MOVILIDAD Y GANANCIAS, SOSPECHAS

La movilidad y Ganancias no pasan sin cambios el filtro de Diputados
Sin embargo, los bloques dialoguistas anticipan que apoyarán en general la versión acotada de la “Ley de bases”
Laura Serra
Buenas y malas noticias para la Casa Rosada. La buena noticia es que los bloques dialoguistas de la oposición acompañarán, en la Cámara de Diputados, la nueva “Ley de bases” en su versión acotada. Será, para el presidente Javier Milei, toda una reivindicación tras el intento fallido por aprobarla en enero y un aliciente en el avance hacia su Pacto de Mayo.
La mala noticia es que estos mismos diputados, incluso la bancada de Pro, buscarán modificar dos capítulos claves del paquete de leyes por venir. Uno de ellos es el referido a la movilidad de los haberes jubilatorios. El otro es el que reinstala la aplicación de Ganancias a los asalariados de la cuarta categoría, iniciativa incluida en un ambicioso paquete fiscal y que prevé alcanzar a 1,5 millón de trabajadores.
Ambas cuestiones, por su fuerte impacto en los ingresos y gastos del Tesoro, concentrarán toda la atención en las negociaciones que arrancaron la semana pasada entre la Casa Rosada, los bloques dialoguistas y los gobernadores. El ministro de Economía, Luis Caputo mira con especial inquietud lo que sucederá con las jubilaciones, el mayor rubro en el gasto. Hizo saber a los legisladores que para el fisco sería un golpe letal si se aprobaran las propuestas presentadas por los distintos bloques que, con matices, buscan que a partir de abril los haberes se indexen por el índice de precios y que, además, ese mes se les compense a los jubilados y pensionados lo que perdieron por la inflación de enero, que trepó al 20,6%.
Caputo acepta indexar los ingresos jubilatorios por inflación a partir de abril –así figura en el borrador de la nueva “Ley de bases”-, pero solo reconoce una compensación parcial de 10 puntos por enero. Difícilmente prospere ya que incluso el bloque de Pro, aliado al Gobierno, cree que Economía podría hacer un esfuerzo mayor. “Una compensación total implicaría un gasto de 2600 millones de dólares”, advierten desde el oficialismo. Los legisladores insisten que Economía les revele los números de impacto fiscal, pero hasta ahora no tuvieron suerte. Mientras tanto el reloj corre y el Gobierno demora el envío al Congreso de la nueva fórmula de movilidad. Así las cosas, las jubilaciones terminarán el primer trimestre con una pérdida del 42% respecto a igual trimestre de 2023, estima el economista Nadin Argañaraz. Para el caso de los jubilados que cobran el haber mínimo, que perciben bono, la pérdida será del 28% entre ambos trimestres.
“No puede esperar más la temática jubilatoria. Cualquiera que sea la suerte de la nueva ley ómnibus, lo que no puede esperar más es la suerte de los jubilados”, apuró Rodrigo De Loredo, jefe del bloque radical, tras la reunión con el ministro Guillermo Francos el viernes pasado. La estrategia de dilación ha sido hasta ahora fructífera para el Gobierno, ya que la licuación del gasto previsional le ha permitido mostrar equilibrio fiscal en el primer bimestre del año.
Difícilmente pueda demorar demasiado tiempo más. El miércoles pasado un sector de la oposición –Hacemos Coalición Federal, Unión por la Patria, la izquierda y media decena de diputados radicales díscolosestuvo a solo cinco votos de alcanzar el quorum en el recinto para forzar al oficialismo a que apure el tranco y dé la discusión del problema jubilatorio. A los libertarios los salvó la tormenta –que canceló varios vuelos desde el interior- y la decisión del radicalismo de no bajar a la espera de un guiño del Gobierno. “Aguantamos una vez, pero no dos veces. Si se convoca a una nueva sesión especial porque el Gobierno demora una solución, vamos a tener que bajar por presión de nuestro electorado. Si eso sucede va a haber quorum y el oficialismo pierde”, les advirtieron los radicales a los funcionarios.
