FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Escandalosas cifras de pensiones por invalidez en el Chaco
Casi la mitad de la población en condiciones de trabajar recibe el beneficio; le siguen Misiones, Corrientes y Formosa
Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– El gobierno de Javier Milei anunció que auditará las 1.222.000 pensiones por invalidez laboral que a diciembre pasado había en la Argentina.
Las pensiones que se otorgan por invalidez integran el conjunto de beneficios asistenciales, que son, en total, 1.548.662 (según datos de junio pasado) e incluyen la cobertura por vejez, a las madres de siete o más hijos, las establecidas por leyes especiales, las graciables y las que perciben los excombatientes de Malvinas.
La lupa sobre el mapa de la Argentina ratifica que el norte es la región que concentra el mayor porcentaje de pensiones por invalidez laboral sobre la población activa, determinada por el Indec para el tercer trimestre de 2023. Pero hay números alarmantes: por caso, el 49,8% de la población en condiciones de trabajar de Chaco recibe una pensión por invalidez, casi 20 puntos más que en octubre de 2016, cuando la nacion reveló el escándalo por estas cifras a nivel nacional.
En ese distrito, la Justicia investiga, por ejemplo, el caso de Taco Pozo, donde el 10% de la población cobra pensiones por discapacidad laboral a través de certificados supuestamente truchos. El intendente del municipio y su hija fueron imputados por participar de la asociación ilícita junto a otras 11 personas.
La provincia norteña desplazó del primer lugar a Santiago del Estero, que tiene 44,2% de la PEA con estas pensiones (sumó 10 puntos porcentuales en el período). Segunda quedó Misiones, con 44,6% de estas ayudas. Detrás se ubican Corrientes, con 41,8%, y Formosa, con 36,8%. Salta registra en el mismo lapso un alza de casi ocho puntos de estas pensiones, equivalente al 19% de su PEA. En Catamarca, alcanzan al 16,3%; en La Rioja, al 15,6%, y en Jujuy, al 13,2%.
Para tener una referencia del resto del país, en la provincia de Buenos Aires el porcentaje es 4,2% y en la CABA, el 1,6%.
El crecimiento de las pensiones otorgadas por invalidez –que en 2001 eran solo 75.947– empezó a acelerarse en 2009, cuando ya sulas maban 372.000, para superar el millón en 2014. Es decir, en 13 años, el crecimiento fue de 1240,4%. Sin que mediara una guerra, epidemia o crisis de ningún tipo que afectara capacidades laborales de tantos argentinos. Lo que ocurrió, en cambio, es que desde 2009 se multiplicó la “oferta” de certificados de invalidez en algunas provincias para quienes se acercaban a solicitar una asistencia del Estado. En los últimos diez años y hasta junio, la cifra de pensionados por invalidez laboral aumentó 20,2%. El monto que perciben es de $210.000 mensuales.
Siempre según datos oficiales, durante la gestión macrista la cantidad de estas pensiones cayó 1,7%. La entonces ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley fue quien en esa administración anunció que se “revisarían” los otorgamientos; hubo recortes y, después –en medio de marchas de reclamo– se restableció la mayoría.
Para acceder a una pensión no contributiva por invalidez, la persona debe encontrarse “imposibilitada, en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social, para la plena inclusión”, según consta en la plataforma de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tampoco debe “percibir una jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva; no estar empleada bajo relación de dependencia ni registrada como autónoma o monotributista”, pero sí como monotributista social.
Sin embargo, la Anses señala que la “pensión no contributiva por invalidez es ‘compatible’ con el trabajo, ya sea en relación de dependencia, en forma autónoma o como monotributista del régimen general o monotributista social”. En cambio, de recibirla, se corta la Asignación Universal por Hijo.
Jorge Colina, economista de Idesa, explica la “sutileza” de esa diferencia: “Para acceder, el requisito b) es no poseer un vínculo laboral formal. La razón es que si están con vínculo formal o monotributo, corresponde una pensión por incapacidad contributiva. Pero una vez otorgada, no prohíben trabajar. Por el decreto 566/2023, el 31 de octubre de 2023 –en campaña– Sergio Massa eliminó el inciso b”. Colina subraya que ahora “no está muy en claro cuáles son los criterios técnicos de los médicos de los hospitales públicos” para otorgar el certificado médico Oficial (CMO), que es el documento que la Anses exige para otorgar la pensión por invalidez.

