Apareció una mujer “chocolate” que usaba las tarjetas de los “ñoquis”
María Ortellado y su pareja, Hugo Muguerza, se presentaron a la Justicia; son afines a la UCR y a Pro de La Plata
Hugo Alconada Mon captura
María Josefina Ortellado quedó registrada en un video
LA PLATA.- María Josefina Ortellado tiene 44 años y vive a doce cuadras de la Legislatura bonaerense. Su nombre es poco conocido, pero no así su rostro. Aparece en múltiples videos de las cámaras de seguridad de varias sucursales del Banco Provincia. ¿Por qué? Porque es la primera “chocolate” mujer. Junto a su pareja, Hugo Muguerza, recurrió a tarjetas de “ñoquis” del Senado bonaerense para desviar fondos del Estado .
Ortellado y Muguerza se presentaron ayer en los tribunales platenses para ponerse a disposición de la fiscal Betina Lacki y del juez de Garantías Guillermo Federico Atencio, a cargo de la investigación que tiene a Claudio y Facundo Albini, junto a Julio “Chocolate” Rigau presos como miembros de una presunta asociación ilícita abocada a robarle cientos de millones de pesos a las arcas públicas.
Tanto Ortellado como Muguerza interpusieron sendos escritos judiciales con dos objetivos. El primero, designar un abogado defensor, Javier Marcelo Percow, cuatro días después de que la nacion lo identificara como otro “chocolate”. El segundo, ponerse “a derecho”. Es decir, informarle a la Justicia que están a su disposición para, de ese modo, reducir los riesgos de una orden de detención. Junto al escrito, Muguerza acompañó un certificado del Hospital Español de esta ciudad, firmada por el médico y dirigente radical Claudio Pérez Irigoyen, quien precisó que el puntero bajo sospecha se encuentra enfermo de cáncer y que afrontó una compleja intervención quirúrgica el 8 de este mes.
Militante desde hace décadas del partido radical, por el cual llegó a ser concejal suplente en esta ciudad, en los 80, y subsecretario de Ambiente durante la gestión de Julio Garro, Muguerza tendió fuertes vínculos con Pro durante los últimos años; entre ellos, como parte del sistema de recaudación en el que participó junto a Ortellado, su pareja actual.
La mujer figura como empleada de la Municipalidad de La Plata y aparece como adjudicataria de un inmueble que el Instituto de la Vivienda bonaerense construyó en la calle 524 de las afueras de esta ciudad, aún cuando en su escrito judicial, Ortellado indicó que su domicilio real es otro.
Desde el radicalismo platense buscaron despegarse de Muguerza durante los últimos días, como también buscaron desvincularse de sus actividades, que quedaron inmortalizadas en las cámaras del Banco Provincia. Allí coincidió con Chocolate Rigau durante tres madrugadas de agosto y septiembre pasados, mientras extraían fondos de tarjetas de débito de “ñoquis” de las cámaras de Diputados y Senadores bonaerenses.
Esos videos muestran que Rigau y Muguerza se conocían, se saludaron y hasta cruzaron sonrisas, mientras que el primero extraía fondos que podrían financiar actividades del Frente Renovador -por extensión, de Unión por la Patria-, y que el segundo, junto a su pareja, de Pro o la UCR –y, por ende, de Juntos por el Cambio–.
Las coincidencias entre Rigau, Muguerza y Ortellado van más allá. Entre otras, el abogado que ahora representa a Muguerza y Ortellado integra el estudio jurídico de Alfredo Gascón, defensor, a su vez, de Chocolate Rigau.
La fiscal Lacki ya citó a declarar a los titulares de las 39 tarjetas de débito bajo sospecha que operaron Muguerza y Ortellado. Buscará que alguno rompa el silencio cómplice e identifique a la pareja, a diferencia de lo que ocurrió con los 48 titulares de las tarjetas de débito de ñoquis de la Legislatura bonaerense que tenía Rigau cuando lo detuvieron. Solo uno de ellos se abrió de la coartada común, pero con olvidos llamativos. Muguerza y Ortellado no respondieron los llamados
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LA PLATA.- María Josefina Ortellado tiene 44 años y vive a doce cuadras de la Legislatura bonaerense. Su nombre es poco conocido, pero no así su rostro. Aparece en múltiples videos de las cámaras de seguridad de varias sucursales del Banco Provincia. ¿Por qué? Porque es la primera “chocolate” mujer. Junto a su pareja, Hugo Muguerza, recurrió a tarjetas de “ñoquis” del Senado bonaerense para desviar fondos del Estado .
