Los libertarios aún no ocuparon puestos claves del Estado
A más de 100 días de gestión, no cuentan con organigramas ministeriales, y algunas áreas trabajan solo con un puñado de funcionarios
Federico González del Solar
A principios de febrero, el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de la Argentina (ILEC), una ONG que brega por la separación entre la Iglesia y el Estado, presentó un pedido de acceso a la información para solicitar precisiones sobre la asistencia alimentaria que el Ministerio de Capital Humano, en medio de la puja con las organizaciones sociales, le otorgó a la Alianza de Iglesias Evangélicas (Aciera). Entre otros pedidos, el ILEC requería información sobre la naturaleza del convenio, los comedores que se verían beneficiados y los mecanismos de rendición de cuentas.
A principios de este mes, la cartera que conduce Sandra Pettovello, a los casi 30 puntos planteados en la solicitud, dio una escueta respuesta: “Aún no se encuentra aprobada la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de los ministros que tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, lo cual dificulta la tarea de acceso a la información solicitada”.
El oficialismo ha dado sobradas muestras del rumbo que pretende imprimirle a la gestión. Sin embargo, tras cumplir 100 días de gobierno, por debajo de las primeras y segundas líneas, la maquinaria estatal, tal como se verifica en la respuesta al pedido del ILEC, luce desguarnecida, aunque más no sea en el plano formal.
“Es normal al inicio de gestión”, justificaba un colaborador en las primeras semanas frente a la demora en los nombramientos. “Es llamativo”, contrasta por estas horas otro “funcionario” que en diariamente le pone el cuerpo a la gestión, pero que no tiene ni aguarda designación alguna.
El esquema de gobierno tampoco termina de instaurarse. “Mapa del Estado: la página solicitada no se encuentra disponible”, aparece en el sitio de Gobierno ante el intento de consultar los organigramas en siete de los ocho ministerios. Algo similar ocurre con la Secretaría de la Presidencia. “Estamos trabajando en esta sección”, figura en la web oficial.
El desembarco libertario en el Estado se da en estridente armonía con los lineamientos de gestión. Por un lado, la falta de designaciones camina a la par del recorte en el sector público que promueve el oficialismo y hace juego con el mensaje anti-Estado que emana de la primera magistratura. Por el otro, la eficiencia del sector público, otro gran objetivo de gestión –incluido en el borrador de la reformulada ley ómnibus–, también se ve afectada por los huecos en la administración, tal como confiesan en una secretaría cuando afirman que la falta de firmas traba la marcha operativa de algunas “cuestiones”.
La misma página web da un indicio del alcance que el oficialismo busca darle a cada área de gobierno. Con casi 50 funcionarios, la cartera política que conduce Guillermo Francos es la más poblada. Detrás, con solo la mitad de los 36 cargos designados, figura el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri. El Ministerio de Economía, con Luis Caputo a la cabeza, tiene 35 cargos oficiales; el de Justicia, en manos de Mariano Cúneo Libarona, figura con 15, y la cartera de Seguridad de Patricia Bullrich, descontando las bajas, con 13. Ninguno exhibe aún el organigrama interno.
Por su parte, el Ministerio de Salud, dirigido por Mario Russo, figura con 12 nombramientos, los mismos que tiene Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello.
Dentro de esa vasta cartera, resta llenar muchos casilleros. “No hay novedades”, repiten en algunas de las patas que la componen ante la consulta sobre el avance en los nombramientos.
De acuerdo con el Boletín Oficial, en Cultura, la secretaría que comanda Leonardo Cifelli, fueron designados el subsecretario de Gestión y Desarrollo Cultural, Ignacio Lupi, y la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Graciela Barela. Más recientemente se sumaron tres funcionarios; dos recalaron en el Teatro Cervantes y otro, al frente de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).
A fines de febrero, Carlos Pirovano quedó a cargo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y nombró a su vez a tres nuevos funcionarios dentro del organismo. En total, por debajo de Cifelli, hubo nueve designaciones oficiales. Ante la consulta en el área no pudieron precisar los cargos vacantes. “Faltan las designaciones del Centro Cultural Kirchner y del Instituto Nacional de Teatro, por ejemplo. Y varias más”, se limitaron a afirmar.
