad. Junto a la ratificación, según pudo saber los funcionarios acercarán el material sobre el que trabajaron desde que empezaron a recibir las denuncias.
Eso incluye la lista de 32 personas, identificadas con nombre y apellido por los denunciantes, y que en breve, se descuenta, empezarán a ser investigadas por la Justicia. Muchas de esas personas fueron denunciadas por beneficiarios de planes sociales que dieron su identidad cuando se comunicaron con la línea 134; pero la mayoría aportó los datos de forma anónima. Las identidades de todos, denunciados y denunciantes, permanecen bajo reserva tanto para resguardar la investigación como la integridad de quienes dieron el testimonio y que en los próximos días se espera que empiecen a recibir “acompañamiento” desde la cartera de Capital Humano.
En base al material recabado a partir de los testimonios de quienes se comunicaban con la línea 134, el Ministerio de Seguridad georreferenció las denuncias por las zonas a las que aludían los denunciantes. También agrupó de manera general el material recibido y lo complementó con “informaciones de fuentes abiertas”, afirmaron. La mayoría de los denunciados, agregaron, pertenecen a distintas agrupaciones barriales que despliegan actividades de tipo social o políticas. Ese material es el que se aportará a la Justicia, junto con la información que siga recibiendo el Gobierno en los días sucesivos.
En la Casa Rosada creen que se empezó a dar una lógica distinta de la que imperaba. “Donde el control lo lleva el Estado y no los intermediarios, y que esas personas carecerán de autoridad para decidir sobre las personas que reciben los planes”, sostienen. Afirman que eso se pudo apreciar durante la marcha del marcha piquetera del miércoles pasado, cuando bajó drásticamente el número de asistentes luego de las advertencia que lanzó el Gobierno.
La advertencia de la ministra
El lunes 18, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dio su primer mensaje público. En poco más de dos minutos dejó varias definiciones. La primera, en línea con lo dicho por el presidente Javier Milei, fue que “el que corta, no cobra”, en referencia a la participación de beneficiarios de planes sociales en las protestas callejeras. También dio por hecho que el nuevo gobierno pondrá fin a los intermediarios y confirmó que se realizará una auditoría sodel bre los planes sociales existentes. Esa auditoría, tal como contó este fin de semana, comenzará a darse a partir del 1° de enero y se espera que dure tres meses. La mira del Gobierno está puesta en el plan Potenciar Trabajo, un programa de cooperativas barriales creado en 2009 por el kirchnerismo y que fue extendiéndose en la cantidad de beneficiarios durante las presidencias de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Durante la gestión de Alberto Fernández ser realizó una auditoría y se dio de baja a unos 100 beneficiarios. Actualmente, el Potenciar Trabajo alcanza a 1.200.000 personas y no está en los planes del Gobierno extender esa cobertura, más allá del impacto de las políticas de ajuste y la inflación durante los próximos meses.
El primer paso de esa auditoría demandaría que cada beneficiario de planes sociales complete o actualice sus datos y los de su núcleo familiar. Luego se pasaría a la etapa de análisis y entrecruzamiento de las bases de datos. Para eso, en el Gobierno prevén usar como eje central la información de la Anses, para cruzarla con la de otros organismos. Por ese motivo está prevista una reunión operativa entre Pablo de la Torre, Secretario de Niñez y Familia en Capital Humano, y el titular de la Anses, Osvaldo Giordano.
En lo inmediato, y en vista de esperar los resultados que arroje la auditoría, se espera que el Gobierno prorrogue la decisión de Sergio Massa, cuando aún estaba al frente del Palacio de Hacienda, de pasar los planes a la órbita del entonces Ministerio de Trabajo, hoy convertido en secretaría y ubicado dentro de la órbita de Capital Humano.
Los libertarios tienen en carpeta la idea de, sobre la base de la auditoría, hacer una segmentación de los planes de acuerdo con los perfiles de los beneficiarios y agruparlos bajo las órbitas de diferentes secretarías. De este modo, el actual Plan Potenciar Trabajo desaparecería como tal y tendría nuevos nombres y características.
