Skanska: tras dos décadas, confirman dos procesamientos
Se trata de los exfuncionarios kirchneristas Cameron y Madaro
Hernán Cappiello
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Daniel Cameron, secretario de Energía durante el kirchnerismo, y de Fulvio Madaro, quien presidió el Enargas hace dos décadas, cuando se pagaron sobornos por la obtención de contratos de construcción de gasoductos que realizó la empresa sueca Skanska.
Esta es la parte residual del expediente que tiene en sus manos el juez federal Sebastián Casanello y que investigó con el impulso del fiscal Carlos Stornelli. El resto del caso, con Julio De Vido y José López como principales acusados y otras 29 personas, ya está elevado a juicio oral y público en el tribunal oral federal N° 4. Allí están procesados los ejecutivos de Skanska.
La Secretaría de Energía y el Enargas intervinieron en los contratos, por lo que se confirmó el procesamiento de los exfuncionarios como coautores de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo; es decir, recibir coimas. Además, la Justicia confirmó el embargo de $401.426.783 a cada uno.
Este fallo de la Sala I de la Cámara Federal fue dictado por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Los magistrados escribieron: “Se advierte la existencia de un acuerdo espurio para la adjudicación de las obras a cambio de dinero, el cual abarcaba la modalidad para llevar adelante los pagos ilícitos. Con esa finalidad se habría montado un sofisticado aparato de generación de facturas, libramiento de cheques, endosos, depósitos y liquidación en efectivo, destinado a ocultar y garantizar la entrega del dinero a los funcionarios públicos”.
Los camaristas confirmaron así los procesamientos de Cameron y Madaro, junto a los de Alicia Isabel, Federico Oscar, Horacio Héctor Tosi y Néstor Osvaldo Díaz. Por otro lado, revocaron los procesamientos y dictaron la falta de mérito de Hugo Daniel Muñoz, Osvaldo Pitrau, Pablo Ferrero, Jorge García y Daniel Zinna.
Con respecto a Cameron y a Madaro, los jueces dijeron que “las actuaciones administrativas muestran que los encartados tuvieron una injerencia decisiva en la elección de los procesos de contratación, la selección de ofertas y la adjudicación de las obras, incluida la aprobación y justificación de los incrementos de costos”.
En los concursos se detectaron mayores costos por cerca de 20 millones de dólares entre el presupuesto inicial y lo finalmente aprobado, dijeron los jueces. Se pasó de licitación pública a concurso privados de precios. Esa situación implicó acuerdos entre las empresas que terminaron en sobreprecios –consentidos por los funcionarios– por unos 185 millones de pesos al valor de entonces. Además las coimas a los funcionarios se calcularon originalmente en 14 millones de pesos, pero indexadas ya multiplicaron geométricamente su valor.
Una de las pruebas claves es una grabación en la que un ejecutivo de Skanska, Javier Azcárate, confiesa ante un auditor de la empresa, Claudio Corizzo, los pagos de sobornos. La grabación realizada por el auditor indica que desde Skanska se efectuaban pagos ilícitos con la finalidad de asegurar la adjudicación de las obras. Las contrataciones ya estaban “arregladas” y que en realidad no había competencia con otros oferentes.
“El mercado este es así y el negocio este es así en la Argentina, ahora en más es así, por lo menos en esta etapa va a ser siempre así y somos prolijos y lo hacemos bien o no laburamos”, señaló.
“¡Es un negocio de 100 millones de dólares, de 100 millones de dólares [de parte nuestra]! Más lo de ellos, yo no sé, 200 palos verdes y vos le vas a tirar el negocio abajo… al tipo que hizo el tromping, al muchacho... al pingüino de acá a dos cuadras”, señala Azcárate, en alusión a Néstor Kirchner, que entonces ocupaba la Casa Rosada, a metros de la sede de Skanska.
La causa lleva décadas y es el primer caso de corrupción del kirchnerismo. Estuvo a punto de naufragar, a pesar de la prueba tan explícita, cuando pasó por el juzgado del fallecido juez Norberto Oyarbide, hasta que el impulso del fiscal y la tarea del juzgado de Casanello permitieron elevar el caso a juicio y completar la instrucción de lo que quedaba.
