Otra patota asesina mantiene su pacto de silencio
La Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores resolverá en los próximos días la situación procesal de los 14 detenidos por la mortal agresión a Tomás Tello Ferreira
Gustavo Carabajal
Cuatro de los 14 detenidos en Santa Teresita están imputados como coautores del homicidio
A dos meses del homicidio de su hijo Tomás, de 18 años, Samanta Ferreira todavía no pudo saber por qué lo mataron a golpes y puñaladas. La angustia aumenta a partir de que trascendió que la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial Dolores podría modificar la situación procesal de algunos de los 14 detenidos, acusados del asesinato ocurrido en las primeras horas del 1° de enero, en Santa Teresita.
“No tengo dudas de que todos los imputados que están presos tuvieron responsabilidad en el homicidio de Tomy. Desde uno de los Kopelián que apuñaló a mi hijo hasta los otros que pegaron, los que le tiraron botellazos, los que arrojaron piedras, los que patearon, los que arengaron y los que impidieron que recibiera ayuda. Todos fueron culpables del asesinato de Tomy”, expresó la madre de la víctima.
Además de la violencia aplicada por los agresores, el homicidio de Tomás puso al descubierto la falta de acción de la policía. La madrugada que mataron al joven no había ningún efectivo que impidiera que un grupo de, en principio, 14 sospechosos atacara durante casi siete cuadras a la víctima.
Ningún jefe policial de Santa Teresita fue convocado a declarar como acusado por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense para explicar por qué en la seccional de esa ciudad la noche que apuñalaron a Tomás había solamente un móvil.
“Acá la policía está preocupada en otra cosa. El lunes pasado un empleado de la Dirección de Protección Ciudadana del Municipio quiso sacar un cartel en el que se reclama ‘Justicia por Tomy’. Entonces le pedí que no lo retirara, que no molestaba a nadie. Tan grande fue el alboroto que vinieron policías en cuatro móviles. Les grité: “Ahora vienen porque querían sacar un cartel y la noche que mataron a mi hijo no fue nadie”, recordó la madre de la víctima.
Según Samanta Ferreira, la madrugada del homicidio hubo varios llamados al número de emergencias 911 en los que se alertó sobre la agresión que sufría el adolescente, aunque oficialmente los responsables de la estación de policía local indicaron que solo existió una comunicación.
En las próximas horas, un tribunal de Dolores resolverá si deja firme la resolución dictada por el juez de Garantías Diego Olivera Zapiola, que aceptó el pedido del fiscal Pablo Gamaleri para que se disponga la prisión preventiva de los 14 detenidos por el homicidio de Tomás Tello Ferreira.
Al notificar sobre el hecho que les imputó a los sospechosos, el representante del Ministerio Público marcó dos grupos que tuvieron grados de participación diferentes en el ataque que terminó con el crimen del joven de 18 años.
Luego de revisar las pruebas, entre las que figuran videos grabados con celulares y declaraciones de testigos, el fiscal concluyó que Damián
Kopelián, Federico Gonzalo Brandán, Roberto Jesús Nicolás Ochoa y Carlos Amestoy habrían agredido a Tomás hasta matarlo. Esa agresión habría sido el corolario de un plan previamente urdido para asesinar al adolescente.
“Los cuatro sospechosos mencionados llevaron a Tomás hasta la casa situada en 44 N° 124, donde lo acorralaron y se turnaron para atacarlo a golpes, puntapiés, puñetazos, pedradas y botellazos en el cuerpo mientras, a su vez, impedían, simultáneamente, que sus amigos pudieran socorrerlo”, expresó el representante del Ministerio Público en el dictamen que convalidó el magistrado de Garantías.
Estos cuatro acusados fueron procesados con prisión preventiva como presuntos responsables de haber sido coautores del homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. En caso de que se mantuviera la figura penal que impusieron el fiscal y el juez de Garantías, los imputados podrían ser condenados a prisión perpetua.
Al describir los fundamentos de la prisión preventiva, el juez sostuvo que hubo alevosía, debido a que los sospechosos pusieron a la víctima en un estado de indefensión que le impidió recibir ayuda, y descartó la posibilidad de que hubiera sido un homicidio en riña, ya que no existió una pelea “mano a mano” como sostuvieron algunos de los acusados.