“Hoy se está a ciegas. Hay que auditar y ver dónde estamos parados”, reconocen en el Gobierno sobre el tema. De momento, aducen que el 80% de los planes está en manos de organizaciones, a las que esperan remover como intermediarias.
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El DNU suma rechazos en la Justicia y un sindicato denunciará al Presidente
En menos de una semana, el decreto de Milei motivó al menos cuatro planteos judiciales; ATE, el gremio de estatales, inició una demanda
Con una auditoría a punto de arrancar para determinar la situación actual alrededor de los planes sociales y con la mira puesta en desplazar a los intermediarios entre el Estado y los beneficiarios, el oficialismo cifra parte de sus expectativas en lo que pasará en los tribunales federales de Comodoro Py. Allí se radicó, a fines de la última semana, la denuncia por los delitos de extorsión y defraudación al Estado en torno al manejo de planes sociales, y en base a los reclamos recibidos a través de la línea 134.
Esa vía de comunicación, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, fue dispuesta por el Gobierno para que quienes sufren amenazas, aprietes o extorsiones puedan denunciarlos. Hasta ayer ya se habían recibido más de 20.000 llamados en menos de una semana, según la información dada a conocer por el Gobierno.
De esas comunicaciones, para el Poder Ejecutivo, hay al menos 1100 denuncias que encajan en los delitos señalados. De acuerdo a fuentes gubernamentales, quienes se comunicaron relataron mecanismos de extorsión de diferentes organizaciones, como pedidos de dinero cada vez que cobran los planes, multas de 7000 u 8000 pesos para quienes no asistan a los cortes o marchas y amenazas de dar de bajas sus planes si no asisten a determinadas convocatorias, entre otros hechos.
La denuncia realizada por la cartera de Seguridad recayó por sorteo en el juzgado federal de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita, a cuyo despacho llegó el caso a última hora del viernes pasado. A partir de ayer, cuando se reanudó la actividad judicial, Pollicita y su equipo empezaron a analizar el caso, en tanto que para hoy está prevista la ratificación de la denuncia por parte de los representantes legales del Ministerio de Seguridad. Junto a la ratificación, según pudo saber los funcionarios acercarán el material sobre el que trabajaron desde que empezaron a recibir las denuncias.
Eso incluye la lista de 32 personas, identificadas con nombre y apellido por los denunciantes, y que en breve, se descuenta, empezarán a ser investigadas por la Justicia. Muchas de esas personas fueron denunciadas por beneficiarios de planes sociales que dieron su identidad cuando se comunicaron con la línea 134; pero la mayoría aportó los datos de forma anónima. Las identidades de todos, denunciados y denunciantes, permanecen bajo reserva tanto para resguardar la investigación como la integridad de quienes dieron el testimonio y que en los próximos días se espera que empiecen a recibir “acompañamiento” desde la cartera de Capital Humano.
En base al material recabado a partir de los testimonios de quienes se comunicaban con la línea 134, el Ministerio de Seguridad georreferenció las denuncias por las zonas a las que aludían los denunciantes. También agrupó de manera general el material recibido y lo complementó con “informaciones de fuentes abiertas”, afirmaron. La mayoría de los denunciados, agregaron, pertenecen a distintas agrupaciones barriales que despliegan actividades de tipo social o políticas. Ese material es el que se aportará a la Justicia, junto con la información que siga recibiendo el Gobierno en los días sucesivos.
En la Casa Rosada creen que se empezó a dar una lógica distinta de la que imperaba. “Donde el control lo lleva el Estado y no los intermediarios, y que esas personas carecerán de autoridad para decidir sobre las personas que reciben los planes”, sostienen. Afirman que eso se pudo apreciar durante la marcha del marcha piquetera del miércoles pasado, cuando bajó drásticamente el número de asistentes luego de las advertencia que lanzó el Gobierno.