Ortellado y Muguerza se presentaron ayer en los tribunales platenses para ponerse a disposición de la fiscal Betina Lacki y del juez de Garantías Guillermo Federico Atencio, a cargo de la investigación que tiene a Claudio y Facundo Albini, junto a Julio “Chocolate” Rigau presos como miembros de una presunta asociación ilícita abocada a robarle cientos de millones de pesos a las arcas públicas.
Tanto Ortellado como Muguerza interpusieron sendos escritos judiciales con dos objetivos. El primero, designar un abogado defensor, Javier Marcelo Percow, cuatro días después de que la nacion lo identificara como otro “chocolate”. El segundo, ponerse “a derecho”. Es decir, informarle a la Justicia que están a su disposición para, de ese modo, reducir los riesgos de una orden de detención. Junto al escrito, Muguerza acompañó un certificado del Hospital Español de esta ciudad, firmada por el médico y dirigente radical Claudio Pérez Irigoyen, quien precisó que el puntero bajo sospecha se encuentra enfermo de cáncer y que afrontó una compleja intervención quirúrgica el 8 de este mes.
Militante desde hace décadas del partido radical, por el cual llegó a ser concejal suplente en esta ciudad, en los 80, y subsecretario de Ambiente durante la gestión de Julio Garro, Muguerza tendió fuertes vínculos con Pro durante los últimos años; entre ellos, como parte del sistema de recaudación en el que participó junto a Ortellado, su pareja actual.
La mujer figura como empleada de la Municipalidad de La Plata y aparece como adjudicataria de un inmueble que el Instituto de la Vivienda bonaerense construyó en la calle 524 de las afueras de esta ciudad, aún cuando en su escrito judicial, Ortellado indicó que su domicilio real es otro.
Desde el radicalismo platense buscaron despegarse de Muguerza durante los últimos días, como también buscaron desvincularse de sus actividades, que quedaron inmortalizadas en las cámaras del Banco Provincia. Allí coincidió con Chocolate Rigau durante tres madrugadas de agosto y septiembre pasados, mientras extraían fondos de tarjetas de débito de “ñoquis” de las cámaras de Diputados y Senadores bonaerenses.
Esos videos muestran que Rigau y Muguerza se conocían, se saludaron y hasta cruzaron sonrisas, mientras que el primero extraía fondos que podrían financiar actividades del Frente Renovador -por extensión, de Unión por la Patria-, y que el segundo, junto a su pareja, de Pro o la UCR –y, por ende, de Juntos por el Cambio–.
Las coincidencias entre Rigau, Muguerza y Ortellado van más allá. Entre otras, el abogado que ahora representa a Muguerza y Ortellado integra el estudio jurídico de Alfredo Gascón, defensor, a su vez, de Chocolate Rigau.
La fiscal Lacki ya citó a declarar a los titulares de las 39 tarjetas de débito bajo sospecha que operaron Muguerza y Ortellado. Buscará que alguno rompa el silencio cómplice e identifique a la pareja, a diferencia de lo que ocurrió con los 48 titulares de las tarjetas de débito de ñoquis de la Legislatura bonaerense que tenía Rigau cuando lo detuvieron. Solo uno de ellos se abrió de la coartada común, pero con olvidos llamativos. Muguerza y Ortellado no respondieron los llamados
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El procurador dictaminó contra Cristina Kirchner
Casal opinó que la Corte debe rechazar una queja de la expresidenta
Hernán Cappiello
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó en contra de la expresidenta Cristina Kirchner y opinó que la Corte Suprema debe rechazar un recurso presentado por ella y dejar firme su procesamiento por 175 casos de sobornos en una causa ligada a los cuadernos de las coimas.
Si la Corte coincide con Casal y rechaza el recurso de queja, se allana el camino hacia el juicio oral y público, sin fecha aún, que está radicado en el Tribunal Oral Federal número 7, a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero. Cristina Kirchner fue procesada por asociación ilícita en este caso y luego se amplió su procesamiento por 175 casos de cohecho pasivo; es decir, la recepción de coimas en un caso ligado, vinculado con la cartelización de la obra pública.
