El controller de Milei y la nueva política de recursos humanos
En el Gobierno son desconfiados para contratar y rápidos para echar funcionarios; el papel de Posse y sus asesores; la nueva función de Karina Milei
Maia Jastreblansky
Nicolás Posse, jefe de Gabinete
“Todos los funcionarios están a prueba”. A cien días de gestión, Javier Milei logró disciplinar a su organigrama con una política de recursos humanos rígida. El Gobierno es muy desconfiado para contratar, estricto para gestionar y rápido para echar, según reconocen laderos del jefe del Estado. “Somos un partido nuevo, conocemos poca gente, es muy difícil”, dice un hombre del Presidente. En tiempos de Milei, ante la primera sospecha o disgusto, llega el despido. En palabras del líder libertario: “¡Afuera!”.
Los pocos funcionarios que se apartaron por decisión propia lo hicieron porque no pudieron conectar con el corazón de la propuesta libertaria, que ahora se revela en su totalidad. Además de la motosierra, el plan de Milei tiene dos ingredientes: el cambio en las reglas del juego para pasar a una era ultraliberal y una agenda de la provocación, lo que algunos llaman “la batalla cultural”.
“Nosotros no venimos a hacer programas de gobierno. Venimos a modificar el statu quo”, resume un hombre fuerte de la gestión de Milei. Los libertarios están convencidos de que ser políticamente incorrectos y brutalmente honestos les paga bien en la opinión pública. Pese a la licuadora que pasó por los bolsillos, en la Casa Rosada aseguran que los focus groups y las encuestas que encargan arrojan que “nadie que votó a Milei en noviembre hoy se arrepintió”. Y que la imagen del jefe del Estado creció en los últimos diez días, rozando los 60 puntos. Lo deslizó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “Su popularidad subió, si hubiera elecciones ahora ganaría cómodo en primera vuelta”.
En ese contexto, la administración del personal es un componente fundamental en un gobierno que aspira a resetear la macroeconomía a través del achicamiento del Estado. Para nadie es un secreto que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, audita minuciosamente el perfil de cada incorporación. Milei es un presidente al que le interesan la macroeconomía y, bastante más abajo, la cuestión de la seguridad. Al resto de los temas les dedica poco tiempo. Y tiene poco afecto por las reunioEso le deja al ministro coordinador un rol de controller sobre todas las áreas.
La nueva dinámica está generando sensibles retrasos para llenar casilleros en la administración nacional. El principal déficit está en las delegaciones de los organismos con presencia en todo el país, como la Anses, el PAMI y el Renaper. “Tenemos el enemigo adentro”, reconocen en Balcarce 50. En esas oficinas con atención al público –se calcula que son más de 4000 cargos–, todavía trabajan muchos funcionarios kirchneristas.
Varios de los funcionarios desplazados se sorprendieron por la falta de calidez en el momento de la desvinculación. omar Yasín se enteró por Whatsapp de que no seguiría al frente de la Secretaría de Trabajo, sin poder intercambiar mensajes con la ministra del área, Sandra Pettovello. Y el coronel Alejandro Guglielmi supo que no seguiría al frente de la Casa Militar porque apareció en Balcarce 50 un coronel mayor para avisarle que a partir de ese momento se hacía cargo de la Casa Rosada. No hubo mayores explicaciones ni agradecimiento por sus servicios, un modo poco habitual en la milicia.
Antes que ellos, Guillermo Ferraro, desplazado del ex Ministerio de infraestructura, contó que alguien “con mala intención” hizo trascender a la prensa que él había filtrado una conversación de una reunión de gabinete. “Al día siguiente Posse vino a mi casa a pedirme disculpas, pero ya el daño estaba ocasionado”, contó en Radio con Vos. A Enrique Rodríguez Chiantore también lo echaron por el Boletín oficial. “Es espantoso lo que hicieron, estoy indignado”, dijo después.
En la Casa Rosada circuló que al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert –hombre clave del diseño del gabinete de ocho ministerios–, también lo desplazaron vía mensaje de celular durante el último fin de semana. En la Jefatura de Gabinete dicen que eso no fue así porque el ministro coordinador conversó personalmente de su salida con Guibert, que fue uno de los responsables del aumento salarial del 48% que recibieron Milei y los ministros en febrero.
Entre los empleados rasos, la inestabilidad laboral y el ajuste en las horas extras enrarecen el clima. Esta semana, UPCN (el gremio mayoritario de los estatales) le hizo llegar una carta a la principal colaboradora de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia, Gladys Humenuk, en la que cuestionó “las decisiones que afectan económica y anímicamente al personal”. “Sabemos lo duro que es conducir equipos amedrentados y desmotivados que encima tienen la presión de asistir al Presidente”, rezó el escrito.
A días de que finalice la etapa de “revisión” de la planta de contratados, nadie sabe cuántos serán los trabajadores que verán caer sus convenios a fin de mes. Algunos dines. cen que solo se irán los que no asisten a diario a trabajar. otros, que los afectados serán decenas de miles.