La advertencia de la ministra
El lunes 18, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dio su primer mensaje público. En poco más de dos minutos dejó varias definiciones. La primera, en línea con lo dicho por el presidente Javier Milei, fue que “el que corta, no cobra”, en referencia a la participación de beneficiarios de planes sociales en las protestas callejeras. También dio por hecho que el nuevo gobierno pondrá fin a los intermediarios y confirmó que se realizará una auditoría sodel bre los planes sociales existentes. Esa auditoría, tal como contó este fin de semana, comenzará a darse a partir del 1° de enero y se espera que dure tres meses. La mira del Gobierno está puesta en el plan Potenciar Trabajo, un programa de cooperativas barriales creado en 2009 por el kirchnerismo y que fue extendiéndose en la cantidad de beneficiarios durante las presidencias de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Durante la gestión de Alberto Fernández ser realizó una auditoría y se dio de baja a unos 100 beneficiarios. Actualmente, el Potenciar Trabajo alcanza a 1.200.000 personas y no está en los planes del Gobierno extender esa cobertura, más allá del impacto de las políticas de ajuste y la inflación durante los próximos meses.
El primer paso de esa auditoría demandaría que cada beneficiario de planes sociales complete o actualice sus datos y los de su núcleo familiar. Luego se pasaría a la etapa de análisis y entrecruzamiento de las bases de datos. Para eso, en el Gobierno prevén usar como eje central la información de la Anses, para cruzarla con la de otros organismos. Por ese motivo está prevista una reunión operativa entre Pablo de la Torre, Secretario de Niñez y Familia en Capital Humano, y el titular de la Anses, Osvaldo Giordano.
En lo inmediato, y en vista de esperar los resultados que arroje la auditoría, se espera que el Gobierno prorrogue la decisión de Sergio Massa, cuando aún estaba al frente del Palacio de Hacienda, de pasar los planes a la órbita del entonces Ministerio de Trabajo, hoy convertido en secretaría y ubicado dentro de la órbita de Capital Humano.
Los libertarios tienen en carpeta la idea de, sobre la base de la auditoría, hacer una segmentación de los planes de acuerdo con los perfiles de los beneficiarios y agruparlos bajo las órbitas de diferentes secretarías. De este modo, el actual Plan Potenciar Trabajo desaparecería como tal y tendría nuevos nombres y características.
“Hoy se está a ciegas. Hay que auditar y ver dónde estamos parados”, reconocen en el Gobierno sobre el tema. De momento, aducen que el 80% de los planes está en manos de organizaciones, a las que esperan remover como intermediarias.
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El DNU suma rechazos en la Justicia y un sindicato denunciará al Presidente
En menos de una semana, el decreto de Milei motivó al menos cuatro planteos judiciales; ATE, el gremio de estatales, inició una demanda
Candela Ini
Los tribunales en lo contencioso administrativo ya tramitan al menos cuatro planteos judiciales contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei con drásticas derogaciones de leyes y una impronta desregulatoria. A los dos que fueron formulados la semana pasada, presentados por una asociación civil y un conjunto de dirigentes sindicales el primero, y otro por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, se sumaron ayer cinco más: una acción de amparo colectiva que presentaron el abogado Jorge Rizzo y su agrupación, Gente de Derecho, otra iniciada por la asociación Por un Hogar en Argentina y tres por ciudadanos particulares. Todos piden que sea dejado sin efecto el megadecreto y que sea declarada su inconstitucionalidad.
El juez federal Esteban Furnari, que recibió el primer planteo, admitió tratarlo como proceso colectivo. Eso no implica que se haya pronunciado sobre la admisibilidad del recurso. Como un proceso colectivo concentra todos los casos en uno solo, eventualmente todos los amparos colectivos presentados contra el DNU serán tratados por Furnari, salvo que él sea recusado por alguno de los demandantes y esa recusación se vuelva efectiva. Aun así, aunque él concentre todos los casos, las medidas cautelares sí podrían ser dictadas por otros jueces.
