SONDEO Y CUENTAS PENDIENTES

Compras con cambio de hábito: se usan más cuotas y se va más veces al comercio
Sondeo. Las ventas siguen bajas, pero la menor inflación les dio impulso a las tarjetas de crédito y desapareció el apuro por acumular stock para no perder frente a los precios

María Julieta RumiGolpeados por la crisis, los clientes buscan alternativas en plazos más largos
Distintos informes privados vienen señalando una fuerte baja del consumo de los hogares argentinos, con caídas interanuales de doble dígito este año. Sin embargo, según un estudio de la principal proveedora de servicios de pago, que reúne la información de los distintos medios de transacción que ofrecen los comercios, el consumo con tarjetas de crédito creció en el segundo trimestre del año impulsado por los planes de cuotas y una nueva estrategia de ahorro de los argentinos, que sería hacer las compras por partes.
Es decir, más allá de los registros en volumen, habría un significativo cambio de hábito al momento de comprar: los clientes han dejado de stockear para cubrirse de la inflación y aprovechan, en cambio, la financiación para pagar desde bienes intermedios hasta de consumo. Y hay también una mayor racionalización: se compra lo necesario para cada día o semana, sin el ímpetu por ganarle a la escalada de precios acumulando en una sola operación.
Según el índice Payway, que recopila información de terminales POS, QR, sistemas propios, e-commerce, información de mercado y estadísticas proporcionadas por el Indec y el Banco Central, en el segundo trimestre del año, las transacciones de compra con tarjeta de crédito crecieron 9,83% contra el mismo período del año pasado y 6,97% si se compara con el primer trimestre de 2024.
Esto se relaciona con el crecimiento de los planes de cuotas en el segundo trimestre por el relanzamiento del programa gubernamental Cuota Simple, la reaparición de las cuotas sin interés y la baja de la tasa de referencia dispuesta por el Gobierno. En concreto, entre abril y junio los planes con cuotas representaron 29,09% del volumen del consumo con tarjeta de crédito, mientras que en el primer trimestre ascendían a 20,26%, y en el segundo trimestre de 2023, a 22,14 por ciento.
En tanto, si se mira en particular el programa Cuota Simple, en el segundo trimestre de este año creció de 40,68 a 45,28% el volumen de los pagos en seis cuotas en detrimento de la opción de tres cuotas, que decreció de 51,30 a 45,56%. A mediados de este período (17/5) se sumaron las opciones de nueve y 12 cuotas.
“Hay una estrategia de cuotas, como una manera de bajar los precios, pero por el plan de pago y no porque baje el precio directamente. Tiene que ver también con el salto que hubo a principios de año: muchos vendedores ajustaron los precios a un dólar mucho más alto de $2000 en algunos casos”, explicó Florencia Fiorentin, de Epyca Consultores.
El índice Payway también hace una medición de las transacciones por rubro con todas las tarjetas (crédito, débito y prepaga) que mostró un comportamiento dispar en el segundo trimestre del año. Todo lo que representa tickets altos como construcción, hogar y electro, indumentaria y restaurantes cayó fuertemente contra igual período del año pasado: 16,26%, 13,10%, 8,54% y 7,32%, respectivamente, mientras que farmacias, estaciones de servicio, supermercados y entretenimiento crecieron un 2,87%, 16,39%, 21,88% y 30,93%.
Consultada por el desempeño en supermercados y estaciones de servicio, Fiorentin dijo que se deben estar haciendo las compras en partes. Es decir, divididas sobre la base de lo que se necesita en el día para controlar el gasto y porque no se tiene miedo de que los productos peguen un salto de precio si se va a comprar más adelante. “Se trata de compras más pequeñas, de menores montos, con el objetivo de racionalizar el consumo, controlarlo mejor. El año pasado seguramente se compraba lo máximo posible en una sola compra (llenabas el tanque y el changuito) y ahora, como la inflación es menor y los ingresos están muy abajo en términos reales, tiene mássentidoircomprandodeapoco, por eso son más las transacciones. Se evitan los grandes gastos y eso hace que llenes el tanque y el changuito de a varias compras”, explicó.
