Impulsan privatizaciones, reforma electoral y límites a las protestas
Milei envió al Congreso un enorme paquete de reformas: son 664 artículos que incluyen desde una nueva estructura del Estado hasta cambios en el Código Penal, en los sistemas de salud y educación, y en la forma de elegir diputados
Laura Serra
Martín Menem, titular de la Cámara baja, recibe el Megaproyecto
El Gobierno presentó ayer ante el Congreso un ambicioso proyecto de ley ómnibus que modifica 664 artículos, deroga leyes y contiene amplias delegaciones legislativas de emergencia al Poder Ejecutivo en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años.
En el primer artículo de la “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” establece que su objeto es “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.
El proyecto abre la puerta para la privatización de 41 empresas públicas, además de un blanqueo laboral y de capitales. También apunta a una reformulación del sistema político argentino: deroga las PASO y propone un sistema de circunscripción uninominal que modifica la forma de elección de los diputados. Además, propone nuevos controles a las manifestaciones callejeras y agrava las penas por los cortes de calles, que contemplan que los piqueteros puedan tener un castigo de prisión efectiva. Y en materia judicial dispone el traspaso de los juzgados nacionales a la Ciudad.
BLANQUEO
Habilita la declaración de hasta 100.000 dólares en efectivo sin pagar impuestos.
JUBILACIONES
Suspende la fórmula de movilidad previsional y autoriza al Ejecutivo a establecer aumentos por decreto.
PRIVATIZACIONES
Otorga facultades al Ejecutivo para privatizar 41 empresas y organismos, entre ellos, YPF, Aerolíneas Argentinas, AySA, el Banco Nación, Télam, la TV Pública y Radio Nacional.
IMPUESTOS
Habilita la suba y baja de retenciones por decreto; propone una moratoria por deudas con la AFIP y rebajas progresivas en Bienes Personales.
SEGURIDAD
Agrava penas por resistencia a la autoridad y amplía la figura de la legítima defensa.
PROTESTAS
Obliga a pedir autorización para movilizaciones callejeras y prevé penas de prisión efectiva por cortes de rutas o de calles.
SISTEMA ELECTORAL
Elimina las PASO y crea un nuevo sistema de elección de diputados nacionales por “circunscripción uninominal”; se suma al reemplazo de la lista sábana por la boleta única de papel.
EDUCACIÓN
Propone un examen final obligatorio para todos los estudiantes secundarios, y habilita a las universidades a cobrar un arancel a extranjeros no residentes.
SALUD
Modifica la ley de salud mental y permite en más casos la internación involuntaria.
EMPLEO
Prevé estímulos para el blanqueo de trabajadores no registrados.
DIVORCIO
Habilita un sistema exprés para disolver el vínculo matrimonial sin la intervención de jueces ni abogados.
En nombre del Poder Ejecutivo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, entregó ayer al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un ambicioso proyecto de ley “ómnibus” que, en sus 664 artículos, contiene amplias delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años, con la posibilidad de prorrogar este plazo por otros dos años más, es decir, hasta la finalización del mandato de Javier Milei.
No solo eso: en sus disposiciones finales, el Poder Ejecutivo requiere que, además, el Congreso le apruebe el megadecreto de necesidad y urgencia 70/23 –con sus 366 artículos– que dictó la semana pasada el presidente Javier Milei para desregular la economía. Pese a las críticas que cosechó esta medida en los bloques opositores, el presidente Milei redobló la apuesta y ahora pretende, con este proyecto de ley ómnibus, que los legisladores le deleguen facultades en casi todas las áreas de la administración pública, lo que, a juicio de la oposición, implicaría una claudicación de las potestades parlamentarias.
Por si fuera poco, Milei reclama celeridad. Al convocar a sesiones extraordinarias del Congreso fijó que este período se extienda solo hasta el 31 de enero. “La emergencia en la que se encuentra el país no permite que perdamos tiempo. La semana próxima, una vez constituidas las comisiones, empezaremos el debate”, anticipó Menem.
En el primer artículo de la ley “ómnibus” enviada al Congreso –denominada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”– establece que su objeto es “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.
