Milei habló con el fundador de Tinder sobre una cumbre en Buenos Aires
El mandatario dijo que acordaron reunir a empresas tecnológicas
El presidente Javier Milei anunció ayer en su cuenta de X que mantuvo una conferencia virtual con el fundador de la aplicación de citas Tinder, Sean Rad, y que acordaron reunirse en Buenos Aires con otros líderes de empresas tecnológicas.
“Acabo de tener un conference call con Sean Rad, fundador de Tinder, y nos hemos puesto de acuerdo en hacer una reunión en Buenos Aires con otros grandes emprendedores del mundo tecnológico...!!! Viva la libertad carajo”, escribió el Presidente en la red social.
Hasta ayer, el único vínculo que se conocía entre el empresario y el Presidente fue un tuit de Sean Rad que reposteó en su cuenta un elogio de Elon Musk a la intervención de Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. En esa cumbre, el mandatario abogó por el “libertarismo”, advirtió de un avance sobre el establishment del socialismo –al que comparó con el nazismo–, criticó el discurso medioambiental y el feminismo, y definió como “héroes” a los empresarios presentes.
En 2012, Rad fue uno de los fundadores y el primer CEO de Tinder, una de las aplicaciones de citas más populares del mundo. En 2015 el directorio decidió incorporar un nuevo CEO independiente. El experimento no funcionó y unos meses después Rad volvió al cargo.
El vínculo entre Milei y Musk
Desde que comenzó la carrera hacia la Casa Rosada, Milei y Musk, dueño de Tesla y X (ex-Twitter), entre otras compañías, tuvieron amistosos intercambios en las redes. El primero fue en septiembre, cuando el magnate le respondió al presentador estadounidense Tucker Carlson, quien entrevistó al líder de La Libertad Avanza (LLA): “El gasto excesivo del gobierno, que es la causa fundamental de la inflación, ha arruinado a innumerables países”.
Milei invitó a Musk a su asunción presidencial del 10 de diciembre, aunque el magnate luego no diera el presente. “Hoy mantuve una gran conversación con Elon Musk, donde le agradecí por defender las ideas de la libertad y apoyar nuestro trabajo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que él representa como ícono de la libertad en el mundo”, escribió el mandatario argentino en X tras la comunicación.
El 18 de enero, Rad reposteó en X un mensaje de Musk que celebraba la intervención de Milei en Davos: “Buena explicación de lo que hace a los países más o menos prósperos”, escribió en ese momento el multimillonario sudafricano.
@JMilei presidente de la nación
acabo de tener un conference call con @seanrad, fundador de tinder, y nos hemos puesto de acuerdo en hacer una reunión en Buenos aires con otros grandes emprendedores del mundo tecnológico...!!! ViVa la liBertad caraJO
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El Gobierno advirtió a Quintela por las cuasimonedas
Francos le comunicó que podría aplicar sanciones y recortes a la provincia
Paula Rossi
Quintela le reclama $9300 millones a la Nación
El gobierno de Ricardo Quintela en La Rioja y la Casa Rosada no cesan en sus fricciones. El ministro del Interior, Guillermo Francos, le mandó una carta anteayer al mandatario peronista para advertirle que su intención de emitir un bono –cuasimoneda– es ilegal.
En esa misiva, a la que accedió desde Balcarce 50 notificaron a Quintela que en caso de continuar con su idea de implementar el Bocade –Bono de Cancelación de Deuda– podría recibir sanciones, como también que se “extremarán los recaudos” para evaluar si corresponde transferirle fondos a la provincia. Incluso señalaron desde la gestión libertaria que se limitará el otorgamiento de avales para cualquier solicitud de endeudamiento que puedan realizar desde ese territorio.
Quintela reclama una deuda de la Nación que, a comienzos de enero, estimó en 9300 millones de pesos. Cada año, la provincia negocia fondos con el Tesoro por el punto de la coparticipación federal que cedió en 1988. El 17 de enero, Quintela consiguió la autorización de la Legislatura riojana para a emitir $22.500 millones en Bocade, para pagar sueldos y afrontar la falta de recursos. En su momento, y con cierta ironía, el presidente Javier Milei había celebrado la emisión de cuasimonedas de La Rioja, pero había indicado que de ninguna manera el Gobierno saldría al “rescate” si no tenía respaldo.
En tanto, Francos activó la carta basada en una nota que le remitió a su cartera el Banco Central, con fecha 25 de enero de este año y con una serie de consideraciones en las que rechazó la emisión del Bocade. El ministro del Interior le dijo a Quintela que, a criterio de la entidad bancaria, el bono riojano va en contra de dos apartados del artículo 30 de la carta orgánica del Central, mientras que asimismo afecta facultades establecidas en la Constitución nacional.