El segundo agravante, según el magistrado, se habría comprobado con la pluralidad de agresores que golpearon a Tomás y la existencia de un plan previo que, de acuerdo con lo que quedó expuesto en el homicidio de Fernando Báez Sosa, puede surgir en los minutos anteriores al ataque y no necesariamente debería tratarse de una decisión que el grupo de acusados tomó con mucha antelación.
“No puede escapar a mi atención que este hecho sucedió luego de tomar público conocimiento un episodio de características similares que conmocionó a la sociedad y puso de manifiesto que situaciones como la presente son gravemente consideradas por la sociedad, que las repugna y pugna por su punición”, expresó el magistrado en su resolución al recordar el homicidio de Fernando Báez Sosa, el joven estudiante de Derecho asesinado en Villa Gesell en enero de 2020.
Otros diez sospechosos fueron procesados como presuntos partícipes necesarios del homicidio calificado de Tomás, por haber sido cometido con alevosía con el concurso real de dos o más personas.
Roles de los atacantes
Las defensas de todos los acusados presentaron recursos en los que solicitaron que se revoque la resolución del juez de Garantías. En los próximos días se conocerá el fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores en el que se definirá si los 14 acusados quedan presos o podría existir la posibilidad de que algunos de ellos queden en libertad debido que no habría pruebas de la participación directa en la agresión, aunque habrían estado en el lugar del hecho: las siete cuadras desde 38 y la costa, donde comenzó el ataque, hasta la casa de 44, entre la Costanera y la calle 2, donde apuñalaron a Tomás.
Uno de los diez acusados de formar parte del otro grupo, Avedis Kopelián, de 57 años y nacionalidad uruguaya, fue excarcelado hace tres semanas por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores. El abogado que lo representa, Carlos Guillermo Diéguez, dijo que su defendido era inocente. “Tenemos identificada a otra persona que tiene un tatuaje muy llamativo en el cuello y llevaba otra prenda de color amarillo”; afirmó el letrado.
“No puede pasar inadvertido que desde el comienzo las acciones desplegadas por los acusados en forma organizada habrían estado dirigidas a provocar el agotamiento de la víctima al extremo de dejarla sin defensa alguna frente al ataque, así como a impedir que terceros pudieran brindarle auxilio frente al mismo. Es así que por medio de un accionar común se habría asegurado la ejecución del ataque imposibilitando de este modo la defensa de la víctima, la que habría quedado en estado de indefensión”, expresó el magistrado sobre las casi siete cuadras en las que se desarrolló la agresión y la maniobra para agotar a Tomás.
Con respecto al posible móvil del ataque, el fiscal se refirió al antecedente de la pelea que se registró el 23 de diciembre pasado entre la víctima y algunos de los agresores, cuando Tomás no los dejó entrar en una casa para una fiesta de cumpleaños. Samanta, la madre de la víctima, conoce la hipótesis sobre el hecho que habría provocado la planificación del ataque contra Tomás, aunque tiene algunas dudas.
“No encuentro una razón para tanta saña. Tomás era un chico bueno que no tenía maldad. No creo que esa pelea con un grupo de personas entre las que estaba Damián Kopelián, en la esquina 53 y 15, en Mar del Tuyú, constituya un motivo para que alguien quisiera matar a mi hijo. Tomy me contó que esa noche hubo una discusión y que a uno de ellos, no me acuerdo si fue a Ochoa o Amestoy, se le cayó el DNI. Creo que me dijo que el documento era de un chico que tenía un tatuaje en el cuello. Tomy me pidió que lo buscara por Facebook para devolverle el DNI. Me pidió que indicara que pasara a buscar el documento por el negocio del padre. Por todo esto que mi hijo me contó en los días posteriores a la supuesta pelea del 23 de diciembre es que no me cierra que ese hecho hubiera motivado la agresión contra mi hijo”, sostuvo la madre de la víctima.
Para pedir los procesamientos y la prisión preventiva de los 14 acusados el representante del Ministerio Público revisó 106 pruebas. El último de estos elementos corresponde a las actas de las ruedas de reconocimiento de detenidos.
Uno de los testigos que declararon en el expediente recordó que uno de los integrantes del grupo agresor “pinchaba” con un cuchillo a Tomás, al tiempo que gritaba: “Te voy a matar”.
