Crece una deuda potencial del Banco Central
bonos. Es la que asume al vender opciones de recompra por los títulos que los bancos le compran al Gobierno
Javier Blanco
Los bancos se llevaron la semana pasada –como había anticipado casi el 95% de la deuda adjudicada por el Tesoro nacional mediante la venta de bonos ajustables por inflación, dato que marca un nivel de demanda récord.
Justamente, demandaron –como mínimo– el 94,6% de lo adjudicado en la licitación del viernes pasado, bien por encima de las participaciones del 86% que habían tenido en diciembre o del 80% en enero. Y más que duplicaron el 41% que habían registrado en el trimestre previo, al final del gobierno anterior.
Es un porcentaje que se puede estimar porque el Banco Central (BCrA) adjudicó este lunes opciones de recompra (“puts”, en la jerga financiera) por esos bonos por $1,3 billones para el TZX26 y por $2,4 billones para el TZX27.
“Eso revela que los bancos se quedaron, como mínimo, con el 86% del TZX26 y el 100% del TZX27. Son los instrumentos con mayor adjudicación de puts sobre el monto total emitido (mismas cifras), seguidos por la X20Y4 (84%), el TX25 (77%) y el TDJ24 (57%)”, observaron los analistas de Facimex Valores en un informe.
“Siguen siendo los principales compradores en las licitaciones: se adjudicaron puts (solo accesibles para bancos) por aproximadamente el 86% de lo adjudicado del TZX26 y por casi la totalidad del TZX27”, coincidió Javier Casabal, de AdCap.
El nuevo máximo tiene una explicación: mantienen $29 billones en pases pasivos, inversiones por las que obtienen una renta del 8,33% mensual, lo que les hizo perder poco más del 12% en enero en términos reales, y están urgidos de limitar ese quebranto. De allí que migran cada vez que pueden esas colocaciones hacia los papeles indexados por CEr que les ofrece el Gobierno, aun con tasas negativas del 3,5% promedio en el caso de la última licitación.
Claro que lo hacen, básicamente, porque el Central flexibilizó las normas sobre exposición al riesgo soberano –aunque las endureció para el riesgo subsoberano– con el objetivo de fomentar esa demanda y además les ofreció esos “seguros” por haber comprado dichos títulos, lo que les asegura rápido acceso a la liquidez, de necesitarla.
Allí precisamente es donde radica el riesgo potencial que enfrenta el “plan licuadora” y de destrucción de pesos que, razonablemente, puso en marcha el equipo económico para tratar de terminar con la sobreoferta monetaria heredada y las acechanzas a que somete a la economía.
Es una deuda “potencial” que, según datos de mercado, ya supera los $10 billones y representa un tercio de los pasivos remunerados que mantiene el BCrA, y seguirá en aumento por las condiciones antes mencionadas. Esto implica que, si hubiera un abrupto cambio de expectativas (algo nada excepcional, según la historia argentina) y los bancos se vieran urgidos a ejercer en manada esa opciones, todos los esfuerzos por adecuar la oferta de pesos a la demanda, para tratar de normalizar a la economía, se volverían estériles. Es la razón por la que numerosos analistas y consultores hoy están posando sus miradas sobre la dinámica ascendente de esta deuda latente.
Por caso, aunque en la última licitación el Ministerio de Economía logró extender los plazos de colocación (a 2 y 3 años) y hasta se dio el lujo de captar 2,5 veces más de lo que necesitaba para enfrentar los pagos de deuda más próximos que tenía rechazando las ofertas de compra por el papel más corto que había colocado en el menú (unas letras CEr por caducar en apenas dos meses), los propios puts que vende el BCrA hacen que la deuda del Tesoro sea exigible en el momento, acortando drásticamente lo que en el mercado denominan duration.
Para los analistas de la consultora 1816, los puts resultan ser en la práctica “pasivos remunerados contingentes”, dado que los bancos que hayan adquirido estos papeles de las licitaciones primarias –y luego le hayan comprado el seguro de liquidez al BCrA– puedan activar esa opción “de un día para el otro” pagando apenas un costo de 2% con respecto a la tasa validada en principio, deja la puerta abierta a que puedan convertirse “inmediatamente en pases pasivos”.
Para los analistas de Quartier, los datos de la última subasta confirman que las captaciones nacen de “la migración de liquidez bancaria desde pasivos remunerados y encajes efectivos en el balance del BCrA, y roll over de vencimientos de los títulos en los que ya estaba colocada parte de la liquidez bancaria. Eso y la continuidad del cepo explica por qué a pesar de las cancelaciones de deuda del Tesoro en poder del BCrA, e incluso el resultado fiscal superavitario de enero de 2024, las tasas reales siguen bien adentro del terreno negativo”.