“Para el Banco Central la ley 10.703 de La Rioja, mediante la cual se autorizó al Ejecutivo provincial a emitir en formato físico y/o digital bonos de cancelación de deuda hasta la suma de 22,5 millones de pesos crea mecanismos tendientes a obtener la aceptación de los bonos para cancelar obligaciones en forma forzosa, signándole funcionalidades propias de la moneda, y a la vez crea un sistema de premios, intereses u otras modalidades que tiene por finalidad incentivar el ahorro”, señaló Francos.
“El Banco Central solicitó a esta jurisdicción que arbitre lo que corresponda para impedir la emisión y utilización de los bonos, en contravención de su Carta Orgánica y las citadas disposiciones de la Constitución”, agregó Francos.
Francos agregó que la ley que habilita la emisión del Bocade viola el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, al que la provincia está adherida. Y señaló el apartado de esa normativa que establece: “Los gobiernos provinciales y de la Ciudad tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios. Los gobiernos provinciales y la Ciudad se comprometen a no emitir títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el territorio del país.”
Sanciones y recortes
Entonces, el funcionario que está encargado de la relación con los gobernadores le informó a Quintela que puso en conocimiento de la situación al Ministerio de Economía para que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal analice las sanciones que pudieran corresponderle. Adelantó que él mismo extremará los recaudos para“evaluar la viabilidad” de las transferencias presupuestarias desde la Casa Rosada a La Rioja que no se originen de impuestos coparticipables.
“Asimismo, se limitará el otorgamiento de avales a las solicitudes de endeudamiento que pudiera formular la provincia”, cerró el funcionario su carta, en un momento en que el financiamiento del territorio de Quintela es el principal problema que afecta el vínculo, porque hasta el propio Presidente acusó al gobernador de gastar más de lo debido. Todo esto en medio del conocido antagonismo ideológico entre ambas administraciones.
El gobierno de Ricardo Quintela en La Rioja y la Casa Rosada no cesan en sus fricciones. El ministro del Interior, Guillermo Francos, le mandó una carta anteayer al mandatario peronista para advertirle que su intención de emitir un bono –cuasimoneda– es ilegal.
En esa misiva, a la que accedió desde Balcarce 50 notificaron a Quintela que en caso de continuar con su idea de implementar el Bocade –Bono de Cancelación de Deuda– podría recibir sanciones, como también que se “extremarán los recaudos” para evaluar si corresponde transferirle fondos a la provincia. Incluso señalaron desde la gestión libertaria que se limitará el otorgamiento de avales para cualquier solicitud de endeudamiento que puedan realizar desde ese territorio.
Quintela reclama una deuda de la Nación que, a comienzos de enero, estimó en 9300 millones de pesos. Cada año, la provincia negocia fondos con el Tesoro por el punto de la coparticipación federal que cedió en 1988. El 17 de enero, Quintela consiguió la autorización de la Legislatura riojana para a emitir $22.500 millones en Bocade, para pagar sueldos y afrontar la falta de recursos. En su momento, y con cierta ironía, el presidente Javier Milei había celebrado la emisión de cuasimonedas de La Rioja, pero había indicado que de ninguna manera el Gobierno saldría al “rescate” si no tenía respaldo.
En tanto, Francos activó la carta basada en una nota que le remitió a su cartera el Banco Central, con fecha 25 de enero de este año y con una serie de consideraciones en las que rechazó la emisión del Bocade. El ministro del Interior le dijo a Quintela que, a criterio de la entidad bancaria, el bono riojano va en contra de dos apartados del artículo 30 de la carta orgánica del Central, mientras que asimismo afecta facultades establecidas en la Constitución nacional.
“Para el Banco Central la ley 10.703 de La Rioja, mediante la cual se autorizó al Ejecutivo provincial a emitir en formato físico y/o digital bonos de cancelación de deuda hasta la suma de 22,5 millones de pesos crea mecanismos tendientes a obtener la aceptación de los bonos para cancelar obligaciones en forma forzosa, signándole funcionalidades propias de la moneda, y a la vez crea un sistema de premios, intereses u otras modalidades que tiene por finalidad incentivar el ahorro”, señaló Francos.
“El Banco Central solicitó a esta jurisdicción que arbitre lo que corresponda para impedir la emisión y utilización de los bonos, en contravención de su Carta Orgánica y las citadas disposiciones de la Constitución”, agregó Francos.