Asesores
En la sede de gobierno naturalizan los cambios de gabinete continuos. “Es sano y profesional, nadie está atado a un cargo”, dicen. En otra época, cada caso era un gran suceso. La modalidad, no obstante, disuade a la incorporación de nuevas figuras. Un consultor que observa de cerca al fenómeno libertario lo describió así: “El Gobierno es un conjunto de desconfiados”.
Posse tiene un conjunto de asesores –con o sin cargo– que colaboran en el seguimiento de las áreas. Cerca del funcionario dicen que son, sencillamente, especialistas que lo ayudan en distintos temas. Pero en el Gobierno hay quienes ven allí un shadow cabinet de fiscalización interna. En ese grupo estaba, por caso, el abogado del Grupo Techint Julio Cordero. Para la CGT siempre fue el verdadero responsable de la política en materia laboral de Milei. Tras la salida de Yasín, días atrás fue oficializado como secretario de Trabajo.
Otro caso es el presidente de la Fundación Güemes, Mario Lugones, que conoce a Posse desde hace una década. En el ambiente sanitario señalan que es quien mueve los hilos en el área de Salud frente al bajísimo perfil del ministro del área, Mario Russo. Chiantore dijo públicamente que, luego de echarlo, quien se comunicó con él fue Lugones, no Russo. El médico es el padre de Rodrigo Lugones, un consultor político muy cercano a Santiago Caputo, el asesor que integra un “triángulo” con los hermanos Milei.
El brigadier retirado Jorge Antelo, secretario de Estrategia Nacional, es el delegado de Posse para el Ministerio de Defensa, que encabeza Luis Petri. “Es el comisario político en el ministerio, el que articula todo”, asegura alguien que conoce el sector.
Algunos unen los puntos y señalan que es natural que Posse tenga buen vínculo con la Fuerza Aérea por su pasado en la Corporación América, que administra los aeropuertos. Al frente de la Agencia Federal de inteligencia (AFI), Posse colocó a Silvestre Sívori y lo rodeó de cinco militares retirados en distintos cargos del organismo.
Concentrado en los asuntos domésticos del gabinete, la semana pasada Posse recibió un sacudón cuando se encontró por primera vez con Emilio Monzó, el rey de la rosca. “Vos tenés que aparecer más, tenemos que verte la cara. Si no, no nos pueden venir a pedir leyes”, le dijo al jefe de Gabinete el diputado de Hacemos Coalición Federal.
Los consejos de viejo lobo de Monzó pueden caer en saco roto con Posse, pero pueden ser de interés para Karina Milei, que esta semana oficializó su rol de armadora con una foto en Córdoba. Haya o no una coalición electoral con Pro el año que viene, los libertarios necesitan tener una estructura propia mucho más musculosa que la de 2023. Por eso quieren que La Libertad Avanza tenga una presencia seria en buena parte de los distritos del país.
La visita de Mauricio Macri a olivos a principios de marzo no logró disipar las desconfianzas en la hermana del Presidente. A la hora de sumar expertise en el armado, los laderos de Milei prefieren asesorarse con el ala de Patricia Bullrich. “Creen que Mauricio quiere ser el patrón de estancia y ven en Patricia la comisaria política dentro de Pro”, sintetizó un dirigente que conoce muy bien los entretelones.
La obsesión por 2025 es cada vez mayor en la Casa Rosada. Se entiende: para consolidar el cambio de régimen, Milei no solo necesita tener el control del Poder Ejecutivo, sino también sumar poder en el Congreso
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La causa contra los hermanos Lijo que fue archivada en silencio por un juez cercano
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito incluyó el análisis de un haras y de sociedades; ante una denuncia de Carrió, el abogado defensor fue Cúneo Libarona
“Todos los funcionarios están a prueba”. A cien días de gestión, Javier Milei logró disciplinar a su organigrama con una política de recursos humanos rígida. El Gobierno es muy desconfiado para contratar, estricto para gestionar y rápido para echar, según reconocen laderos del jefe del Estado. “Somos un partido nuevo, conocemos poca gente, es muy difícil”, dice un hombre del Presidente. En tiempos de Milei, ante la primera sospecha o disgusto, llega el despido. En palabras del líder libertario: “¡Afuera!”.
Los pocos funcionarios que se apartaron por decisión propia lo hicieron porque no pudieron conectar con el corazón de la propuesta libertaria, que ahora se revela en su totalidad. Además de la motosierra, el plan de Milei tiene dos ingredientes: el cambio en las reglas del juego para pasar a una era ultraliberal y una agenda de la provocación, lo que algunos llaman “la batalla cultural”.