Las negociaciones por la reversión del impuesto a las Ganancias prometen ser aún más complejas y conflictivas, pues allí entran en juego los intereses de los gobernadores. Solo un puñado de ellos –los que comandan provincias con bajas dotaciones de asalariados que estarían alcanzadosla reciben de buen grado por la suba en sus ingresos coparticipables. El resto, sin embargo, no quiere afrontar el costo político que implicaría, en un contexto recesivo y de caída de ingresos, que un millón y medio de trabajadores vuelva a pagar el impuesto.
Según la iniciativa que trascendió de Economía, el tributo se aplicaría a partir de un piso mínimo no imponible de $1,1 millones de sueldo neto para solteros y de $1,5 millón neto para contribuyentes casados con dos hijos. En el caso de los trabajadores autónomos, el mínimo no imponible es más bajo y equivale a $885.310, para un soltero sin hijos, mientras que es de $1.253.700 para un casado con 2 hijos.
Si bien la iniciativa establece alícuotas progresivas que van del 5 al 35% según la magnitud del salario a ser actualizadas trimestralmente por el índice de inflación, plantea la eliminación de una serie de exenciones y conceptos que no estaban alcanzados. Entre ellas, el aguinaldo, bonos por productividad, horas extras, gastos de movilidad y remuneraciones percibidas por guardias obligatorias. El bloque de Pro ya anticipó que buscará preservar algunas de estas exenciones.
Los más duros son los mandatarios patagónicos de Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz, los mismos que en el Senado bajaron línea a sus delegados para que rechacen del mega-dnu 79/23. “No estamos de acuerdo con reimplantar el impuesto”, adelantaron. Desde Córdoba, Martín Llaryora advirtió que el piso mínimo no imponible propuesto por el Gobierno es demasiado bajo; lo mismo se escucha en las filas del bloque radical.
“No hay impuesto más progresivo en el mundo que el impuesto a la renta, siempre y cuando esté bien diseñado en sus escalas. Durante el kirchnerismo se aplicaba el 27% a partir del piso mínimo, lo que provocaba que buena parte de los asalariados tributaran. Lo óptimo sería graduar con alícuotas mínimas, del 1 o 1,5%, a los ingresos menores e ir subiéndolas a medida que son mayores”, explica el radical Alejandro Cacace.
Este panorama anticipa que, así planteado, el esquema del Gobierno no conseguirá mayoría en el Congreso. Algunos proponen, como el gobernador chubutense Ignacio Torres, coparticipar el impuesto al cheque para compensar lo que no perciben de coparticipación por Ganancias. El Gobierno lo rechaza de plano, ya que implicaría compartir su recaudación con las provincias.
Algunos bloques dialoguistas, en tanto, insistirán en elevar el piso mínimo no imponible para que solo los asalariados de ingresos más altos se vean afectados; otros, en cambio, creen que la solución estaría en calibrar mejor las escalas de las alícuotas para preservar la progresividad del impuesto. Todo esto redundaría, por contrapartida, una menor recaudación final del impuesto, algo que el Gobierno preferiría evitar.

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Encono y sospechas: el tenso vínculo entre Pro y la mesa chica de Milei
El macrismo cree que Nicolás Posse pone trabas para avanzar en la integración entre las dos fuerzas; el plan del expresidente

Matías Moreno
La alianza táctica entre Pro y La Libertad Avanza (LLA) se construye en un clima de cautela y recelos mutuos. Sus legisladores mueven en tándem en el Congreso para conseguir los apoyos que les den sustentabilidad a las reformas que impulsa el presidente Javier Milei para desregular la economía y achicar el Estado. En simultáneo, a sabiendas de que representan el mismo espectro ideológico en el mapa político, sus jefes planifican confluir en la oferta electoral de las legislativas de 2015. Sin embargo, el futuro del vínculo entre macristas y libertarios es un gran enigma.