La primera entidad que demandó al Estado y motivó la apertura de este proceso es la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad. La presentación señala que “el decreto viola los principios de división de poderes, el bicameralismo establecido en nuestro régimen constitucional, los principios democráticos y de corrección funcional que informan todo el texto constitucional”.
Esta demanda también llevó la firma del economista y exdirector del Banco Nación Claudio Lozano. Sumaron sus firmas, además, los dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Hugo “Cachorro” Godoy y Rodolfo Aguiar. Sostuvieron que el DNU de Milei viola derechos constitucionales. Aguiar, además, anunció ayer la presentación de una denuncia penal contra Milei y “todos los involucrados en el DNU” por abuso de autoridad, entre otros delitos.
En simultáneo, otra de las demandas, la presentada por el constitucionalista Gil Domínguez la semana pasada, todavía no tiene un juez definitivo. Por sorteo le tocó el viernes pasado al juez Pablo Cayssials, pero ayer Gil Domínguez lo recusó sin causa y entonces el juez envió el caso a la Cámara de Apelaciones para que el expediente sea sorteado nuevamente. Cayssials fue sobreseído la semana pasada por el juez federal Sebastián Ramos en la causa penal por el viaje que realizó junto a otros jueces federales, funcionarios de la Ciudad y directivos de Clarín a Lago Escondido.
Además de recusar al juez, Gil Domínguez aludió al derecho de exclusión de clase y pidió ser excluido del grupo del amparo de Furnari, para que su demanda –que hizo en carácter de ciudadano– tramite por separado. Y sostuvo que la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad es un proceso constitucional totalmente distinto a la acción de amparo colectivo. “El objeto de la presente ADI es más amplio respecto de la normativa constitucionalmente impugnada que el objeto de la acción de amparo colectivo”, indicó. En lo sustancial de su demanda, el abogado pidió que se declare la “inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable” del DNU, y que se haga lugar a la medida cautelar con la habilitación de días y horas inhábiles. Entre la cantidad de elementos que fundamentan su demanda, Gil Domínguez dijo que el DNU tiene “el objeto de realizar una reforma constitucional indirecta o encubierta por fuera del mecanismo previsto por la Constitución argentina”.
Medida de no innovar
En su presentación de ayer, el abogado Rizzo solicita que se declare “la inconstitucionalidad integral del decreto Nº 70 de 2023” al considerar que “comporta una inexcusable violación del orden jurídico constitucional”. Pero, además, solicita que se conceda la medida de “no innovar”, que impediría que elDNU de Milei sea aplicable a partir del 29 de diciembre y hasta que la Justicia resuelva.
La demanda, a la que accedió plantea que el megadecreto quebranta “principios constitucionales superiores, tales como el respeto a la división de poderes, la forma republicana de gobierno y la división tripartita del Poder Constituido, pudiendo generarse una severa crisis institucional al avanzar sobre materias que pertenecen, de manera exclusiva al Congreso”.
“No existe una situación de excepción sobreviniente que justifique eliminar el canal legislativo. Un cambio de gobierno no es razón suficiente ni tampoco se puede justificar con la crisis económica actual. Bajo este criterio, habilitaríamos a que cada cuatro años, un nuevo gobierno dicte su propio DNU dejando obsoleto a uno de los poderes”, aseguró Rizzo, expresidente del Colegio Público de la Abogacía.
“Si esto se convalida pueden decretar el traspaso de la Justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. Pueden decretar que las vacantes que están en la Corte sean puestas por decreto. Puede ser cualquier cosa y mañana pueden seguir haciendo todo por DNU”, agregó Rizzo, en diálogo con Télam.
Denuncia penal
En paralelo con las acciones de amparo presentadas en los tribunales en lo contencioso administrativo, el secretario general de ATE, el kirchnerista Rodolfo Aguiar, anunció ayer que el sindicato denunciará penalmente a Milei y a “todos los involucrados” en la elaboración del megadecreto.
“Desde ATE hemos decidido denunciar penalmente al presidente Milei y a todos los involucrados en el DNU”, informó Aguiar en su cuenta de la plataforma X. El dirigente gremial sostuvo que la denuncia penal es por “la comisión de varios delitos” y mencionó el de abuso de autoridad y la usurpación de autoridad enmarcados en el Código Penal.