La investigación se inició en 2005. En 2011, un peritaje de la Corte Suprema descartó que haya habido “sobreprecios” y los acusados fueron sobreseídos. En 2016, luego de que fuera incluida la grabación clave como prueba, el caso fue reabierto. Y ahora se confirmaron estos procesamientos.
El caso consiste en el acuerdo entre empresarios de Skanska y funcionarios públicos mediante el cual los ejecutivos pagaban sobornos (“comisiones indebidas”, según el eufemismo de la empresa) para que les adjudicaran el Proyecto de Expansión de Gas 2005.
Las obras consistían en la ampliación de dos gasoductos, uno en el norte y otro en el sur, y requerían hacer una traza de caños paralela a la existente, aumentar la presión del gas y construir nuevas plantas. Se calculó que la obra en el norte del país estaba presupuestada en unos 195 millones de dólares y la del sur, en unos 240 millones de dólares.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
El Gobierno obligará a las distribuidoras a pagar la energía
Buscan que Edenor y Edesur dejen de financiarse con Cammesa
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Daniel Cameron, secretario de Energía durante el kirchnerismo, y de Fulvio Madaro, quien presidió el Enargas hace dos décadas, cuando se pagaron sobornos por la obtención de contratos de construcción de gasoductos que realizó la empresa sueca Skanska.
Esta es la parte residual del expediente que tiene en sus manos el juez federal Sebastián Casanello y que investigó con el impulso del fiscal Carlos Stornelli. El resto del caso, con Julio De Vido y José López como principales acusados y otras 29 personas, ya está elevado a juicio oral y público en el tribunal oral federal N° 4. Allí están procesados los ejecutivos de Skanska.
La Secretaría de Energía y el Enargas intervinieron en los contratos, por lo que se confirmó el procesamiento de los exfuncionarios como coautores de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo; es decir, recibir coimas. Además, la Justicia confirmó el embargo de $401.426.783 a cada uno.
Este fallo de la Sala I de la Cámara Federal fue dictado por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Los magistrados escribieron: “Se advierte la existencia de un acuerdo espurio para la adjudicación de las obras a cambio de dinero, el cual abarcaba la modalidad para llevar adelante los pagos ilícitos. Con esa finalidad se habría montado un sofisticado aparato de generación de facturas, libramiento de cheques, endosos, depósitos y liquidación en efectivo, destinado a ocultar y garantizar la entrega del dinero a los funcionarios públicos”.
Los camaristas confirmaron así los procesamientos de Cameron y Madaro, junto a los de Alicia Isabel, Federico Oscar, Horacio Héctor Tosi y Néstor Osvaldo Díaz. Por otro lado, revocaron los procesamientos y dictaron la falta de mérito de Hugo Daniel Muñoz, Osvaldo Pitrau, Pablo Ferrero, Jorge García y Daniel Zinna.
Con respecto a Cameron y a Madaro, los jueces dijeron que “las actuaciones administrativas muestran que los encartados tuvieron una injerencia decisiva en la elección de los procesos de contratación, la selección de ofertas y la adjudicación de las obras, incluida la aprobación y justificación de los incrementos de costos”.
En los concursos se detectaron mayores costos por cerca de 20 millones de dólares entre el presupuesto inicial y lo finalmente aprobado, dijeron los jueces. Se pasó de licitación pública a concurso privados de precios. Esa situación implicó acuerdos entre las empresas que terminaron en sobreprecios –consentidos por los funcionarios– por unos 185 millones de pesos al valor de entonces. Además las coimas a los funcionarios se calcularon originalmente en 14 millones de pesos, pero indexadas ya multiplicaron geométricamente su valor.
Una de las pruebas claves es una grabación en la que un ejecutivo de Skanska, Javier Azcárate, confiesa ante un auditor de la empresa, Claudio Corizzo, los pagos de sobornos. La grabación realizada por el auditor indica que desde Skanska se efectuaban pagos ilícitos con la finalidad de asegurar la adjudicación de las obras. Las contrataciones ya estaban “arregladas” y que en realidad no había competencia con otros oferentes.
