IMPACTO, PASIVO Y AL MARGEN DE LA SEMANA

En enero, la deuda pública creció US$10.622 millones
Fue por emitir bonos en pesos indexados por la variación del tipo de cambio o la inflación

Javier Blanco
Como estaba previsto, por el impacto que tiene emitir deuda en pesos indexados por la variación del tipo de cambio o la inflación, la deuda pública bruta o total aumentó en el equivalente a US$10.622 millones durante el primer mes del año.
Creció de US$370.664 millones, a un monto total equivalente a US$381.272 millones, una suba impulsada en un 67,1% (unos US$7108 millones) por el aumento de la deuda emitida en moneda local y acompañada en unos US$3514 millones por una suba del pasivo en moneda extranjera, al ingresar el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), trabado hacía varios meses.
Hay que recordar que ese organismo giró al país US$4707 millones como parte de la renovación del acuerdo pactado con la administración Milei, de los cuales se utilizaron US$1967 millones para pagar los vencimientos de capital de enero. De allí que, en el mes, la deuda con el FMI subió de US$40.899 millones a US$43.157 millones.
Los datos los divulgó la Secretaría de Finanzas, detallando que la deuda en situación de pago normal totaliza US$378.837 millones y es pagadera 71% en divisas, mientras que 29% es cancelable en moneda local.
Las cifras muestran que en solo un mes ya se diluyó en un 19,45% el efecto de licuación generado por la devaluación del 54% del peso que se oficializó el 13 de diciembre pasado, luego del cambio de gobierno.
Por un efecto contable, dicha depreciación había producido una reducción ese mes de U$S54.630 millones en este pasivo que la nacion apuntó como circunstancial, dado que el grueso de la deuda en pesos emitida en los últimos dos años de la administración Fernández había sido colocada con ajuste del capital por inflación o en función de la variación registrada por el tipo de cambio oficial o de ambas a la vez, y en función de la que resulte más convenientes para los tenedores de esos papeles (bonos Dual).
Una carga
Con el correr de los meses, eso transforma en una carga lo que se percibió en principio como un alivio. A menos que se controlen esas dos variables. De hecho, en la medida en que la inflación vaya aumentando por encima de la variación del tipo de cambio oficial, la deuda en pesos valuada en dólares seguirá creciendo en los próximos meses, absorbiendo la licuación transitoria de diciembre.
Después de todo, más del 90% del endeudamiento público nacional en pesos está contraído en bonos CER (que se ajustan por inflación) o dollar linked (se ajustan por el tipo de cambio oficial), de acuerdo con la Oficina de presupuesto del congreso(opc).

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Economía licitó deuda por $4,9 billones y recompra bonos al Central
Aprovechó la liquidez bancaria; supera en 2,5 veces los vencimientos
Javier Blanco
El Gobierno volvió a aprovechar ayer la liquidez ociosa que quedó en cartera de los bancos para tomar $4,9 billones del mercado . Lo hizo con la reapertura de dos bonos por vencer a mediano plazo y con capital ajustable por inflación, que fueron colocados con tasa negativas del 3,5% en promedio.
Se trata de un monto que supera en 2,5 veces los vencimientos de deuda en pesos más próximos por $1,9 billones que enfrenta, lo que le dio la posibilidad de usar el excedente para “continuar con el proceso de saneamiento de la hoja de balance del Banco Central (BCRA) y la mejora de la carga financiera de la deuda del Tesoro”.
De hecho, anunció que el financiamiento obtenido por encima del monto de los vencimientos” que enfrenta lo usará para volver a recomprar de deuda del Tesoro nacional en cartera del BCRA “por un valor efectivo de $2.950.000 millones”, según el comunicado oficial.
El título a rescatar es el Global 35 en dólares (AL35), una operación que involucrará a una cifra aproximada “al 30% de la base monetaria”, destacó.
El Ministerio de Economía hizo notar que la situación de equilibrio fiscal financiero conseguida por el Tesoro nacional “elimina la necesidad de tomar nueva deuda”, algo que permite que el excedente de financiamiento obtenido se vuelque a los fines antes descriptos.
Además, la Secretaría de Finanzas, a cargo de Pablo Quirno, hizo notar que la demanda del mercado se concentró en los títulos por vencer en 2026 (TZX26) y 2027 (TZX27) siendo “consistente con nuestro objetivo de estirar el perfil de vencimientos”.
Por esa razón fue que se convalidó el total de las ofertas presentadas por esos papeles en la subasta de hoy, explicaron.
“Con el excedente le comprarán al BCRA US$2700 millones en Argbon 2035, cifra que representa el 42% de la emisión. De este modo, se reduce la deuda en dólares y contrae la oferta de pesos, a la vez que ratifican la política de déficit cero”, hizo notar Javier Casabal, estratega de inversiones del Grupo Adcap
Estrategia con muchas aristas
Hasta aquí, el Gobierno había usado los excedentes de dinero conseguidos con nuevas colocaciones de deuda en pesos indexados pero a cupón 0 y con tasas negativas para recomprar títulos en poder del BCRA pero en pesos,
Incluso, días atrás se conoció a través del Boletín Oficial (BO) que Finanzas le realizó un canje al sector público de la letra CER que vence este mes (X20F4) por el Boncer a caducar en noviembre de 2025 (TX25)”.
Esto confirma que la recompra anunciada ayer significaría además la primera que apunta a una reducción de la deuda en moneda extranjera.
“Tomaron deuda en pesos ajustada por inflación a tasas reales negativas y con eso cancelan deuda en dólares que rinde +20% y con pesos que se destruyen porque es un papel que tenía en cartera el BCRA”, tradujo un banquero que pidió anonimato. “Acá todo se confunde. Es muy bueno”, cerró.
El Gobierno enfrenta aún este mes vencimiento de deuda, según datos del mercado, por unos $4 billones, básicamente relacionados con un bono Dual (aquel que ajusta capital por inflación o dólar oficial, lo que resulte más conveniente para su tenedor del papel).
Por esta razón, febrero aparecía como el primer mes con vencimientos relevantes para el nuevo gobierno y se había hablado de la posibilidad de aliviarlos con algún canje de deuda. Sin embargo esa operación, mencionada en el marco de una reunión con banqueros el mes pasado y en el staff reporte del FMI, quedó por ahora “en suspenso”, según pudo establecer recientemente  de consultas con fuentes oficiales.