Maximiliano Keczeli, un ingeniero industrial que tuvo un paso fugaz por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y hoy ocupa el cargo de secretario de Coordinación Legal dentro de Capital Humano, fue designado “responsable interino” del instituto, en lo que sería su tercer nombramiento en tres meses y el décimo dentro de Cultura.
La Secretaría de Trabajo, marcada por la salida, primero, del número dos del área, Horacio Pitrau, y luego por la del secretario, Omar Yasin, tiene cinco designaciones, una de ellas de carácter transitorio. La última designación fue la de Julio Cordero, a cargo del área. Con anterioridad, Mariano de los Heros sustituyó al desplazado Osvaldo Giordano al frente de la Anses.
Por debajo de Carlos Torrendell, cabeza de la Secretaría de Educación, trabajan cinco funcionarios con cargos oficializados: cuatro subsecretarios y un director, designados todos en el plazo de una semana.
En Niñez, Adolescencia y Familia, la secretaría que conduce Pablo de la Torre, fueron oficializados tres subsecretarios y un director, la misma cantidad de funcionarios que tiene el Incaa. Allí, anida una porción del ex Potenciar Trabajo, el programa social de mayor envergadura. Ante la consulta
tampoco pudieron precisar los cargos vacantes. Si se toman como parámetro los 40 lugares que entre direcciones y subsecretarías fueron diseñados al inicio de gestión, fue ocupada menos del 8% de la estructura.
Entre otros organismos que integran el ministerio, como el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) o la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género (ex Ministerio de las Mujeres), suman otras 13 designaciones, algunas de ellas de carácter transitorio.
A principios de febrero, el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de la Argentina (ILEC), una ONG que brega por la separación entre la Iglesia y el Estado, presentó un pedido de acceso a la información para solicitar precisiones sobre la asistencia alimentaria que el Ministerio de Capital Humano, en medio de la puja con las organizaciones sociales, le otorgó a la Alianza de Iglesias Evangélicas (Aciera). Entre otros pedidos, el ILEC requería información sobre la naturaleza del convenio, los comedores que se verían beneficiados y los mecanismos de rendición de cuentas.
A principios de este mes, la cartera que conduce Sandra Pettovello, a los casi 30 puntos planteados en la solicitud, dio una escueta respuesta: “Aún no se encuentra aprobada la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de los ministros que tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, lo cual dificulta la tarea de acceso a la información solicitada”.
El oficialismo ha dado sobradas muestras del rumbo que pretende imprimirle a la gestión. Sin embargo, tras cumplir 100 días de gobierno, por debajo de las primeras y segundas líneas, la maquinaria estatal, tal como se verifica en la respuesta al pedido del ILEC, luce desguarnecida, aunque más no sea en el plano formal.
“Es normal al inicio de gestión”, justificaba un colaborador en las primeras semanas frente a la demora en los nombramientos. “Es llamativo”, contrasta por estas horas otro “funcionario” que en diariamente le pone el cuerpo a la gestión, pero que no tiene ni aguarda designación alguna.
El esquema de gobierno tampoco termina de instaurarse. “Mapa del Estado: la página solicitada no se encuentra disponible”, aparece en el sitio de Gobierno ante el intento de consultar los organigramas en siete de los ocho ministerios. Algo similar ocurre con la Secretaría de la Presidencia. “Estamos trabajando en esta sección”, figura en la web oficial.
El desembarco libertario en el Estado se da en estridente armonía con los lineamientos de gestión. Por un lado, la falta de designaciones camina a la par del recorte en el sector público que promueve el oficialismo y hace juego con el mensaje anti-Estado que emana de la primera magistratura. Por el otro, la eficiencia del sector público, otro gran objetivo de gestión –incluido en el borrador de la reformulada ley ómnibus–, también se ve afectada por los huecos en la administración, tal como confiesan en una secretaría cuando afirman que la falta de firmas traba la marcha operativa de algunas “cuestiones”.