Mientras el expresidente se prepara para suceder a Patricia Bullrich al frente de su partido -el acuerdo para sellar una lista de unidad se oficializaría el martes-, crece el malestar del macrismo con uno de las figuras más gravitantes de la mesa de decisiones de Milei: el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Al misterioso ministro coordinador lo acusan de tener un encono con Pro y de tejer en las sombras para privilegiar al peronismo a la hora de repartir cajas codiciadas en la administración pública, como el PAMI o el área de salud.
La controvertida salida de Omar Yasin de la Secretaría Trabajo sembró aún más desconfianza en el macrismo en torno de la figura de Posse. En el campamento del expresidente creen que Yasin, quien había trabajado en los equipos de campaña de Bullrich, pero llegó al Gobierno de la mano de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, fue el “chivo expiatorio” que encontraron Milei y Posse para aplacar el escándalo que provocó los aumentos de sueldos en el Ejecutivo. Es que Yasin no había intervenido en el derrotero del polémico decreto que habilitó las subas y que lleva la firma de Milei.
En rigor, Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y Función Pública y vice del Banco Nación, un hombre de extrema confianza de Posse, fue el responsable del “error”. En Pro sospechan que el jefe de Gabinete pidió la renuncia de Yasin para colocar en ese puesto a un leal, como Julio Cordero, un abogado del Grupo Techint que ya tenía un rol preponderante en el esquema laboral de LLA, y aumentar su injerencia en la cartera de Pettovello. En cambio, los libertarios que habitan en ese ministerio atribuyen la salida de Yasin a una discusión con sus superiores por la asignación de cinco mil unidades retributivas en su área.
Yasin se sumó a la lista de dirigentes ligados a Pro que salieron eyectados del Gobierno por decisión de Posse. Por caso, Enrique Rodríguez Chiantore, un exfuncionario de Cambiemos que integraba los equipos de Bullrich, fue desplazado a fines de enero de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Mientras que el Gobierno argumentó que no había avanzado en los objetivos de su sector, Rodríguez Chiantore les hizo saber a los altos mandos de Pro que sospechaba que Posse había ejecutado la maniobra para aumentar la influencia de Mario Lugones, un asesor de la jefatura de Gabinete que aún no fue designado en un cargo, sobre el sector de la salud.
Lugones, titular de la Fundación Sanatorio Güemes, actúa como un controller en el ministerio que encabeza Mario Russo, exfuncionario de Malena Galmarini en AYSA. En Pro infieren que Lugones es el hombre fuerte del área de Salud por sus vínculos con Enrique “Coti” Nosiglia y el sindicalista Luis Barrionuevo. “Es parte interesada; gestiona intereses”, lanza un exfuncionario del macrismo. Lugones también incide en el PAMI, donde colocó a Esteban Leguizamo. Además, su hijo, Rodrigo Lugones, integra el círculo de confianza de Santiago Caputo, el guardián de la identidad del Presidente. A los macristas paladar negro también les provoca escozor que Barrionuevo se mueva detrás de bambalinas no solo en salud, sino también en la secretaria de Turismo, a cargo de Yanina Martínez.
En el mundillo del partido fundado por Macri asocian la resistencia de Posse -incluso del ministro del Interior, Guillermo Francos, otro detractor del expresidente-, a estrechar lazos con Pro a la afinidad que mantiene con el peronismo y, sobre todo, su extensa trayectoria laboral en Corporación América, la nave insignia de Eduardo Eurnekian, exjefe de Milei.
Está claro que Posse pone reparos frente a Pro y vincula al macrismo con la UCR, un partido que expresa a la dirigencia tradicional. En cambio, el estilo disruptivo de Milei representa a la nueva política, según los libertarios. Sin embargo, los macristas que orbitan en la galaxia de LLA están convencidos de que Posse es “anti-pro” y no oculta sus preferencias por el peronismo. El propio Macri admite en la intimidad que el jefe de Gabinete representa un muro: veta sus recomendaciones o propuestas para rellenar casilleros en las segundas o terceras líneas.