“El que tenía una punta decía: ‘Te voy a matar’. En ese momento lo agarraron los amigos. Uno era un narigón y otro tenía un tatuaje; luego, cuando lo pinchó a Tomás, el narigón y el del tatuaje le pegaban. En ese momento, el narigón lo tenía con una piedra amenazándolo cuando ya lo habían pinchado y estaba todo ensangrentado. En ese momento, Tomás se desvaneció. El que le pegó el puntazo se había retirado y el otro quedó pegándole. Mientras tanto el del tatuaje también lo agredía. El resto, cuando vieron que Tomás estaba ensangrentado, se fueron”, describió el testigo.
Los cuatro agresores que detalló el testigo en su declaración fueron reconocidos en rueda de detenidos
Cuatro jóvenes fueron imputados con prisión preventiva como presuntos responsables de haber sido coautores del homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas
La madre de la víctima considera que todos los detenidos colaboraron en el homicidio
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Los negocios en dólares en el automovilismo del amigo de Fernández
Héctor Martínez Sosa, el bróker de seguros investigado por los contratos durante el gobierno kirchnerista, fue sponsor de un corredor del Indycar; el flujo de recursos desde el Estado
A dos meses del homicidio de su hijo Tomás, de 18 años, Samanta Ferreira todavía no pudo saber por qué lo mataron a golpes y puñaladas. La angustia aumenta a partir de que trascendió que la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial Dolores podría modificar la situación procesal de algunos de los 14 detenidos, acusados del asesinato ocurrido en las primeras horas del 1° de enero, en Santa Teresita.
“No tengo dudas de que todos los imputados que están presos tuvieron responsabilidad en el homicidio de Tomy. Desde uno de los Kopelián que apuñaló a mi hijo hasta los otros que pegaron, los que le tiraron botellazos, los que arrojaron piedras, los que patearon, los que arengaron y los que impidieron que recibiera ayuda. Todos fueron culpables del asesinato de Tomy”, expresó la madre de la víctima.
Además de la violencia aplicada por los agresores, el homicidio de Tomás puso al descubierto la falta de acción de la policía. La madrugada que mataron al joven no había ningún efectivo que impidiera que un grupo de, en principio, 14 sospechosos atacara durante casi siete cuadras a la víctima.
Ningún jefe policial de Santa Teresita fue convocado a declarar como acusado por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense para explicar por qué en la seccional de esa ciudad la noche que apuñalaron a Tomás había solamente un móvil.
“Acá la policía está preocupada en otra cosa. El lunes pasado un empleado de la Dirección de Protección Ciudadana del Municipio quiso sacar un cartel en el que se reclama ‘Justicia por Tomy’. Entonces le pedí que no lo retirara, que no molestaba a nadie. Tan grande fue el alboroto que vinieron policías en cuatro móviles. Les grité: “Ahora vienen porque querían sacar un cartel y la noche que mataron a mi hijo no fue nadie”, recordó la madre de la víctima.
Según Samanta Ferreira, la madrugada del homicidio hubo varios llamados al número de emergencias 911 en los que se alertó sobre la agresión que sufría el adolescente, aunque oficialmente los responsables de la estación de policía local indicaron que solo existió una comunicación.
En las próximas horas, un tribunal de Dolores resolverá si deja firme la resolución dictada por el juez de Garantías Diego Olivera Zapiola, que aceptó el pedido del fiscal Pablo Gamaleri para que se disponga la prisión preventiva de los 14 detenidos por el homicidio de Tomás Tello Ferreira.
Al notificar sobre el hecho que les imputó a los sospechosos, el representante del Ministerio Público marcó dos grupos que tuvieron grados de participación diferentes en el ataque que terminó con el crimen del joven de 18 años.
Luego de revisar las pruebas, entre las que figuran videos grabados con celulares y declaraciones de testigos, el fiscal concluyó que Damián
Kopelián, Federico Gonzalo Brandán, Roberto Jesús Nicolás Ochoa y Carlos Amestoy habrían agredido a Tomás hasta matarlo. Esa agresión habría sido el corolario de un plan previamente urdido para asesinar al adolescente.
“Los cuatro sospechosos mencionados llevaron a Tomás hasta la casa situada en 44 N° 124, donde lo acorralaron y se turnaron para atacarlo a golpes, puntapiés, puñetazos, pedradas y botellazos en el cuerpo mientras, a su vez, impedían, simultáneamente, que sus amigos pudieran socorrerlo”, expresó el representante del Ministerio Público en el dictamen que convalidó el magistrado de Garantías.
Estos cuatro acusados fueron procesados con prisión preventiva como presuntos responsables de haber sido coautores del homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. En caso de que se mantuviera la figura penal que impusieron el fiscal y el juez de Garantías, los imputados podrían ser condenados a prisión perpetua.