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El rumbo está claro, pero preocupa el instrumental
Néstor O. Scibona
Pocas veces como ahora se aplica tan bien la frase (atribuida a Alejandro Borensztein) según la cual la Argentina es un país donde quien se va de viaje 20 días encuentra al regresar todo cambiado, pero si vuelve después de 20 años sigue todo igual.
Hace menos de 20 días, a fin de enero, la atención política estaba concentrada en la descomunal ley ómnibus destinada a ampliar libertades económicas y sociales, que sobrevoló el período de sesiones extraordinarias de Diputados sin llegar a destino, en buena medida por mala praxis del oficialismo. Ahora el debate vuelve al ajuste fiscal para podar subsidios a los servicios públicos después de casi cuatro años de tarifas congeladas, como ocurrió en 2016. La diferencia es que, en el caso del transporte, esta vez el Gobierno apuntó primero a las provincias como represalia presidencial por el voto en contra de sus legisladores que frustró la ley. En medio de esta pulseada, hace 30 años que sigue pendiente un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos promovido por la Constitución nacional de 1994 y se convirtió en misión imposible porque debería ser aprobado por todas las jurisdicciones.
El rumbo macroeconómico que busca imponer Javier Milei está claro desde el arranque de su gestión: recomponer precios relativos atrasados; desregular mercados; reducir al mínimo el intervencionismo del Estado; las transferencias discrecionales a las provincias y los subsidios a la energía y el transporte. El objetivo es recomponer reservas del BCRA, suprimir el déficit fiscal, la emisión para financiarlo y estabilizar la economía, a través del freno del consumo y la actividad como opción excluyente.
Sin embargo, y pese a sus muestras de austeridad (viajes presidenciales en aviones de línea), los instrumentos ultraortodoxos, no convencionales o conflictivos que suele utilizar, así como sus frecuentes declaraciones de confrontación político-ideológica con la “casta” y su activismo en redes sociales con acusaciones de traición, están creando un clima de preocupación en parte de la población y del empresariado. No están a la altura de su investidura presidencial, resultan difíciles de decodificar, transmiten falta de previsibilidad a corto plazo y dudas sobre la sostenibilidad de las medidas.
Que el Presidente haya afirmado esta semana, en su reportaje con LN+, que la motosierra y la licuadora “no son negociables” es una manera de justificar una constante histórica de la Argentina: a cada exceso “salvaje” de gasto público, le siguen ajustes no menos salvajes, que por lo general fueron necesarios después de gobiernos peronistas. Un dato omitido en el sorpresivo documento escrito de Cristina Kirchner, donde la parte fiscal y monetaria para negar su impacto inflacionario muestra toda la impronta de Axel Kicillof y el resto completa un compendio de hipocresías, entre ellas, propuestas de reformas que el kirchnerismo nunca promovió o se dedicó a bloquear. Aun así, resulta llamativo que la inesperada reaparición de la expresidenta tuviera una relativa condescendencia por parte de Milei.
La motosierra para cortar gastos fue, desde la campaña electoral, un símbolo del ajuste fiscal que tras el fracaso de la ley ómnibus acaba de ser profundizado con la drástica reducción de subsidios a los servicios públicos y el consiguiente ajuste de tarifas con indexación mensual posterior. También con la eliminación masiva de fondos fiduciarios para transparentar el destino y la distribución de esas “cajas políticas”, manejadas con escasa o nula rendición de cuentas. No obstante, como algunos de estos fondos canalizan préstamos de organismos financieros multilaterales para obras de infraestructura o planes de asistencia social y tienen auditorías externas o internas (por lo general con retraso), surgen interrogantes sobre el futuro uso de esos recursos.