Cerca del expresidente perciben que los dirigentes ligados a Pro suelen ser “fusibles” en momentos críticos del gobierno de Milei. Es que Yasin y Rodríguez Chiantore no son los únicos expulsados de LLA. En las últimas semanas también se fueron por distintas razones del Ejecutivo Horacio Pitrau, otra víctima en Trabajo, el exdiputado de Pro Diego Marías, exinterventor adjunto del sistema de medios públicos, o Ricardo Schlieper, exsubsecretario de Deportes. No obstante, Schlieper fue reemplazo por otro hombre ligado a Pro: elexintendente de La Plata Julio Garro, quien trabajará bajo el ala de Daniel Scioli y Francos.
En el organigrama de Milei sobreviven decenas de dirigentes con pasado en Pro o Cambiemos -desde los equipos de Bullrich y Caputo hasta Javier Herrera Bravo, secretario de Legal y Técnica-. “Todos ellos entraron por decisión personal. A Macri no lo llaman para avisar que los desplazan; ninguno fue un pedido de Mauricio. No cogobernamos”, insisten cerca del expresidente. Otros referentes de Pro, como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, apuntan contra Caputo, el asesor presidencial, o Karina Milei.
Los cortocircuitos entre las tropas de Milei y Macri comenzaron durante las reuniones para coordinar la fiscalización del balotaje. Los libertarios intuyeron que el expresidente había activado una ofensiva para ganar influencia en la organización del operativo para garantizarles puestos codiciados en el gabinete a dirigentes de su confianza. En ese momento se registraron los primeros roces entre Posse, uno de los colaborados más estrechos de Milei, Guillermo Ferraro, Francos y los emisarios designados por Macri para negociar la entrega de asistencia para la fiscalizar. En ese momento, Macri mostraba interés en desplazar a Ferraro para allanarse el camino en Infraestructura, donde añoraba colocar a Guillermo Dietrich.
Tras el triunfo de Milei en las urnas, el líder de LLA tentó a Patricia Bullrich con el cargo de ministra de Seguridad y cerró la incorporación de Luis “Toto” Caputo, mientras Macri empujaba por colocar a Cristian Ritondo como titular de la Cámara de Diputados. En un tuit cargado de mensajes velados, el expresidente aclaró que Bullrich y Caputo habían tomado la decisión “personal” de sumarse al “primer equipo” del gobierno.
A cien días de la asunción de Milei en la Casa Rosada, Macri sigue en la misma tesitura ante la opinión pública: el Pro colabora con el Presidente desde el Congreso, pero no cogobierna ni está dispuesto a fusionarse con LLA. “Va a hacer todas las gestiones para que salga la nueva ley ómnibus y el DNU. Las formas no nos pueden gustar, pero la agenda de Milei es la nuestra”, dice uno de los consejeros de Macri.
Cerca del exmandatario admiten que Pro y LLA se encaminan a integrarse en 2025 en la grilla electoral. Con el anclaje del partido, Macri aspira a ordenar la discusión por las listas o cargos con Milei. Una vez que suceda a Bullrich -ella quedaría al frente de la Asamblea Partidaria y el expresidente les dará lugar a gobernadores y el jefe porteño para exhibir renovación-, aspira a alinear la fuerza y “unificar” la ventanilla para negociar con Milei. Pese a la buena sintonía, la negociación será engorrosa. “Hay una contradicción: ellos quieren los votos de Pro, pero no a los dirigentes”, afirma uno de los hombres de confianza de Macri.
La controvertida salida de Omar Yasin de la Secretaría de Trabajo sembró aún más desconfianza en el macrismo en torno de la figura de Posse
Está claro que Posse pone reparos frente a Pro y vincula al macrismo con la UCR

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