Al describir los fundamentos de la prisión preventiva, el juez sostuvo que hubo alevosía, debido a que los sospechosos pusieron a la víctima en un estado de indefensión que le impidió recibir ayuda, y descartó la posibilidad de que hubiera sido un homicidio en riña, ya que no existió una pelea “mano a mano” como sostuvieron algunos de los acusados.
El segundo agravante, según el magistrado, se habría comprobado con la pluralidad de agresores que golpearon a Tomás y la existencia de un plan previo que, de acuerdo con lo que quedó expuesto en el homicidio de Fernando Báez Sosa, puede surgir en los minutos anteriores al ataque y no necesariamente debería tratarse de una decisión que el grupo de acusados tomó con mucha antelación.
“No puede escapar a mi atención que este hecho sucedió luego de tomar público conocimiento un episodio de características similares que conmocionó a la sociedad y puso de manifiesto que situaciones como la presente son gravemente consideradas por la sociedad, que las repugna y pugna por su punición”, expresó el magistrado en su resolución al recordar el homicidio de Fernando Báez Sosa, el joven estudiante de Derecho asesinado en Villa Gesell en enero de 2020.
Otros diez sospechosos fueron procesados como presuntos partícipes necesarios del homicidio calificado de Tomás, por haber sido cometido con alevosía con el concurso real de dos o más personas.
Roles de los atacantes
Las defensas de todos los acusados presentaron recursos en los que solicitaron que se revoque la resolución del juez de Garantías. En los próximos días se conocerá el fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores en el que se definirá si los 14 acusados quedan presos o podría existir la posibilidad de que algunos de ellos queden en libertad debido que no habría pruebas de la participación directa en la agresión, aunque habrían estado en el lugar del hecho: las siete cuadras desde 38 y la costa, donde comenzó el ataque, hasta la casa de 44, entre la Costanera y la calle 2, donde apuñalaron a Tomás.
Uno de los diez acusados de formar parte del otro grupo, Avedis Kopelián, de 57 años y nacionalidad uruguaya, fue excarcelado hace tres semanas por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores. El abogado que lo representa, Carlos Guillermo Diéguez, dijo que su defendido era inocente. “Tenemos identificada a otra persona que tiene un tatuaje muy llamativo en el cuello y llevaba otra prenda de color amarillo”; afirmó el letrado.
“No puede pasar inadvertido que desde el comienzo las acciones desplegadas por los acusados en forma organizada habrían estado dirigidas a provocar el agotamiento de la víctima al extremo de dejarla sin defensa alguna frente al ataque, así como a impedir que terceros pudieran brindarle auxilio frente al mismo. Es así que por medio de un accionar común se habría asegurado la ejecución del ataque imposibilitando de este modo la defensa de la víctima, la que habría quedado en estado de indefensión”, expresó el magistrado sobre las casi siete cuadras en las que se desarrolló la agresión y la maniobra para agotar a Tomás.
Con respecto al posible móvil del ataque, el fiscal se refirió al antecedente de la pelea que se registró el 23 de diciembre pasado entre la víctima y algunos de los agresores, cuando Tomás no los dejó entrar en una casa para una fiesta de cumpleaños. Samanta, la madre de la víctima, conoce la hipótesis sobre el hecho que habría provocado la planificación del ataque contra Tomás, aunque tiene algunas dudas.
“No encuentro una razón para tanta saña. Tomás era un chico bueno que no tenía maldad. No creo que esa pelea con un grupo de personas entre las que estaba Damián Kopelián, en la esquina 53 y 15, en Mar del Tuyú, constituya un motivo para que alguien quisiera matar a mi hijo. Tomy me contó que esa noche hubo una discusión y que a uno de ellos, no me acuerdo si fue a Ochoa o Amestoy, se le cayó el DNI. Creo que me dijo que el documento era de un chico que tenía un tatuaje en el cuello. Tomy me pidió que lo buscara por Facebook para devolverle el DNI. Me pidió que indicara que pasara a buscar el documento por el negocio del padre. Por todo esto que mi hijo me contó en los días posteriores a la supuesta pelea del 23 de diciembre es que no me cierra que ese hecho hubiera motivado la agresión contra mi hijo”, sostuvo la madre de la víctima.