“Nosotros no venimos a hacer programas de gobierno. Venimos a modificar el statu quo”, resume un hombre fuerte de la gestión de Milei. Los libertarios están convencidos de que ser políticamente incorrectos y brutalmente honestos les paga bien en la opinión pública. Pese a la licuadora que pasó por los bolsillos, en la Casa Rosada aseguran que los focus groups y las encuestas que encargan arrojan que “nadie que votó a Milei en noviembre hoy se arrepintió”. Y que la imagen del jefe del Estado creció en los últimos diez días, rozando los 60 puntos. Lo deslizó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “Su popularidad subió, si hubiera elecciones ahora ganaría cómodo en primera vuelta”.
En ese contexto, la administración del personal es un componente fundamental en un gobierno que aspira a resetear la macroeconomía a través del achicamiento del Estado. Para nadie es un secreto que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, audita minuciosamente el perfil de cada incorporación. Milei es un presidente al que le interesan la macroeconomía y, bastante más abajo, la cuestión de la seguridad. Al resto de los temas les dedica poco tiempo. Y tiene poco afecto por las reunioEso le deja al ministro coordinador un rol de controller sobre todas las áreas.
La nueva dinámica está generando sensibles retrasos para llenar casilleros en la administración nacional. El principal déficit está en las delegaciones de los organismos con presencia en todo el país, como la Anses, el PAMI y el Renaper. “Tenemos el enemigo adentro”, reconocen en Balcarce 50. En esas oficinas con atención al público –se calcula que son más de 4000 cargos–, todavía trabajan muchos funcionarios kirchneristas.
Varios de los funcionarios desplazados se sorprendieron por la falta de calidez en el momento de la desvinculación. omar Yasín se enteró por Whatsapp de que no seguiría al frente de la Secretaría de Trabajo, sin poder intercambiar mensajes con la ministra del área, Sandra Pettovello. Y el coronel Alejandro Guglielmi supo que no seguiría al frente de la Casa Militar porque apareció en Balcarce 50 un coronel mayor para avisarle que a partir de ese momento se hacía cargo de la Casa Rosada. No hubo mayores explicaciones ni agradecimiento por sus servicios, un modo poco habitual en la milicia.
Antes que ellos, Guillermo Ferraro, desplazado del ex Ministerio de infraestructura, contó que alguien “con mala intención” hizo trascender a la prensa que él había filtrado una conversación de una reunión de gabinete. “Al día siguiente Posse vino a mi casa a pedirme disculpas, pero ya el daño estaba ocasionado”, contó en Radio con Vos. A Enrique Rodríguez Chiantore también lo echaron por el Boletín oficial. “Es espantoso lo que hicieron, estoy indignado”, dijo después.
En la Casa Rosada circuló que al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert –hombre clave del diseño del gabinete de ocho ministerios–, también lo desplazaron vía mensaje de celular durante el último fin de semana. En la Jefatura de Gabinete dicen que eso no fue así porque el ministro coordinador conversó personalmente de su salida con Guibert, que fue uno de los responsables del aumento salarial del 48% que recibieron Milei y los ministros en febrero.
Entre los empleados rasos, la inestabilidad laboral y el ajuste en las horas extras enrarecen el clima. Esta semana, UPCN (el gremio mayoritario de los estatales) le hizo llegar una carta a la principal colaboradora de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia, Gladys Humenuk, en la que cuestionó “las decisiones que afectan económica y anímicamente al personal”. “Sabemos lo duro que es conducir equipos amedrentados y desmotivados que encima tienen la presión de asistir al Presidente”, rezó el escrito.
A días de que finalice la etapa de “revisión” de la planta de contratados, nadie sabe cuántos serán los trabajadores que verán caer sus convenios a fin de mes. Algunos dines. cen que solo se irán los que no asisten a diario a trabajar. otros, que los afectados serán decenas de miles.
Asesores
En la sede de gobierno naturalizan los cambios de gabinete continuos. “Es sano y profesional, nadie está atado a un cargo”, dicen. En otra época, cada caso era un gran suceso. La modalidad, no obstante, disuade a la incorporación de nuevas figuras. Un consultor que observa de cerca al fenómeno libertario lo describió así: “El Gobierno es un conjunto de desconfiados”.
Posse tiene un conjunto de asesores –con o sin cargo– que colaboran en el seguimiento de las áreas. Cerca del funcionario dicen que son, sencillamente, especialistas que lo ayudan en distintos temas. Pero en el Gobierno hay quienes ven allí un shadow cabinet de fiscalización interna. En ese grupo estaba, por caso, el abogado del Grupo Techint Julio Cordero. Para la CGT siempre fue el verdadero responsable de la política en materia laboral de Milei. Tras la salida de Yasín, días atrás fue oficializado como secretario de Trabajo.
Otro caso es el presidente de la Fundación Güemes, Mario Lugones, que conoce a Posse desde hace una década. En el ambiente sanitario señalan que es quien mueve los hilos en el área de Salud frente al bajísimo perfil del ministro del área, Mario Russo. Chiantore dijo públicamente que, luego de echarlo, quien se comunicó con él fue Lugones, no Russo. El médico es el padre de Rodrigo Lugones, un consultor político muy cercano a Santiago Caputo, el asesor que integra un “triángulo” con los hermanos Milei.
