El baile cambiario de la silla suma nuevos participantes
Hernán Lacunza El autor fue ministro de Hacienda de la Nación
En un marco de más bailarines que sillas, la última medida del Gobierno tendiente a reducir la brecha cambiaria agrega un nuevo “bailarín” prioritario: los demandantes de divisas en el mercado paralelo (CCL, MEP), que además de llevarse el 20% de las exportaciones (por el dólar blend vigente desde diciembre) dispondrán también ahora –dado el nivel de la brecha– del 70% de las compras netas del Banco Central (BCRA).
Naturalmente, bajo un régimen de control de cambios, con un bailarín más, el resto de los aspirantes a divisas ven amenazada su silla de las reservas: importadores, ahorristas, dividendos de empresas, turistas al exterior, bonistas, acreedores de deuda corporativa y depositantes están en alerta.
Ante la instantánea reacción de los bonistas (los más informados y reactivos) y la consecuente suba del riesgo país, el Gobierno anunció que separará prematuramente la silla correspondiente a los pagos de intereses de deuda enero de 2025. En la misma línea, deslizó que estaría dispuesto a reservar sillas (ya sea oro u otros activos de las reservas) para garantizar préstamos que aseguren el pago de vencimientos de capital.
Si se considerara “bailarines con silla asegurada” a los depositantes en moneda extranjera (lo contrario sería un “corralito”, impensable), el resto de los aspirantes a reservas (ahorristas, dividendos, viajeros, importadores) podrían ver alejada la aspiración de acceso al mercado de cambios a un único tipo de cambio oficial (remoción del cepo) dada la escasez de reservas netas (que volvieron a terreno negativo de unos US$2600 millones), ahora agudizada por un nuevo bailarín privilegiado para bajar la brecha como objetivo de primer orden.
Más aún, según la tendencia reciente, las sillas (reservas) no tienden a subir: tras acumular US$160 millones diarios entre enero y mayo, pasó a un saldo neutro en el bimestre junio-julio. La escasez relativa también se reflejó en los precios: la brecha entre el oficial y el paralelo se duplicó de 25% a 50%.
Una lupa en la tendencia no convalida transitorias razones estacionales: tras un bimestre abril-mayo muy generoso en saldos cambiarios, por primera vez en los últimos 20 años el Banco Central tuvo saldo vendedor en junio, de US$3 millones diarios. Desde 2003 solo había registrado saldos negativos en las sequías de 2008, 2018 y 2023 y en la crisis internacional de 2009. No mejoró en julio, cuando vuelve a ser levemente positivo (US$2 millones diarios), pero muy inferior al promedio de los años normales (sin sequía ni pandemia) de las dos décadas previas.
Síntomas de fatiga
Difícil pensar en un cambio de tendencia sin un cambio en los parámetros de la política cambiaria. Lo que permitió acumular reservas entre diciembre y mayo mostró síntomas evidentes de fatiga en junio y julio. Atribuirlo a factores estacionales puede ser autocomplaciente y peligroso. Apostar a una lluvia generosa de sillas futuras (blanqueo, RIGI) puede ser voluntarista y temerario. Pedir sillas prestadas (FMI, créditos contra reservas) para alargar la vida útil con deuda, inconducente.
Con un Estado más eficiente, menos impuestos, una economía abierta, menos regulaciones a la iniciativa privada, superávit fiscal y prudencia monetaria, el año 2025, de esperable recuperación, será mejor que el 2024 de ajuste inexorable. Más panorámico, en 2027 el bienestar será mucho mayor y perdurable que la ficción insostenible de 2023: la inflación será un mal recuerdo, habrá más empleo privado, la pobreza habrá empezado a bajar. Pero el ritmo de la danza importa, porque ningún bailarín puede quedarse sin silla ni paciencia antes de que termine la música de las reformas.
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Advierten que pueden faltar cédulas verdes y patentes para los autos
Conflicto. Así lo hizo saber Acara en una carta a los registros para que se informe al público; en la Casa de Moneda afirmaron, en tanto, que están al día con la provisión de esos insumos
Francisco Jueguen
Cerca de los registros y también de la Justicia hablan de una trama política detrás
En medio de una trama que contempla la cruzada oficial por bajar costos y desburocratizar, intereses de toda la política, y la defensa del actual sistema para hacer una simple transferencia de un automóvil, en la Argentina pueden volver a faltar patentes para los autos y motos, y cédulas verdes, actualmente uno de los documentos necesarios para poder circular con un medio de transporte por el país.
No es la primera vez que sucede, aunque la causa sea otra. De hecho, a fines del año pasado, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner debió autorizar patentes de papel por la imposibilidad de comprar chapa en el exterior como consecuencia de la falta de dólares y las trabas oficiales a la importación.