El proyecto está dividido en varios capítulos y modifica medio centenar de leyes. Es tan exhaustivo y ambicioso que incluso propone una reformulación copernicana del sistema político argentino. Además de la derogación de la ley de primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), propone el sistema de circunscripciones uninominales para la elección de los diputados nacionales en reemplazo del actual sistema plurinominal. Esto significa que en cada elección legislativa se pone en juego una sola banca por circunscripción, lo que favorece a la fuerza política que más votos consigue y restringe el acceso a segundas y terceras fuerzas, que se quedarían sin representación.
En esta lógica, el proyecto del Poder Ejecutivo dispone una reestructuración de la Cámara de Diputados: con esta ley, de ser aprobada, el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000. Con este nuevo paradigma electoral, Milei buscaría acelerar los tiempos para alcanzar en dos años la mayoría en la Cámara baja, siempre que replique en las próximas elecciones legislativas el triunfo obtenido este año. Con el actual sistema plurinominal ese objetivo sería de muy largo aliento
Otro punto polémico –que genera resistencia en la mayoría de los bloques legislativos– es la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020. Si bien el Poder Ejecutivo “podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, el proyecto no indica cuál sería la periodicidad.
Además, el Gobierno pretende que se lo faculte a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. La iniciativa no establece plazos.
Hay más en materia previsional. El Gobierno pretende, además, que se giren al Tesoro Nacional los recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, actualmente en resguardo de la Anses. Según este organismo oficial, en noviembre pasado este fondo alcanzó el mayor valor en su historia con 76.000 millones de dólares.
Por otra parte, el proyecto incluye un amplio régimen de regularización de activos, el cual estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2024. Permitirá regularizar hasta US$100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos. Superado ese monto se impondrá una escala de alícuotas que va desde el 5% hasta el 15% sobre el excedente según en qué momento se adhiera el contribuyente a la regulación.
En paralelo, el Gobierno propone una generosa moratoria para deudas contraídas por particulares y empresas por obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social. En todos los casos se habla de obligaciones vencidas hasta el 30 de noviembre de 2023 y establece un periodo de adhesión voluntaria de hasta 150 días corridos desde la sanción de la norma.
La iniciativa, además, avanza en otra de las consignas de campaña de Milei: la privatización de empresas y sociedades del Estado o con mayoría estatal. Entre ellas figuran: YPF, Administración General de Puertos SE; Aerolíneas Argentinas; Arsat; AySA; Banco Nación Argentina; Banco de Inversión y Comercio Exterior SA; Casa de Moneda; Contenidos Públicos, entre otras.
El capítulo sobre deuda pública promete generar una fuerte polémica. En efecto, el proyecto deroga el artículo primero de la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, por el cual el Poder Ejecutivo estaba obligado a solicitar autorización al Congreso para emitir bonos en dólares por encima de lo establecido en el presupuesto. Otro punto que generará polémica es que la iniciativa permite renegociar o rescindir contratos de la administración cuando por razones de emergencia económica y atendiendo la disponibilidad de fondos públicos.
En materia tributaria se contempla un programa de regularización y modificaciones en Bienes Personales e impuestos internos. Asimismo, se dispone una suba en las retenciones agropecuarias: los productos que hoy no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15%. En el caso de la soja, el grano sigue con el 33%, pero el Gobierno subirá la alícuota del 31 al 33% para la harina y el aceite. Asimismo, se le confiere al Poder Ejecutivo la facultad de reducir o incrementar las alícuotas de los derechos de exportación hasta el 9 de diciembre de 2027, es decir, hasta la finalización del mandato de Milei.
En materia de seguridad, se establece un régimen para la organización de manifestaciones callejeras: incorpora en el Código Penal nuevos controles y agrava las penas por los cortes. A tal punto que se eleva de dos a tres años de cárcel al que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento” del transporte. Además, sanciona especialmente a los organizadores de los cortes y los hace solidarios por los daños que pudieran producirse sobre las cosas, incluso a aquellos organizadores que no estuvieran presentes en la manifestación.