De manera similar, la licuación resulta la modalidad más clásica para reducir gastos de manera encubierta en contextos altamente inflacionarios. Consiste en anunciar o disponer aumentos de haberes o gastos pero por debajo de la inflación acumulada en determinado período, a fin de bajarlos (“licuarlos”) en términos reales sin que en lo inmediato se note tanto como un recorte nominal.
Los jubilados pueden dar fe de ese deterioro. Un informe de Idesa revela que en febrero el haber mínimo tendrá un poder adquisitivo inferior al de la crisis de comienzos de 2002, calculado en pesos de diciembre de 2023. De hecho, el recorte del gasto previsional y asistencial fue uno de los principales factores del superávit financiero logrado en enero por el Tesoro. Tal vez parte de esos fondos se destinen ahora al aumento de la ayuda escolar,que excepcionalmente fue elevada ayer en 311% (nominal).
Mientras tanto pasó inadvertido que Milei haya puesto en marcha el fuerte ajuste fiscal sobre la base del proyecto de presupuesto nacional para 2024 presentado en el Congreso por Sergio Massa a mitad de septiembre de 2023, pero que no fue tratado ni convertido en ley. En parte porque el entonces diputado y candidato libertario pidió que se postergara para después de las elecciones. Sus proyecciones hoy parecen prehistóricas: inflación de 70% interanual; dólar oficial promedio de $600; crecimiento del PBI de 2,5% y déficit primario equivalente a 0,9% del PBI, pese a las sucesivas ediciones del irresponsable “plan platita”.
Si bien el Poder Ejecutivo tiene la facultad de “reconducir” el proyecto anterior, la situación corrobora que en la Argentina los presupuestos son de goma. A tal punto que el gasto puede ser aumentado vía DNU y las subas o bajas de impuestos nacionales requieren la aprobación de leyes. Por ahora no hay evidencias de la elaboración de un nuevo presupuesto con nuevas prioridades de gasto, que aportaría a la gestión del Presidente una mayor calidad institucional y previsibilidad, claro que en la dudosa hipótesis de hacerlo aprobar y cumplir a rajatabla.
Otra incógnita a corto plazo gira alrededor de la política cambiaria. Milei no descartó que en junio pueda levantar el cepo, como lo contempla la renegociación del acuerdo con el FMI, aunque sin plazos taxativos. Previamente había afirmado que tampoco dejó de lado su proyecto de dolarización. En este punto, el exministro Domingo Cavallo aportó pistas con forma de receta en su último informe de fin de enero.
Allí sostuvo que para el Presidente retomar la prédica dolarizadora es la mejor forma de inducir expectativas de descenso acelerado de la inflación durante 2024 para lograr que en 2025 ya no haya vestigios del cepo cambiario y pueda implementarse un plan de estabilización para erradicarla, como la convertibilidad en 1991. “El presidente Milei –agrega– ha aclarado que cuando habla de dolarización se refiere a la libre elección de la moneda por parte de los ciudadanos. Esto es importante para desestimar el argumento de que para dolarizar se requiere disponer de reservas netas equivalentes a todos los pasivos monetarios del BCRA. En otros términos, es posible dolarizar en el sentido de dar libertad de elección de la moneda, cuando el BCRA haya logrado recuperar reservas equivalentes a los encajes legales de los depósitos en dólares del mercado bancario y esté en condiciones de devolver esos depósitos si sus titulares lo requieren”. También resalta que nadie creerá que la propuesta de dolarización es seria mientras siga siendo ilegal la libre compra y venta de dólares, por lo cual es imprescindible el funcionamiento de un segmento cambiario libre sin ningún tipo de interferencia del BCRA y la reducción de la brecha. “Para que el compromiso con la estabilización sea creíble, se deberá evitar un nuevo salto cambiario hasta el momento de la reunificación y liberalización completa del mercado”, concluye.
Por lo pronto, las expectativas están puestas en el mensaje del Presidente el 1° de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y si hablará dentro o fuera del recinto.

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