Según Fiorentin, el segundo trimestre de 2023 fue un trimestre de aceleración del consumo en términos de circulación del dinero por la aceleración de la inflación: se gastaba lo máximo posible en el menor lapso para adelantarse a los valores futuros más caros. “En comparación, las expectativas ahora son menos negativas respecto de la inflación (en ese momento había expectativa de que se acelerara, ahora es de que siga bajando), y además predominan otras preocupaciones, como los ingresos o el trabajo”, apuntó, y recordó que la tarjeta de crédito es el mecanismo de financiamiento más barato y accesible siempre que se pague el total del resumen y no el mínimo.
Por último, según el informe, el uso de QR creció cuatro veces en el segundo trimestre con respecto al año pasado por el crecimiento en todos los medios de pago (tarjeta de crédito, débito y transferencias), mientras que los pagos con billeteras contactless también se multiplicaron en igual magnitud en el mismo lapso.
“La nueva normativa de la Secretaría de Comercio, que entra en vigor en su totalidad el 12 de septiembre, permitirá al usuario pagar sin entregar su tarjeta, lo cual continuará impulsando el cambio de hábito hacia los pagos sin contacto, el mecanismo más simple y rápido del mercado”, concluyó Emiliano Porciani, chief business officer de Payway.
Más allá de comprar en partes, otro informe que sacó recientemente la consultora Taquion dice que 6 de cada 10 argentinos afirman que su nivel de consumo disminuyó. Consultados acerca de cómo describirían su nivel de consumo actual en comparación con el año pasado, el 36% dijo que disminuyó significativamente; el 24%, que lo hizo ligeramente; el 23%, que se mantuvo estable; el 9%, que aumentó ligeramente, y el 8%, que aumentó significativamente.
“El consumo se ve claramente afectado en comparación con el año pasado en un contexto de fuerte recesión. Sin embargo, no es igual para todos los rubros. Lo que más postergan los argentinos son los consumos de largo plazo”, afirmó el monitor de retail y consumo masivo.
En los últimos tres meses, el 62% de los argentinos compraron al menos un artículo de ropa y calzado, solo el 39% compró tecnología o electrodomésticos, y uno de cada dos realizó una compra relacionada con el ocio. En este contexto, al menos siete de cada 10 argentinos priorizaron marcas que ya conocían en sus últimas compras. “El precio suele ser la variable de mayor peso, aunque para bienes de mayor vida útil, como electrodomésticos, la calidad pasa a tener un rol destacado. Sin embargo, sobre el precio se impone la familiaridad: en alimentos y bebidas un 48% cambiarían de marca priorizando el precio, pero el 84% compran marcas que ya conocen”, apuntó.
“¿Cuándo cambiamos un hábito de consumo? A veces, ni en las peores circunstancias”, agregó Sergio Doval, fundador de Taquion. “Es la cercanía, la seguridad y lo conocido que nos brinda ese contexto para que, en el momento de esa acción emocional y efímera de la compra, decidamos en este mundo de tanto cambio y estímulos refugiarnos en los elementos que nos dan previsibilidad. Esta marca me va a cuidar, esta hace productos de calidad, esta es la que invierte para mejorar, esta es la que piensa en mí. Qué historia cuentan las marcas, ese es el espacio que van a captar en el corazón e imaginario de las personas”.
9,83%
Las transacciones con crédito crecieron 9,83% contra el mismo lapso del año pasado y 6,97% si se compara frente al primer trimestre.

29,09%
Los planes con financiación representaron 29,09% del consumo con tarjeta de crédito, mientras que en el primer trimestre ascendían a 20,26%.

45,28%
Dentro del programa oficial, un 45,25% del volumen de los pagos se hizo en seis cuotas. El 17 de mayo se sumaron las opciones de nueve y 12 cuotas.

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La oportunidad de sepultar una maldición: los presupuestos de goma
Néstor O. Scibona
Dentro de pocas semanas arrancará el debate por el presupuesto 2025, después de que el proyecto ingrese en Diputados, a mediados de septiembre. Aunque el texto y los números todavía no se conocen, su tratamiento y aprobación podrían marcar para la Argentina un punto de inflexión, pero que nadie se atreve a asegurar.