Además, el proyecto propone convalidar el protocolo de seguridad elaborado por la ministra Patricia Bullrich; en este sentido se dispone que la realización de las manifestaciones deberán ser notificadas a la cartera de Seguridad “con una antelación no menor de 48 horas”
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LAS PROPUESTAS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Reforma electoral
El proyecto del Gobierno plantea una reforma electoral profunda: deroga las PASO y modifica el financiamiento de la política (básicamente, eliminando los topes de aportes privados), pero principalmente altera la composición en Diputados y la representación de las provincias por dos vías. La primera, un sistema de elección por “circunscripciones uninominales”, con el argumento de evitar las llamadas “listas sábana”. El nuevo modelo implica dividir el territorio de cada provincia en tantas partes como bancas a elegir. Cada partido político presentaría un único candidato por cada circunscripción y en cada una de ellas se elegiría a un único representante por simple mayoría. Afectaría fuertemente la representación proporcional de las minorías. Respecto de la composición en Diputados, la iniciativa quita el piso de cinco legisladores por provincia y establece que habrá un diputado por cada 180.000 habitantes: eso bajaría la cantidad de representantes de 16 provincias y aumentaría fuertemente las bancas de Buenos Aires, que pasaría a tener 97 legisladores, 27 más que en la actualidad.
manifestaciones y piquetes
El proyecto incorpora en el Código Penal nuevos controles a las manifestaciones y agrava las penas por los cortes. Tanto que a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento” del transporte lo castiga con hasta tres años y medio de cárcel. Es decir, de aprobarse esta reforma, el piquete puede tener un castigo de prisión efectiva. Hoy, el máximo de ese delito es de dos años. Además, sanciona especialmente a los organizadores de los cortes y los hace solidarios por los daños que pudieran producirse. Establece también la obligatoriedad de notificar “fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad” toda “reunión o manifestación”. La iniciativa dice que el ministerio podrá “oponerse a la realización de la reunión o manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional”. Y aclara que “podrá proponer modificaciones tanto de horario, ubicación o fecha de realización”. No consigna qué pasa si los manifestantes desoyen esa “propuesta” del Gobierno. Incluso las “manifestaciones espontáneas” deben ser notificadas.
legítima defensa
El proyecto amplía los casos que deben ser interpretados como “legítima defensa”. Para que exista esa causa de justificación que protege a quien repele una agresión, hay que tener en cuenta siempre la “proporcionalidad del medio empleado”para rechazar el ataque. El nuevo proyecto agrega que “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.Con los cambios que busca introducir el Ejecutivo, por ejemplo, Luis Chocobar, el policía que mató a balazos a un ladrón que había dejado al borde de la muerte a un turista en La Boca, hubiese sido absuelto en el juicio. La ampliación de la figura incluye también la justificación de quien repele a alguien “cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual”.Ysumaa“quien se defendiere respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena”.
Blanqueo
de capitales
Según el texto enviado al Congreso, se permitirá regularizar hasta US$100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos. El plazo para adherir al régimen de blanqueo se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2024, pero en tres etapas, y no se deberá “aportar documentación o información adicional respecto de la adhesión al régimen”. Se podrán blanquear la mayoría de los bienes dentro y fuera del país, como la moneda nacional o extranjera, sea en efectivo o depositada en cuentas bancarias; inmuebles; acciones, participación en sociedades, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotas partes de fondos y otros similares, y criptomonedas, entre otros. La primera etapa abarca desde el día siguiente a la entrada en vigor de la reglamentación hasta el 31 de marzo, en el que se deberá pagar un adelanto de la alícuota del 5%. La segunda etapa abarca desde el 1° de abril al 30 de junio para pagar un adelanto de la alícuota de 10%. Finalmente, la tercera etapa tendrá lugar entre julio y septiembre, y la alícuota será del 15%.
impuestos y retenciones
Se propone una nueva moratoria de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social. En primer lugar, todos los contribuyentes podrán acogerse por las obligaciones tributarias vencidas al 30 de noviembre, inclusive desde la fecha de entrada en vigor de la reglamentación que dicte la AFIP y hasta transcurrido 150 días corridos. El acogimiento al régimen producirá la suspensión de las acciones penales en curso. El proyecto señala que se condonará el 50%, 30% y 10% de los intereses resarcitorios y punitorios en los siguientes casos: si el contribuyente se adhiere antes de los 90 días y paga al contado; si se adhiere antes de ese plazo, pero con un plan de facilidades, y si se adhiere a partir del día 91.
El proyecto incluye cambios en las retenciones. Según el artículo 200, los productos que hoy no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15%: afecta a economías regionales que no tenían esa presión impositiva o que habían bajado al 0% en la gestión anterior. En el caso de la soja, el grano seguirá con el 33%, pero el Gobierno subirá la alícuota del 31 al 33% para la harina y el aceite.