Un ranking bajo la lupa


1 Chaco

49,8% de la población laboralmente activa recibe pensión

2 Misiones

44,6% de la PEA

3 Santiago del Estero

44,2% de la PEA 41,8% de la PEA

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El fiscal acusa al piquetero Pérsico de fraude al Estado
Lo apunta por repartir subsidios sin justificativos

Hernán CappielloEmilio Pérsico, exsecretario de Economía Social y jefe del Movimiento Evita

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió indagar al exfuncionario de Desarrollo Social y líder piquetero Emilio Pérsico, al acusarlo de corrupción por actuar en supuesta connivencia con el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, para otorgarles subsidios a sus cooperativas por más de 572 millones de pesos entre 2020 y 2022, a pesar de que no se cumplía con los requisitos administrativos para otorgarlos, no se controlaba su uso ni se rendían cuentas de su ejecución.
El pedido del fiscal al juez federal Sebastián Casanello es un segundo capítulo de la causa donde el juez ya indagó a Belliboni y a dos decenas de piqueteros, acusados por el supuesto desvío de fondos de esos subsidios para el financiamiento político del Partido Obrero.
Ahora, el fiscal Pollicita dijo que el Polo Obrero no intentó engañar al Ministerio de Desarrollo Social, que otorgaba los subsidios, sino que actuaba en complicidad con Pérsico, que era secretario de Economía Social de esa cartera durante el gobierno de Alberto Fernández.
Por eso es que, además, requirió indagar a Pérsico y a exfuncionarios de su cartera: Pablo Ariel País, Walter Alejandro Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Juan Migone, Mariana Noelí Fernández y Ernesto Vicente Paillalef. Asimismo, pidió que se cite nuevamente a prestar declaración indagatoria a Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, Elizabeth del Carmen Palma, Iván Ortiz, María Isolda Dotti, Erika Lubenfeld y Ezequiel Coego.
Alejandro “Peluca” Gramajo era subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local. Fue elegido como secretario general de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en noviembre del año pasado, en lo que fueron la primeras elecciones del gremio que nuclea a distintas organizaciones sociales afines al kirchnerismo, entre las que está el
Movimiento Evita, de donde proviene Gramajo.
Ernesto “El Indio” Paillalef era director de Seguimiento de Programas de Integración. Es uno de los miembros fundadores del Movimiento Evita.
En 2009 reemplazó a Pérsico como funcionario de la entonces ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, y fue quien se encargó de llevar al terreno la inscripción y el reparto de las cooperativas del Plan Argentina Trabaja, el antecesor del Plan Potenciar Trabajo. El sistema de cooperativas fue, de hecho, una creación que Pérsico y Fernando Navarro le llevaron a Néstor Kirchner. Tras su paso por el gobierno nacional, Paillalef fue ministro de Desarrollo Social de Alberto Weretilneck, en Río Negro.
Pollicita habló de un “acuerdo de impunidad” entre funcionarios-piqueteros y piqueteros. Dijo que de los $361.087.500 que recibió el Polo Obrero, al menos $219.955.153,73, un (60%), no habían sido devueltos ni rendidos al Estado nacional. “Es decir que las autoridades del Polo Obrero recibieron ese dinero, pero ni siquiera informaron en qué lo gastaron ni tampoco lo restituyeron”, señaló. Y el 10% fue aplicado a facturación apócrifa para intentar justificar la falta de comprobantes de gastos, acusó.
“La prueba reunida permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del Polo Obrero frente a los funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, como se sostuvo hasta el presente. Sino que, por el contrario, se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción en el por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023, a través de la cual funcionarios de la Secretaría de Economía Social –encabezada por Emilio Pérsico–, que eran los responsables de la asignación y el control de los fondos estatales destinados a la ayuda social, actuaron en forma coordinada con las autoridades de la organización Polo Obrero, dirigida por Eduardo Silvio Belliboni”, dijo el fiscal.
Señaló que el propósito era “perjudicar los intereses confiados” y “desviar los fines de las políticas sociales en beneficio de las autoridades del Polo Obrero, que se apropiaron de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado nacional, todo ello en perjuicio de la administración pública”, y por eso acusó de fraude contra el Estado a Pérsico y sus funcionarios, y a Belliboni y sus dirigentes piqueteros.
Sostuvo que los funcionarios Pérsico, País, Gramajo, Castillo, Selzer Soria, Migone y Paillalef “deliberadamente incumplieron los deberes a su cargo tanto en asignación, ejecución y control de los fondos públicos con el fin de beneficiar a la organización Polo Obrero en perjuicio del Estado nacional” y que los piqueteros se valieron de la Asociación Civil Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor Limitada, constituidas como “Unidad de Gestión del Programa Potenciar Trabajo”, para recibir los fondos.
Ese dinero era aplicado a fines particulares, la “actividad políticopartidaria”, y se buscaba justificarlo mediante “la presentación de facturación apócrifa o a través de la simulación de gastos no concretados”, afirmó Pollicita. El fiscal dijo que no hubo engaño al Estado, sino “un esquema de corrupción en el que, en forma coordinada, las acciones y omisiones de los funcionarios públicos se acoplaron a la actuación de los particulares”.