En los papeles todo indica que el escenario pinta para un cambio favorable: el gobierno de Javier Milei es el primero en décadas que practica el culto al equilibrio fiscal (con superávit financiero en los últimos seis meses, aunque con postergaciones de pagos), refrendado además por 18 gobernadores con su firma en el Pacto de Mayo, que a su vez propone bajar el gasto a más largo plazo a 25% del PBI, casi 15 puntos menos que en los últimos 15 años de gigantismo estatal.
Pero esa perspectiva choca contra la folclórica política argentina de aprobar leyes presupuestarias “de goma”, con gastos que se van estirando más que los ingresos por desajustes macroeconómicos, que casi nunca han sido cumplidas pese a la sistemática suba de la presión tributaria. También fueron procíclicas; o sea, con gastos sin techo en épocas de vacas gordas y escasez de recursos en las de vacas flacas. De ahí que, según el Iaraf, en los últimos 63 años hubo nada menos que 57 con déficit fiscal primario (sin incluir intereses de la deuda) que debieron ser cubiertos con endeudamiento interno o externo. Incluso el propio Milei afirmó en 2023, después de imponerse en las PASO, que en 112 de los últimos 122 años la Argentina había registrado déficits financieros.
Entre los especialistas hay consenso en que la alta inflación ha sido causa y consecuencia de que los presupuestos no fueran creíbles ni cumplibles. “Con inflación no hay ley de presupuesto que aguante”, sentencia Marcos Makón, exsubsecretario de Presupuesto (1991-1996) y exdirector de la oficina de presupuesto del Congreso (2011-2023). Además, cree necesario cambiar el enfoque de la metodología. “La clave no es si el gasto es alto o bajo, sino eficiente. Como el Estado produce bienes y servicios que son cuantificables, debería establecerse una cuenta insumoproducto para medir su eficiencia”.
Otro experto, Alcides Saldivia, exsubsecretario de la Oficina Nacional de Presupuesto, concuerda con el daño que produce la inflación en las cuentas fiscales y considera que si bajara a 5% anual los conflictos se reducirían. Pero añade que el Estado debe ser lo más chico posible para cumplir con sus funciones básicas. “En las economías latinoamericanas, principalmente, el tamaño y la ineficiencia van de la mano”.
La inercia inflacionaria es ahora una de las grandes incógnitas para el presupuesto 2025, ya que el IPC acumularía en diciembre de este año un alza interanual del 137%, según el último relevamiento de expectativas del Banco Central. Aun así, Osvaldo Giordano, exministro de Finanzas de Córdoba, efímero titular de la Anses con Milei y actual director del Ieral, de la Fundación Mediterránea, cree que la prioridad del Gobierno será bajar la inflación en los próximos meses, pero a costa de recesión, mientras no defina el régimen monetario y cambiario.
Otro interrogante es cómo se compensará el impacto del próximo fin del impuesto PAIS sobre los ingresos del Tesoro, que además tendrá más presión, al absorber la deuda del BCRA. intentó consultar a la nacion la Secretaría de Hacienda, pero no obtuvo respuesta.
Makón enfatiza que la Argentina es el único país del mundo donde se puede subir el gasto por DNU que, a su vez, el Congreso nunca rechaza. Pero recuerda que para modificar esta figura habría que reformar la Constitución. Ricardo Gutiérrez, exsecretario de Hacienda, no advierte necesidadniurgenciaparamodificar el presupuesto por DNU, ya que los eventos que los justificarían son precaciones. visibles salvo en caso de shocks externos como el efecto tequila, en 1995.
Saldivia, por su lado, propone revisar todas las leyes que rigen el sector público nacional no financiero para mejorar la calidad normativa del presupuesto y derogar aquellas más distorsivas, entre las que menciona la ley complementaria permanente de presupuesto (11.672), “que es un basural adonde van a parar todas la escorias y distorsiones presupuestarias y no presupuestarias que se sancionan en la ley anual. Tiene 180 artículos”.