Jubilaciones
El proyecto de “ley ómnibus” enviado por el Gobierno al Congreso contempla la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, sin especificar el plazo de la medida. Se pretende que se faculte al Poder Ejecutivo a establecer una nueva modalidad para el cálculo de los reajustes periódicos y automáticos, con la única indicación de que se tengan en cuenta “criterios de equidad y sustentabilidad económica”. La letra del proyecto de ley de Milei habilita a que los ajustes otorgados de manera discrecional no sean iguales para todos, algo que ya ocurrió en los últimos años y que derivó en que, frente a la elevada inflación, unos pierdan más poder adquisitivo que otros. “El Poder Ejecutivo podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, detalla la iniciativa. Para lo inmediato, el proyecto de ley no prevé nada, ni hubo tampoco ninguna definición por parte del Gobierno. Tampoco con respecto a los bonos dispuestos a lo largo de 2023. Si no se establece un adicional,millones de jubilados cobrarán un ingreso más bajo que el percibido en los últimos meses.
“blanqueo” laboral
La iniciativa elaborada por el Gobierno contempla beneficios para aquellos empresarios que regularicen la situación de sus empleados al promover una suerte de blanqueo laboral, presentado como “Promoción del empleo registrado”. El proyecto habilita la “extinción de la acción penal” y la “condonación de las infracciones, multas y sanciones” por irregularidades en la contratación de un empleado. Además, podría dar de baja el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), creado durante el kirchnerismo. “La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los 90 días corridos contados desde la fecha de entrada en vigor de la reglamentación de la presente ley. La reglamentación podrá disponer planes de regularización plurianuales, previendo un plazo máximo de 5 años y una regulación anual mínima del 20% de las diferencias. El porcentaje deberá ser constante o decreciente”, indica el texto. El impulso de esta normativa se da en un contexto de crecimiento sostenido del empleo informal, que superaría el 40% de la población laboral.
Privatización de emPresas
“Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la ley N° 23.696 de reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”, se lee en el texto de la ley. El listado de empresas, que constituye un anexo de la ley y no distingue entre compañías superavitarias y deficitarias, incorpora algunas firmas que ya se descontaban,como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino, los ferrocarriles, AySA, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Enarsa, los medios públicos, corredores viales y la administración de puertos. Sin embargo, algunas de ellas sorprendieron, como el Banco Nación y todas sus empresas subsidiadas (Nación Servicios o Nación Seguros), la Casa de la Moneda, Fabricaciones Militares y Nucleoeléctrica Argentina (centrales nucleares).
educación y salud
El proyecto propone que al finalizar la secundaria los estudiantes tengan que rendir un examen para acreditar su nivel de desempeño. No se especifica si el resultado puede condicionar su ingreso a la universidad. Otro de los cambios es que se habilita a las universidades públicas a cobrar una cuota a extranjeros que vengan a estudiar. También se permite optar por la modalidad de homeschooling a partir de cuarto grado del nivel primario.
En el capítulo sanitario, la iniciativa modifica ocho artículos de la ley de salud mental, entre los que figuran los puntos más debatidos y resistidos de la norma, como las internaciones involuntarias, la existencia o creación de hospitales especializados o la actuación del Órgano de Revisión (OR). De aprobarse el nuevo texto, el OR, un cuerpo integrado por abogados para monitorear el cumplimiento de la ley de salud mental, pasará a estar integrado por un equipo multidisciplinario. Si bien se mantiene la excepcionalidad de la internación, la iniciativa aclara que “procede, previa evaluación médica y del equipo interdisciplinario” en casos específicos.
bienes Personales
En Bienes Personales se propone eliminar el diferencial de alícuotas por tener activos en el exterior. Según la iniciativa, todo el patrimonio quedaría alcanzado por igual en cuanto al nivel de la imposición, con alícuotas que van desde el 0,5%, para quienes tengan activos valuados en no más $13.688.704, hasta el 1,5% sobre el excedente de $456.290.138 más un fijo de $5.389.927, si se tienen bienes gravados valuados en más de $456.290.138. Para los ejercicios posteriores a 2023, la tabla se simplifica progresivamente y va cayendo la carga fiscal, hasta que por el impuesto correspondiente a 2027 quedarían todos los patrimonios alcanzados por una alícuota de 0,5%, en caso de aprobarse el proyecto. Otra novedad para pagar el tributo por 2023 es que se prevé una dinámica de actualización de los importes. Por un lado, el monto a pagar que resulte de restar del impuesto determinado lo que haya sido ingresado al fisco, en concepto de anticipos, durante 2023, generaría un interés compensatorio equivalente a la tasa de interés para plazos fijos en el Banco Nación a 30 días.