Añadió el “delito tipificado en el artículo 29 de la Constitución que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al Presidente en una posición de supremacía”.
“La ley penal vigente en nuestro país castiga a todo funcionario que dicte una resolución contraria a la Constitución y las leyes. En este caso, la conducta tanto del Presidente como de todas aquellas personas involucradas en la redacción del DNU se encuentran encuadrados en este accionar”, remarcó Aguiar.
“Por más que se trate del Presidente, no puede arrogarse facultades extraordinarias o pretender la suma del poder público. Y es por eso que, bajo el convencimiento que las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo que están afectando a toda la ciudadanía son ilegales, hemos decidido hacer esta presentación”, cerró. La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 a cargo de Sebastián Ramos
Críticas y defensas
◗ Los cuestionamientos
Constitucionalistas de distintas extracciones políticas consideran que el Gobierno se extralimitó y avanzó sobre facultades privativas del Congreso porque la Constitución dice que el Presidente “no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” y que “solamente” podrá dictar un DNU “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos”. Sostienen que no había tal imposibilidad del Congreso para debatir las reformas.
◗ Los argumentos
El ministro de Justicia, Rodolfo Barra, consideró indiscutible que existe una situación de “emergencia”. “Cualquiera que vive en la Argentina lo sabe, diciembre va a tener un 25% de inflación. Tratar de justificar que estamos en una situación de urgencia es algo que parece banal, se necesita tomar medidas urgentes que no pueden esperar a que sancionen las leyes”, argumentó Barra, en referencia al DNU.
El juez federal Esteban Furnari, que recibió el primer planteo, admitió tratarlo como proceso colectivo. Eso no implica que se haya pronunciado sobre la admisibilidad del recurso. Como un proceso colectivo concentra todos los casos en uno solo, eventualmente todos los amparos colectivos presentados contra el DNU serán tratados por Furnari, salvo que él sea recusado por alguno de los demandantes y esa recusación se vuelva efectiva. Aun así, aunque él concentre todos los casos, las medidas cautelares sí podrían ser dictadas por otros jueces.
La primera entidad que demandó al Estado y motivó la apertura de este proceso es la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad. La presentación señala que “el decreto viola los principios de división de poderes, el bicameralismo establecido en nuestro régimen constitucional, los principios democráticos y de corrección funcional que informan todo el texto constitucional”.
Esta demanda también llevó la firma del economista y exdirector del Banco Nación Claudio Lozano. Sumaron sus firmas, además, los dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Hugo “Cachorro” Godoy y Rodolfo Aguiar. Sostuvieron que el DNU de Milei viola derechos constitucionales. Aguiar, además, anunció ayer la presentación de una denuncia penal contra Milei y “todos los involucrados en el DNU” por abuso de autoridad, entre otros delitos.
En simultáneo, otra de las demandas, la presentada por el constitucionalista Gil Domínguez la semana pasada, todavía no tiene un juez definitivo. Por sorteo le tocó el viernes pasado al juez Pablo Cayssials, pero ayer Gil Domínguez lo recusó sin causa y entonces el juez envió el caso a la Cámara de Apelaciones para que el expediente sea sorteado nuevamente. Cayssials fue sobreseído la semana pasada por el juez federal Sebastián Ramos en la causa penal por el viaje que realizó junto a otros jueces federales, funcionarios de la Ciudad y directivos de Clarín a Lago Escondido.
Además de recusar al juez, Gil Domínguez aludió al derecho de exclusión de clase y pidió ser excluido del grupo del amparo de Furnari, para que su demanda –que hizo en carácter de ciudadano– tramite por separado. Y sostuvo que la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad es un proceso constitucional totalmente distinto a la acción de amparo colectivo. “El objeto de la presente ADI es más amplio respecto de la normativa constitucionalmente impugnada que el objeto de la acción de amparo colectivo”, indicó. En lo sustancial de su demanda, el abogado pidió que se declare la “inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable” del DNU, y que se haga lugar a la medida cautelar con la habilitación de días y horas inhábiles. Entre la cantidad de elementos que fundamentan su demanda, Gil Domínguez dijo que el DNU tiene “el objeto de realizar una reforma constitucional indirecta o encubierta por fuera del mecanismo previsto por la Constitución argentina”.
