Los gobernadores siguen con reparos, pero esperan negociar
La mayoría no avala el proyecto sobre Ganancias; aguardan la próxima convocatoria de la Nación
Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– Con el proyecto de ley ómnibus acotado ya en mano, los gobernadores están esperando que desde la Casa Rosada lleguen las convocatorias para las mesas política y económica en que quedaron en el encuentro con los ministros Nicolás Posse y Guillermo Francos. La primera definición sobre la iniciativa que da la mayoría es “digerible”, aunque habrá puntos para debatir. Uno es del paquete fiscal, la restitución de Ganancias para la cuarta categoría que impulsa Nación.
El cordobés Martín Llaryora planteó que el gravamen sea sobre ingresos más altos y el sector liderado por Axel Kicillof lo apoya.
Después del rechazo en el Senado del DNU, desde ocho administraciones provinciales indicaron a la nacion que el Ejecutivo debe trabajar “intensamente” en Diputados para garantizarse que no se repita la situación. Insistieron en que el oficialismo “no debe dar por hecho” que los gobernadores “controlan todo”.
En el capítulo fiscal, Llaryora sostuvo que había que subir “fuerte” el piso de ganancias en el encuentro de gobernadores; apunta a un mínimo no imponible mucho más alto que el que propone el gobierno de $1,5 millones. Es una forma de evitar el costo político que implica la restitución del impuesto a la vez que se coparticiparía. Los mandatarios marcaron diferencias con la idea de la Rosada.
“No es un impuesto a la riqueza”, advierten desde El Panal, la casa de gobierno de Córdoba. “El punto es desde qué monto empezar a cobrar ganancias; nos parece que se puede debatir. No debería ser una fricción”, ratifican. No está previsto que los legisladores nacionales que le responden a Llaryora presenten un proyecto.
Se trata de una “contrapropuesta” a la realizada por la Rosada que, básicamente, se diferencia por gravar desde “mucho más arriba” los ingresos y con una “curva” de alícuotas más pronunciada, que inicie en menos del 5%.
Kicillof, en los últimos días, contactó a varios de sus pares para intentar un consenso en torno a algunas de las alternativas que se barajan; la otra, que vienen barajando varios hace meses, es coparticipar el impuesto al cheque, incluso con la idea de aumentarlo.
En el encuentro con Francos y Caputo quedó claro que en ese tema hay divergencias; es uno de los que esperan abordar los ministros de Economía provinciales con el equipo de Luis Caputo. De esos intercambios debe salir el pacto fiscal. A los gobernadores les urge recomponer sus finanzas, con lo que es clave resolver qué responsabilidades afrontarán y qué se coparticipará.
Respecto del Pacto de Mayo convocado por Javier Milei, “no hay nada”, coinciden los mandatarios que volvieron a ser “advertidos” por el Presidente acerca de que es una “precondición” la aprobación de la ley ómnibus. “Si el oficialismo quiere sacar la ley y el paquete fiscal tiene que avanzar primero en el Congreso; no deben pensar que les alcanzará solo con el apoyo de los gobernadores aliados. Si hacen esa lectura, se pueden equivocar”, advierten desde el círculo de uno de esos mandatarios dispuestos a “colaborar” con Milei.
Desde una provincia peronista con puentes tendidos con la Rosada, sostienen que el equipo nacional “debe ordenarse” y empezar a llamar cuanto antes a las reuniones con “interlocutores válidos y autorizados” si es que quieren llegar a mayo con los temas resueltos. “Hay cuestiones en las que se avanzó en el nuevo proyecto de ley, pero quedan aspectos a debatir. Es más complejo de lo que ellos parecen creer”, sintetizan.
Un aspecto en el que, en general, hay conformidad es en el de las privatizaciones. Empresas nacionales localizadas en diferentes provincias desaparecieron de la lista que la Nación quiere impulsar.
“Algunos temas mejoraron, pero en paralelo desde la Nación abren otros conflictos como el que se está planteando con las universidades –describe un mandatario de la UCR–. No se trata de si se afecta a un partido o a otro, hay focos todo el tiempo de discusión”. La referencia es al congelamiento del envío de fondos a las universidades.