El Gobierno presentó ayer ante el Congreso un ambicioso proyecto de ley ómnibus que modifica 664 artículos, deroga leyes y contiene amplias delegaciones legislativas de emergencia al Poder Ejecutivo en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años.
En el primer artículo de la “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” establece que su objeto es “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.
El proyecto abre la puerta para la privatización de 41 empresas públicas, además de un blanqueo laboral y de capitales. También apunta a una reformulación del sistema político argentino: deroga las PASO y propone un sistema de circunscripción uninominal que modifica la forma de elección de los diputados. Además, propone nuevos controles a las manifestaciones callejeras y agrava las penas por los cortes de calles, que contemplan que los piqueteros puedan tener un castigo de prisión efectiva. Y en materia judicial dispone el traspaso de los juzgados nacionales a la Ciudad.
BLANQUEO
Habilita la declaración de hasta 100.000 dólares en efectivo sin pagar impuestos.
JUBILACIONES
Suspende la fórmula de movilidad previsional y autoriza al Ejecutivo a establecer aumentos por decreto.
PRIVATIZACIONES
Otorga facultades al Ejecutivo para privatizar 41 empresas y organismos, entre ellos, YPF, Aerolíneas Argentinas, AySA, el Banco Nación, Télam, la TV Pública y Radio Nacional.
IMPUESTOS
Habilita la suba y baja de retenciones por decreto; propone una moratoria por deudas con la AFIP y rebajas progresivas en Bienes Personales.
SEGURIDAD
Agrava penas por resistencia a la autoridad y amplía la figura de la legítima defensa.
PROTESTAS
Obliga a pedir autorización para movilizaciones callejeras y prevé penas de prisión efectiva por cortes de rutas o de calles.
SISTEMA ELECTORAL
Elimina las PASO y crea un nuevo sistema de elección de diputados nacionales por “circunscripción uninominal”; se suma al reemplazo de la lista sábana por la boleta única de papel.
EDUCACIÓN
Propone un examen final obligatorio para todos los estudiantes secundarios, y habilita a las universidades a cobrar un arancel a extranjeros no residentes.
SALUD
Modifica la ley de salud mental y permite en más casos la internación involuntaria.
EMPLEO
Prevé estímulos para el blanqueo de trabajadores no registrados.
DIVORCIO
Habilita un sistema exprés para disolver el vínculo matrimonial sin la intervención de jueces ni abogados.
En nombre del Poder Ejecutivo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, entregó ayer al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un ambicioso proyecto de ley “ómnibus” que, en sus 664 artículos, contiene amplias delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años, con la posibilidad de prorrogar este plazo por otros dos años más, es decir, hasta la finalización del mandato de Javier Milei.
No solo eso: en sus disposiciones finales, el Poder Ejecutivo requiere que, además, el Congreso le apruebe el megadecreto de necesidad y urgencia 70/23 –con sus 366 artículos– que dictó la semana pasada el presidente Javier Milei para desregular la economía. Pese a las críticas que cosechó esta medida en los bloques opositores, el presidente Milei redobló la apuesta y ahora pretende, con este proyecto de ley ómnibus, que los legisladores le deleguen facultades en casi todas las áreas de la administración pública, lo que, a juicio de la oposición, implicaría una claudicación de las potestades parlamentarias.
Por si fuera poco, Milei reclama celeridad. Al convocar a sesiones extraordinarias del Congreso fijó que este período se extienda solo hasta el 31 de enero. “La emergencia en la que se encuentra el país no permite que perdamos tiempo. La semana próxima, una vez constituidas las comisiones, empezaremos el debate”, anticipó Menem.
En el primer artículo de la ley “ómnibus” enviada al Congreso –denominada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”– establece que su objeto es “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.
El proyecto está dividido en varios capítulos y modifica medio centenar de leyes. Es tan exhaustivo y ambicioso que incluso propone una reformulación copernicana del sistema político argentino. Además de la derogación de la ley de primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), propone el sistema de circunscripciones uninominales para la elección de los diputados nacionales en reemplazo del actual sistema plurinominal. Esto significa que en cada elección legislativa se pone en juego una sola banca por circunscripción, lo que favorece a la fuerza política que más votos consigue y restringe el acceso a segundas y terceras fuerzas, que se quedarían sin representación.