La misma página web da un indicio del alcance que el oficialismo busca darle a cada área de gobierno. Con casi 50 funcionarios, la cartera política que conduce Guillermo Francos es la más poblada. Detrás, con solo la mitad de los 36 cargos designados, figura el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri. El Ministerio de Economía, con Luis Caputo a la cabeza, tiene 35 cargos oficiales; el de Justicia, en manos de Mariano Cúneo Libarona, figura con 15, y la cartera de Seguridad de Patricia Bullrich, descontando las bajas, con 13. Ninguno exhibe aún el organigrama interno.
Por su parte, el Ministerio de Salud, dirigido por Mario Russo, figura con 12 nombramientos, los mismos que tiene Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello.
Dentro de esa vasta cartera, resta llenar muchos casilleros. “No hay novedades”, repiten en algunas de las patas que la componen ante la consulta sobre el avance en los nombramientos.
De acuerdo con el Boletín Oficial, en Cultura, la secretaría que comanda Leonardo Cifelli, fueron designados el subsecretario de Gestión y Desarrollo Cultural, Ignacio Lupi, y la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Graciela Barela. Más recientemente se sumaron tres funcionarios; dos recalaron en el Teatro Cervantes y otro, al frente de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).
A fines de febrero, Carlos Pirovano quedó a cargo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y nombró a su vez a tres nuevos funcionarios dentro del organismo. En total, por debajo de Cifelli, hubo nueve designaciones oficiales. Ante la consulta en el área no pudieron precisar los cargos vacantes. “Faltan las designaciones del Centro Cultural Kirchner y del Instituto Nacional de Teatro, por ejemplo. Y varias más”, se limitaron a afirmar.
Maximiliano Keczeli, un ingeniero industrial que tuvo un paso fugaz por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y hoy ocupa el cargo de secretario de Coordinación Legal dentro de Capital Humano, fue designado “responsable interino” del instituto, en lo que sería su tercer nombramiento en tres meses y el décimo dentro de Cultura.
La Secretaría de Trabajo, marcada por la salida, primero, del número dos del área, Horacio Pitrau, y luego por la del secretario, Omar Yasin, tiene cinco designaciones, una de ellas de carácter transitorio. La última designación fue la de Julio Cordero, a cargo del área. Con anterioridad, Mariano de los Heros sustituyó al desplazado Osvaldo Giordano al frente de la Anses.
Por debajo de Carlos Torrendell, cabeza de la Secretaría de Educación, trabajan cinco funcionarios con cargos oficializados: cuatro subsecretarios y un director, designados todos en el plazo de una semana.
En Niñez, Adolescencia y Familia, la secretaría que conduce Pablo de la Torre, fueron oficializados tres subsecretarios y un director, la misma cantidad de funcionarios que tiene el Incaa. Allí, anida una porción del ex Potenciar Trabajo, el programa social de mayor envergadura. Ante la consulta
tampoco pudieron precisar los cargos vacantes. Si se toman como parámetro los 40 lugares que entre direcciones y subsecretarías fueron diseñados al inicio de gestión, fue ocupada menos del 8% de la estructura.
Entre otros organismos que integran el ministerio, como el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) o la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género (ex Ministerio de las Mujeres), suman otras 13 designaciones, algunas de ellas de carácter transitorio.
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Se abre el debate por las jubilaciones, pero el Gobierno quiere esperar a abril
La UCR aceleró la convocatoria de la Comisión de Previsión para abrir la discusión; sin embargo, el oficialismo prefiere aguardar la resolución de la “Ley de bases”
Delfina Celichini
El radicalismo no termina de encontrarle el pulso al Gobierno y vuelve a quedar en una posición incómoda. Esta vez, con un tema de su agenda más prioritaria: los jubilados. A pesar del compromiso de acelerar la firma de un dictamen, el oficialismo pateó esta discusión para fines de abril y descartó un plenario de comisiones. Por eso, la UCR tuvo que volver a la carga en solitario y convocó para hoy, a las 12, a la Comisión de Previsión y Seguridad Social con el fin de comenzar la discusión de los proyectos para actualizar la fórmula de movilidad jubilatoria. La última palabra, no obstante, la tendrá Presupuesto, presidida por el flamante libertario José Luis Espert, quien ya adelantó que se plegará a los tiempos del Poder Ejecutivo.