“El mercado este es así y el negocio este es así en la Argentina, ahora en más es así, por lo menos en esta etapa va a ser siempre así y somos prolijos y lo hacemos bien o no laburamos”, señaló.
“¡Es un negocio de 100 millones de dólares, de 100 millones de dólares [de parte nuestra]! Más lo de ellos, yo no sé, 200 palos verdes y vos le vas a tirar el negocio abajo… al tipo que hizo el tromping, al muchacho... al pingüino de acá a dos cuadras”, señala Azcárate, en alusión a Néstor Kirchner, que entonces ocupaba la Casa Rosada, a metros de la sede de Skanska.
La causa lleva décadas y es el primer caso de corrupción del kirchnerismo. Estuvo a punto de naufragar, a pesar de la prueba tan explícita, cuando pasó por el juzgado del fallecido juez Norberto Oyarbide, hasta que el impulso del fiscal y la tarea del juzgado de Casanello permitieron elevar el caso a juicio y completar la instrucción de lo que quedaba.
La investigación se inició en 2005. En 2011, un peritaje de la Corte Suprema descartó que haya habido “sobreprecios” y los acusados fueron sobreseídos. En 2016, luego de que fuera incluida la grabación clave como prueba, el caso fue reabierto. Y ahora se confirmaron estos procesamientos.
El caso consiste en el acuerdo entre empresarios de Skanska y funcionarios públicos mediante el cual los ejecutivos pagaban sobornos (“comisiones indebidas”, según el eufemismo de la empresa) para que les adjudicaran el Proyecto de Expansión de Gas 2005.
Las obras consistían en la ampliación de dos gasoductos, uno en el norte y otro en el sur, y requerían hacer una traza de caños paralela a la existente, aumentar la presión del gas y construir nuevas plantas. Se calculó que la obra en el norte del país estaba presupuestada en unos 195 millones de dólares y la del sur, en unos 240 millones de dólares.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
El Gobierno obligará a las distribuidoras a pagar la energía
Buscan que Edenor y Edesur dejen de financiarse con Cammesa
Sofía Diamante
Cammesa adeuda a las generadoras la mitad de los pagos de enero y todos los de febrero
La tensión en la cadena de pagos del mercado eléctrico se verá desafiada nuevamente hoy, cuando haya otro vencimiento por pagar en el transporte y la generación de electricidad. Cammesa, la compañía controlada por el Estado, adeuda ya la mitad de los pagos de enero y la totalidad de febrero, lo que provocó reclamos de las empresas y advertencias acerca de la dificultad que atraviesan para cubrir salarios, como le sucedió a Transener.
En este contexto, la Secretaría de Energía publicará en los próximos días dos resoluciones para intentar regularizar una parte del mercado. Se trata de las deudas que acumulan las empresas de distribución eléctrica con Cammesa, entre las que están incluidas Edenor, Edesur, Edelap, Eden y Edes. Al 29 de diciembre pasado, las compañías le debían a Cammesa en total más de $305.650 millones (US$380 millones).
El Gobierno fijará por resolución que las distribuidoras no podrán financiarse más con Cammesa, una práctica común de los últimos años debido a los congelamientos tarifarios. Sucede que, como a las distribuidoras no les alcanzaban los ingresos para cubrir sus costos, se quedaban con parte de la recaudación de tarifas que le correspondía a la compañía controlada por el Estado.
“Hasta agosto estuvimos pagando el 100% de lo que correspondía más el plan de pagos por la deuda que se había generado anteriormente. Sin embargo, desde entonces, los ingresos se fueron deteriorando porque se incumplió con todos los compromisos. Con los nuevos aumentos que otorgaron, se va a regularizar la situación y habrá que tener otra reunión con Secretaría de Energía para ver qué hacemos con la deuda generada en los últimos meses”, dijeron en una distribuidora eléctrica.
Al 29 de febrero, Edenor pagó a Cammesa solo el 15% de la energía consumida en diciembre, que venció el 8 del mes pasado; Edesur, el 17%, y el grupo DESA (dueña de las distribuidoras bonaerenses Eden, Edes y Edelap), apenas el 2%.