Sin embargo, para quienes trabajan cerca de los registros de propiedad, según pudo saber la nacion, esta vez ese no sería el detonante. Ahora, describen desde allí una oscura trama de intereses cruzados.
Días atrás, más precisamente el jueves pasado, Acara –el ente cooperador a cargo de los registros de propiedad que depende del Ministerio de Justicia– envió una nota interna a los 1554 registros del país. La idea, contaron, es que los encargados de los polémicos registros bajaran esa información al público.
“Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de poner en su conocimiento que Casa de Moneda SA está omitiendo cumplimentar las entregas de elementos e insumos registrales (chapas metálicas de identificación y cédulas únicas de identificación) en los términos y condiciones acordadas, por circunstancias que alegan como imponderables y fortuitas, ajenas a su giro comercial, incurriendo en significativas demoras que provocan consecuentemente la imposibilidad real de cumplimentar, por nuestra parte, la puntual entrega de los mismos”, explicó la nota firmada por el Consejo de Administración de Acara y dirigida a los encargados de los registros.
En la Casa de Moneda dijeron que al comienzo de la gestión pudo haber faltantes o algunos atrasos hasta que se definieron las nuevas autoridades, pero que ahora están al día con las entregas.
“Asimismo le informamos que este ente cooperador, en cumplimiento de las obligaciones que le competen, se encuentra efectuando todos los reclamos y tratativas a la contratista a los fines de que regularice la provisión de los elementos a la brevedad, bajo apercibimiento de responsabilizarla por las consecuencias e inconvenientes que su incumplimiento depare a los registros del automotor”, sigue la misiva. Según Acara, esta situación fue informada a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y Justicia para que “se regularice” la provisión de los “elementos faltantes” (chapas y cédulas). En la nota, Acara se encarga de ratificar que el único proveedor autorizado es la Casa de Moneda. En la entidad dirigida por Daniel Méndez ratificaron que siguen siendo el único proveedor oficial.
Informar a los usuarios
“Por todo lo expuesto, le solicitamos tenga a bien informar a los usuarios la real situación, expuesta en los párrafos precedentes, recordándole que este ente cooperador no se encuentra habilitado a brindar información al público usuario”, cerraron desde Acara.
consultó en el Ministerio de Justicia sobre esta situación. Allí dijeron que el Gobierno logró que “tener un registro en la Argentina deje de ser un negocio”. En esa cartera justificaron sus dichos con el dato de que los emolumentos que cobran en los encargados registros no fueron nunca actualizados. “Vamos a terminar con el curro de los [registros] automotores, que es una caja de la política”, agregaron, y señalaron que lleva su tiempo por la maraña administrativa, fiscal y laboral generada en los últimos años.
“Los que estamos en el ambiente registral sabemos que esto [el Gobierno] lo hace a propósito. Lo hace para que la gente se engrane. No es que le falten medios, recursos ni nada. Inclusive, las placas metálicas las están haciendo de una pésima calidad (…) y las autoridades le hacen multas a la gente. Esto es todo para armar un ambiente recontraturbio”, contaron desde el otro lado del mostrador a este medio.
No es una novedad que el Gobierno cuestiona fuertemente los registros automotores o de propiedad. De hecho, el 10 de julio pasado, a través de la resolución (209/2024), el gobierno del libertario Javier Milei cerró unos 130 registros automotores. En mayo pasado, Milei justamente había anunciado la eliminación del 40% de los registros del automotor para “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”.
“Se cerrará el 40% de los registros automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos”, había completado, en tanto, sus dichos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”, había agregado el abogado.
Entonces se iba a pedir además que los titulares de los registros seccionales se hicieran cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y a su productividad. De esta manera, Justicia podría controlar la estructura de costos de los encargados de registros.
Monopolio
Una idea fuerte del Gobierno –no implementada aún, pero sí informada entonces– era la derogación del régimen que impone el monopolio de la Casa de Moneda en la compra de insumos. “Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios”, dijeron. No ocurrió.
Unos días antes, la AFIP había informado que eliminaba el certificado de transferencia automotor (CETA), que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP. El Gobierno, por otra parte, había indicado que desde mayo no serviría más la cédula azul y que solo era necesaria la exhibición –física o digital– de la cédula verde del titular del automóvil. Las mismas, se indicó, no tendrían vencimiento.
Cúneo Libarona había tenido además su primer desliz justamente con los registros automotores. A mediados de abril, a través del Boletín Oficial, había avalado un aumento de los aranceles para las transferencias de un vehículo de hasta 300%. En medio de la polémica, sin embargo, ese mismo día dio marcha atrás
En medio de una trama que contempla la cruzada oficial por bajar costos y desburocratizar, intereses de toda la política, y la defensa del actual sistema para hacer una simple transferencia de un automóvil, en la Argentina pueden volver a faltar patentes para los autos y motos, y cédulas verdes, actualmente uno de los documentos necesarios para poder circular con un medio de transporte por el país.