Los patagónicos, Kicillof, Gildo Insfrán y Ricardo Quintela constituyen el grupo “más duro” para las negociaciones con la Nación. Respecto de antes del encuentro en la Casa Rosada, Llaryora apareció haciendo “gestos” hacia el oficialismo (como que tres de sus cinco legisladores no bajaron al recinto en Diputados) y el santafesino Maximiliano Pullaro está concentrado en los problemas de seguridad de su provincia
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El norte contra el sur, la grieta entre mandatarios por el regreso de Ganancias
La diferencia de ingresos entre las diferentes regiones genera una controversia por el monto del ingreso mínimo que estará alcanzado
Diego Cabot 
Los gobernadores patagónicos rechazan la reposición del gravamen
El impuesto a las ganancias, ahora bautizado como impuesto a los ingresos personales, el que más molesta a los asalariados formales, ha cavado una grieta entre los gobernadores. Pero, más allá de esta disputa concreta, hay que reconocerle a la política argentina una enorme virtud: siempre encuentra consensos a la hora de subir los impuestos.
El punto de desencuentro ha trazado una teórica división que podría resumirse en una consigna: los mandatarios del norte contra la liga de los sur, con Buenos Aires en una posición híbrida. ¿El motivo? Unos, los de arriba, insisten para que el menor salario bruto alcanzado por ese impuesto sea el más bajo posible mientras que los otros pujan por un monto mucho más grande. El gobernador bonaerense es el “distinto”: no quiere que nada cambie influenciado por la cuestión ideológica.
El punto de discordia es el siguiente. En el norte tienen una estructura laboral muy distinta donde el universo de los alcanzados por la reposición del impuesto no es tan alta, mientras que en el sur el mercado laboral es distinto y sí hay una porción importante que volvería a tener que tributar. Preguntará el lector qué pasa con Buenos Aires. Pues no importa demasiado el contribuyente para el gobernador Axel Kicillof. Lo que rige sus movimientos es la mirada política. Dice que no hay que gravar el salario, pese a que jamás levantó esa bandera mientras era ministro de Economía de Cristina Kirchner, y además no quiere deshacer aquella medida del cuarto kirchnerismo en campaña, cuando todo valía para entronar a Sergio Massa en la Casa Rosada.
El planteo se reduce en posiciones concretas. El norte quiere Ganancias con el tope más bajo posible y el sur pretende un menor salario bruto alcanzado mucho más alto. “Es el gran tema de desacuerdo entre los propios gobernadores. De acuerdo con lo que se acordó el viernes, las comisiones técnicas de la Nación y provincias empezarán a debatir todos los temas pendientes tanto de la nueva “Ley de bases” como del capítulo fiscal [que irá al Congreso como una ley separada]. Imaginamos que esto sucederá estos días como para que después de los feriados largos de Semana Santa se empiece a debatir en el recinto. Pero con todo acordado. Ganancias, donde hay muchas diferencias, es el gran tema a definir”, dijo una fuente oficial con acceso a las oficinas donde se debate el asunto.
De acuerdo con el paquete que por ahora es borrador, el renombrado impuesto a los ingresos personales prevé que empezarán a tributar los asalariados que tengan un salario bruto de $1.250.000, o $1.053.000 en mano) para el caso de los solteros, mientras que quien tiene dos hijos menores de 18 años y cónyuge, tendrá un piso de $1.590.062 brutos, o lo que es lo mismo, un salario mensual de $1.393.000 de bolsillo.
No obstante, para conviviente, la persona en cuestión no debería superar como ingresos propios los $2.360.829 en todo 2024, según lo establece el proyecto. A su vez, la deducción por hijo podría hacerse si se trata de menores de 18 años o si están incapacitados para el trabajo. En el primer caso, la declaración produce que se descuente del ingreso un monto de $92.494 mensuales antes del cálculo del impuesto; en el segundo caso, lo deducible es de $184.988 mensuales.