Francos agregó que la ley que habilita la emisión del Bocade viola el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, al que la provincia está adherida. Y señaló el apartado de esa normativa que establece: “Los gobiernos provinciales y de la Ciudad tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios. Los gobiernos provinciales y la Ciudad se comprometen a no emitir títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el territorio del país.”
Sanciones y recortes
Entonces, el funcionario que está encargado de la relación con los gobernadores le informó a Quintela que puso en conocimiento de la situación al Ministerio de Economía para que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal analice las sanciones que pudieran corresponderle. Adelantó que él mismo extremará los recaudos para“evaluar la viabilidad” de las transferencias presupuestarias desde la Casa Rosada a La Rioja que no se originen de impuestos coparticipables.
“Asimismo, se limitará el otorgamiento de avales a las solicitudes de endeudamiento que pudiera formular la provincia”, cerró el funcionario su carta, en un momento en que el financiamiento del territorio de Quintela es el principal problema que afecta el vínculo, porque hasta el propio Presidente acusó al gobernador de gastar más de lo debido. Todo esto en medio del conocido antagonismo ideológico entre ambas administraciones.
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Juzgan desde el lunes a Alperovich por abuso
El exgobernador y exsenador fue denunciado por su sobrina; hay 80 testigos
El juicio contra el exsenador nacional y tres veces gobernador de Tucumán José Alperovich comenzará el lunes. El exfuncionario está acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina. El proceso se desarrollará en los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires, donde se espera la declaración de más de 80 testigos.
Alperovich deberá responder por tres casos de abuso sexual, dos de ellos en grado de tentativa, y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal, de acuerdo con lo establecido por la investigación judicial sobre la base de las denuncias de los ataques ocurridos entre 2017 y 2018, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán.
En septiembre de 2023, el Juzgado N° 35 elevó a juicio la causa. El expediente se inició cuando la joven denunció los hechos a fines de 2019, mientras se desempeñaba como asistente de Alperovich en el Senado, de donde el tucumano fue apartado tiempo después. La denunciante indicó que los abusos y ataques se produjeron en Tucumán y en un departamento de Puerto Madero.
El juicio se llevará adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal 29, a cargo del juez José María Ramos Padilla, y se espera que presten declaración más de 80 testigos. En la investigación intervinieron la Fiscalía a cargo de Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), de Mariela Labozzetta. En mayo de 2022 la fiscalía había considerado que “en todos los casos, mediando para su comisión intimidación”, el exsenador “abusó de una relación de poder y de autoridad”.
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La Justicia suspendió la suba de una prepaga a pedido de un jubilado
Un juez admitió una medida cautelar contra el DNU 70/23 del gobierno de Milei
Hernán Cappiello
Un juez federal subrogante de San Martín dejó sin efecto el aumento que aplicó una prepaga a un afiliado, al suspender –solo en este caso en particular– los efectos del decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei, que, entre decenas de reformas, desregula los incrementos en las empresas de medicina.
El fallo es del juez Elpidio Portocarrero de Tezanos Pinto, quien como titular de su juzgado de Mercedes anteayer mismo concedió otra medida cautelar mediante la cual suspendió otros dos artículos del DNU de Milei, esta vez aquellos que permitían a los clubes de fútbol transformarse en sociedades anónimas.
En el caso de la prepaga, el damnificado es un jubilado de 78 años, que sufrió un ACV y que cobra 157.000 pesos por mes de haber jubilatorio y debe pagar una cuota que con el aumento llegó a unos 267.000 pesos. El magistrado resolvió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al Estado nacional la suspensión de la aplicación de los artículos 267 y 269 del DNU”, y ordenó a Simeco –Servicios Consejo Salud– “readecuar las cuotas correspondientes al plan asistencial” del afiliado, “dejando sin efecto los aumentos realizados en aplicación del decreto”.
El alcance de esta sentencia se refiere a este afiliado, nada más. A medidos de enero, la jueza de San Martín Martina Forns dictó una medida cautelar contra la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires, Galeno y Omint en otros fallos para esos casos en concreto.
Ahora, el juez Portocarrero de Tezanos Pinto escribió que “ante el incremento mensual de las cuotas, no surge de las facturas acompañadas justificación o detalle de tal aumento que permite a la accionante tener mayor información al respecto y conocer el motivo que condujo al valor final comunicado”. Y advirtió que “la tutela judicial que se solicita implica poner en crisis la actuación del Estado nacional, al derogar normas de protección al consumidor y usuario del sistema de medicina prepaga”.