El brigadier retirado Jorge Antelo, secretario de Estrategia Nacional, es el delegado de Posse para el Ministerio de Defensa, que encabeza Luis Petri. “Es el comisario político en el ministerio, el que articula todo”, asegura alguien que conoce el sector.
Algunos unen los puntos y señalan que es natural que Posse tenga buen vínculo con la Fuerza Aérea por su pasado en la Corporación América, que administra los aeropuertos. Al frente de la Agencia Federal de inteligencia (AFI), Posse colocó a Silvestre Sívori y lo rodeó de cinco militares retirados en distintos cargos del organismo.
Concentrado en los asuntos domésticos del gabinete, la semana pasada Posse recibió un sacudón cuando se encontró por primera vez con Emilio Monzó, el rey de la rosca. “Vos tenés que aparecer más, tenemos que verte la cara. Si no, no nos pueden venir a pedir leyes”, le dijo al jefe de Gabinete el diputado de Hacemos Coalición Federal.
Los consejos de viejo lobo de Monzó pueden caer en saco roto con Posse, pero pueden ser de interés para Karina Milei, que esta semana oficializó su rol de armadora con una foto en Córdoba. Haya o no una coalición electoral con Pro el año que viene, los libertarios necesitan tener una estructura propia mucho más musculosa que la de 2023. Por eso quieren que La Libertad Avanza tenga una presencia seria en buena parte de los distritos del país.
La visita de Mauricio Macri a olivos a principios de marzo no logró disipar las desconfianzas en la hermana del Presidente. A la hora de sumar expertise en el armado, los laderos de Milei prefieren asesorarse con el ala de Patricia Bullrich. “Creen que Mauricio quiere ser el patrón de estancia y ven en Patricia la comisaria política dentro de Pro”, sintetizó un dirigente que conoce muy bien los entretelones.
La obsesión por 2025 es cada vez mayor en la Casa Rosada. Se entiende: para consolidar el cambio de régimen, Milei no solo necesita tener el control del Poder Ejecutivo, sino también sumar poder en el Congreso
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La causa contra los hermanos Lijo que fue archivada en silencio por un juez cercano
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito incluyó el análisis de un haras y de sociedades; ante una denuncia de Carrió, el abogado defensor fue Cúneo Libarona
Candela Ini
. El juez federal Ariel Lijo, en la escalinata de los tribunales de Comodoro Py
El juez federal Ariel Lijo, postulado por Javier Milei para llegar a la Corte Suprema de Justicia, no solamente salió airoso de las denuncias por mal desempeño que recibió en el Consejo de la Magistratura. En los tribunales de Comodoro Py, donde es titular del juzgado federal 4, el caso que lo implicó con graves acusaciones fue cerrado por el juez federal Julián Ercolini, colega cercano a Lijo, con un fallo que pasó bajo los radares.
Lijo fue denunciado penalmente junto a su hermano Freddy en 2018. La presentación la hizo Elisa Carrió: denunció que los hermanos les garantizaban impunidad a empresarios y funcionarios que tenían problemas procesales en causas judiciales. Como presunto organizador de la banda denunció al exministro de Planificación Federal kirchnerista Julio De Vido.
El caso le tocó inicialmente al fiscal Carlos Stornelli, pero se excusó y el expediente terminó en manos del fiscal Franco Picardi. Ninguno de los imputados fue indagado. El abogado de los hermanos Lijo fue Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia.
La prueba aportada por Carrió incluía un pendrive con una grabación de Alfredo Lijo diciendo: “¿Alguna vez fuiste a Tribunales a llevarle plata a uno... a otro con miedo a que te peguen un tiro?”.
Pero también eran señalados como parte de la supuesta banda un grupo de empresarios, exfuncionarios y lobbistas, algunos de ellos vinculados al hermano del juez, según la denuncia, a través de sociedades. Alfredo Lijo fue sobreseído en febrero de 2021.
Según el fallo al que accedió la nacion, Ercolini sostuvo que no pudieron corroborarse las hipótesis planteadas en la denuncia respecto de un supuesto incremento patrimonial irregular de Alfredo Lijo ni la relación de ese incremento con sus vínculos y su actividad como operador judicial. Después de ese fallo, Cúneo Libarona pidió el sobreseimiento del juez Ariel Lijo, que fue dispuesto por Ercolini.
Fuentes allegadas a Alfredo Lijo dijeron a la nacion, acerca del cierre de este expediente, que el archivo y el sobreseimiento se dispusieron después de haberse agotado la instrucción de la causa, cuando no quedaba nada por investigar.
La denuncia sostenía que la supuesta banda había “pretendido garantizar la impunidad de delitos contra la administración pública de las más altas esferas de poder a cambio de dinero y negocios espurios”.