La fiscalía analizó los cinco convenios firmados con la Cooperativa El Resplandor y con el Polo Obrero, donde comprobó que se asignaron fondos públicos sin conocer los proyectos donde el Estado invertiría cientos de millones de pesos, cómo iban a realizarse, dónde iban a desarrollarse y quiénes los llevarían a cabo.
Tres convenios para el otorgamiento de subsidios del programa Potenciar Trabajo fueron al Polo Obrero, por $297.375.000, y dos fueron firmados con la Cooperativa El Resplandor, por $274.800.000. El Estado erogó al menos $361.087.500 en subsidios, pero sin tener detalles de cómo iban a gastarse.
“La maniobra delictiva –al amparo de una falta total de control por parte de los funcionarios públicos– resulta evidente si se observa que los cinco subsidios fueron solicitados por los presidentes de la Asociación Civil Polo Obrero, Mónica Lescano en el primer convenio y en los restantes dos por Eduardo Belliboni; y de la Cooperativa El Resplandor, por María Isolda Dotti e Iván Ortiz; en todos los casos mediante una presentación que no alcanzaba las dos carillas, que no contenía ninguna información sobre el proyecto socioproductivo, sociolaboral o sociocomunitario y mucho menos incluía documentación de respaldo que permitiera a los funcionarios analizar el contenido y la razonabilidad de la propuesta”, añadió el fiscal.
La propuesta se aprobaba con rapidez a pesar de que no contenía los elementos a evaluar su idoneidad y se dejaba para después el examen del contenido y de la documentación exigida por la normativa, cuando se presentaba un “plan de actividades” que no tenía el detalle respecto de en qué se iban a aplicar los fondos. En una ocasión, en el convenio con El Resplandor, el fiscal destacó que en un día se autorizó el convenio, se expidió el área de Jurídicos y el secretario Pérsico autorizó la transferencia del primer desembolso, por prácticamente 100 millones de pesos.
Lo mismo se observa en el primer convenio del Polo Obrero, donde los funcionarios que respondían a Pérsico avalaron –sin realizar ningún control ni solicitar documentación de respaldo, destacó Pollicita– la asignación de más fondos públicos, mediante la aprobación de un régimen especial denominado Nexo, que aseguraba el doble de la prestación económica, “bajo el pretexto” de que los beneficiarios realizaban “tareas calificantes” que “en todos los casos superan las seis horas por jornada”, cuando el convenio ni siquiera había comenzado ejecutarse.
Dijo el fiscal que no hubo informe técnico final del uso de fondos ni visitas de inspección para determinar si el dinero era usado como lo habían declarado las organizaciones piqueteras. En otros casos, “ni siquiera se presentó un ‘informe de avance’ por parte de las unidades de gestión” que explicara la ejecución del proyecto socioproductivo. Dijo Pollicita que las únicas dos veces que los funcionarios fueron a controlar a los piqueteros “realizaron controles superficiales, únicamente con el fin de cumplir en los papeles, cuando en realidad no existían verdaderos controles acerca de la correcta ejecución de la política social”.
En realidad, dijo el fiscal, no se hacían capacitaciones, obras, mejoras urbanas, de vivienda ni de infraestructura, sino que “se les exigían otras actividades, en general, de índole político-partidaria, siendo la más común la asistencia a movilizaciones y actividades vinculadas a los comicios electorales”.
El fiscal recordó que el Polo Obrero se valió de dos empresas que emitieron facturas para justificar los gastos, una de ellas considerada como una usina de facturas truchas por la AFIP, Cotex SA, y la otra era Ediciones e Impresiones Rumbos, que emitió facturas genéricas sin detalle, como por ejemplo hojas A4 por millones de pesos o útiles de librería por cientos de miles.
Los únicas rendiciones de cuentas alcanzan el 39% de lo transferido, dijo el fiscal, y lo único “aprobado” fue aquello que validaron los funcionarios públicos imputados y sobre lo que se hallaron facturas truchas y de firmas vinculadas al Polo Obrero por $36 millones.
“Se ha podido acreditar la existencia de un grave hecho de corrupción: una maniobra defraudatoria en perjuicio de la administración pública a partir de un acuerdo de voluntades entre funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y, cuando menos, las autoridades de la organización Polo Obrero, quienes, encontrándose a cargo de la administración y el cuidado de los fondos públicos que el Estado nacional destinaba a las políticas sociales en favor de los más vulnerables, deliberadamente violaron sus deberes en pos de lograr un beneficio económico indebido y el consecuente perjuicio al erario público, que, cuando menos, ascendió a la suma de $36.144.418”, sintetizó el fiscal.
Pollicita dijo que mientras el Polo Obrero trataba de demostrar al Estado en qué se gastaba el dinero en la efectiva prestación de tareas de 20 horas semanales por parte de más 6000 beneficiarios en todo el país, durante 4 años, sus integrantes registraban en cuadernos cómo cada una de las personas asistía a actividades políticas, movilizaciones, rastrillajes, pegatinas y acampes, y se llevaba un registro paralelo del dinero que recibían 
Pollicita dijo que el Polo Obrero no intentó engañar al Ministerio de Desarrollo Social, sino que actuaba en complicidad con Pérsico
“Las autoridades del Polo Obrero recibieron ese dinero, pero ni siquiera informaron en qué lo gastaron”

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