El magistrado advirtió: “En consecuencia, entiendo que la protección judicial debe abarcar específicamente la suspensión de los efectos de ese acto estatal”. El afiliado al que refiere el fallo es un hombre de 78 años, jubilado, quien denunció un incremento del 62% en su factura de febrero. Cobró en diciembre del año pasado 223.811,84 pesos de haber y en enero actual, 157.541,23. La factura que recibió en enero (en dos tramos) fue de $267.787. El jubilado sufrió un ACV en 2017 y tiene problemas cardíacos.
Para el juez, “las circunstancias que rodean la condición de jubilado de quien requiere tutela judicial efectiva, sumado a la ausencia de afectación a un interés público, que la medida no producirá efectos jurídicos irreversibles, más la concurrencia de los demás requisitos, hacen suponer sin ambages la procedencia de la suspensión del acto estatal en ciernes”. Portocarrero de Tezanos Pinto cuestionó que “se han derogado las funciones de la Autoridad de Aplicación quien fiscalizaba el cumplimiento de las prestaciones”.
El DNU de Milei está en vigor casi en su totalidad. Fue suspendido el capítulo laboral, a pedido de la CGT y la CTA. Hay más de 60 demandas para buscar la anulación del DNU por inconstitucional, pero en ninguna se dictó un fallo que anule la norma. La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos dos causas donde deber decidir sobre este asunto.
Un juez federal subrogante de San Martín dejó sin efecto el aumento que aplicó una prepaga a un afiliado, al suspender –solo en este caso en particular– los efectos del decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei, que, entre decenas de reformas, desregula los incrementos en las empresas de medicina.
El fallo es del juez Elpidio Portocarrero de Tezanos Pinto, quien como titular de su juzgado de Mercedes anteayer mismo concedió otra medida cautelar mediante la cual suspendió otros dos artículos del DNU de Milei, esta vez aquellos que permitían a los clubes de fútbol transformarse en sociedades anónimas.
En el caso de la prepaga, el damnificado es un jubilado de 78 años, que sufrió un ACV y que cobra 157.000 pesos por mes de haber jubilatorio y debe pagar una cuota que con el aumento llegó a unos 267.000 pesos. El magistrado resolvió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al Estado nacional la suspensión de la aplicación de los artículos 267 y 269 del DNU”, y ordenó a Simeco –Servicios Consejo Salud– “readecuar las cuotas correspondientes al plan asistencial” del afiliado, “dejando sin efecto los aumentos realizados en aplicación del decreto”.
El alcance de esta sentencia se refiere a este afiliado, nada más. A medidos de enero, la jueza de San Martín Martina Forns dictó una medida cautelar contra la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires, Galeno y Omint en otros fallos para esos casos en concreto.
Ahora, el juez Portocarrero de Tezanos Pinto escribió que “ante el incremento mensual de las cuotas, no surge de las facturas acompañadas justificación o detalle de tal aumento que permite a la accionante tener mayor información al respecto y conocer el motivo que condujo al valor final comunicado”. Y advirtió que “la tutela judicial que se solicita implica poner en crisis la actuación del Estado nacional, al derogar normas de protección al consumidor y usuario del sistema de medicina prepaga”.
El magistrado advirtió: “En consecuencia, entiendo que la protección judicial debe abarcar específicamente la suspensión de los efectos de ese acto estatal”. El afiliado al que refiere el fallo es un hombre de 78 años, jubilado, quien denunció un incremento del 62% en su factura de febrero. Cobró en diciembre del año pasado 223.811,84 pesos de haber y en enero actual, 157.541,23. La factura que recibió en enero (en dos tramos) fue de $267.787. El jubilado sufrió un ACV en 2017 y tiene problemas cardíacos.
Para el juez, “las circunstancias que rodean la condición de jubilado de quien requiere tutela judicial efectiva, sumado a la ausencia de afectación a un interés público, que la medida no producirá efectos jurídicos irreversibles, más la concurrencia de los demás requisitos, hacen suponer sin ambages la procedencia de la suspensión del acto estatal en ciernes”. Portocarrero de Tezanos Pinto cuestionó que “se han derogado las funciones de la Autoridad de Aplicación quien fiscalizaba el cumplimiento de las prestaciones”.
El DNU de Milei está en vigor casi en su totalidad. Fue suspendido el capítulo laboral, a pedido de la CGT y la CTA. Hay más de 60 demandas para buscar la anulación del DNU por inconstitucional, pero en ninguna se dictó un fallo que anule la norma. La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos dos causas donde deber decidir sobre este asunto.
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