La Cámara Federal rechazó la apelación de la expresidenta contra este último fallo, por no tratarse de una sentencia definitiva. La defensa de Cristina Kirchner planteó un recurso extraordinario, que fue rechazado en la Cámara de Casación, por lo que ahora fue a la Corte con un recurso de queja contra la ampliación de ese procesamiento.
La defensa cuestionó que la sala de Casación que resolvió no es la que debía hacerlo, dijo que se está ante una “privación de justicia” y que el caso es equiparable a una sentencia definitiva por “las excepcionalísimas características del caso” y “la enorme gravedad institucional del expediente”. No obstante, Casal entendió que el recurso no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Y escribió que con las razones esgrimidas la defensa busca “justificar así la intervención de V. E. [por la Corte] en esta instancia, en lugar de postergarla a la etapa de apelación de un eventual pronunciamiento final adverso”.
Con respecto al planteo de la defensa sobre la sala de Casación que debió intervenir, el procurador dijo que esa cuestión ya fue resuelta y que las otras objeciones que hizo sobre la validez de la prueba o el supuesto incumplimiento de formas procesales no corresponden a esta etapa, sino a los tribunales ordinarios en las etapas posteriores del juicio. “No aprecio que las decisiones adoptadas en el sub examine, que la parte encuentra adversas, permitan afirmar que ha sido sometida a una privación total de justicia que justifique equiparar el auto de procesamiento cuestionado a la sentencia definitiva”, escribió Casal y dictaminó por rechazar el recurso de queja de la expresidenta.
La causa por los cuadernos de las coimas, producto de una investigación de la nacion, ya está elevada a juicio oral. El tribunal les permitió a todos los imputados, a los querellantes y a la fiscalía que hagan el ofrecimiento de la prueba que usarán en el proceso. Esto es, a qué testigos esperan convocar, qué documentación quieren incorporar y si pedirán medidas previas al comienzo de la audiencia, como nuevos peritajes. Ahora, los jueces están analizando qué pruebas admiten y cuáles no.
La principal acusada en esta causa es Cristina Kirchner, como presunta jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios de la cartera para retirar sobornos pagados por empresarios. Hay 159 personas imputadas, todas en libertad. Esta causa, en rigor, no es un solo expediente sino que son 10 expedientes que se encuentran conectados y tramitan como un conjunto. Esos expedientes involucran 26 calificaciones jurídicas y abarcan, en total, 540 hechos de corrupción, en su mayoría pagos y recepciones de sobornos
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó en contra de la expresidenta Cristina Kirchner y opinó que la Corte Suprema debe rechazar un recurso presentado por ella y dejar firme su procesamiento por 175 casos de sobornos en una causa ligada a los cuadernos de las coimas.
Si la Corte coincide con Casal y rechaza el recurso de queja, se allana el camino hacia el juicio oral y público, sin fecha aún, que está radicado en el Tribunal Oral Federal número 7, a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero. Cristina Kirchner fue procesada por asociación ilícita en este caso y luego se amplió su procesamiento por 175 casos de cohecho pasivo; es decir, la recepción de coimas en un caso ligado, vinculado con la cartelización de la obra pública.
La Cámara Federal rechazó la apelación de la expresidenta contra este último fallo, por no tratarse de una sentencia definitiva. La defensa de Cristina Kirchner planteó un recurso extraordinario, que fue rechazado en la Cámara de Casación, por lo que ahora fue a la Corte con un recurso de queja contra la ampliación de ese procesamiento.
La defensa cuestionó que la sala de Casación que resolvió no es la que debía hacerlo, dijo que se está ante una “privación de justicia” y que el caso es equiparable a una sentencia definitiva por “las excepcionalísimas características del caso” y “la enorme gravedad institucional del expediente”. No obstante, Casal entendió que el recurso no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Y escribió que con las razones esgrimidas la defensa busca “justificar así la intervención de V. E. [por la Corte] en esta instancia, en lugar de postergarla a la etapa de apelación de un eventual pronunciamiento final adverso”.
Con respecto al planteo de la defensa sobre la sala de Casación que debió intervenir, el procurador dijo que esa cuestión ya fue resuelta y que las otras objeciones que hizo sobre la validez de la prueba o el supuesto incumplimiento de formas procesales no corresponden a esta etapa, sino a los tribunales ordinarios en las etapas posteriores del juicio. “No aprecio que las decisiones adoptadas en el sub examine, que la parte encuentra adversas, permitan afirmar que ha sido sometida a una privación total de justicia que justifique equiparar el auto de procesamiento cuestionado a la sentencia definitiva”, escribió Casal y dictaminó por rechazar el recurso de queja de la expresidenta.