Para pedir los procesamientos y la prisión preventiva de los 14 acusados el representante del Ministerio Público revisó 106 pruebas. El último de estos elementos corresponde a las actas de las ruedas de reconocimiento de detenidos.
Uno de los testigos que declararon en el expediente recordó que uno de los integrantes del grupo agresor “pinchaba” con un cuchillo a Tomás, al tiempo que gritaba: “Te voy a matar”.
“El que tenía una punta decía: ‘Te voy a matar’. En ese momento lo agarraron los amigos. Uno era un narigón y otro tenía un tatuaje; luego, cuando lo pinchó a Tomás, el narigón y el del tatuaje le pegaban. En ese momento, el narigón lo tenía con una piedra amenazándolo cuando ya lo habían pinchado y estaba todo ensangrentado. En ese momento, Tomás se desvaneció. El que le pegó el puntazo se había retirado y el otro quedó pegándole. Mientras tanto el del tatuaje también lo agredía. El resto, cuando vieron que Tomás estaba ensangrentado, se fueron”, describió el testigo.
Los cuatro agresores que detalló el testigo en su declaración fueron reconocidos en rueda de detenidos
Cuatro jóvenes fueron imputados con prisión preventiva como presuntos responsables de haber sido coautores del homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas
La madre de la víctima considera que todos los detenidos colaboraron en el homicidio
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Los negocios en dólares en el automovilismo del amigo de Fernández
Héctor Martínez Sosa, el bróker de seguros investigado por los contratos durante el gobierno kirchnerista, fue sponsor de un corredor del Indycar; el flujo de recursos desde el Estado
Diego Cabot y Camila Dolabjian
igEl corredor Agustín Canapino y Martínez Sosa
Las decenas de millones en comisiones a partir de la intermediación de seguros en el Estado le aportaron la liquidez financiera necesaria al productor de seguros Héctor Martínez Sosa, amigo de Alberto Fernández y esposo de su secretaria de 30 años, para darse varios gustos. Uno de ellos, llegar a ser uno de los auspiciantes de un auto del Indycar, la principal categoría de autos de Estados Unidos y una de las más televisadas del planeta. El logo de su aseguradora fue estampado en los laterales del auto negro y verde del corredor argentino Agustín Canapino, que disputó 14 carreras de la temporada pasada. De hecho, en el evento más importante de la categoría, las 500 millas de Indianápolis, el deportista participó con un auto con los colores de la bandera argentina y el logo de Martínez Sosa. Era uno de los más visibles del vehículo en la mítica carrera, donde los auspicios cotizan en miles de dólares.
Canapino dejó la Argentina el año pasado para dedicarse al automovilismo en Estados Unidos. Firmó un acuerdo con el equipo de otro compatriota y expiloto, Ricardo Juncos, que junto con un socio fundaron Juncos Hollinger Racing.
Según fuentes conocedoras del acuerdo entre ambas partes, el contrato era escaso para Canapino y, por ello, se le otorgaron además dos lugares para publicidad propia en su ropa y vehículo, a fin de que pueda utilizarlos para financiar su vida en Estados Unidos. Canapino le cedió uno de esos lugares a Martínez Sosa y el otro al Grupo Prieto. Es decir que, de acuerdo con lo que pudo saber la nacion, el equipo Juncos Hollinger no era el que recibía el dinero de estos auspicios.
La relación entre el piloto y el productor de seguros no es reciente. En una conferencia de prensa realizada en 2021, Martínez Sosa dijo conocer a Canapino desde que tenía 19 años (ahora tiene 34) y acompañarlo con su empresa desde hace 13. “Foto con Héctor Martínez Sosa, a quien le estaré toda mi vida agradecido, confiando en mí desde el 2009 y la persona que me ayudó en todo desde que perdí a mi viejo”, publicó en sus redes sociales Canapino hace dos años.
Martínez Sosa era sponsor, hace más de 10 años, de un equipo de la categoría Top Race llamado Sport Team, que contrata a Agustín Canapino cuando era muy joven. Fuentes conocedoras del vínculo explican que la buena relación que construyeron generó que se convirtiera prácticamente en su mánager.
Cuando, en 2019, Canapino salió tercero en Termas de Río Hondo, se dio una anécdota particular. Debido a un problema durante la carrera, después de la entrega de premios se decidió que una serie de puntos iban para otro corredor, Mariano Altuna, por lo que la copa que había recibido debía ser cedida. El problema surgió cuando Martínez Sosa, que tenía el trofeo en su mano, se negó a devolverlo.