Elevada exposición
A eso se agrega otro punto: la muy elevada exposición de los bancos al sector público nacional. Según datos de Facimex a fines de enero, los bancos tenían el 22% del stock de deuda en pesos, cifra que marca una suba de 12 puntos porcentuales contra enero de 2023. “Y es esperable que esta métrica siga creciendo en febrero y que se profundice la migración del BCrA al Tesoro vía desarme de pases”, apuntaron.
Lo tranquilizante hasta aquí es que este proceso se produce en medio de una significativa mejora del balance del BCrA, gracias a una acumulación de reservas que se mantiene firme mientras sus pasivos remunerados devengan tasas reales negativas.
DÓLARES DEL COMERCIO
El Intercambio Comercial Argentino (ICA) marcó en enero pasado un saldo positivo de US$797 millones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según los datos del organismo estadístico, las exportaciones de enero totalizaron US$5398 millones, con un alza interanual del 9,6%, mientras que las importaciones sumaron US$4601 millones, una caída del 14,3%.
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Colectivos: más subsidios y menos servicios
El sistema está lejos de volver al equilibrio pese al aumento de tarifas
Los bancos se llevaron la semana pasada –como había anticipado casi el 95% de la deuda adjudicada por el Tesoro nacional mediante la venta de bonos ajustables por inflación, dato que marca un nivel de demanda récord.
Justamente, demandaron –como mínimo– el 94,6% de lo adjudicado en la licitación del viernes pasado, bien por encima de las participaciones del 86% que habían tenido en diciembre o del 80% en enero. Y más que duplicaron el 41% que habían registrado en el trimestre previo, al final del gobierno anterior.
Es un porcentaje que se puede estimar porque el Banco Central (BCrA) adjudicó este lunes opciones de recompra (“puts”, en la jerga financiera) por esos bonos por $1,3 billones para el TZX26 y por $2,4 billones para el TZX27.
“Eso revela que los bancos se quedaron, como mínimo, con el 86% del TZX26 y el 100% del TZX27. Son los instrumentos con mayor adjudicación de puts sobre el monto total emitido (mismas cifras), seguidos por la X20Y4 (84%), el TX25 (77%) y el TDJ24 (57%)”, observaron los analistas de Facimex Valores en un informe.
“Siguen siendo los principales compradores en las licitaciones: se adjudicaron puts (solo accesibles para bancos) por aproximadamente el 86% de lo adjudicado del TZX26 y por casi la totalidad del TZX27”, coincidió Javier Casabal, de AdCap.
El nuevo máximo tiene una explicación: mantienen $29 billones en pases pasivos, inversiones por las que obtienen una renta del 8,33% mensual, lo que les hizo perder poco más del 12% en enero en términos reales, y están urgidos de limitar ese quebranto. De allí que migran cada vez que pueden esas colocaciones hacia los papeles indexados por CEr que les ofrece el Gobierno, aun con tasas negativas del 3,5% promedio en el caso de la última licitación.
Claro que lo hacen, básicamente, porque el Central flexibilizó las normas sobre exposición al riesgo soberano –aunque las endureció para el riesgo subsoberano– con el objetivo de fomentar esa demanda y además les ofreció esos “seguros” por haber comprado dichos títulos, lo que les asegura rápido acceso a la liquidez, de necesitarla.
Allí precisamente es donde radica el riesgo potencial que enfrenta el “plan licuadora” y de destrucción de pesos que, razonablemente, puso en marcha el equipo económico para tratar de terminar con la sobreoferta monetaria heredada y las acechanzas a que somete a la economía.
Es una deuda “potencial” que, según datos de mercado, ya supera los $10 billones y representa un tercio de los pasivos remunerados que mantiene el BCrA, y seguirá en aumento por las condiciones antes mencionadas. Esto implica que, si hubiera un abrupto cambio de expectativas (algo nada excepcional, según la historia argentina) y los bancos se vieran urgidos a ejercer en manada esa opciones, todos los esfuerzos por adecuar la oferta de pesos a la demanda, para tratar de normalizar a la economía, se volverían estériles. Es la razón por la que numerosos analistas y consultores hoy están posando sus miradas sobre la dinámica ascendente de esta deuda latente.
