LOS PRÓXIMOS PASOS

Eliminan fondos fiduciarios por US$2000 millones: “Son cajas de la política”
Lo anunció ayer el vocero presidencial; financian obras públicas y subsidios
Maia Jastreblansky
El Gobierno anunció ayer la eliminación de fondos fiduciarios por 2000 millones de dólares. “El presidente Milei decidió eliminar determinados fondos fiduciarios. Entendemos que carecen de transparencia y son parte de lo que denominamos ‘cajas de la política’”, anunció el vocero, Manuel Adorni. En una primera etapa, se eliminarían nueve.
El manejo de los fondos fiduciarios fue uno de los puntos que marcaron la caída en Diputados del proyecto de ley ómnibus. Milei había adelantado el martes, en una entrevista con LN+, su decisión de avanzar con esta medida por decreto.
Los fondos fiduciarios son 29 y concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, casi un 2% del producto bruto interno (PBI) del país, según datos estimados por la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Economía de la Nación. Están destinados, en su mayoría, a financiar obras públicas específicas o a subsidiar energía y transporte.
El Gobierno inauguró ayer la “mesa técnica” de funcionarios y asesores que encarará un plan B para avanzar por otras vías con las reformas y desregulaciones que estaban plasmadas en la fracasada “Ley de bases”, más otros proyectos que están en el tintero de los equipos del presidente Javier Milei y que aún no vieron la luz.
Según pudo saber en la Casa Rosada, entre las primeras iniciativas que abordó la mesa figura la eliminación de los fondos fiduciarios, a la que el presidente Milei considera una “caja negra” de la política argentina. En una primera etapa serán desactivados, por decreto, nueve fideicomisos.
Tal como publicó este diario, los fondos fiduciarios concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, cerca de 2 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI), según datos de la Secretaría de Hacienda y de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Aunque la falta de transparencia con la que se manejan esos fondos hace que se trate de cifras estimativas. De hecho, entre los pocos datos oficiales disponibles resalta que 24 fideicomisos transfirieron 1.025.816.922.615 pesos durante los primeros nueve meses de 2023.
El presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, los pusieron en la mira tras el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso, en medio de una fuerte controversia con los gobernadores provinciales, que reciben parte de los fondos y, en algunos casos, reclaman abiertamente su continuidad.
Los fondos en revisión están destinados a la construcción de viviendas familiares o “de Infraestructura Hídrica”, a la “Integración Socio Urbana”, el “Manejo del Fuego”, la “Estabilización del Trigo Argentino”, el “Desarrollo Provincial” o la “Recuperación de la Actividad Ovina”, entre otros. Si bien los trabajos de la “mesa técnica” están en una etapa preliminar, en la Casa Rosada anticipan un cambio de estrategia: ya no habrá un “proyecto ómnibus”, sino una batería de decretos y “varios proyectos de ley puntuales”. Pero la eliminación de los fondos fiduciaros aparece como un asunto clave para el gobierno libertario, que está embarcado en un fuerte ajuste del gasto público.
Nueva estrategia
Después de la experiencia fallida en sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo definió volver a enviar iniciativas y activar el Congreso en el período ordinario, desde el primero de marzo. “Los legisladores van a pasar bastante tiempo debatiendo”, anticipó un colaborador oficial horas después de la primera reunión de equipo. Esto es así porque el Gobierno quiere avanzar con todas las reformas posibles vía decreto (o a través de resoluciones simples plausibles de ser publicadas en el Boletín Oficial), pero en muchos casos se topa con materias que sí o sí deben regularse por ley.
Con los fondos fiduciarios, que es algo que Milei quiere eliminar con urgencia, ya hicieron la discriminación: habría al menos nueve fondos que se pueden eliminar por decreto porque fueron creados de esa manera, pero otros tantos deben pasar por el Congreso.
Pese a la premura del Presidente con este tema –el jueves se especuló con una cadena nacional para anunciarlo que finalmente no prosperó–, todavía queda un trabajo jurídico por hacer, según reconstruyó la nacion.
Es que el Gobierno no puede eliminar las funciones que tienen los fondos fiduciarios (que en muchos casos son esenciales, como el control del fuego). Se apunta en cambio a modificar el instrumento, que avala el manejo de montos altísimos sin mayor control. Ayer, el portavoz Manuel Adorni anunció que se van a eliminar “nueve fondos fiduciarios equivalentes a 2000 millones de dólares”, pero en rigor se avanzará con muchos más.
En el Gobierno no dan precisiones sobre los temas que seguirán en agenda. Según pudo saber este medio, hay dos cuestiones de alta sensibilidad que están sobre la mesa: jubilaciones (“se va a buscar un ajuste por ley de la movilidad jubilatoria”, se limitó a decir un colaborador oficial) y educación. En este último caso, el Gobierno tiene en carpeta declararla “servicio esencial” en medio de los reclamos de las provincias y los gremios por fondos nacionales y de una paritaria nacional para garantizar la recomposición del salario docente y el inicio de clases.
Tal como anticipó la nacion, el Gobierno reanudó los trabajos técnicos para avanzar por decreto con distintos puntos de la “Ley de bases” que quedaron frustrados. Ayer a la mañana tuvo lugar una reunión de equipo de la que participaron Federico Sturzenegger (uno de los padres intelectuales del mega-dnu de Milei y de la ley ómnibus); José “Cochi” Rolandi (segundo de Nicolás Posse en la Jefatura de Gabinete), el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, y el asesor presidencial Santiago Caputo, que tiene poder de decisión en estrategia política.
El encuentro se extendió por 40 minutos. Los asesores hicieron una puesta en común del trabajo técnico que venían realizando por separado y definieron las primeras líneas de acción. En el Gobierno quieren avanzar con otros proyectos de desregulación y de reformas del Estado adicionales a todo lo que se conoció hasta ahora.
“Hay que acordarse de que en la “Ley de bases” y en el DNU solo tocamos el 20% de lo que teníamos estudiado”, dijo un colaborador muy al tanto del trabajo. “Hay temas de desregulación que pueden caminar por decreto o regulación simple, así que estamos evaluando cada uno”, agregó otro importante colaborador oficial. Agregó que, además, es posible que se retome sin pasar por el Congreso el capítulo vinculado a la cultura.
“El sistema de subsidios del Incaa nos parecía bueno modificarlo por ley, pero en rigor podemos hacerlo con la reglamentación propia del instituto”, advirtió. Así, el Gobierno comenzó a desmenuzar el paquete de reformas que quiso tratar todo junto y de forma urgente en los primeros días de gestión. Se espera ahora un tratamiento “tema por tema”, con mucha actividad vía decreto y proyectos de ley.