Dentro del nuevo esquema de discusión que planteó el Gobierno con los gobernadores, y que formalmente empezó el viernes pasado con la reunión en la Casa Rosada que presidió en jefe de Gabinete, Nicolás Posse, la cuestión de Ganancias se posó fuerte en la conversación. De hecho, aquel viernes fue unánime el comentario en Balcarce 50 respecto de que la última palabra la tendrá esa comisión técnica y que, seguramente, el monto final será acordado por los mandatarios provinciales.
Quizá una anécdota sirva para ilustrar las posturas. Transcurría aquel encuentro y, en una charla, un gobernador se sinceró. Contó que en su provincia apenas unos pocos miles eran alcanzados por el impuesto a las ganancias, con lo cual no era un tema que le preocupara demasiado. “Tengo unos pocos que pagan, pero, sin embargo, que lo restablezcan me genera una enorme cantidad de ingresos”, le dijo, palabras más, palabras menos, a su interlocutor. Y luego se explayó: “Me significa alrededor de 8% más de coparticipación”. De más está decirlo, pero el hombre habita en el norte.
El esquema actual, el de la ley 27.725 aprobada por el Congreso en septiembre último y hasta ahora no reglamentada, rige desde lo percibido en enero, aunque en los últimos meses de 2023 y por modificaciones hechas por decreto, ya estuvieron vigentes reglas similares en lo referido, por ejemplo, a la manera de definir quiénes tributan y quiénes no.
Las reformas más recientes, impulsadas en plena campaña electoral por quien era ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, llevaron a que muchos de los asalariados antes alcanzados dejaran de pagar el tributo, y a que la mayoría de quienes lo siguen abonando lo hagan con una modalidad de cálculo que fue modificada. Cuando se hicieron esos cambios, que tuvieron el voto favorable del presidente Javier Milei en su rol de diputado, no se previó una contrapartida por la caída de la recaudación de recursos para el Estado, un efecto que era imposible desconocer. Pasó un tiempo y la elección. En estos meses, algunos trabajadores sonrieron. Ahora les tocan las carcajadas a los gobernadores y al jefe del Estado. No importa mucho si para hacerlo deben borrar lo que firmaron en plena campaña. Vale todo a la hora de aumentar impuestos.
En el norte tienen una estructura laboral muy distinta, donde el universo de los alcanzados por la reposición del impuesto no es tan alta, mientras que en el sur es distinto
El impuesto a las ganancias, ahora bautizado como impuesto a los ingresos personales, el que más molesta a los asalariados formales, ha cavado una grieta entre los gobernadores. Pero, más allá de esta disputa concreta, hay que reconocerle a la política argentina una enorme virtud: siempre encuentra consensos a la hora de subir los impuestos.
El punto de desencuentro ha trazado una teórica división que podría resumirse en una consigna: los mandatarios del norte contra la liga de los sur, con Buenos Aires en una posición híbrida. ¿El motivo? Unos, los de arriba, insisten para que el menor salario bruto alcanzado por ese impuesto sea el más bajo posible mientras que los otros pujan por un monto mucho más grande. El gobernador bonaerense es el “distinto”: no quiere que nada cambie influenciado por la cuestión ideológica.
El punto de discordia es el siguiente. En el norte tienen una estructura laboral muy distinta donde el universo de los alcanzados por la reposición del impuesto no es tan alta, mientras que en el sur el mercado laboral es distinto y sí hay una porción importante que volvería a tener que tributar. Preguntará el lector qué pasa con Buenos Aires. Pues no importa demasiado el contribuyente para el gobernador Axel Kicillof. Lo que rige sus movimientos es la mirada política. Dice que no hay que gravar el salario, pese a que jamás levantó esa bandera mientras era ministro de Economía de Cristina Kirchner, y además no quiere deshacer aquella medida del cuarto kirchnerismo en campaña, cuando todo valía para entronar a Sergio Massa en la Casa Rosada.