Y señalaba al hermano del juez: “Alfredo Lijo habría incrementado su patrimonio de manera ilícita y habría introducido esos activos a través de distintos mecanismos de lavado de dinero”.
Además, estaban denunciados el asesor de la OEA Gustavo Cinosi, el excamarista federal Eduardo Freiler, Silvana Stochetti (que fue socia de Lijo en una consultora); el exsecretario de De Vido José María Olazagasti; el exjefe de gabinete de Cristian Ritondo, Marcelo Rochetti –señalado en la denuncia como socio de Freddy Lijo–; Ernesto Chalabe, señalado como persona de confianza de Olazagasti, y el empresario Roberto Vignati, vinculado a través de negocios con el entorno de De Vido.
Según la denuncia, Freiler y Alfredo Lijo controlaban juntos el funcionamiento de un balneario en Necochea. Y este último era apuntado por integrar una cantidad de sociedades y empresas junto a Fernando Dapero, un exsíndico del PAMI investigado por lavado de dinero y evasión a través de sociedades offshore. Dapero y Lijo fueron socios y una de las empresas relacionadas al hermano del juez, Caledonia Seguros SA, emitió cédulas azules para que Ariel Lijo y Marcelo Rochetti manejaran autos de lujo.
Picardi pidió medidas para estudiar el patrimonio de los Lijo y de los demás denunciados. De acuerdo con la información que recibió de la AFIP y –según cita el juez– un informe de la UIF, no surgieron “situaciones que merecieran ser destacadas” en los patrimonios.
Además, Alfredo Lijo ingresó al blanqueo y las autoridades judiciales se toparon, según dijo una fuente judicial a este medio, con los límites que impone la ley de sinceramiento fiscal 27.260. Según supo la nacion, también declaró haber recibidos premios “por actividades desarrolladas en los hipódromos de Palermo, La Plata y San Isidro”.
Pero la investigación no profundizó en otra parte de las maniobras denunciadas por Carrió: supuestos hechos de lavado de dinero con la compañía de seguros que tenía como socio a Alfredo Lijo; los funcionarios judiciales del caso dijeron que esas maniobras eran investigadas en los tribunales en lo penal económico, en otros expedientes.
“A raíz de haberse tomado conocimiento de la tramitación de otras causas en el fuero en lo penal económico en las que se investigaran maniobras presuntamente desarrolladas por personas a quienes se vinculara con lo aquí denunciado, se concluyó que no resultaba posible la realización en esta sede de una investigación paralela en tal sentido, a efectos de evitar una doble persecución en sede penal en relación a un idéntico objeto y con respecto a los mismos sujetos”, escribió Ercolini.
Con respecto a la acusación que los señalaba como una banda organizada, Ercolini dijo: “Los resultados obtenidos a raíz de las medidas practicadas conllevaron a descartar la ocurrencia de los extremos denunciados en los términos en que fueran presentados, dado que seguía desconociéndose las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que podrían haberse desarrollado”.
La denuncia fue ampliada en 2019 con información sobre los vínculos de los hermanos Lijo con la familia Corach, después una nota de la nacion que reveló la cercanía entre ellos y que daba cuenta de que el juez Lijo, que instruyó el caso por las coimas de Siemens, ignoró un informe de la UIF sobre movimientos de dinero de la familia Corach en el exterior. Sin raspones, Ariel Lijo logró sortear la acusación.
Los casos que enfrentó Lijo en el Consejo de la Magistratura
Durante el gobierno de Mauricio Macri Lijo salió ileso de la denuncia más relevante que debió enfrentar en el organismo que selecciona y sanciona a los jueces, por la propiedad de un haras.
Con la lupa sobre el patrimonio del juez y acusado por responsabilidades disciplinarias, el expediente se había iniciado en el Consejo después de una declaración de Carla Lago, su excuñada, quien durante el caso que terminó con la destitución del camarista Eduardo Freiler declaró que Freddy Lijo, exmarido de Lago, compartía un haras en Dolores con el magistrado.
Cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a citar a Freddy para responder sobre su patrimonio, el oficialismo decidió desestimar la acusación contra el juez.
Lijo tenía a su cargo, en ese entonces, la causa Correo. la nacion reveló una reunión entre Mauricio Macri, el extitular de la AFI Gustavo Arribas y Daniel Angelici –con influencia en el Consejo de la Magistratura y cercanía a los Lijo– para evitar que Freddy Lijo fuera citado a declarar en el Consejo y salvar a su hermano del juicio político.
El haras estuvo siempre a nombre de Freddy y, de acuerdo con las medidas de prueba que llevó adelante en ese entonces el Consejo de la Magistratura, en ninguna de las escrituras aparecieron los datos del juez.