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Crece la presión opositora por la comisión que controla los DNU
El bloque que lidera Pichetto se sumó a un pedido de los radicales y el kirchnerismo

Laura SerraEl vocero presidencial, Manuel Adorni, ayer en conferencia en la Casa Rosada

Los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados suman presión para que el presidente del cuerpo, Martín Menem, designe a los miembros que deben integrar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de revisar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo. Entre ellos, el megadecreto 70/23, que el presidente Javier Milei dictó para desregular la economía.
Además del radicalismo, el bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Pichetto, envió una nota a Menem para que la Comisión Bicameral se constituya lo antes posible, ya que el Congreso está en mora en su deber constitucional de revisar los decretos presidenciales. Al tratarse de una comisión permanente –es decir, que debería funcionar todo el año, aun durante el receso de sesiones ordinarias–, la mora ya lleva dos meses.
Está claro que la estrategia del oficialismo es demorar el debate y ganarle tiempo al megadecreto; mientras el Congreso no se pronuncie al respecto, su vigencia seguirá firme. Solo si ambas cámaras lo rechazan de manera expresa, este queda derogado. El oficialismo teme que su DNU –que incluye 366 artículos y contempla reformas políticas, laborales y sociales- sea desguazado por el Congreso; desconfía de los bloques de oposición dialoguista, en particular de la UCR y de Hacemos Coalición Federal, a los que acusó de “traidores y delincuentes” al responsabilizarlos por el fracaso de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, la semana pasada.
La discusión sobre el futuro del DNU promete agitar aún más las aguas. El lunes pasado el radicalismo le reclamó a Menem que constituya “con urgencia y sin más demoras” la Comisión Bicameral correspondiente. “Si el gobierno anterior se aprovechó de su mayoría para bloquear el funcionamiento de la Comisión durante dos años, asistimos hoy a una nueva degradación institucional en la que este gobierno ni siquiera la constituye”, argumentaron los legisladores radicales encabezados por el senador y jefe de la UCR, Martín Lousteau; el titular de la bancada de diputados, Rodrigo de Loredo, y su par del Senado, Eduardo Vischi.
Al coro de reclamos se suman los legisladores de Hacemos Coalición Federal. “No existen motivos para la dilación de las responsabilidades que nos corresponden”, advierten los diputados de ese bloque, que reclaman que no bien se integre la
Comisión Bicameral, esta se ponga en marcha de inmediato. Esta tarea le corresponde a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien si bien ya formalizó la designación de los ocho miembros de ese cuerpo –la comisión cuenta con 16 integrantes–, viene esquivando la discusión del DNU en el recinto, pese a los reclamos airados del kirchnerismo.
En la Cámara de Diputados, en tanto, Menem encontró el argumento perfecto para demorar la designación de los ocho miembros que corresponden a este cuerpo. Los bloques ya presentaron sus postulantes, pero un entredicho con Unión por la Patria impide que se complete su integración. En efecto, el bloque que conduce Germán Martínez reclama para sí cuatro representantes, pretensión que el oficialismo rechaza.
“De acuerdo con la cantidad de integrantes de su bloque (99) sobre el total de la Cámara (257) le corresponde el 38,52% de representación –expresó Menem por nota dirigida a Martínez–. Ese porcentaje sobre ocho integrantes implica la cantidad de 3,08”. Y remarca: “Su bloque en ningún caso puede pretender la integración de cuatro diputados, ya que implicaría arrogarse el 50% de representación”.
El tema preocupa al oficialismo, ya que en el Senado el bloque de Unión por la Patria está a cuatro votos del quorum (37 voluntades). En la Cámara de Diputados, si bien está lejos de la mayoría, hay sectores de la oposición dialoguista –entre ellos, el radicalismo- que propondrán que se desglose el DNU para discutirlo por capítulos. Esta posibilidad hoy está vedada por la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia.
Uno de los puntos conflictivos que contiene el DNU es el capítulo laboral, frenado por la Justicia.

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