Télam amaneció vallada y quedó al borde del cierre
Argumenta que tiene la herramienta legal para hacerlo; la agencia de noticias estatal fue vallada por la policía y se licenció al personal por una semana; no se informó cuál es el plan oficial
Jaime Rosemberg
Tras el anuncio del presidente Javier Milei en su discurso del viernes pasado, el Gobierno avanzó ayer en el cierre de la agencia de noticias Télam. La sede central de la empresa estatal amaneció vallada y con custodia policial, al tiempo que los 781 empleados fueron licenciados con goce de sueldo por una semana y sin poder cumplir tareas. Gran cantidad de trabajadores protestaron contra el cierre en la sede de la calle Bolívar.
“Vamos a cerrar la agencia Télam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”, dijo el presidente Javier Milei en su discurso del viernes pasado ante la Asamblea Legislativa. Dos días después, durante la madrugada del lunes, la sede central de la agencia estatal de noticias fue vallada y los 781 empleados fueron licenciados con goce de sueldo por una semana, pero sin la posibilidad de cumplir tareas. La medida se realizó de noche con efectivos de la Policía Federal. El Gobierno insiste en que cerrará la agencia y alega que tiene herramientas legales para hacerlo.
De todos modos, la inexistencia de un decreto, reglamentación o resolución que dé por cerrada la agencia complica los planes del Presidente, elogiados desde La Libertad Avanza y por dirigentes de Pro.
La argucia legal desde el Gobierno reside en que en el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 –actualmente vigente, pero en debate en la comisión bicameral del Congreso– figura en el artículo 40 la derogación de la ley 20.705, que creó las sociedades del Estado e impide su disolución discrecional.
Esa ley expresa que aquellas “no podrán ser declaradas en quiebra” y que “solo mediante autorización legislativa podrá el Poder Ejecutivo resolver la liquidación de una sociedad del Estado”. La transformación de sociedades del Estado, como Télam, en sociedades anónimas pasibles de privatización, incluida en la “Ley de bases”, naufragó también durante el debate en particular de la ley. “El DNU solo habilita a transformar Télam de sociedad del Estado a sociedad anónima, cualquier otra cosa lo tienen que hacer por ley. Estamos analizando cursos de acción”, afirmó Guillermo Gianibelli, abogado del sindicato Sipreba, que en enero intentó lograr un amparo para resguardar la agencia.
La decisión gubernamental motivó el rechazo de asociaciones de periodistas, entre ellas la que agrupa a los corresponsales de medios extranjeros en el país.
Precisiones
“Esta semana se va a conocer el plan que se está diseñando para el cierre de Télam y el destino de sus empleados. Este año Télam tenía previstos 20.000 millones de pérdida estimada. El cierre de la agencia lo prometió el Presidente en la campaña y no tiene nada que ver con la libertad de prensa ni la libertad de expresión”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. Adorni no supo responder si el cierre de la agencia debía pasar o no por el Congreso.
“Esta semana se conocerán los detalles legales”, salió del paso ante la consulta de la nacion. Fuera de micrófono, fuentes oficiales no descartaban “alguna alternativa” con “algunos” de los empleados de la agencia oficial, sin dar mayores precisiones.
Desde la Casa Rosada agregaron que “la lógica es, como dijo Milei en varias oportunidades, que estamos en un país en crisis que no se puede permitir estar gastando dinero de todos en medios públicos”. E hicieron números: según el presupuesto 2023, Télam tuvo ingresos operativos por $12.288 millones y gastos por $18.023 millones, un déficit anual de $5735 millones (15,7 millones por día), dijeron. Y agregaron que para este año se proyectaba una pérdida de $20.000 millones. Razones suficientes, afirmaron, para proceder a su liquidación en el corto plazo.
“Fue una promesa de campaña”, agregaron, y sumaron el cierre de Télam a otras decisiones para achicar el gasto, como el freno a la obra pública, la suspensión por un año de la pauta publicitaria, el cierre del Inadi y del Ministerio de la Mujer, también mencionado por Adorni durante la conferencia de prensa.
Más allá del andamiaje legal, que el Gobierno terminará de definir en los próximos días, desde la agencia estatal varias fuentes confirman que los planes del interventor del oficialismo, Diego Chaher, eran otros hasta hace pocos días.