Por caso, aunque en la última licitación el Ministerio de Economía logró extender los plazos de colocación (a 2 y 3 años) y hasta se dio el lujo de captar 2,5 veces más de lo que necesitaba para enfrentar los pagos de deuda más próximos que tenía rechazando las ofertas de compra por el papel más corto que había colocado en el menú (unas letras CEr por caducar en apenas dos meses), los propios puts que vende el BCrA hacen que la deuda del Tesoro sea exigible en el momento, acortando drásticamente lo que en el mercado denominan duration.
Para los analistas de la consultora 1816, los puts resultan ser en la práctica “pasivos remunerados contingentes”, dado que los bancos que hayan adquirido estos papeles de las licitaciones primarias –y luego le hayan comprado el seguro de liquidez al BCrA– puedan activar esa opción “de un día para el otro” pagando apenas un costo de 2% con respecto a la tasa validada en principio, deja la puerta abierta a que puedan convertirse “inmediatamente en pases pasivos”.
Para los analistas de Quartier, los datos de la última subasta confirman que las captaciones nacen de “la migración de liquidez bancaria desde pasivos remunerados y encajes efectivos en el balance del BCrA, y roll over de vencimientos de los títulos en los que ya estaba colocada parte de la liquidez bancaria. Eso y la continuidad del cepo explica por qué a pesar de las cancelaciones de deuda del Tesoro en poder del BCrA, e incluso el resultado fiscal superavitario de enero de 2024, las tasas reales siguen bien adentro del terreno negativo”.
Elevada exposición
A eso se agrega otro punto: la muy elevada exposición de los bancos al sector público nacional. Según datos de Facimex a fines de enero, los bancos tenían el 22% del stock de deuda en pesos, cifra que marca una suba de 12 puntos porcentuales contra enero de 2023. “Y es esperable que esta métrica siga creciendo en febrero y que se profundice la migración del BCrA al Tesoro vía desarme de pases”, apuntaron.
Lo tranquilizante hasta aquí es que este proceso se produce en medio de una significativa mejora del balance del BCrA, gracias a una acumulación de reservas que se mantiene firme mientras sus pasivos remunerados devengan tasas reales negativas.
DÓLARES DEL COMERCIO
El Intercambio Comercial Argentino (ICA) marcó en enero pasado un saldo positivo de US$797 millones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según los datos del organismo estadístico, las exportaciones de enero totalizaron US$5398 millones, con un alza interanual del 9,6%, mientras que las importaciones sumaron US$4601 millones, una caída del 14,3%.
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Colectivos: más subsidios y menos servicios
El sistema está lejos de volver al equilibrio pese al aumento de tarifas
Diego Cabot
La encrucijada en la que se encuentra el sistema metropolitano de colectivos tiene una sola salida: más dinero para solventar un esquema deficitario por donde se lo mire. Dicho esto, aparece la gran duda: ¿quién pone la billetera para que los coches hagan sus recorridos?
Por ahora, sin respuesta a la vista, sufre el servicio. Solo para ejemplificar: el día 15 de febrero de este año fue jueves, mientras que el año pasado, miércoles. Entonces hubo una temperatura de entre 18° y 30°, contra 20° y 28° de la semana pasada. Ese día de mediados de febrero del año pasado se vendieron 8.652.899 boletos en el área metropolitana (AMBA), que se repartieron en 15.872 colectivos.
El 15 de este mes, la semana pasada, los pasajes fueron 7.403.092 y las unidades que prestaron servicio sumaron 13.520. La frecuencia cayó porque no se puede solventar el sistema, pero la demanda también, influida por la baja de la actividad económica.
Aquella pregunta respecto de quién pone la plata tiene respuestas parciales. Por un lado, el gobierno nacional quiere retirarse del asunto y para eso apuesta a aumentar la tarifa y que sean los pasajeros los que solventen una mayor porción del costo. El resto, que lo pongan las jurisdicciones, provincias o municipios.
La tarifa, que aumentó en febrero, no se quedará ahí. En el aún existente Ministerio de Infraestructura miran con atención la secuencia de aumentos que dispuso el gobierno porteño para el subte. El cuadro tarifario que propuso la administración de Jorge Macri llevaría el pasaje, que cuesta $125 para quienes tengan la SUBE nominalizada, a $574 en abril, $667 en mayo y $757 en junio. Ese es el camino que pretende transitar la Casa Rosada para bajar la dependencia del subsidio que tiene el sistema.
Pero por más actualización que exista, el valor del boleto actual está lejos del equilibrio, además de que los bolsillos de miles de usuarios no soportan un gasto semejante.