En esta lógica, el proyecto del Poder Ejecutivo dispone una reestructuración de la Cámara de Diputados: con esta ley, de ser aprobada, el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000. Con este nuevo paradigma electoral, Milei buscaría acelerar los tiempos para alcanzar en dos años la mayoría en la Cámara baja, siempre que replique en las próximas elecciones legislativas el triunfo obtenido este año. Con el actual sistema plurinominal ese objetivo sería de muy largo aliento
Otro punto polémico –que genera resistencia en la mayoría de los bloques legislativos– es la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020. Si bien el Poder Ejecutivo “podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, el proyecto no indica cuál sería la periodicidad.
Además, el Gobierno pretende que se lo faculte a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. La iniciativa no establece plazos.
Hay más en materia previsional. El Gobierno pretende, además, que se giren al Tesoro Nacional los recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, actualmente en resguardo de la Anses. Según este organismo oficial, en noviembre pasado este fondo alcanzó el mayor valor en su historia con 76.000 millones de dólares.
Por otra parte, el proyecto incluye un amplio régimen de regularización de activos, el cual estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2024. Permitirá regularizar hasta US$100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos. Superado ese monto se impondrá una escala de alícuotas que va desde el 5% hasta el 15% sobre el excedente según en qué momento se adhiera el contribuyente a la regulación.
En paralelo, el Gobierno propone una generosa moratoria para deudas contraídas por particulares y empresas por obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social. En todos los casos se habla de obligaciones vencidas hasta el 30 de noviembre de 2023 y establece un periodo de adhesión voluntaria de hasta 150 días corridos desde la sanción de la norma.
La iniciativa, además, avanza en otra de las consignas de campaña de Milei: la privatización de empresas y sociedades del Estado o con mayoría estatal. Entre ellas figuran: YPF, Administración General de Puertos SE; Aerolíneas Argentinas; Arsat; AySA; Banco Nación Argentina; Banco de Inversión y Comercio Exterior SA; Casa de Moneda; Contenidos Públicos, entre otras.
El capítulo sobre deuda pública promete generar una fuerte polémica. En efecto, el proyecto deroga el artículo primero de la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, por el cual el Poder Ejecutivo estaba obligado a solicitar autorización al Congreso para emitir bonos en dólares por encima de lo establecido en el presupuesto. Otro punto que generará polémica es que la iniciativa permite renegociar o rescindir contratos de la administración cuando por razones de emergencia económica y atendiendo la disponibilidad de fondos públicos.
En materia tributaria se contempla un programa de regularización y modificaciones en Bienes Personales e impuestos internos. Asimismo, se dispone una suba en las retenciones agropecuarias: los productos que hoy no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15%. En el caso de la soja, el grano sigue con el 33%, pero el Gobierno subirá la alícuota del 31 al 33% para la harina y el aceite. Asimismo, se le confiere al Poder Ejecutivo la facultad de reducir o incrementar las alícuotas de los derechos de exportación hasta el 9 de diciembre de 2027, es decir, hasta la finalización del mandato de Milei.
En materia de seguridad, se establece un régimen para la organización de manifestaciones callejeras: incorpora en el Código Penal nuevos controles y agrava las penas por los cortes. A tal punto que se eleva de dos a tres años de cárcel al que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento” del transporte. Además, sanciona especialmente a los organizadores de los cortes y los hace solidarios por los daños que pudieran producirse sobre las cosas, incluso a aquellos organizadores que no estuvieran presentes en la manifestación.
Además, el proyecto propone convalidar el protocolo de seguridad elaborado por la ministra Patricia Bullrich; en este sentido se dispone que la realización de las manifestaciones deberán ser notificadas a la cartera de Seguridad “con una antelación no menor de 48 horas”
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LAS PROPUESTAS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Reforma electoral
El proyecto del Gobierno plantea una reforma electoral profunda: deroga las PASO y modifica el financiamiento de la política (básicamente, eliminando los topes de aportes privados), pero principalmente altera la composición en Diputados y la representación de las provincias por dos vías. La primera, un sistema de elección por “circunscripciones uninominales”, con el argumento de evitar las llamadas “listas sábana”. El nuevo modelo implica dividir el territorio de cada provincia en tantas partes como bancas a elegir. Cada partido político presentaría un único candidato por cada circunscripción y en cada una de ellas se elegiría a un único representante por simple mayoría. Afectaría fuertemente la representación proporcional de las minorías. Respecto de la composición en Diputados, la iniciativa quita el piso de cinco legisladores por provincia y establece que habrá un diputado por cada 180.000 habitantes: eso bajaría la cantidad de representantes de 16 provincias y aumentaría fuertemente las bancas de Buenos Aires, que pasaría a tener 97 legisladores, 27 más que en la actualidad.