“Parece razonable que, en la medida en que se vaya recaudando las nuevas tarifas, vayamos normalizando el mercado. Recién a fines de abril empezarán a entrar los aumentos en nuestra caja”, dijo Claudio Cunha, country manager de Enel Argentina, la empresa italiana que tiene el control de Edesur, ante la consulta de la naCiOn.
El ejecutivo, además, se mostró muy positivo respecto de las medidas que se están tomando en el sector energético, lo cual podría dar marcha atrás con la idea de vender todas las operaciones en la Argentina y dejar el país.
Con relación a las distribuidoras que operan en la provincia de Buenos Aires, como Edelap, Eden y Edes, se espera que esta semana la gobernación publique los aumentos de tarifas que corresponden al valor agregado de distribución (VAD). Habría una suba de 270%, en línea con el 300% que les dio el ente regulador de la electricidad (ENRE) a Edenor y Edesur.
Pese a que las empresas generadoras y transportistas le enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, en el que advirtieron por el “serio riesgo del normal abastecimiento de electricidad”, en el Gobierno se mantienen firmes en su decisión de que “no hay plata”.
Señalan que el primer trimestre del año fue especial y que a partir de abril se regularizarán los pagos cuando empiecen a impactar en su totalidad los aumentos tarifarios. “Es una transición. Las empresas están acostumbradas a que todo el tema se lo solucione el Estado”, dicen en el Gobierno.
En el acumulado del año, el Tesoro transfirió a Cammesa $140.000 millones, cuando la compañía había solicitado $884.043 millones solo en febrero para el cumplimiento de sus obligaciones mensuales. Se calcula que Cammesa les debe a las empresas del sector alrededor de $1 billón.
La tensión en la cadena de pagos del mercado eléctrico se verá desafiada nuevamente hoy, cuando haya otro vencimiento por pagar en el transporte y la generación de electricidad. Cammesa, la compañía controlada por el Estado, adeuda ya la mitad de los pagos de enero y la totalidad de febrero, lo que provocó reclamos de las empresas y advertencias acerca de la dificultad que atraviesan para cubrir salarios, como le sucedió a Transener.
En este contexto, la Secretaría de Energía publicará en los próximos días dos resoluciones para intentar regularizar una parte del mercado. Se trata de las deudas que acumulan las empresas de distribución eléctrica con Cammesa, entre las que están incluidas Edenor, Edesur, Edelap, Eden y Edes. Al 29 de diciembre pasado, las compañías le debían a Cammesa en total más de $305.650 millones (US$380 millones).
El Gobierno fijará por resolución que las distribuidoras no podrán financiarse más con Cammesa, una práctica común de los últimos años debido a los congelamientos tarifarios. Sucede que, como a las distribuidoras no les alcanzaban los ingresos para cubrir sus costos, se quedaban con parte de la recaudación de tarifas que le correspondía a la compañía controlada por el Estado.
“Hasta agosto estuvimos pagando el 100% de lo que correspondía más el plan de pagos por la deuda que se había generado anteriormente. Sin embargo, desde entonces, los ingresos se fueron deteriorando porque se incumplió con todos los compromisos. Con los nuevos aumentos que otorgaron, se va a regularizar la situación y habrá que tener otra reunión con Secretaría de Energía para ver qué hacemos con la deuda generada en los últimos meses”, dijeron en una distribuidora eléctrica.
Al 29 de febrero, Edenor pagó a Cammesa solo el 15% de la energía consumida en diciembre, que venció el 8 del mes pasado; Edesur, el 17%, y el grupo DESA (dueña de las distribuidoras bonaerenses Eden, Edes y Edelap), apenas el 2%.
“Parece razonable que, en la medida en que se vaya recaudando las nuevas tarifas, vayamos normalizando el mercado. Recién a fines de abril empezarán a entrar los aumentos en nuestra caja”, dijo Claudio Cunha, country manager de Enel Argentina, la empresa italiana que tiene el control de Edesur, ante la consulta de la naCiOn.