Para ilustrar el fenómeno hay que explicar someramente cómo funciona el esquema de subsidios. El Gobierno reconoce un costo del kilómetro y una tarifa. La diferencia entre los ingresos y los gastos se compensa con desembolsos del Estado nacional o provincial.
En estas horas se conocerá ese nuevo esquema de costos de explotación que se calculó por última vez en agosto pasado. Esa era una de las principales quejas de los transportistas. Ese valor, que representa lo que cuesta poner en marcha un colectivo por un kilómetro, pasará de los actuales $1340 a $2169 en promedio para todo el sistema del AMBA, con un pico de $2769 en las líneas urbanas.
Eso significa que cada colectivo debería recaudar ese importe cada 10 cuadras para estar en equilibrio, además de dejar algo para la rentabilidad del sistema. Ahora bien, ¿cuánto suma en ese trayecto? Para eso existe el llamado Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK).
Aquel 15 de febrero de 2023 era de 2,72, mientras que el jueves pasado, último día disponible de la lectura de las tarjetas SUBE, llegó a 2,57. Es decir, la tarifa de equilibrio sería entonces, de acuerdo con estos datos oficiales, de $841. Se entiende la mirada atenta al sendero tarifario del subte, cercano al ideal que plantea el Gobierno. Mientras tanto, el fusible es el servicio, que se deteriora por falta de fondos.
La encrucijada en la que se encuentra el sistema metropolitano de colectivos tiene una sola salida: más dinero para solventar un esquema deficitario por donde se lo mire. Dicho esto, aparece la gran duda: ¿quién pone la billetera para que los coches hagan sus recorridos?
Por ahora, sin respuesta a la vista, sufre el servicio. Solo para ejemplificar: el día 15 de febrero de este año fue jueves, mientras que el año pasado, miércoles. Entonces hubo una temperatura de entre 18° y 30°, contra 20° y 28° de la semana pasada. Ese día de mediados de febrero del año pasado se vendieron 8.652.899 boletos en el área metropolitana (AMBA), que se repartieron en 15.872 colectivos.
El 15 de este mes, la semana pasada, los pasajes fueron 7.403.092 y las unidades que prestaron servicio sumaron 13.520. La frecuencia cayó porque no se puede solventar el sistema, pero la demanda también, influida por la baja de la actividad económica.
Aquella pregunta respecto de quién pone la plata tiene respuestas parciales. Por un lado, el gobierno nacional quiere retirarse del asunto y para eso apuesta a aumentar la tarifa y que sean los pasajeros los que solventen una mayor porción del costo. El resto, que lo pongan las jurisdicciones, provincias o municipios.
La tarifa, que aumentó en febrero, no se quedará ahí. En el aún existente Ministerio de Infraestructura miran con atención la secuencia de aumentos que dispuso el gobierno porteño para el subte. El cuadro tarifario que propuso la administración de Jorge Macri llevaría el pasaje, que cuesta $125 para quienes tengan la SUBE nominalizada, a $574 en abril, $667 en mayo y $757 en junio. Ese es el camino que pretende transitar la Casa Rosada para bajar la dependencia del subsidio que tiene el sistema.
Pero por más actualización que exista, el valor del boleto actual está lejos del equilibrio, además de que los bolsillos de miles de usuarios no soportan un gasto semejante.
Para ilustrar el fenómeno hay que explicar someramente cómo funciona el esquema de subsidios. El Gobierno reconoce un costo del kilómetro y una tarifa. La diferencia entre los ingresos y los gastos se compensa con desembolsos del Estado nacional o provincial.
En estas horas se conocerá ese nuevo esquema de costos de explotación que se calculó por última vez en agosto pasado. Esa era una de las principales quejas de los transportistas. Ese valor, que representa lo que cuesta poner en marcha un colectivo por un kilómetro, pasará de los actuales $1340 a $2169 en promedio para todo el sistema del AMBA, con un pico de $2769 en las líneas urbanas.
Eso significa que cada colectivo debería recaudar ese importe cada 10 cuadras para estar en equilibrio, además de dejar algo para la rentabilidad del sistema. Ahora bien, ¿cuánto suma en ese trayecto? Para eso existe el llamado Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK).
Aquel 15 de febrero de 2023 era de 2,72, mientras que el jueves pasado, último día disponible de la lectura de las tarjetas SUBE, llegó a 2,57. Es decir, la tarifa de equilibrio sería entonces, de acuerdo con estos datos oficiales, de $841. Se entiende la mirada atenta al sendero tarifario del subte, cercano al ideal que plantea el Gobierno. Mientras tanto, el fusible es el servicio, que se deteriora por falta de fondos.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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