El año pasado, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López lo denunció en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y pidió su remoción. Lo acusó de haber impulsado una causa penal y demorarla sin motivos con “manifiesta arbitrariedad” para beneficiar a Lorenzetti “en su disputa contra los demás integrantes de la Corte, y en especial contra el Dr. Maqueda”, según el texto de la denuncia.
Esa denuncia está en el Consejo de la Magistratura desde agosto del año pasado y todavía no fue sorteada.
La Comisión de Disciplina es presidida por el diputado kirchnerista Héctor Recalde, que es quien debería fijar una fecha para sortear la denuncia.
Uno de los elementos de prueba presentados por el diputado López era una nota publicada en este medio en junio del año pasado por el periodista Hugo Alconada Mon, en la cual se narra un contrapunto entre el juez Lijo y el fiscal federal Carlos Stornelli producto de la denuncia anónima por presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
En 2017, Lijo fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, la agrupación Será Justicia y la organización Usina de Justicia.
Lo acusaron de “demoras excesivas en la tramitación de causas” que tienen a funcionarios públicos como imputados en casos de corrupción. Lijo negó las acusaciones y respondió con un escrito sobre las 23 causas por las que fue cuestionado y su estado procesal.
El Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia en 2018.ß
El juez Ercolni sostuvo que no pudieron corroborarse las hipótesis planteadas en la denuncia respecto de un supuesto incremento patrimonial irregular de Alfredo Lijo
También estaban denunciados un asesor de la OEA, el excamarista federal Freiler, un secretario de De Vido y un funcionario cercano a Cristian Ritondo
El juez federal Ariel Lijo, postulado por Javier Milei para llegar a la Corte Suprema de Justicia, no solamente salió airoso de las denuncias por mal desempeño que recibió en el Consejo de la Magistratura. En los tribunales de Comodoro Py, donde es titular del juzgado federal 4, el caso que lo implicó con graves acusaciones fue cerrado por el juez federal Julián Ercolini, colega cercano a Lijo, con un fallo que pasó bajo los radares.
Lijo fue denunciado penalmente junto a su hermano Freddy en 2018. La presentación la hizo Elisa Carrió: denunció que los hermanos les garantizaban impunidad a empresarios y funcionarios que tenían problemas procesales en causas judiciales. Como presunto organizador de la banda denunció al exministro de Planificación Federal kirchnerista Julio De Vido.
El caso le tocó inicialmente al fiscal Carlos Stornelli, pero se excusó y el expediente terminó en manos del fiscal Franco Picardi. Ninguno de los imputados fue indagado. El abogado de los hermanos Lijo fue Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia.
La prueba aportada por Carrió incluía un pendrive con una grabación de Alfredo Lijo diciendo: “¿Alguna vez fuiste a Tribunales a llevarle plata a uno... a otro con miedo a que te peguen un tiro?”.
Pero también eran señalados como parte de la supuesta banda un grupo de empresarios, exfuncionarios y lobbistas, algunos de ellos vinculados al hermano del juez, según la denuncia, a través de sociedades. Alfredo Lijo fue sobreseído en febrero de 2021.
Según el fallo al que accedió la nacion, Ercolini sostuvo que no pudieron corroborarse las hipótesis planteadas en la denuncia respecto de un supuesto incremento patrimonial irregular de Alfredo Lijo ni la relación de ese incremento con sus vínculos y su actividad como operador judicial. Después de ese fallo, Cúneo Libarona pidió el sobreseimiento del juez Ariel Lijo, que fue dispuesto por Ercolini.
Fuentes allegadas a Alfredo Lijo dijeron a la nacion, acerca del cierre de este expediente, que el archivo y el sobreseimiento se dispusieron después de haberse agotado la instrucción de la causa, cuando no quedaba nada por investigar.
La denuncia sostenía que la supuesta banda había “pretendido garantizar la impunidad de delitos contra la administración pública de las más altas esferas de poder a cambio de dinero y negocios espurios”.
Y señalaba al hermano del juez: “Alfredo Lijo habría incrementado su patrimonio de manera ilícita y habría introducido esos activos a través de distintos mecanismos de lavado de dinero”.
Además, estaban denunciados el asesor de la OEA Gustavo Cinosi, el excamarista federal Eduardo Freiler, Silvana Stochetti (que fue socia de Lijo en una consultora); el exsecretario de De Vido José María Olazagasti; el exjefe de gabinete de Cristian Ritondo, Marcelo Rochetti –señalado en la denuncia como socio de Freddy Lijo–; Ernesto Chalabe, señalado como persona de confianza de Olazagasti, y el empresario Roberto Vignati, vinculado a través de negocios con el entorno de De Vido.
Según la denuncia, Freiler y Alfredo Lijo controlaban juntos el funcionamiento de un balneario en Necochea. Y este último era apuntado por integrar una cantidad de sociedades y empresas junto a Fernando Dapero, un exsíndico del PAMI investigado por lavado de dinero y evasión a través de sociedades offshore. Dapero y Lijo fueron socios y una de las empresas relacionadas al hermano del juez, Caledonia Seguros SA, emitió cédulas azules para que Ariel Lijo y Marcelo Rochetti manejaran autos de lujo.