“No se puede postergar más la respuesta ante la difícil situación que viven los jubilados argentinos”. Con esta frase, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la radical Gabriela Brower de Koning, anunció la convocatoria para debatir una recomposición a los jubilados. La legisladora forma parte de Evolución, el espacio dentro de la UCR en el que manda el presidente nacional del partido, Martín Lousteau, referente del ala crítica de Javier Milei.
La media docena de diputados que responden al senador nacional Lousteau evitaron dar quorum en la sesión pedida por la oposición dialoguista para marcarle la cancha al Ejecutivo y forzar el debate de una nueva fórmula de actualización previsional. Con su aporte, los números para abrir la discusión en mayoría se hubiesen conseguido.
Esta decisión se basó en dos pilares. Por un lado, no quisieron seguir resquebrajando la autoridad del jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, quien buscó abrir un nuevo canal de diálogo con el oficialismo. Por el otro, aceptaron el compromiso de los libertarios de acelerar el trabajo en comisiones y consensuar un dictamen que llegue al recinto con un trabajo previo.
De hecho, como un gesto de este acuerdo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apuró la conformación de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, y tuvo la sutileza de dejarla en manos de un referente de la UCR. No obstante, los guiños se empantanaron ahí.
Si bien se especulaba con la posibilidad de convocar a un plenario de Presupuesto y Previsión para acelerar un dictamen, cerca de Espert aclararon que no está previsto este escenario. Por el contrario, destacaron que se acoplarán a los tiempos del Poder Ejecutivo y esperarán que esta discusión se de “en el ámbito de la nueva ‘Ley de bases’, donde estará el financiamiento genuino para la fórmula de movilidad jubilatoria”.
A pesar de la insistencia de buena parte de la oposición dialoguista, incluso de Pro, a favor de avanzar con una recomposición para los jubilados, el Gobierno no muestra signos de moverse de su calendario legislativo. Según trascendió, prevén comenzar el tratamiento de la nueva ómnibus para después de Semana Santa. El objetivo de la administración libertaria es que el proyecto desembarque en la Cámara baja con “los acuerdos cerrados” de antemano.
Esta situación descolocó a De Loredo, quien hace un delicado equilibrio para mantener a su tropa encolumnada mientras trabaja para sostener la débil armonía con el Gobierno. Por eso, apoyó la decisión de Brower de Koning y escenificó irritación a través de un video de más de seis minutos en el que criticó la política económica del Ejecutivo por licuar los salarios.
“En este caso la urgencia no tapa lo importante, sino que lo importante es urgente. Se impone la necesidad de proteger y recomponer los haberes jubilatorios”, señaló De Loredo a través de X.
La oposición dialoguista exige una nueva fórmula de movilidad que recomponga los haberes de los jubilados con la inflación desde enero. La administración libertaria, con el ministro Luis Caputo a la cabeza, se resiste a ceder en su objetivo de lograr el déficit cero y solo ofrece compensar la mitad del índice de inflación registrado por el Indec en el primer mes del año.
Barra no puede intervenir en causas de Cristina kirchner
La Oficina Anticorrupción (OA) le hizo una “recomendación preventiva” al procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, para pedirle que se abstenga de intervenir en causas que involucren a Cristina Kirchner, quien el año pasado lo consultó para fijar posición en el expediente de Vialidad, en el que fue condenada. La recomendación del organismo, paso previo a la firma de una resolución final, se dio tras una presentación que hicieron los legisladores de la Coalición Cívica (CC) Mariana Zuvic y Maximiliano Ferraro, y llevó la firma del titular de la OA, Alejandro Melik. La recomendación que se le envió a Barra habla de ”instrucciones cautelares preventivas”.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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