El planteo se reduce en posiciones concretas. El norte quiere Ganancias con el tope más bajo posible y el sur pretende un menor salario bruto alcanzado mucho más alto. “Es el gran tema de desacuerdo entre los propios gobernadores. De acuerdo con lo que se acordó el viernes, las comisiones técnicas de la Nación y provincias empezarán a debatir todos los temas pendientes tanto de la nueva “Ley de bases” como del capítulo fiscal [que irá al Congreso como una ley separada]. Imaginamos que esto sucederá estos días como para que después de los feriados largos de Semana Santa se empiece a debatir en el recinto. Pero con todo acordado. Ganancias, donde hay muchas diferencias, es el gran tema a definir”, dijo una fuente oficial con acceso a las oficinas donde se debate el asunto.
De acuerdo con el paquete que por ahora es borrador, el renombrado impuesto a los ingresos personales prevé que empezarán a tributar los asalariados que tengan un salario bruto de $1.250.000, o $1.053.000 en mano) para el caso de los solteros, mientras que quien tiene dos hijos menores de 18 años y cónyuge, tendrá un piso de $1.590.062 brutos, o lo que es lo mismo, un salario mensual de $1.393.000 de bolsillo.
No obstante, para conviviente, la persona en cuestión no debería superar como ingresos propios los $2.360.829 en todo 2024, según lo establece el proyecto. A su vez, la deducción por hijo podría hacerse si se trata de menores de 18 años o si están incapacitados para el trabajo. En el primer caso, la declaración produce que se descuente del ingreso un monto de $92.494 mensuales antes del cálculo del impuesto; en el segundo caso, lo deducible es de $184.988 mensuales.
Dentro del nuevo esquema de discusión que planteó el Gobierno con los gobernadores, y que formalmente empezó el viernes pasado con la reunión en la Casa Rosada que presidió en jefe de Gabinete, Nicolás Posse, la cuestión de Ganancias se posó fuerte en la conversación. De hecho, aquel viernes fue unánime el comentario en Balcarce 50 respecto de que la última palabra la tendrá esa comisión técnica y que, seguramente, el monto final será acordado por los mandatarios provinciales.
Quizá una anécdota sirva para ilustrar las posturas. Transcurría aquel encuentro y, en una charla, un gobernador se sinceró. Contó que en su provincia apenas unos pocos miles eran alcanzados por el impuesto a las ganancias, con lo cual no era un tema que le preocupara demasiado. “Tengo unos pocos que pagan, pero, sin embargo, que lo restablezcan me genera una enorme cantidad de ingresos”, le dijo, palabras más, palabras menos, a su interlocutor. Y luego se explayó: “Me significa alrededor de 8% más de coparticipación”. De más está decirlo, pero el hombre habita en el norte.
El esquema actual, el de la ley 27.725 aprobada por el Congreso en septiembre último y hasta ahora no reglamentada, rige desde lo percibido en enero, aunque en los últimos meses de 2023 y por modificaciones hechas por decreto, ya estuvieron vigentes reglas similares en lo referido, por ejemplo, a la manera de definir quiénes tributan y quiénes no.
Las reformas más recientes, impulsadas en plena campaña electoral por quien era ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, llevaron a que muchos de los asalariados antes alcanzados dejaran de pagar el tributo, y a que la mayoría de quienes lo siguen abonando lo hagan con una modalidad de cálculo que fue modificada. Cuando se hicieron esos cambios, que tuvieron el voto favorable del presidente Javier Milei en su rol de diputado, no se previó una contrapartida por la caída de la recaudación de recursos para el Estado, un efecto que era imposible desconocer. Pasó un tiempo y la elección. En estos meses, algunos trabajadores sonrieron. Ahora les tocan las carcajadas a los gobernadores y al jefe del Estado. No importa mucho si para hacerlo deben borrar lo que firmaron en plena campaña. Vale todo a la hora de aumentar impuestos.
En el norte tienen una estructura laboral muy distinta, donde el universo de los alcanzados por la reposición del impuesto no es tan alta, mientras que en el sur es distinto
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