La causa por los cuadernos de las coimas, producto de una investigación de la nacion, ya está elevada a juicio oral. El tribunal les permitió a todos los imputados, a los querellantes y a la fiscalía que hagan el ofrecimiento de la prueba que usarán en el proceso. Esto es, a qué testigos esperan convocar, qué documentación quieren incorporar y si pedirán medidas previas al comienzo de la audiencia, como nuevos peritajes. Ahora, los jueces están analizando qué pruebas admiten y cuáles no.
La principal acusada en esta causa es Cristina Kirchner, como presunta jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios de la cartera para retirar sobornos pagados por empresarios. Hay 159 personas imputadas, todas en libertad. Esta causa, en rigor, no es un solo expediente sino que son 10 expedientes que se encuentran conectados y tramitan como un conjunto. Esos expedientes involucran 26 calificaciones jurídicas y abarcan, en total, 540 hechos de corrupción, en su mayoría pagos y recepciones de sobornos
MURIÓ Ricardo MONNER SANS
El abogado Ricardo Monner Sans, de vasta trayectoria pública, murió ayer a los 87 años. El letrado fue el denunciante de la “causa armas”, en 1995, luego de que el Gobierno triangulara armamento a Croacia y Ecuador. En su carrera, Monner Sans presentó más de un centenar de denuncias, muchas durante el menemismo.
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Juicio por abuso: testigos complicaron más a Alperovich
Declararon la abuela de la víctima, media docena de amigas y familiares y un médico; refirieron que les contó lo ocurrido
Media docena de testigos complicaron al exgobernador José Alperovich en el juicio que se le sigue por supuesto abuso sexual reiterado de una sobrina lejana suya en Buenos Aires y en Tucumán. Declararon que, según supieron por boca de la víctima, que había sido objeto de abusos sexuales por parte del exfuncionario.
Entre los testigos que comparecieron en la audiencia de ayer se cuentan la abuela de la chica, que denunció a Alperovich, identificada con las siglas F.L., tres primas, una amiga de ella, compañera del colegio, y el marido de unas de ellas, que es médico. El facultativo mencionó que estuvo en una reunión familiar cuando la víctima contaba lo que le había sucedido. También declararon cuatro amigas que refirieron que vieron a la chica quebrada, que se le caía el pelo, que perdía las uñas y mostraba un deterioro físico pronunciado, porque había decidido mantener en secreto lo que le estaba sucediendo. Hasta que decidió realizar la denuncia.
Los testigos declararon ante el juez Juan Ramos Padilla, a cargo de un tribunal unipersonal, del abogado defensor de Alperovich y del fiscal Sandro Abraldes. El acusado enfrenta ocho cargos de abuso sexual, dos en grado de tentativa y seis agravados por haber ocurrido con acceso carnal.
Alperovich, que no declaró en el juicio y dijo que lo iba a hacer al final después de oír toda la prueba, no niega haber tenido un vínculo con la chica, sino que niega de plano los cargos de abuso. La víctima, que declaró el primer día, mencionó que decidió renunciar a trabajar con el exfuncionario en 2019 pero que a algunas personas, entre ella su padre, su madre, su abuela y a algunas amigas le contó lo que le estaba sucediendo. Los testigos están ratificando estos relatos. La madre y el padre de la chica aún no declararon. La víctima mencionó que en un momento tuvo una pérdida de sangre producto del abuso y que quiso lavar las sábanas porque le avergonzaba y dijo en otro tramo de su relato que una vez que terminaban las audiencias de la agenda del exgobernador, a las 17.30 su custodia se retiraba a los alrededores de la casa o el inmueble donde estuvieran, y el exmandatario mantenía relaciones con ella, y también con otras mujeres. En su caso dijo que fue contra su voluntad.
En el juicio, la abuela de la víctima afirmó que su nieta le confesó que Alperovich había abusado de ella y que no se animaba a expresarlo. La mujer dijo que su nieta le habló de abuso sexual pero que no le dio detalles.
Solo menciono que cuando iban en el auto oficial el exfuncionario colocaba su mano entre las piernas de la chica porque decía que lo “energizaba”. Señaló que su nieta le planteó que debía denunciar a Alperovich ante la Justicia para “sacarse de adentro” lo que la angustiaba.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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