Medida de no innovar
En su presentación de ayer, el abogado Rizzo solicita que se declare “la inconstitucionalidad integral del decreto Nº 70 de 2023” al considerar que “comporta una inexcusable violación del orden jurídico constitucional”. Pero, además, solicita que se conceda la medida de “no innovar”, que impediría que elDNU de Milei sea aplicable a partir del 29 de diciembre y hasta que la Justicia resuelva.
La demanda, a la que accedió plantea que el megadecreto quebranta “principios constitucionales superiores, tales como el respeto a la división de poderes, la forma republicana de gobierno y la división tripartita del Poder Constituido, pudiendo generarse una severa crisis institucional al avanzar sobre materias que pertenecen, de manera exclusiva al Congreso”.
“No existe una situación de excepción sobreviniente que justifique eliminar el canal legislativo. Un cambio de gobierno no es razón suficiente ni tampoco se puede justificar con la crisis económica actual. Bajo este criterio, habilitaríamos a que cada cuatro años, un nuevo gobierno dicte su propio DNU dejando obsoleto a uno de los poderes”, aseguró Rizzo, expresidente del Colegio Público de la Abogacía.
“Si esto se convalida pueden decretar el traspaso de la Justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. Pueden decretar que las vacantes que están en la Corte sean puestas por decreto. Puede ser cualquier cosa y mañana pueden seguir haciendo todo por DNU”, agregó Rizzo, en diálogo con Télam.
Denuncia penal
En paralelo con las acciones de amparo presentadas en los tribunales en lo contencioso administrativo, el secretario general de ATE, el kirchnerista Rodolfo Aguiar, anunció ayer que el sindicato denunciará penalmente a Milei y a “todos los involucrados” en la elaboración del megadecreto.
“Desde ATE hemos decidido denunciar penalmente al presidente Milei y a todos los involucrados en el DNU”, informó Aguiar en su cuenta de la plataforma X. El dirigente gremial sostuvo que la denuncia penal es por “la comisión de varios delitos” y mencionó el de abuso de autoridad y la usurpación de autoridad enmarcados en el Código Penal.
Añadió el “delito tipificado en el artículo 29 de la Constitución que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al Presidente en una posición de supremacía”.
“La ley penal vigente en nuestro país castiga a todo funcionario que dicte una resolución contraria a la Constitución y las leyes. En este caso, la conducta tanto del Presidente como de todas aquellas personas involucradas en la redacción del DNU se encuentran encuadrados en este accionar”, remarcó Aguiar.
“Por más que se trate del Presidente, no puede arrogarse facultades extraordinarias o pretender la suma del poder público. Y es por eso que, bajo el convencimiento que las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo que están afectando a toda la ciudadanía son ilegales, hemos decidido hacer esta presentación”, cerró. La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 a cargo de Sebastián Ramos
Críticas y defensas
◗ Los cuestionamientos
Constitucionalistas de distintas extracciones políticas consideran que el Gobierno se extralimitó y avanzó sobre facultades privativas del Congreso porque la Constitución dice que el Presidente “no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” y que “solamente” podrá dictar un DNU “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos”. Sostienen que no había tal imposibilidad del Congreso para debatir las reformas.
◗ Los argumentos
El ministro de Justicia, Rodolfo Barra, consideró indiscutible que existe una situación de “emergencia”. “Cualquiera que vive en la Argentina lo sabe, diciembre va a tener un 25% de inflación. Tratar de justificar que estamos en una situación de urgencia es algo que parece banal, se necesita tomar medidas urgentes que no pueden esperar a que sancionen las leyes”, argumentó Barra, en referencia al DNU.
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