manifestaciones y piquetes
El proyecto incorpora en el Código Penal nuevos controles a las manifestaciones y agrava las penas por los cortes. Tanto que a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento” del transporte lo castiga con hasta tres años y medio de cárcel. Es decir, de aprobarse esta reforma, el piquete puede tener un castigo de prisión efectiva. Hoy, el máximo de ese delito es de dos años. Además, sanciona especialmente a los organizadores de los cortes y los hace solidarios por los daños que pudieran producirse. Establece también la obligatoriedad de notificar “fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad” toda “reunión o manifestación”. La iniciativa dice que el ministerio podrá “oponerse a la realización de la reunión o manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional”. Y aclara que “podrá proponer modificaciones tanto de horario, ubicación o fecha de realización”. No consigna qué pasa si los manifestantes desoyen esa “propuesta” del Gobierno. Incluso las “manifestaciones espontáneas” deben ser notificadas.
legítima defensa
El proyecto amplía los casos que deben ser interpretados como “legítima defensa”. Para que exista esa causa de justificación que protege a quien repele una agresión, hay que tener en cuenta siempre la “proporcionalidad del medio empleado”para rechazar el ataque. El nuevo proyecto agrega que “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.Con los cambios que busca introducir el Ejecutivo, por ejemplo, Luis Chocobar, el policía que mató a balazos a un ladrón que había dejado al borde de la muerte a un turista en La Boca, hubiese sido absuelto en el juicio. La ampliación de la figura incluye también la justificación de quien repele a alguien “cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual”.Ysumaa“quien se defendiere respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena”.
Blanqueo
de capitales
Según el texto enviado al Congreso, se permitirá regularizar hasta US$100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos. El plazo para adherir al régimen de blanqueo se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2024, pero en tres etapas, y no se deberá “aportar documentación o información adicional respecto de la adhesión al régimen”. Se podrán blanquear la mayoría de los bienes dentro y fuera del país, como la moneda nacional o extranjera, sea en efectivo o depositada en cuentas bancarias; inmuebles; acciones, participación en sociedades, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotas partes de fondos y otros similares, y criptomonedas, entre otros. La primera etapa abarca desde el día siguiente a la entrada en vigor de la reglamentación hasta el 31 de marzo, en el que se deberá pagar un adelanto de la alícuota del 5%. La segunda etapa abarca desde el 1° de abril al 30 de junio para pagar un adelanto de la alícuota de 10%. Finalmente, la tercera etapa tendrá lugar entre julio y septiembre, y la alícuota será del 15%.
impuestos y retenciones
Se propone una nueva moratoria de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social. En primer lugar, todos los contribuyentes podrán acogerse por las obligaciones tributarias vencidas al 30 de noviembre, inclusive desde la fecha de entrada en vigor de la reglamentación que dicte la AFIP y hasta transcurrido 150 días corridos. El acogimiento al régimen producirá la suspensión de las acciones penales en curso. El proyecto señala que se condonará el 50%, 30% y 10% de los intereses resarcitorios y punitorios en los siguientes casos: si el contribuyente se adhiere antes de los 90 días y paga al contado; si se adhiere antes de ese plazo, pero con un plan de facilidades, y si se adhiere a partir del día 91.
El proyecto incluye cambios en las retenciones. Según el artículo 200, los productos que hoy no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15%: afecta a economías regionales que no tenían esa presión impositiva o que habían bajado al 0% en la gestión anterior. En el caso de la soja, el grano seguirá con el 33%, pero el Gobierno subirá la alícuota del 31 al 33% para la harina y el aceite.