Picardi pidió medidas para estudiar el patrimonio de los Lijo y de los demás denunciados. De acuerdo con la información que recibió de la AFIP y –según cita el juez– un informe de la UIF, no surgieron “situaciones que merecieran ser destacadas” en los patrimonios.
Además, Alfredo Lijo ingresó al blanqueo y las autoridades judiciales se toparon, según dijo una fuente judicial a este medio, con los límites que impone la ley de sinceramiento fiscal 27.260. Según supo la nacion, también declaró haber recibidos premios “por actividades desarrolladas en los hipódromos de Palermo, La Plata y San Isidro”.
Pero la investigación no profundizó en otra parte de las maniobras denunciadas por Carrió: supuestos hechos de lavado de dinero con la compañía de seguros que tenía como socio a Alfredo Lijo; los funcionarios judiciales del caso dijeron que esas maniobras eran investigadas en los tribunales en lo penal económico, en otros expedientes.
“A raíz de haberse tomado conocimiento de la tramitación de otras causas en el fuero en lo penal económico en las que se investigaran maniobras presuntamente desarrolladas por personas a quienes se vinculara con lo aquí denunciado, se concluyó que no resultaba posible la realización en esta sede de una investigación paralela en tal sentido, a efectos de evitar una doble persecución en sede penal en relación a un idéntico objeto y con respecto a los mismos sujetos”, escribió Ercolini.
Con respecto a la acusación que los señalaba como una banda organizada, Ercolini dijo: “Los resultados obtenidos a raíz de las medidas practicadas conllevaron a descartar la ocurrencia de los extremos denunciados en los términos en que fueran presentados, dado que seguía desconociéndose las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que podrían haberse desarrollado”.
La denuncia fue ampliada en 2019 con información sobre los vínculos de los hermanos Lijo con la familia Corach, después una nota de la nacion que reveló la cercanía entre ellos y que daba cuenta de que el juez Lijo, que instruyó el caso por las coimas de Siemens, ignoró un informe de la UIF sobre movimientos de dinero de la familia Corach en el exterior. Sin raspones, Ariel Lijo logró sortear la acusación.
Los casos que enfrentó Lijo en el Consejo de la Magistratura
Durante el gobierno de Mauricio Macri Lijo salió ileso de la denuncia más relevante que debió enfrentar en el organismo que selecciona y sanciona a los jueces, por la propiedad de un haras.
Con la lupa sobre el patrimonio del juez y acusado por responsabilidades disciplinarias, el expediente se había iniciado en el Consejo después de una declaración de Carla Lago, su excuñada, quien durante el caso que terminó con la destitución del camarista Eduardo Freiler declaró que Freddy Lijo, exmarido de Lago, compartía un haras en Dolores con el magistrado.
Cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a citar a Freddy para responder sobre su patrimonio, el oficialismo decidió desestimar la acusación contra el juez.
Lijo tenía a su cargo, en ese entonces, la causa Correo. la nacion reveló una reunión entre Mauricio Macri, el extitular de la AFI Gustavo Arribas y Daniel Angelici –con influencia en el Consejo de la Magistratura y cercanía a los Lijo– para evitar que Freddy Lijo fuera citado a declarar en el Consejo y salvar a su hermano del juicio político.
El haras estuvo siempre a nombre de Freddy y, de acuerdo con las medidas de prueba que llevó adelante en ese entonces el Consejo de la Magistratura, en ninguna de las escrituras aparecieron los datos del juez.
El año pasado, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López lo denunció en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y pidió su remoción. Lo acusó de haber impulsado una causa penal y demorarla sin motivos con “manifiesta arbitrariedad” para beneficiar a Lorenzetti “en su disputa contra los demás integrantes de la Corte, y en especial contra el Dr. Maqueda”, según el texto de la denuncia.
Esa denuncia está en el Consejo de la Magistratura desde agosto del año pasado y todavía no fue sorteada.
La Comisión de Disciplina es presidida por el diputado kirchnerista Héctor Recalde, que es quien debería fijar una fecha para sortear la denuncia.
Uno de los elementos de prueba presentados por el diputado López era una nota publicada en este medio en junio del año pasado por el periodista Hugo Alconada Mon, en la cual se narra un contrapunto entre el juez Lijo y el fiscal federal Carlos Stornelli producto de la denuncia anónima por presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
En 2017, Lijo fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, la agrupación Será Justicia y la organización Usina de Justicia.
Lo acusaron de “demoras excesivas en la tramitación de causas” que tienen a funcionarios públicos como imputados en casos de corrupción. Lijo negó las acusaciones y respondió con un escrito sobre las 23 causas por las que fue cuestionado y su estado procesal.
El Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia en 2018.ß
El juez Ercolni sostuvo que no pudieron corroborarse las hipótesis planteadas en la denuncia respecto de un supuesto incremento patrimonial irregular de Alfredo Lijo
También estaban denunciados un asesor de la OEA, el excamarista federal Freiler, un secretario de De Vido y un funcionario cercano a Cristian Ritondo
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Abogados rechazan la postulación del juez Lijo a la Corte
La entidad porteña, que preside Alberto Garay, consideró que el postulante del Gobierno no reúne los “requisitos de idoneidad”
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que el juez federal Ariel Lijo “no satisface los requisitos de idoneidad y aptitud requeridos” para ocupar un lugar en la Corte Suprema. Así, la entidad salió al cruce de la postulación del magistrado por parte del presidente Javier Milei y se sumó a otras entidades del ámbito judicial que rechazaron la nominación.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires afirmó ayer que el juez federal Ariel Lijo “no satisface los requisitos de idoneidad y aptitud requeridos” para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, en referencia a la candidatura del magistrado que impulsa el gobierno de Javier Milei.
De esa forma, con un firme comunicado, el Colegio se sumó a una larga lista de entidades del ámbito judicial que rechazaron su postulación.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal federal de nuestro país y, en tanto tal, posee la última palabra en los juicios en los que se discuten cuestiones que involucran los derechos y garantías asegurados en la Constitución Nacional”, recordó el Colegio de Abogados, a través de un comunicado. Y luego concluyó que, en ese sentido, sus integrantes “deben ser juristas intachables, con distinguidos antecedentes profesionales y morales; pues la falta de idoneidad o la ausencia de honorabilidad de alguno de ellos, tarde o temprano pero inexorablemente, deshonrará al Tribunal ante la opinión pública”.
“Obviamente, la nominación del juez Ariel Lijo recae sobre alguien que no integra aquella clase -agrega en su párrafo central-. Sin perjuicio de ello, los antecedentes del Dr. Lijo no satisfacen los requisitos de idoneidad y aptitud requeridos para ese cargo”.
En ese sentido, el Colegio considera que “Lijo, juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 4 de Comodoro Py 2002, ha sido reiteradamente cuestionado por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por su actuación irregular o morosa en causas de corrupción contra la Administración Pública Nacional”. El comunicado recuerda que el propio Colegio de Abogados de la Ciudad “lo denunció ante el Consejo por la demora en la tramitación de numerosas causas y por la falta de colaboración en la reunión de datos estadísticos que permitieran controlar el desempeño del tribunal a su cargo”. Además advierte sobre el manejo de la causa por el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci, que también fue blanco de críticas por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel, y de las denuncias públicas en medios de comunicación.
“Por ello, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera inaceptable y se opone a la candidatura propuesta por el Poder Ejecutivo del juez Lijo, en reemplazo de la vacante producida en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la Dra. Highton de Nolasco”, concluye el comunicado.
El Colegio de Abogados cuenta con miembros de reconocida trayectoria, como su presidente Alberto Garay.
Lo integran, entre otros, la vicepresidente Cecilia Mairal, Manuel Benites, Tomás Allende, Luis Bullrich, Carina Castrillón, Mauricio de Nuñez, Adolfo Durañona, Cristian Fox, Jimena Vega Olmos y Carolina Zang.
No es la primera crítica de una entidad. Las principales asociaciones que reúnen a los jueces y fiscales nacionales y federales de todo el país habían reclamado al Gobierno que postule a mujeres para la Corte Suprema de Justicia y advirtieron que de no hacerlo se estarían violando tratados internacionales suscriptos por la Argentina, donde el país se compromete a considerar la paridad de género.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) emitió un comunicado en el que remarcó “la importancia de observar las disposiciones en materia de paridad de género, postulados estos receptados en la normativa vigente de orden nacional y supranacional”.
“El debido respeto del marco convencional y constitucional referido permitirá ir saldando la evidente inequidad de género existente en la cobertura de los cargos judiciales”, agregaron los jueces en un documento que firman la secretaria general de la Asociación, Paula Castro, y su presidente, el juez Andrés Basso.
Los fiscales no se quedaron atrás. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), compartió “la preocupación” porque “no se contemple la presencia de una mujer en la más alta magistratura”. Y advirtieron los fiscales que, de este modo, “se podría afectar las obligaciones que la República Argentina ha asumido internacionalmente en materia de equidad de género, conforme lo establecen la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para) ”.
“En el convencimiento de que la paridad de género en el acceso a los cargos públicos y la consecuente representatividad son necesarias para lograr la realización de una sociedad más justa, exhortamos a las autoridades políticas de la Nación a profundizar los esfuerzos en ese sentido, máxime que en nuestro país existen mujeres con trayectoria y altamente capacitadas para ejercer esa honrosa magistratura”, señala el documento, firmado por el fiscal Ricardo Toranzos, presidente.
“Deben ser juristas intachables, con distinguidos antecedentes”
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