La publicidad en el automovilismo carga con la sospecha de sobrefacturación para reducir pago de impuestos o bien para blanquear dinero en el exterior, según reconocen conocedores del mercado. Canapino tiene una sociedad constituida en la Argentina que tiene como objeto principal la comercialización de tiempo y espacio publicitarios. En enero del año pasado, cuando se mudó a Estados Unidos, tuvo un pico en movimientos crediticios que alcanzaron los $2,5 millones, pero en agosto de 2023 declinaron sustancialmente, por debajo de los $500.000. En octubre y noviembre prácticamente no hubo actividad.
Aquella incursión criolla en la categoría de autos de carrera más importante de Estados Unidos fue financiada, enteramente, con dólares argentinos, que se pagaban al cambio oficial. Los auspicios que lubricaron el equipo –que, hay que decirlo, tuvo resultados deportivos por encima de lo esperado– fueron todos cercanos al poder kirchnerista.
En mayo del año pasado, mientras la Argentina negociaba dólar por dólar con el Fondo Monetario Internacional, se conoció otro de los aportes que llegaban al equipo del piloto. “Visit Argentina”, una marca desarrollada por la entonces Secretaría de Turismo, aparecía siempre estampada en el buzo del piloto, así como también en el auto negro y verde. la nacion pudo confirmar que no solamente invirtió en la publicidad de Canapino, sino también en la otros pilotos de Juncos Hollinger, como Callum Illot, de origen inglés.
El pago se hizo público mediante la decisión administrativa 356, del 2 de mayo del año pasado y que lleva la firma de los entonces jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y ministro de Economía, Sergio Massa.
“Es menester modificar el presupuesto del Instituto Nacional de Promoción Turística (Improtur), ente del Sector Público Nacional actuante en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes, incrementando los gastos corrientes en compensación con las aplicaciones financieras para la atención de acciones promocionales correspondientes al Campeonato de Indycar 2023”, se leía en uno de los considerandos de la norma. “El monto de las acciones de promoción es de US$93.750 dólares por carrera. Por el momento se ejecutaron cuatro carreras. La televisación del Indycar alcanza a 142 países, a través de 32 cadenas televisivas internacionales de África, Medio Oriente, Asia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Europa, América del Sur, América Central, Caribe y Estados Unidos”, informaron entonces en el ministerio.
Cuando salió aquella autorización del pago, el equipo Juncos Hollinger, cuyo titular es el argentino Ricardo Juncos, aún no había recibido ninguno de los pagos. Posteriormente llegaron varios, pero al día de hoy, no se terminaron de cancelar y aún existe una deuda del Estado con los dueños del auto del Indycar. Eran épocas de cepo cambiario y enormes restricciones para todo el comercio y la industria para acceder a los dólares.
Entre tanto, el juez federal Julián Ercolini ordenó ayer obtener los registros migratorios de Fernández, su secretaria María Cantero, y otros imputados del caso en el que se investigan irregularidades en la contratación de seguros de dependencias estatales.
Las decenas de millones en comisiones a partir de la intermediación de seguros en el Estado le aportaron la liquidez financiera necesaria al productor de seguros Héctor Martínez Sosa, amigo de Alberto Fernández y esposo de su secretaria de 30 años, para darse varios gustos. Uno de ellos, llegar a ser uno de los auspiciantes de un auto del Indycar, la principal categoría de autos de Estados Unidos y una de las más televisadas del planeta. El logo de su aseguradora fue estampado en los laterales del auto negro y verde del corredor argentino Agustín Canapino, que disputó 14 carreras de la temporada pasada. De hecho, en el evento más importante de la categoría, las 500 millas de Indianápolis, el deportista participó con un auto con los colores de la bandera argentina y el logo de Martínez Sosa. Era uno de los más visibles del vehículo en la mítica carrera, donde los auspicios cotizan en miles de dólares.
Canapino dejó la Argentina el año pasado para dedicarse al automovilismo en Estados Unidos. Firmó un acuerdo con el equipo de otro compatriota y expiloto, Ricardo Juncos, que junto con un socio fundaron Juncos Hollinger Racing.
Según fuentes conocedoras del acuerdo entre ambas partes, el contrato era escaso para Canapino y, por ello, se le otorgaron además dos lugares para publicidad propia en su ropa y vehículo, a fin de que pueda utilizarlos para financiar su vida en Estados Unidos. Canapino le cedió uno de esos lugares a Martínez Sosa y el otro al Grupo Prieto. Es decir que, de acuerdo con lo que pudo saber la nacion, el equipo Juncos Hollinger no era el que recibía el dinero de estos auspicios.