El ejecutivo, además, se mostró muy positivo respecto de las medidas que se están tomando en el sector energético, lo cual podría dar marcha atrás con la idea de vender todas las operaciones en la Argentina y dejar el país.
Con relación a las distribuidoras que operan en la provincia de Buenos Aires, como Edelap, Eden y Edes, se espera que esta semana la gobernación publique los aumentos de tarifas que corresponden al valor agregado de distribución (VAD). Habría una suba de 270%, en línea con el 300% que les dio el ente regulador de la electricidad (ENRE) a Edenor y Edesur.
Pese a que las empresas generadoras y transportistas le enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, en el que advirtieron por el “serio riesgo del normal abastecimiento de electricidad”, en el Gobierno se mantienen firmes en su decisión de que “no hay plata”.
Señalan que el primer trimestre del año fue especial y que a partir de abril se regularizarán los pagos cuando empiecen a impactar en su totalidad los aumentos tarifarios. “Es una transición. Las empresas están acostumbradas a que todo el tema se lo solucione el Estado”, dicen en el Gobierno.
En el acumulado del año, el Tesoro transfirió a Cammesa $140.000 millones, cuando la compañía había solicitado $884.043 millones solo en febrero para el cumplimiento de sus obligaciones mensuales. Se calcula que Cammesa les debe a las empresas del sector alrededor de $1 billón.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Robaron 125 notebooks y otros objetos del Lengüitas
El curioso hecho sucedió anteayer; investigación en curso
La Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, más conocida como Lengüitas, sufrió un robo en la madrugada del domingo. Además de haberse violentado una ventana y todos los lockers del primer piso, hasta el momento se contabilizaron 125 notebooks desaparecidas. Los niveles más afectados fueron el medio y el terciario, así como la librería/fotocopiadora que funciona en el subsuelo.
“Hasta la fecha se reconoce que robaron cinco carritos de computadoras del programa Sarmiento, una computadora que se encontraba en la fotocopiadora perteneciente a la señora que trabaja allí, y abrieron todos los lockers del primer piso, donde los alumnos alojaban sus pertenencias. Lo que más nos preocupa es que nadie del Ministerio de Educación haga algo”, contó a Mateo Pérez, del Centro de Estudiantes.
Ante la consulta, desde el Ministerio de Educación porteño informaron que los directivos alertaron anteayer a la tarde sobre el robo. Indicaron que la institución cuenta con “un espacio seguro en primaria y otro en secundaria”, que tienen cámaras de seguridad y alarmas y son monitoreados por el Ministerio de Seguridad, y no fueron vulnerados. Además, hay un casero que estaba en su domicilio que “no escuchó que habían entrado a robar”.
Agregaron también que personal de la cartera educativa se presentó para “verificar la situación, realizar un relevamiento del material robado y reparar los daños causados por los delincuentes” y que la Policía de la Ciudad está investigando el hecho.
Una nota del director, Lucas Pereyra, que recibieron anteayer las familias y a la que accedió
informó que “se abrieron los casilleros de estudiantes de media”. Por eso, les pedían a los chicos que asistieran ayer preparados para retirar todas sus pertenencias de los lockers.
“Lamentamos que la primera comunicación oficial del año sea para comentarles sobre un hecho lamentable y grave”, comenzaba el mail que envió el director. Y seguía: “Durante este fin de semana hemos sido víctimas de un hecho de vandalismo en la escuela. No es la intención molestar un domingo, pero es necesario que sepan la situación con la que se encontrarán mañana de mañana [por ayer]. Por el momento no podemos dar más precisiones puesto que se encuentra en curso la investigación”.
Desde la cooperadora de la institución sostuvieron que, además de los lockers forzados de los estudiantes, fueron sustraídas 125 notebooks y las puntas de cobre de mangueras de emergencia. Sumaron que violentaron la librería, de donde robaron una CPU, y quedará inhabilitada hasta nuevo aviso. Los vándalos accedieron también al salón de fútbol.
Indicaron, además, que trabajarán en una nota para pedirle al gobierno porteño que refuerce la seguridad del establecimiento, situado en Juncal 3251, sobre todo en días y horarios en los que hay poco movimiento.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.