Otra es la de entes cooperadores (23.283), que califica como una fuente de privilegios que eluden normas presupuestarias. Uno de ellos, expuesto recientemente, es el caso de la Asociación de Concesionarios de Automotores con el fondo que maneja desde los 80 y que contrata a más de la mitad del personal del Ministerio de Justicia (2800 empleados adicionales a los casi 2000 de planta) a cambio de una comisión de 4% por pagos de sueldos e incentivos. Una tercera ley derogable sería la de solvencia fiscal (1996), por su inutilidad normativa para evitar que aumente el endeudamiento.
Paralelamente, propone sancionar una nueva ley de administración financiera, ya que la actual (24.156) “sufrió en más de 30 años tantas mutilaciones que ya es un colador irrecuperable”. De ahí que recomiende modernizarla y darle carácter de ley orgánica, para que sea aprobada por mayorías especiales en el Congreso, al igual que sus eventuales modifi(2022), Saldivia agrega que otro riesgo de fracaso de las reformas es el principio de que una ley posterior deroga o modifica la anterior, con lo cual distorsiona sus objetivos.
Saldivia y Gutiérrez coinciden en que el resultado financiero (base devengado) establecido por la ley de administración financiera es el indicador fiscal más completo y relevante, pese a que la práctica motorizada por el FMI ha llevado a utilizar el resultado primario (base caja), que no refleja el endeudamiento neto.
Sin embargo, además de estas cuestiones técnicas, la mayor cuenta pendiente es desde hace 28 años el régimen de coparticipación previsto por la reforma constitucional de 1994, que debía haber sido aprobado en 1996. Los consultados descreen que pueda sancionarse una nueva ley en reemplazo de la votada en 1988, durante el gobierno de Alfonsín, porque debería contar con la adhesión unánime de las provincias y no hay indicios de que estén dispuestas a resignar recursos. Otro tanto ocurre con la Nación.
Saldivia se inclina por una ley de coordinación fiscal y acuerdos complementarios para corregir el sesgo distribucionista de la actual coparticipación entre provincias, así como computar en cada caso todos los recursos provinciales como regalías, leyes especiales y el gasto directo del Estado nacional en obras públicas.
Gutiérrez y Makón coinciden en que la mejor salida sería la propuesta formulada por Giordano en el libro Una vacuna contra la decadencia en coautoría con Jorge Colina y Carlos Seggiaro. Consiste en no redistribuir recursos, sino competencias tributarias entre el Estado nacional y los provinciales, que se financiarían con dos impuestos: a las ventas y al patrimonio.
En el primer caso, Ingresos Brutos y las tasas municipales de industria y comercio quedarían subsumidos en el IVA, con lo cual cada provincia recibirá lo que se pague en su territorio con una alícuota más alta para compensar la eliminación de esos tributos, uniforme a nivel nacional y a cargo de la AFIP. El segundo se basaría en Bienes Personales unificado con los impuestos patrimoniales que administran las provincias (inmuebles, automotor, embarcaciones), que serán gravados dentro de su territorio y con las alícuotas que fije cada una. En cambio, Sellos sería eliminado de manera inmediata. También prevé para las provincias más rezagadas un fondo de convergencia para compensar la pérdida de coparticipación financiado por el impuesto al cheque con un cronograma progresivo de reducción.
A dos años de haber presentado esta reforma, Giordano no desconoce las dificultades que implicaría lograr mayoría en el Senado. Pero al menos cree que sería más factible que la unanimidad requerida por la Constitución de 1994. Los antecedentes tampoco ayudan. En la década del 90 hubo varios pactos fiscales y en las posteriores, leyes de responsabilidad fiscal con adhesión de las provincias que fueron modificadas o incumplidas sin ninguna sanción.
Saldivia contrasta estos fracasos, que atribuye a la idiosincrasia argentina de eludir las normas, con el éxito que tuvieron leyes similares –incluso con más artículos– en Colombia y en Brasil, donde su incumplimiento fue motivo del juicio político que en 2016 destituyó a Dilma Rousseff.

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