No es la primera vez que sucede, aunque la causa sea otra. De hecho, a fines del año pasado, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner debió autorizar patentes de papel por la imposibilidad de comprar chapa en el exterior como consecuencia de la falta de dólares y las trabas oficiales a la importación.
Sin embargo, para quienes trabajan cerca de los registros de propiedad, según pudo saber la nacion, esta vez ese no sería el detonante. Ahora, describen desde allí una oscura trama de intereses cruzados.
Días atrás, más precisamente el jueves pasado, Acara –el ente cooperador a cargo de los registros de propiedad que depende del Ministerio de Justicia– envió una nota interna a los 1554 registros del país. La idea, contaron, es que los encargados de los polémicos registros bajaran esa información al público.
“Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de poner en su conocimiento que Casa de Moneda SA está omitiendo cumplimentar las entregas de elementos e insumos registrales (chapas metálicas de identificación y cédulas únicas de identificación) en los términos y condiciones acordadas, por circunstancias que alegan como imponderables y fortuitas, ajenas a su giro comercial, incurriendo en significativas demoras que provocan consecuentemente la imposibilidad real de cumplimentar, por nuestra parte, la puntual entrega de los mismos”, explicó la nota firmada por el Consejo de Administración de Acara y dirigida a los encargados de los registros.
En la Casa de Moneda dijeron que al comienzo de la gestión pudo haber faltantes o algunos atrasos hasta que se definieron las nuevas autoridades, pero que ahora están al día con las entregas.
“Asimismo le informamos que este ente cooperador, en cumplimiento de las obligaciones que le competen, se encuentra efectuando todos los reclamos y tratativas a la contratista a los fines de que regularice la provisión de los elementos a la brevedad, bajo apercibimiento de responsabilizarla por las consecuencias e inconvenientes que su incumplimiento depare a los registros del automotor”, sigue la misiva. Según Acara, esta situación fue informada a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y Justicia para que “se regularice” la provisión de los “elementos faltantes” (chapas y cédulas). En la nota, Acara se encarga de ratificar que el único proveedor autorizado es la Casa de Moneda. En la entidad dirigida por Daniel Méndez ratificaron que siguen siendo el único proveedor oficial.
Informar a los usuarios
“Por todo lo expuesto, le solicitamos tenga a bien informar a los usuarios la real situación, expuesta en los párrafos precedentes, recordándole que este ente cooperador no se encuentra habilitado a brindar información al público usuario”, cerraron desde Acara.
consultó en el Ministerio de Justicia sobre esta situación. Allí dijeron que el Gobierno logró que “tener un registro en la Argentina deje de ser un negocio”. En esa cartera justificaron sus dichos con el dato de que los emolumentos que cobran en los encargados registros no fueron nunca actualizados. “Vamos a terminar con el curro de los [registros] automotores, que es una caja de la política”, agregaron, y señalaron que lleva su tiempo por la maraña administrativa, fiscal y laboral generada en los últimos años.
“Los que estamos en el ambiente registral sabemos que esto [el Gobierno] lo hace a propósito. Lo hace para que la gente se engrane. No es que le falten medios, recursos ni nada. Inclusive, las placas metálicas las están haciendo de una pésima calidad (…) y las autoridades le hacen multas a la gente. Esto es todo para armar un ambiente recontraturbio”, contaron desde el otro lado del mostrador a este medio.
No es una novedad que el Gobierno cuestiona fuertemente los registros automotores o de propiedad. De hecho, el 10 de julio pasado, a través de la resolución (209/2024), el gobierno del libertario Javier Milei cerró unos 130 registros automotores. En mayo pasado, Milei justamente había anunciado la eliminación del 40% de los registros del automotor para “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”.
“Se cerrará el 40% de los registros automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos”, había completado, en tanto, sus dichos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”, había agregado el abogado.
Entonces se iba a pedir además que los titulares de los registros seccionales se hicieran cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y a su productividad. De esta manera, Justicia podría controlar la estructura de costos de los encargados de registros.
Monopolio
Una idea fuerte del Gobierno –no implementada aún, pero sí informada entonces– era la derogación del régimen que impone el monopolio de la Casa de Moneda en la compra de insumos. “Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios”, dijeron. No ocurrió.
Unos días antes, la AFIP había informado que eliminaba el certificado de transferencia automotor (CETA), que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP. El Gobierno, por otra parte, había indicado que desde mayo no serviría más la cédula azul y que solo era necesaria la exhibición –física o digital– de la cédula verde del titular del automóvil. Las mismas, se indicó, no tendrían vencimiento.
Cúneo Libarona había tenido además su primer desliz justamente con los registros automotores. A mediados de abril, a través del Boletín Oficial, había avalado un aumento de los aranceles para las transferencias de un vehículo de hasta 300%. En medio de la polémica, sin embargo, ese mismo día dio marcha atrás
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