Jubilaciones
El proyecto de “ley ómnibus” enviado por el Gobierno al Congreso contempla la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, sin especificar el plazo de la medida. Se pretende que se faculte al Poder Ejecutivo a establecer una nueva modalidad para el cálculo de los reajustes periódicos y automáticos, con la única indicación de que se tengan en cuenta “criterios de equidad y sustentabilidad económica”. La letra del proyecto de ley de Milei habilita a que los ajustes otorgados de manera discrecional no sean iguales para todos, algo que ya ocurrió en los últimos años y que derivó en que, frente a la elevada inflación, unos pierdan más poder adquisitivo que otros. “El Poder Ejecutivo podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, detalla la iniciativa. Para lo inmediato, el proyecto de ley no prevé nada, ni hubo tampoco ninguna definición por parte del Gobierno. Tampoco con respecto a los bonos dispuestos a lo largo de 2023. Si no se establece un adicional,millones de jubilados cobrarán un ingreso más bajo que el percibido en los últimos meses.
“blanqueo” laboral
La iniciativa elaborada por el Gobierno contempla beneficios para aquellos empresarios que regularicen la situación de sus empleados al promover una suerte de blanqueo laboral, presentado como “Promoción del empleo registrado”. El proyecto habilita la “extinción de la acción penal” y la “condonación de las infracciones, multas y sanciones” por irregularidades en la contratación de un empleado. Además, podría dar de baja el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), creado durante el kirchnerismo. “La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los 90 días corridos contados desde la fecha de entrada en vigor de la reglamentación de la presente ley. La reglamentación podrá disponer planes de regularización plurianuales, previendo un plazo máximo de 5 años y una regulación anual mínima del 20% de las diferencias. El porcentaje deberá ser constante o decreciente”, indica el texto. El impulso de esta normativa se da en un contexto de crecimiento sostenido del empleo informal, que superaría el 40% de la población laboral.
Privatización de emPresas
“Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la ley N° 23.696 de reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”, se lee en el texto de la ley. El listado de empresas, que constituye un anexo de la ley y no distingue entre compañías superavitarias y deficitarias, incorpora algunas firmas que ya se descontaban,como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino, los ferrocarriles, AySA, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Enarsa, los medios públicos, corredores viales y la administración de puertos. Sin embargo, algunas de ellas sorprendieron, como el Banco Nación y todas sus empresas subsidiadas (Nación Servicios o Nación Seguros), la Casa de la Moneda, Fabricaciones Militares y Nucleoeléctrica Argentina (centrales nucleares).
educación y salud
El proyecto propone que al finalizar la secundaria los estudiantes tengan que rendir un examen para acreditar su nivel de desempeño. No se especifica si el resultado puede condicionar su ingreso a la universidad. Otro de los cambios es que se habilita a las universidades públicas a cobrar una cuota a extranjeros que vengan a estudiar. También se permite optar por la modalidad de homeschooling a partir de cuarto grado del nivel primario.
En el capítulo sanitario, la iniciativa modifica ocho artículos de la ley de salud mental, entre los que figuran los puntos más debatidos y resistidos de la norma, como las internaciones involuntarias, la existencia o creación de hospitales especializados o la actuación del Órgano de Revisión (OR). De aprobarse el nuevo texto, el OR, un cuerpo integrado por abogados para monitorear el cumplimiento de la ley de salud mental, pasará a estar integrado por un equipo multidisciplinario. Si bien se mantiene la excepcionalidad de la internación, la iniciativa aclara que “procede, previa evaluación médica y del equipo interdisciplinario” en casos específicos.
bienes Personales
En Bienes Personales se propone eliminar el diferencial de alícuotas por tener activos en el exterior. Según la iniciativa, todo el patrimonio quedaría alcanzado por igual en cuanto al nivel de la imposición, con alícuotas que van desde el 0,5%, para quienes tengan activos valuados en no más $13.688.704, hasta el 1,5% sobre el excedente de $456.290.138 más un fijo de $5.389.927, si se tienen bienes gravados valuados en más de $456.290.138. Para los ejercicios posteriores a 2023, la tabla se simplifica progresivamente y va cayendo la carga fiscal, hasta que por el impuesto correspondiente a 2027 quedarían todos los patrimonios alcanzados por una alícuota de 0,5%, en caso de aprobarse el proyecto. Otra novedad para pagar el tributo por 2023 es que se prevé una dinámica de actualización de los importes. Por un lado, el monto a pagar que resulte de restar del impuesto determinado lo que haya sido ingresado al fisco, en concepto de anticipos, durante 2023, generaría un interés compensatorio equivalente a la tasa de interés para plazos fijos en el Banco Nación a 30 días.
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