La relación entre el piloto y el productor de seguros no es reciente. En una conferencia de prensa realizada en 2021, Martínez Sosa dijo conocer a Canapino desde que tenía 19 años (ahora tiene 34) y acompañarlo con su empresa desde hace 13. “Foto con Héctor Martínez Sosa, a quien le estaré toda mi vida agradecido, confiando en mí desde el 2009 y la persona que me ayudó en todo desde que perdí a mi viejo”, publicó en sus redes sociales Canapino hace dos años.
Martínez Sosa era sponsor, hace más de 10 años, de un equipo de la categoría Top Race llamado Sport Team, que contrata a Agustín Canapino cuando era muy joven. Fuentes conocedoras del vínculo explican que la buena relación que construyeron generó que se convirtiera prácticamente en su mánager.
Cuando, en 2019, Canapino salió tercero en Termas de Río Hondo, se dio una anécdota particular. Debido a un problema durante la carrera, después de la entrega de premios se decidió que una serie de puntos iban para otro corredor, Mariano Altuna, por lo que la copa que había recibido debía ser cedida. El problema surgió cuando Martínez Sosa, que tenía el trofeo en su mano, se negó a devolverlo.
La publicidad en el automovilismo carga con la sospecha de sobrefacturación para reducir pago de impuestos o bien para blanquear dinero en el exterior, según reconocen conocedores del mercado. Canapino tiene una sociedad constituida en la Argentina que tiene como objeto principal la comercialización de tiempo y espacio publicitarios. En enero del año pasado, cuando se mudó a Estados Unidos, tuvo un pico en movimientos crediticios que alcanzaron los $2,5 millones, pero en agosto de 2023 declinaron sustancialmente, por debajo de los $500.000. En octubre y noviembre prácticamente no hubo actividad.
Aquella incursión criolla en la categoría de autos de carrera más importante de Estados Unidos fue financiada, enteramente, con dólares argentinos, que se pagaban al cambio oficial. Los auspicios que lubricaron el equipo –que, hay que decirlo, tuvo resultados deportivos por encima de lo esperado– fueron todos cercanos al poder kirchnerista.
En mayo del año pasado, mientras la Argentina negociaba dólar por dólar con el Fondo Monetario Internacional, se conoció otro de los aportes que llegaban al equipo del piloto. “Visit Argentina”, una marca desarrollada por la entonces Secretaría de Turismo, aparecía siempre estampada en el buzo del piloto, así como también en el auto negro y verde. la nacion pudo confirmar que no solamente invirtió en la publicidad de Canapino, sino también en la otros pilotos de Juncos Hollinger, como Callum Illot, de origen inglés.
El pago se hizo público mediante la decisión administrativa 356, del 2 de mayo del año pasado y que lleva la firma de los entonces jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y ministro de Economía, Sergio Massa.
“Es menester modificar el presupuesto del Instituto Nacional de Promoción Turística (Improtur), ente del Sector Público Nacional actuante en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes, incrementando los gastos corrientes en compensación con las aplicaciones financieras para la atención de acciones promocionales correspondientes al Campeonato de Indycar 2023”, se leía en uno de los considerandos de la norma. “El monto de las acciones de promoción es de US$93.750 dólares por carrera. Por el momento se ejecutaron cuatro carreras. La televisación del Indycar alcanza a 142 países, a través de 32 cadenas televisivas internacionales de África, Medio Oriente, Asia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Europa, América del Sur, América Central, Caribe y Estados Unidos”, informaron entonces en el ministerio.
Cuando salió aquella autorización del pago, el equipo Juncos Hollinger, cuyo titular es el argentino Ricardo Juncos, aún no había recibido ninguno de los pagos. Posteriormente llegaron varios, pero al día de hoy, no se terminaron de cancelar y aún existe una deuda del Estado con los dueños del auto del Indycar. Eran épocas de cepo cambiario y enormes restricciones para todo el comercio y la industria para acceder a los dólares.
Entre tanto, el juez federal Julián Ercolini ordenó ayer obtener los registros migratorios de Fernández, su secretaria María Cantero, y otros imputados del caso en el que se investigan irregularidades en la contratación de seguros de dependencias estatales.
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