Al menos, según trascendió de una extensa reunión de Chaher con gerentes de la agencia, la semana pasada, en la que el interventor se mostró sorprendido por el buen nivel de los periodistas, elogió los planes de cobertura de la Asamblea Legislativa e incluso se alegró por los ingresos provenientes de acuerdos con cadenas como Netflix por la cesión de fotografías, les pidió que presentaran un plan de ajuste con reducción de personal, pero no habló de cierre. “Doctor, estaría faltando a mi oficio de periodista si no le pregunto qué va a pasar con nosotros”, le preguntó uno de los gerentes. Chaher, según contaron testigos a la nacion, dijo que su intención era “administrar bien los activos de la agencia” y que él no pretendía cerrarla. intentó comunicarse la nacion ayer con Chaher para conocer su versión de los hechos, pero fuentes oficiales informaron que no haría declaraciones.
“Estamos estudiando todas las presentaciones que se tengan que hacer. La agencia estaba incluida en la ley ómnibus como una de las 41 empresas públicas para ser privatizadas. Si bien ese proyecto aún no prosperó, se está avanzando de manera ilegal con Télam”, denunció, en Radio Con Vos Carla Gaudensi, secretaria adjunta del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). “Necesita pasar por el Congreso para que Télam Sociedad del Estado no exista”, enfatizó.
Ayer hubo una movilización de apoyo a los trabajadores de Télam que contó con el respaldo de la CGT y de las dos vertientes de la CTA, además de otras organizaciones sindicales. La protesta continuará durante los próximos días a la espera de conocer en detalle qué es lo que resolverá el Gobierno.
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Una empresa deficitaria, que tuvo a cargo la pauta y casi 800 empleados
Tenía un presupuesto de $18.000 millones y se preveían más pérdidas
La agencia de noticias estatal Télam proyectaba $20.000 millones de pérdida para este año, según precisó ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni. La empresa estatal, que nutrió de información a diferentes medios de comunicación privados de todo el país, cuenta con 781 empleados y el año pasado tuvo asignado un presupuesto de $18.000 millones.
Además, Télam era la encargada de implementar, controlar y facturar la distribución de la publicidad oficial del gobierno nacional hasta que Javier Milei decidió suspender la pauta por un año. En el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente anunció el cierre de la agencia, que amaneció ayer por la madrugada vallada y con su personal licenciado por una semana.
“Eliminamos agencias del gobierno como el Inadi, que cumplía el rol de la policía del pensamiento y mantenía militantes. Vamos a cerrar la agencia Télam, que ha sido utilizada como agencia de propaganda kirchnerista”, dijo Milei el viernes a la noche, ante la Asamblea Legislativa.
El presupuesto que la agencia tenía aprobado el año pasado por el entonces ministro de Economía Sergio Massa –que fue prorrogado este año– era de ingresos operativos por $12.288 millones y gastos por $18.023 millones. Es decir, tenía previsto un déficit de $5735 millones.
A principios de febrero, el Gobierno decretó la intervención de los medios públicos –entre los que figura la agencia de noticias fundada en 1945– por un año, después de delegar el control de esas unidades en la Jefatura de Gabinete de Ministros. La medida, oficializada a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 111/2024, abarca a Educ.ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos, que agrupa la TV Pública, Encuentro, Paka Paka, DeporTV y la plataforma Contar.
Bajo el control de Posse
El interventor designado por el Ejecutivo es Diego Martín Chaher, mientras que el adjunto fue Diego Sebastián Marías, que renunció la semana pasada. Ambos habían quedado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, al comando de Nicolás Posse, quien también podrá prorrogar la intervención por una sola vez de acuerdo con la normativa.
La agencia de noticias tiene dos sedes en la ciudad de Buenos Aires, ubicadas en Bolívar 531 y avenida Belgrano 347, que amanecieron ayer valladas para prohibir el ingreso de sus empleados. Cuenta con corresponsales en todos los distritos. En algunas provincias, incluso, con más de uno. Tiene 700 clientes, en su mayoría medios de comunicación del interior del país. También tiene clientes del exterior.
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